Aunque los plazos han ido cambiando, lo que está claro es que será la primera arista que se resolverá del llamado Caso Cascadas. Esto porque la querella por prevaricación administrativa y perjuicios a particulares presentada por el controlador de SQM, Julio Ponce, contra el superintendente de Valores y Seguros, Fernando Coloma, y dos de sus colaboradores, es la de más rápida tramitación.

¿La razón? Principalmente porque a diferencia de los otros recursos que están siendo tramitados ante la justicia, ésta no involucra el análisis de millones de operaciones realizadas entre las partes. A pesar de que aún falta la declaración del abogado y director de Moneda Asset, Pedro Pablo Gutiérrez, Diario Financiero tuvo acceso al expediente con el que se decidirá este primer round entre el regulador y el empresario.

Las respuestas de la SVS a la defensa de Julio Ponce

En el oficio reservado del 10 de enero pasado, enviado a Julio Ponce, el regulador del mercado de valores aborda punto por punto los planteamientos de la defensa del controlador de SQM.

Respecto a la supuesta infracción al principio de juricidad, "por una supuesta e inexistente precariedad y desorden del expediente", el organismo encabezado por Fernando Coloma responde que "esta superintendencia advierte a ud. que sus dichos (...) son erróneos y carecen de plausibilidad", señalando luego que tanto Ponce como su defensa han tenido acceso al expediente administrativo sancionatorio completo, de forma constante y permanente, incluyendo los cuadernos reservados. Incluso "este servicio ha implementado un expediente virtual para faciliar el acceso a los antecedentes en base a los cuales se formularon los cargos a ud, al cual su defensa tiene acceso continuo y remoto".
En esa misma línea, la entidad "le reitera" que el abogado de la defensa, Álvaro Jofré, "llamó y consultó telefónicamente por la existencia del CD agregado al archivador reservado "requerimientos digitales, tomo II", a lo cual se le informó su existencia y ubicación, y a pesar de que se informó que se solicitaría copia del mismo, ello no ha sido requerido hasta la fecha".

Por otro lado, en relación a la aseveración de que no consta en el expediente ninguna diligencia investigativa sobre operaciones anteriores a las de enero de 2009, el regulador respondió que los cargos formulados se refieren a hechos ocurrido entre 2009 y 2011. A lo que luego agrega, "se le comunica que con esta fecha se incorporará las operaciones bursátiles realizadas durante 2008 con acciones de Norte Grande y sus filiales".

Las pruebas

En el mismo documento, el organismo también se refiere a las pruebas testimoniales ofrecidas por la defensa del empresario. "Con el objeto de dar cumplimiento a los principios de eficienecia y de eficacia para la rendición de la prueba testimonial (...) y con el objeto de evitar dilaciones innecesarias de tiempo, dé cumplimiento a lo dispuesto en el oficio reservado 823 debiendo señalar los hechos respecto a los cuales se presentará a cada uno de los testigos ofrecidos a prestar declaración". Luego, se le "insta" a señalar sobre cuáles hechos declarará cada testigo ofrecido, y por qué dicha prueba sería idónea para acreditar los hechos sobre los que declarará, debiendo acompañar la minuta de interrogaciones, siendo esta última un requisito previo y necesario para dar lugar a su citación.

Por otro lado, el oficio reservado se refiere a la solicitud de informes. "Con el objeto de dar estricto cumplimiento a los principios de eficiencia y eficacia (...) y considerando los recursos con los que cuenta este servicio, y asimismo para evitar dilaciones innecesarias de tiempo, se señale el nombre y profesión de los peritos, la materia de la pericia, entre otros.

"Afán proteccionista de la SVS"

El abogado de Julio Ponce, Raimundo Labarca, prestó declaración el 15 de enero pasado.
"Acá claramente hay un abuso contra particulares, porque no puede ser que una autoridad haya estado sentada sobre papeles durante seis meses y haya faltado a la verdad. Nunca tuvimos acceso al expediente contra Moneda e incluso fuimos al Consejo de la Transparencia", haciendo referencia a la denuncia realizada contra firma por una supuesta campaña en contra del controlador de SQM y las cascadas.
Por otro lado, Labarca señala que "existe un afán proteccionista de la SVS respecto del presidente de la República, Moneda y las AFP, por cuanto en las operaciones que se cuestionan en las formulaciones de cargo se omiten las contrapartes de las operaciones; por ejemplo en las operaciones relacionadas a Sebastián Piñera se dice que hubo compras de un número importante de acciones, pero no se señala quién hizo la venta y no se dice si esas ventas fueron hechas a precio de mercado o no".

