La Argentina pagará más del doble por el paquete de bonos que emitirá de u$s 5.000 millones para compensar a Repsol por la expropiación del 51% de acciones que la petrolera tenía en YPF. Según cálculos del mercado, la oferta que ayer el Consejo de Administración de la empresa española aprobó por unanimidad en Madrid –en reunión que se extendió por nueve horas–, terminará costando al Tesoro nacional unos u$s 10.680 millones nominales, teniendo en cuenta el pago de intereses de cada título (que promedian el 8%) en un término de 20 años.

Pero el costo podría incrementarse si el país tiene la necesidad de emitir una cartera adicional contingente de deuda por otros u$s 1.000 millones si los títulos entregados a la petrolera cotizan en el mercado por debajo de su valor nominal. En ese caso, la deuda se ampliaría hasta u$s 12.000 millones a pagar al 2033.

No obstante, según lo acordado, en ningún caso Repsol podrá recibir más de u$s 5.000 millones. Así lo explicó el ministro de Economía, Axel Kicillof, en una conferencia de prensa realizada de imprevisto en el Palacio de Hacienda, en la que estuvo secundado por el secretario Legal y Técnico, Carlos Zannini (quien fue el encargado de negociar en los últimos meses con los españoles) y por el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido. También estaban presentes, pero ya en un segundo plano, gobernadores de las provincias petroleras (miembros de la Ofephi) y el presidente de la estatizada YPF, Miguel Galuccio, quien paradójicamente fue una figura clave para acercar posiciones cuando se llegó a un pre acuerdo en el mes de noviembre.

En el arreglo no hay cláusulas de lock up, por lo que Repsol cuenta con la disponibilidad de vender desde el primer momento en el mercado los títulos que reciba como pago. Sin embargo, sea por la venta de los bonos a mayor precio que su valor nominal o porque retenga en su cartera los títulos hasta su vencimiento final, si obtuviera más de u$s 5.000 millones, deberá devolver a la Argentina la diferencia.

En el mercado apuntan que la petrolera dirigida por Antonio Brufau necesita liquidez -además de querer cerrar cuanto antes el conflicto que lleva casi dos años-, por lo que es probable que se "deshagan" de los bonos lo más rápido posible.

Por otra parte, entre los especialistas consultados por El Cronista, al Gobierno de Cristina Kirchner (que en definitiva no será el que se haga cargo del pago de esta deuda, porque a excepción del Boden 2015, todos los otros bonos contemplados en la oferta tienen un vencimiento posterior) Repsol le servirá como colocador de deuda en los mercados en un momento en que el país no tiene acceso al crédito internacional.

También señalan que aunque la deuda privada en circulación del país se terminará incrementando entre un 12% y 13%, resulta más conveniente que el pago de una sola vez de u$s 5.000 millones en efectivo; divisas con las que hoy no cuenta el Tesoro.

El acuerdo, que según fuentes oficiales se firmará mañana en Economía con autoridades de Repsol, contempla una cartera inicial de u$s 5.000 millones en títulos a valor nominal, sumado a otra cartera adicional de u$s 1.000 millones para cubrir la suma de pago establecida. De emitirse hoy el paquete inicial, el Gobierno tendría que recurrir sí o sí a la emisión adicional, porque los títulos en el mercado valen cerca de u$s 4.000 millones. El monto mínimo efectivo que acepta cobrar Repsol es de u$s 4700 millones. El pago de u$s 5.000 millones estará compuesto por: Bonar X (u$s 500 millones) con vencimiento en 2017 y una tasa del 7%, Discount 33 (u$s 1.250 millones) con vencimiento en 2033 y una tasa del 8,28% y el nuevo bono aún no emitido Bonar 2024 (u$s 3.250 millones), con vencimiento a diez años y una tasa de interés del 8,75%. Y el paquete complementario de 1.000 millones compuesto por: Boden 2015 (u$s 400 millones), con vencimiento en 2015 y una tasa del 7%; Bonar X (u$s 300 millones) y Bonar 2024 (u$s 300 millones).

En caso de incumplimiento de las partes, el acuerdo fija como instancia de arbitraje la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. Según explicó Kicillof, el acuerdo supone que Repsol retirará las 31 demandas interpuestas en diferentes tribunales por la expropiación, incluyendo el reclamo ante el CIADI, donde pidió una compensación de u$s 10.500 millones. El convenio, a su vez, deberá ser ratificado por la junta de accionistas de Repsol, que se reunirá el 28 de marzo pero además tiene que ser legislado por el Congreso local, que también deberá aprobar la emisión de los bonos soberanos.

