Fernando Coloma Correa declaró el 11 de febrero ante el fiscal José Morales en calidad de imputado. El fiscal investiga la querella por prevaricación administrativa y abusos contra particulares que Julio Ponce interpuso contra Coloma y otras dos autoridades de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS).

Coloma declaró junto a sus abogados, Paula Vial y Mario Vargas. Y en su declaración defendió vehemente la investigación, que terminó el 6 de septiembre con cargos contra Julio Ponce y otros tres ejecutivos de las sociedades cascada que controlan SQM, por infracciones a las leyes de Sociedades Anónimas y Mercado de Valores. Y negó que haya debido inhabilitarse, como pedían los abogados de Ponce, debido al interés personal que en el caso supuestamente tenía el Presidente Sebastián Piñera, quien tuvo acciones de las sociedades cascada hasta 2008 y entregó otro paquete accionario en fideicomiso a Moneda.

El superintendente, quien asumió su cargo en marzo de 2010 y saldrá tras el cambio de gobierno, recordó en su testimonio que un dictamen de la Contraloría General de la República de julio de 2010 estableció, según sus palabras, que “el mero hecho de que la designación de una autoridad dependa del Presidente no es suficiente para inhabilitarlo, como tampoco obviamente a los designados”. Coloma agregó más: “El Presidente jamás me dio instrucciones, ni siquiera de manera velada, sobre el proceder respecto de la investigación, de la que además ignoraba el contenido. Jamás se me ha presionado en ningún sentido ni he comentado con el Presidente detalles de la investigación, como posibles formulaciones, involucrados u operaciones analizadas. Jamás se ha intentado intervenir de ninguna manera en la causa o en su curso, lo que en todo caso, obviamente, habría sido infructuoso, pues siempre he velado por resguardar la autonomía de la SVS y la mía propia”, declaró.

Los querellantes acusaron parcialidad de Coloma hacia Moneda, uno de los denunciantes en la causa que originó la investigación por las transacciones de acciones con sociedades cascada entre 2009 y 2011. “Aquí no ha habido ningún trato preferente con Moneda o cualquier otro denunciante, lo único que ha pesado es el peso de los argumentos y de la evidencia”, explicó Coloma al fiscal.

Por lo mismo, en otro extracto de su declaración de cuatro carillas, Coloma dice que no es efectivo, como sostiene Ponce, que la denuncia de Moneda precipitó la investigación. “Nosotros empezamos la indagación y análisis antes de la denuncia de Moneda. Se habían manifestado dudas sobre las cascadas”, dijo. De hecho, afirma que todo comenzó en diciembre de 2011, con antecedentes recibidos por Carlos Wulff, un ejecutivo de Codelco que es accionista minoritario de las cascadas, sobre los estados financieros de las matrices de SQM, lo que llevó a la SVS a ordenar reversar utilidades contables generadas en operaciones de acciones cuestionadas.

Coloma afirma, además, que el hecho de haber operado con títulos de las sociedades cascada no significa que esos inversionistas hayan sido parte del caso esquema de negocios que acusó la SVS ideó y promovió Julio Ponce. “Esto que señalo es aplicable tanto al Presidente como a otros inversionistas, ya que no existen antecedentes de que estas operaciones reúnen los requisitos de las operaciones que sí formarían parte del esquema”, declaró Coloma.

Cómo opera el Acme

La SVS, declaró Coloma, es una institución autónoma que se relaciona con el gobierno a través del Ministerio de Hacienda.

“Administrativamente, dependo del Presidente de la República”, explicó. Tiene dos intendencias -Valores y Seguros- y varias áreas transversales. Una de ellas es el Area de Cumplimiento de Mercado (Acme), que dirige Hugo Caneo. Esa entidad lleva los casos bajo análisis a un comité de investigación que forman Coloma, el intendente de Valores y el fiscal. “Nos reunimos todos los martes y analizamos los distintos procesos de investigación y los procesos sancionatorios que se hayan abierto tras formulaciones de cargos”, relató el titular de la SVS sobre la operatoria del estratégico departamento de 12 personas. Y prosiguió: “Se pide al Acme que dé cuenta de las investigaciones que lleva adelante y la pauta se fija de acuerdo a lo que el comité estima que es necesario revisar, así como por las sugerencias que el Acme pueda realizar. Es allí donde se va dando cuenta del avance de las investigaciones”. Consultado por el fiscal, Coloma dijo que no se “levanta acta de las sesiones de este Acme”.

Coloma rechazó las acusaciones de los abogados de Ponce, Jorge Bofill y Raimundo Labarca. “No es efectiva la afirmación que se hace en la querella, en el sentido de que se han sustanciado irregularmente los distintos procedimientos administrativos, dictándose resoluciones manifiestamente injustas y retardando o denegando la investigación de ciertas conductas”. La autoridad respaldó a sus dos subordinados: “Conozco las actuaciones de Hugo Caneo y Hernán López. Estoy de acuerdo en la forma en que ellos han actuado respecto de los hechos que se les imputan”, dijo.

También justificó la decisión de no acusar a Moneda, como pidieron los defensores de Ponce. “En este caso y luego de todas las diligencias y trabajo realizado, se llegó a la conclusión de que no correspondía seguir adelante. El rechazo de la denuncia fue totalmente justificado”, aseguró.