Liubomir Fernández.

Puno.

Los mineros ilegales e informales han develado su interés por participar en las elecciones regionales y municipales tras el proceso de interdicción. Incluso Alexander Flores Pari, extractor que explotó oro informalmente por años en Ananea (San Antonio de Putina), anunció su candidatura por la agrupación Poder Andino. Esto a pesar que desde esa zona en interdicción, su actividad contaminó durante más de 20 años la cuenca del río Ramis sin aportar un sol al Estado.

Para explicar cuál sería la motivación de la incursión política, La República dialogó con Daniel Urresti, Alto Comisionado de Asuntos de Formalización de la Minería Ilegal.

En Puno hay mineros informales e ilegales que van a financiar campañas y participar en política. ¿Cuál cree que sea el interés por ingresar en este ámbito?

La minería ilegal mueve en el país 2,900 millones de soles al año. Es lógico que ante la arremetida del gobierno para erradicarla, la intención sea buscar otros caminos para hacerle frente a estas acciones. No me queda duda de que uno de esos caminos es infiltrarse en la política a través del poder regional, provincial y distrital.

¿Podríamos decir que los mineros quieren jaquear las acciones de formalización e interdicción?

Lo que me queda claro es que los (mineros) ilegales están usando y buscando el apoyo de los informales para detener la ofensiva del gobierno contra ellos, quienes le han hecho demasiado daño al medio ambiente. Para eso quieren llegar a la política.

¿El gobierno hará algo frente a ello?

El gobierno no puede hacer nada. Todos tienen derecho a ser candidatos, está en la Constitución. Sin embargo considero que los medios de comunicación tienen la responsabilidad de informar a los electores sobre quiénes son aquellos que quieren dirigir sus destinos.

Los mineros ilegales en el altiplano se vienen organizando para solicitar su destitución. Con ese objetivo marcharán el 17 marzo a Lima.

Tengo el respaldo del presidente de la República y el presidente del Consejo de Ministros. Ellos son mis jefes.

Los mineros informales están en la disyuntiva de ir al paro. ¿Cuál es su opinión?

Las bases de Arequipa, La Libertad, entre otras regiones, no irán al paro. Con ellos el compromiso del gobierno es ayudarlos a que se formalicen y vamos por buen camino. Con La Rinconada en Puno, la formalización está avanzando. Mi exhortación es que no se dejen manipular por los mineros ilegales.

Inteligencia de la PNP determinó que los barones de la minería ilegal estarían financiando el paro del 17. ¿Usted está en la capacidad de corroborar esto?

Los dirigentes están jugando sus propios intereses. Ellos piden cuotas y se quedan con el 70 %. Es un negocio para ellos; por eso el interés de empujar el paro. Pero aclaro: Arequipa y otras regiones no se sumarán a la medida de protesta. El gobierno está dialogando directo con las bases. Y en todas las reuniones con quienes están en proceso de formalización estamos alcanzando buenos resultados.

Los mineros ilegales están moviendo todas sus influencias para detener la interdicción. Varios presentaron acciones de amparo. ¿Cómo va a responder el Gobierno al respecto?

El gobierno va a enfrentar esta situación haciendo lo que la ley le permite. La interdicción contra los (mineros) ilegales nadie la detendrá. Quienes están dentro del proceso de formalización tendrán todo el apoyo del gobierno como viene sucediendo en la actualidad.

Sin embargo, los ilegales continúan moviendo oro.

A los ilegales del sur se les ha dado un duro golpe con la destrucción de las plantas de procesamiento de oro en Chala.

Los dirigentes de los mineros no son mineros. ¿Cómo se explica ello?

Por eso realizo mi exhortación a los mineros que están avanzando en la formalización, para que no se dejen sorprender. Hay personas que se han hecho dirigentes por otro tipo de intereses.