En medio del fuerte debate que hay en el país sobre el modelo extractivista de los recursos naturales, que, según los críticos, deja el hueco y favorece a las multinacionales en materia tributaria, el ex ministro de Hacienda, Guillermo Perry, presentó un estudio técnico en el que plantea la conveniencia de bajar las regalías en un 3 por ciento a las mineras y, a cambio, crear un impuesto de renta sobre los recursos con deducción de la regalía reducida.

Según el experto, “el país tiene un régimen fiscal muy imperfecto, con regalías altas en algunos minerales que causan costos de eficiencia y reducen la inversión”. Además, agrega, “no se capta una fracción alta de las rentas cuando estas son altas”.

Perry explica que la fórmula que propone sería un ‘gana gana’, tanto para las compañías que estarían más interesadas en invertir en proyectos de exploración y explotación minera, como para el Estado, que ganaría más en tiempos de buenos precios. “Lo que se gana en buenos tiempos sería más de lo que se pierde en malos”.

El investigador sostiene que la eficiencia tributaria no es poner más impuestos, sino lograr que los tributos estén técnicamente bien diseñados. “La fórmula tendría los mismos efectos que la aplicada en 1974, cuando cambiamos el régimen petrolero para eliminar deducciones y exenciones, pero reconociendo el precio internacional. Aunque las compañías vieron el régimen tributario más estimulante para invertir, finalmente pagaron más impuestos”.

EL ESTUDIO ESTÁ EN DESARROLLO

El resultado del estudio, presentado por Guillermo Perry en la Universidad de los Andes, es apenas el primer resultado. Contiene una simulación de la forma como se incrementarían los tributos por parte de la minería, con el nuevo impuesto de renta sobre los recursos.

Así, si en el esquema actual, el ingreso del país por regalías de un mineral fuera de $ 20.898 millones, y el de renta de 17.764 millones ($ 38.662 millones entre los dos), con la propuesta, las regalías pasarían a aportar solo 5 mil millones, pero el tributo a la renta crecería, a 22.862 millones y el nuevo impuesto aportaría otros 18,9 mil millones (entre los 3, $ 46,9 mil millones).

Este esquema se aplica en países como Australia y Noruega.