El gobernador de Neuquén, Jorge Sapag, presentará a la Legislatura provincial un nuevo régimen para el desarrollo de los reservorios hidrocarburíferos no convencionales, como también normas para la protección ambiental y responsabilidad social y comunitaria por la explotación de gas y petróleo.

Los proyectos de ley serán elevados en los próximos días, de acuerdo con el plan de gobierno anunciado por Sapag, durante la apertura de sesiones ordinarias de la Cámara de Diputados.

El nuevo régimen para el desarrollo de yacimientos no convencionales establecerá "una regulación específica de permisos y concesiones en el caso de técnicas de extracción no convencionales", informó el gobierno.

Indicó que "en el proyecto de ley se definen todas las condiciones y requisitos para obtener la mayor cantidad de inversiones para fomentar la industria hidrocarburífera".

"Esto no supone -aclaró- reemplazar ni derogar la legislación vigente, sino que se fija, con un régimen especial, un marco jurídico moderno acorde a las necesidades regulatorias de este tipo de desarrollos".

Su aplicación será para aquellos permisionarios y concesionarios que cumplan las condiciones impuestas y las inversiones comprometidas, y que presenten proyectos de explotación de reservorios hidrocarburíferos no convencionales.

Otra iniciativa tiene relación con la protección ambiental para la exploración y explotación de los reservorios no convencionales.

El proyecto de ley "establece metas, acciones y estrategias para preservar el ambiente. Se trata de normas que ya fueron adelantadas por decreto y que responden a las normas de los países más avanzados en la materia".

En ese marco, se prohíbe el uso de aguas subterráneas con aptitud para abastecimiento de personas, irrigación y usos terapéuticos y termales; se impone el tratamiento del agua de retorno y su depósito en los lugares que indique el Estado, y prohibición para verter el agua sobre aguas superficiales y su almacenamiento a cielo abierto.

La norma dispone la obligación de declarar los productos químicos que se utilizarán en el proceso, creando el registro de productos y sustancias químicas que funcionará en la Secretaría de Ambiente. Todo proyecto de perforación de pozos no convencionales tiene que tener necesariamente una licencia ambiental previa.

En tanto, mediante otro proyecto de ley se establecerán normas de responsabilidad social ambiental y comunitaria.

La iniciativa fijará "la necesaria planificación y desarrollo de conductas de responsabilidad social, ambiental y comunitaria, por parte de empresas y organizaciones en general que tengan domicilio legal y/o comercial en la provincia".

El gobierno neuquino precisó que "se pretende dotar a la provincia de un marco normativo que promueva conductas permanentes para equilibrar los objetivos económicos con las necesidades ambientales y sociales, contribuyendo a un desarrollo sustentable en cuanto a la preservación del medio ambiente".

De los diez proyectos anunciados por el gobernador Jorge Sapag en la apertura de sesiones ordinarias, dos ingresaron por mesa de entradas en la Legislatura antes de fin de año.

El proyecto de ley que establece el Régimen de Promoción de la Economía Social y Solidaria de la provincia establece una "planificación estratégica tendiente a la construcción de una política pública integrada y articulada" que crea un registro de efectores de la economía social y diseña mecanismos financieros, económicos, educativos sociales y culturales para fomentar el crecimiento y la consolidación de este tipo de economía.

El proyecto presentado por el Ejecutivo establece como autoridad de aplicación al ministerio de Desarrollo Social que debe, entre otros puntos, articular y complementar funciones del Estado con los programas de asistencia financiera a emprendimientos productivos (Ley N° 2620); de reconversión productiva (N° 2621); y el programa nacional de microcréditos para el desarrollo de la Economía Social (N° 2619).

Además, crea un fondo especial que se debe incorporar anualmente en el presupuesto provincial. La norma, a su vez, incorpora al apartado de Contrataciones directas de la ley de Administración Financiera (N°2141), a quienes se hallen inscriptos en el Registro de efectores de la Economía Social, "hasta un monto equivalente al 20 por ciento del valor fijado como máximo para las licitaciones según el régimen de contrataciones provincial".

Por otro lado, crea un Consejo Provincial para la Promoción de la Economía Social, integrado por un representante de la autoridad de aplicación, tres integrantes del Poder Ejecutivo, un integrante del Poder Legislativo, un integrante del Consejo Provincial de Ciencias Económicas y tres representantes de distintas organizaciones de la Economía Social y Solidaria.

En cuanto el Registro Único de Trabajadores apunta a fomentar la contratación de mano de obra local. Busca agrupar un solo listado de desocupados para que las empresas radicadas en la provincia puedan emplear personal. También permitirá a las personas realizar capacitaciones en actividades de servicios, hidrocarburos, hotelería, turismo y construcción.

Ariel Sandoval, subsecretario de Gestión de Empleo provincial, sostuvo que el Ruprot funcionará como una consultora pública para la inserción laboral de personas desocupadas. "Es una ley modelo en la provincia que traerá progreso y armonía entre el sector público y el privado", explicó. "Es un doble beneficio para las empresas porque no van a tener que recurrir a consultoras privadas o bolsas dispersas", agregó.