Un proyecto de ley para el pago retroactivo del bono de colación a portuarios enviará este viernes el gobierno.

El acuerdo se consiguió tras la reunión que sostuvieron los trabajadores, el ministro del Trabajo Juan Carlos Jobet, y algunos parlamentarios.

Con esta medida los portuarios descartan, por el momento, nuevas movilizaciones y algunos puntos que quedan pendientes en la negociación se abordarán este viernes en otra reunión, ahora con el ministro de Transportes y Telecomunicaciones Pedro Pablo Errázuriz. 

Sergio Vargas, vocero del Puerto Central de San Antonio se mostró conforme con lo conseguido y destacó que en la cita "pudimos iniciar la mesa de la ley larga con la presencia de diputados y senadores que avalan la continuidad de ésta para trabajar con la nueva autoridad".

"Por lo menos hoy tenemos algo que no logramos en los gobiernos anteriores y esperamos solucionar definitivamente los problemas de fondo del sector marítimo portuario, para tener un reglamento que marque las pautas en que tienen que laborar los trabajadores".

El vocero recalcó que "por el momento el paro estaría descartado, pero estamos esperando la reunión de este viernes, a la que viajan algunos empresarios para ver la fórmula de pago (del bono de término de conflicto)". 

Vargas también señaló que con los acuerdos "en el fondo nosotros logramos lo que estamos pidiendo y creo que con eso se hace justicia". 

Finalmente, dijo que "nunca debiésemos haber llegado a esta movilización. Es un tema que se da desde 2005 y anteriormente no hubo voluntad para solucionarlo".

Será probablemente uno de los últimos proyectos que enviará el gobierno de Sebastián Piñera al Congreso.

A cuatro días del cambio de mando, el ministro del Trabajo, Juan Carlos Jobet, se reunió ayer con una veintena de representantes sindicales de los puertos del país, encabezados por Sergio Vargas, para buscar un acuerdo definitivo en torno a las demandas de los trabajadores que durante enero mantuvieron paralizados los principales terminales locales.

Tras una jornada que se extendió por casi dos horas, se acordó el envío de un proyecto de “ley corta”, que podría ser despachado hoy al Legislativo, y que aborda en lo sustancial el pago retroactivo, desde 2005, de un bono fiscal correspondiente a media hora de colación.
En el encuentro también participaron parlamentarios de la Alianza y de la Nueva Mayoría, entre ellos los diputados Víctor Torres (DC), María José Hoffmann (UDI), Clemira Pacheco (PS) y el senador Francisco Chahuán (RN).

El texto otorga a los trabajadores portuarios que hayan prestado servicios durante el año pasado, y que cuenten con un promedio de 36 turnos anuales entre el 1 de enero de 2005 y el 31 de diciembre de 2012, habiendo prestado servicios por lo menos durante tres años.

El beneficio se fija en $ 750.000 por año cuando un trabajador sume 288 turnos. Si no alcanza o excede esa cantidad de turnos, el pago se calculará de manera proporcional. Desde el Ejecutivo señalaron que el bono implicará para el Estado un desembolso cercano a los US$ 28 millones, que será financiado con cargo al Tesoro Público, lo que generó diferencias entre el oficialismo y los legisladores de la Nueva Mayoría.

A la cita fue invitada la designada ministra del Trabajo, Javiera Blanco, quien declinó asistir. Sin embargo, ya habría una reunión pactada entre la nueva titular y los sindicatos, quienes tras la reunión con Jobet comenzaron a afinar la estrategia que seguirán con el gobierno entrante. “Hoy los diputados comprometieron la discusión del proyecto y lo más probable es que tengamos una reunión el 14 de marzo, a las 9 de la mañana, con la nueva ministra del Trabajo”, señaló César Luna, del Sindicato del Terminal Internacional de Iquique. De todos modos, los trabajadores habrían pedido que la ley corta comprometa el envío de una nueva ley durante este año, destinada a mejorar las condiciones laborales del sector”.

El conflicto portuario se originó en Mejillones en abril del año pasado. En ese entonces, los portuarios pedían que se incluyera el pago de media hora de colación dentro de la jornada laboral, o, en su defecto, que fueran compensados con un pago de $ 4 mil. El conflicto que estalló en enero de este año, luego de que los trabajadores acusaran el incumplimiento de los acuerdos, se extendió por 22 días y según los exportadores las pérdidas rondaron los US$60 millones.