Larraín ejemplifica la necesidad de incorporar grandes centrales en el país, porque hacia 2030 el fuerte crecimiento de la demanda energética nacional obligará a sumar nueves fuentes de generación. "A junio de 2012 se estaban construyendo solo 1.730 MW en Chile. Obviamente, es una cifra bastante menor respecto del desafío de siete mil MW que necesitamos a 2020 y 23 mil MW a 2030", dice.

Para enfrentar este desafío, el presidente de Colbún no duda en posicionar a las energías térmicas eficientes -carbón- y las hidroeléctricas como la base del crecimiento de la capacidad instalada en el país.

Sobre las carboneras, Larraín defiende su construcción basándose en la estricta norma de emisiones que comenzó a regir en Chile en 2010. "En Estados Unidos, donde el 50% de la producción de energía es en base a carbón, el 50% de esas centrales no tiene desulfurizador. En Chile no hay ninguna central que no utilice dicha tecnología, porque de otra forma no podría cumplir con las nuevas normas de emisiones. En ese sentido, hoy contamos con un estándar de centrales térmicas que ya es suficiente para viabilizar su instalación", sostiene.

Por el lado de las hidroeléctricas, en el texto el empresario dice que hace algún tiempo la ambientalista nacional Sara Larraín afirmó en un medio de prensa que Chile debe replicar la experiencia de Nueva Zelandia, país en el cual el 80% de su generación se basa en Energías Renovables No Convencionales (ERNC). Sin embargo, Larraín aclara que el 80% proviene de centrales de pasada y embalses.

"En ese lugar hay cuatro complejos hidroeléctricos que están operando hace mucho tiempo y que suman tres mil MW de capacidad instalada y una superficie afectada de 159 km {+2} , que es casi el doble de un proyecto como HidroAysén. En otras palabras, HidroAysén produciría más o menos la misma cantidad de potencia, pero con la mitad de la superficie inundada de esos cuatro complejos hidroeléctricos".

Finalmente, el empresario dice que la dificultad que están enfrentando las grandes centrales es una demostración de que la institucionalidad ambiental está siendo superada y que la sociedad está cada vez más interesada en entregar su opinión frente a las inversiones. "La intervención del Presidente de la República, de los senadores o la Corte Suprema muestra que los proyectos se están resolviendo en instancias distintas a las propiamente ambientales". Para superar este nuevo contexto social, Larraín dice que el trabajo y el diálogo deben ser abordados por el Estado, los privados y la ciudadanía.