La firma definitiva de un arreglo es auspicioso para ambas partes y pone fin a una larga contienda. En España festejan y asumen que es un triunfo de Brufau (quien ayer votó a favor pero que no vendrá a Buenos Aires para la foto) al conseguir un arreglo más beneficioso que otras ofertas que habían acercado accionistas como la mexicana Pemex, que quedaron en el camino.

"El mercado descontaba que la Argentina no pagaría", explicaron a este diario fuentes españolas. Por el lado de la Argentina es una señal al mundo en momentos en que el Gobierno está negociando con el Club de París, entre otras iniciativas. A su vez, destrabaría inversiones inminentes para YPF, como la segunda parte del convenio con Chevron en Vaca Muerta o proyectos con Pluspetrol.

El Gobierno y Repsol firmarán hoy el acuerdo que fija una compensación de u$s 5.000 millones por la expropiación del 51% de YPF y establece el desistimiento de todas las causas judiciales iniciadas por la empresa española contra el Estado nacional. A la mañana, el directorio de YPF aprobará el cese de las acciones legales entabladas contra Repsol y algunos de sus directivos, y horas más tarde se prevé que en la Casa de Gobierno se firme el acuerdo con el Estado, y otro entendimiento específico entre la petrolera local y la española sobre los litigios en sede judicial tanto local como internacional. Por parte de Repsol, los firmantes serán los dos miembros del directorio que estuvieron a cargo de la negociación con el Ministerio de Economía desde diciembre: Nemesio Fernández Cuesta y Luis Suárez de Lezo.

A primera hora de ayer, el titular de la española, Antoni Brufau, dijo en conferencia de prensa : "Ya que no tenemos obligaciones legales para mantener el 12% de YPF, analizaremos todas las opciones posibles", poniendo sobre la mesa el tema que se viene ahora: cómo y a quién Repsol venderá su participación actual en la empresa que maneja Miguel Galuccio (YPF) que asciende al 12%.

Brufau dijo que no tienen apuro. "De aquí a dos años deberíamos ser capaces de recuperar el valor nominal, los u$s 5.000 millones (de los bonos que conforman la compensación), más el dinero de la participación del 12%, con lo que alcanzaríamos un nivel de entre u$s 6.000 y u$s 6.500 millones".

Estas declaraciones suscitaron inmediatamente especulaciones locales sobre la intención del Gobierno de que ese 12% de YPF sea adquirido por las provincias productoras de petróleo. Según las versiones, el Gobierno le pediría tiempo a Repsol para dar lugar a que las provincias formen un "pool" que salga a buscar financiamiento en el exterior para efectuar la compra.

Al precio actual de la acción de YPF, el 12% del capital social tendría un valor de u$s 1.290 millones, aunque ayer tanto desde Repsol como en medios internacionales calcularon un precio de u$s 1.350 millones. Por otra parte, una vez sellado el acuerdo con la española, al ser refrendado por la junta de accionistas de esa empresa y por el Congreso, se espera que la capitalización bursátil de YPF se recupere a medida que vaya consiguiendo financiamiento internacional y acelere el desarrollo de las áreas en Vaca Muerta.

Esto significa que Repsol puede esperar a que la acción se valorice, al tiempo que no hay elementos en lo que se conoce del acuerdo con el Gobierno argentino que la obliguen a escuchar alguna petición oficial sobre el 12% del capital de YPF.

Por ahora, al realizar la rueda de prensa para dar el anuncio, el ministro Axel Kicillof sólo dijo que una vez cerradas todas las causas judiciales se empezará a concretar el traspaso a las provincias productoras del 25% del total del 51% que hoy está en poder del Estado nacional. La transferencia está pendiente porque mientras no hubiera acuerdo con Repsol por la expropiación, las acciones estaban en litigio y no se podían ceder, por lo cual las provincias no recibieron por ahora dividendos y los directores que las representan actúan en nombre del Estado nacional.

El acuerdo entre Repsol y la Argentina tuvo amplia repercusión en medios de prensa internacionales. Financial Times indicó que los analistas quedaron "impresionados" con los detalles, y que el Citibank indicó que el paquete de compensación "luce mejor de lo que el mercado esperaba". Pero también indicó que el ánimo en Repsol es de una "tranquila satisfacción más que de un franco triunfo".

Financial Times también reseñó que para la Argentina "el avenimiento con Repsol es visto como un prerrequisito para restaurar credibilidad entre los prestamistas internacionales" y una forma de generar confianza en el sector petrolero. Añadió que Vaca Muerta "fue la joya de la corona de las operaciones de Repsol en la Argentina: uno de los más grandes reservorios de petróleo y gas no convencional en el mundo, pero que sigue estando mayormente no desarrollado a tres años de los descubrimientos iniciales".