Declaración del analista ACME
Ante la pregunta del fiscal José Morales, respecto a si se analizaron las operaciones de compras o ventas de los directores y/o gerentes de Moneda y sus fondos, Julio Quezada Candia, analista financiero en el Área de Cumplimiento de Mercado (ACME) de la SVS, respondió negativamente, "pues no eran objeto de la denuncia, (...) pero esto está siendo investigado por otros analistas de mi área".
Después, Quezada señala que se solicitó a Norte Grande la cartola de movimientos de Moneda AFI, además de Oro Blanco, Pampa Calichera y Soquimich, analizando el período abril-septiembre de 2012. "Esta información consistió en las cartolas de movimientos que registran compra y venta, pero sin diferenciar cuándo una compra es efectivamente compra o es un ingreso por otro concepto, que podría ser la recuperación de garantías". (...) "Con esta nueva información pudimos concluir que las variaciones en los saldos accionarios se debían a la recuperación de garantías en las bolsas y no por compras de acciones".

Una serie de diligencias son las que la defensa de Ponce solicitó a la SVS en el marco del período probatorio del proceso administrativo.

Así, las distintas pruebas que está evaluando es requerir informes de expertos  en relación con los aspectos económicos y financieros de las operaciones cuestionadas, además de análisis sobre la generación de valor para los accionistas de Norte Grande y sus filiales.

El precio de mercado
Una de las principales críticas de la defensa de Julio Ponce ha sido el parámetro de la SVS para considerar el precio de mercado. Por ello, solicita estudios que evalúen la improcedencia de considerar como precio de mercado de una acción, el promedio ponderado de los 15, 30 y 60 días bursátiles; así como análisis sobre la variación patrimonial comparativa entre el controlador de las Sociedades Cascada y un accionista minoritario de las mismas que hubiere concurrido a los aumentos de capital aprobados durante el periodo investigado.

Las AFP
Respecto de las AFP, la defensa de Ponce evalúa como medio de prueba un estudio acabado sobre las ganancias de las AFP producto de sus inversiones en Norte Grande y filiales; así como análisis de las operaciones que hayan realizado Moneda, las AFP y las sociedades vinculadas a S.E. el presidente de la República.
Sobre este último punto, evalúa pedir además la elaboración de Oficio de Cargos, con "las razones que justifican las omisiones en que se incurrió en la descripción y análisis de ciertas operaciones, interés de S.E. el Presidente de la República en los hechos investigados e influencia de ellos en la persona del señor Superintendente; entre otros elementos que darían cuenta de la falta de imparcialidad".
Otra de las pruebas que está solicitando son certificaciones que avalen el que  la Superintendencia de Valores y Seguros está dotada de las facultades de interpretar administrativamente, entre otras, las leyes nº 18.045 y 18.046.
Junto con eso, la defensa está evaluando solicitar que la SVS certifique que no existen dictámenes de esa superintendencia que prohíban una estructura de control como la conformada por Norte Grande, Oro Blanco, Pampa Calichera, Nitratos y Potasios; y que no existen dictámenes que prohíban la aprobación de aumentos de capital en las sociedades Norte Grande, Oro Blanco, Pampa Calichera y Potasios.
También solicita diligencias legislativas pendientes por parte de la Superintendencia, así como también documentos de la defensa en la que por  expresa disposición legal puede acompañarse en cualquier etapa del procedimiento.

Testigos para fase probatoria
Dentro de la fase probatoria que comenzaría en mayo, en el proceso que lleva a cabo la SVS, la defensa evalúa citar a declarar a 54 personas en calidad de testigos, quienes tomaron o tuvieron injerencia en la decisión de participar en remates en bolsa de características similares a los cuestionados en los cargos entre el día 1 de enero de 2008 y el término del periodo de investigado.
Entre ellos, están  Patricio Parodi, Pablo Echeverría, Sebastián Piñera, Cristián Rodríguez (gerente general AFP Habitat), José Antonio Guzmán (presidente de la misma AFP), José Cox, Fernando Tisné, Alejandro Ferreiro, Darío Calderón; así como a las distintas personas con capacidad de tomar las decisiones de inversión de las sociedades Bancard, Axxion y Santa Cecilia.
Además, se solicita testimonio de los distintos gerentes de operaciones y de auditoría y control de la Bolsa de Comercio de Santiago, de la bolsa electrónica, y los distintos directores de turno de las bolsas de valores.