El gobierno de Estados Unidos realizó una presentación ante la Corte Suprema de ese país donde respalda la posición argentina en una disputa con los fondos buitre. El amicus curiae del Departamento de Justicia argumenta en contra de la autorización otorgada a esos inversores especulativos para que busquen información sobre activos y cuentas argentinas en el exterior con el fin de embargarlos. El escrito del fiscal general del Estado, Donald Verrilli, advierte sobre las consecuencias diplomáticas y económicas para Estados Unidos de sostener el instrumento que habilitó a NML Capital a recabar esos datos. El texto del gobierno norteamericano se presentó el lunes, pero recién se dio a conocer ayer. La administración Obama ya había cuestionado la decisión del juez Thomas Griesa y la Cámara de Apelaciones de Nueva York en diferentes instancias del proceso judicial.

El respaldo de Estados Unidos a la posición del gobierno argentino corresponde a una causa satélite en la disputa con estos fondos especulativos, que reclaman 1330 millones de dólares por sus tenencias en títulos defolteados. A comienzos de 2014, la Corte Suprema estadounidense aceptó el pedido de la Argentina para revisar el fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York que autorizó a los buitres a buscar activos embargables del Estado nacional en el exterior. Las inconsistencias que existían entre el fallo de la Cámara del Segundo Distrito respecto de una sentencia previa del Séptimo Distrito (Cámara Federal de Nueva York) fueron relevantes para que los supremos trataran el caso. Pero el apoyo brindado por el gobierno de Estados Unidos también jugó un rol determinante para que la Corte Suprema convalidara el pedido argentino.

El amicus curiae presentado el lunes por Verrilli enfatiza el “interés sustancial” de Estados Unidos “en la correcta interpretación y aplicación de las provisiones de la ley de inmunidad soberana y en el tratamiento a los Estados extranjeros en las Cortes de Estados Unidos”. En esa línea, sostiene que “permitir más examinación de los bienes de un país extranjero por parte de los tribunales de Estados Unidos podría minar los propósitos de la ley de inmunidad soberana y tener un número de consecuencias adversas”. Desde la visión del fiscal general de Estado, convalidar la visión buitre “invadiría sustancialmente la soberanía de un Estado extranjero en un área especialmente sensible”. Además, advierte que permitir el acceso a información de bienes de Estados soberanos “podría llevar a un tratamiento recíproco adverso para los Estados Unidos en tribunales extranjeros”, así como “amenazaría con hacer daño a las relaciones exteriores en forma más general”.

El apoyo por ahora no se extiende a la causa principal entre la Argentina y los buitres en el juicio donde los tenedores de bonos especulativos rechazaron sistemáticamente ingresar en el canje y exigen 1330 millones de dólares en efectivo. Argentina ya presentó su pedido de revisión y aguarda que la Corte se exprese aunque antes el país deberá presentar oralmente sus argumentos a mediados de abril. De todos modos, el nuevo amicus curiae representa un antecedente muy relevante a favor de la Argentina.

El documento hace también referencia al pedido de revisión presentado por Argentina sobre el caso central. En diciembre, la primera nota al pie del texto de Verrilli cuestionaba la decisión de los tribunales de condicionar los pagos de la deuda reestructurada a la cancelación de los reclamos buitres. El Departamento de Justicia remarcó que, al convalidar la posición de los demandantes, “la Corte de Apelaciones rechazó los argumentos presentados por Estados Unidos como amicus curiae donde sostiene que las cautelares son inconsistentes con la ley de inmunidad soberana”. En sintonía con la argumentación que viene realizando el país, el gobierno norteamericano recuerda que también fueron ignoradas sus opiniones sobre “la clara interpretación de la cláusula pari passu que figura en los bonos” y “que las medidas cautelares pueden poner en riesgo la solución ordenada de las crisis de deuda soberana”.