Legisladores de la oposición criticaron el acuerdo entre el Gobierno Nacional y la petrolera española Repsol por la expropiación del 51 por ciento de YPF, y reclamaron inmediatas explicaciones del Poder Ejecutivo.

“Durante meses los accionistas de Repsol tuvieron más información que el pueblo y el Congreso argentinos”, criticó el presidente del bloque radical en la Cámara de Diputados, Mario Negri, quien añadió que “todavía no conocemos los pormenores del acuerdo, ni el costo financiero total que tendrá para el Estado argentino”. Asimismo, destacó que “dados los extensos plazos de los bonos que se van a emitir, ya que algunos se pagarán hasta 2033, su impacto trascenderá por mucho al actual Gobierno”.

Otro radical, Enrique Vaquié consideró que “este arreglo sólo muestra la desesperación del Gobierno nacional por volver al festival de emisión de deuda pública”. Para el diputado, “este tipo de conducta se explica por las consecuencias que trae la alta inflación que acarrea desde hace más de seis años restricciones a las importaciones, cepo cambiario y, sobre todo, pérdidas de reservas”.

Vaquié explicó que otro problema del acuerdo es que dado que la Argentina renunciaría a la posibilidad de reclamar en el futuro, no podrá denunciar y exigir la remediación de los pasivos ambientales que la empresa genere en nuestro país. “El Gobierno es responsable de obligar a la empresa a pagar la remediación de los pasivos ambientales y nos preocupa que hoy no vemos ninguna señal de que vaya a hacerlo”, advirtió.

Mucho más duro, el señador radical Gerardo Morales señaló que “tras años de manejo irresponsable, falta de política energética, connivencia y corresponsabilidad en el vaciamiento de YPF, el gobierno solo encuentra una salida: pagarle a Repsol cinco mil millones de dólares como fruto de ocultas negociaciones”.

Morales recordó que en el debate en la Cámara alta de la nacionalización de YPF en 2012, el radicalismo presentó un proyecto alternativo que incluía una serie de medidas para deslindar responsabilidades por la mala gestión anterior. “La UCR propuso determinar las operaciones dolosas o fraudulentas que tuvieran causa en la mala gestión de Repsol y otras administradoras anteriores, es decir, era imprescindible establecer un valor de compra, para dar seriedad y seguridad jurídica en foros internacionales, discriminando los pasivos y el endeudamiento generados hasta la nacionalización”. El senador enfatizó que “el oficialismo se cerró, no incluyó aportes para enriquecer y hacer de los proyectos de semejante envergadura una construcción colectiva”.

A la izquierda. Los diputados del Partido Obrero en el Frente de Izquierda, Néstor Pitrola y Pablo López, manifestaron que “el acuerdo que aprobó el directorio de Repsol es un rescate de los vaciadores de YPF” y “Kicillof compromete una emisión de deuda de casi 10.000 millones de dólares, cuya garantía es el ajuste general de la economía que incluye tarifas de combustibles en dólares y a precio internacional”.

Por su parte, la diputada Victoria Donda, del bloque Libres del Sur-FAP, aseguró que “otra vez este Gobierno le miente a los argentinos” porque “cuando se expropiaron las acciones de la empresa dijeron que se iba a tomar el pasivo ambiental como parte del costo que Repsol le hizo pagar a nuestro país”. Además remarcó que “el Tribunal de Tasaciones de la Nación iba a ser el organismo encargado de establecer el precio por el que nuestro país debía resarcir a Repsol”.

“Sin embargo nada de esto ocurrió y hoy el Gobierno anuncia como si fuera una conquista nacional y popular, que va a pagar todo el dinero que reclaman los españoles”, denunció la diputada y precisó que “lo que se presenta como una conquista o un logro no es más que una nueva concesión de la Argentina a una empresa que aprovechó la ola privatizadora de los ’90 para enriquecerse a costa de los recursos naturales de nuestro país”.

Pro no problem. Dos años después de que el partido de Mauricio Macri votara en contra de la reestatización del 51 por ciento de YPF, diputados nacionales de este bloque salieron a ponderar el acuerdo entre el Gobierno y Repsol por el cual se dispuse el pago de 5.000 millones de dólares en concepto de indemnización a la empresa española.

Al respecto el diputado Federico Sturzenegger sostuvo que el acuerdo “es como una gran reivindicación del Pro, porque cuando hace dos años la presidenta mandó este proyecto al Congreso, nosotros dijimos que no era la manera de hacerlo”.

“Esto era lo que se tendría que haber hecho. Nos dejó una secuela. Argentina tiene todas las reservas de Vaca Muerta para explotar, algo que es un recurso que solo va servir si hay una seguridad jurídica en el país. Esto es bueno, el acercamiento con el club de Paris es bueno. Todo lo que sirva para acercar a la Argentina con el mundo es bueno. Argentina tiene que volver a tener credibilidad”, afirmó el economista en declaraciones radiales.

En tanto, el diputado Pablo Tonelli dijo que “el acuerdo con Repsol es una buena noticia, pero faltan conocer los detalles”. Según Tonelli “resulta necesario saber el valor de tasación determinado por el Tribunal de Tasaciones de la Nación para empezar a conocer, entre otras cosas, los fundamentos del monto del pago y evaluar su razonabilidad”.

Finalmente, Tonelli advirtió que “no hay que hacerse ilusiones, el Gobierno tiene que tomar diversas medidas para revertir la grave situación de desabastecimiento y la falta de políticas a largo plazo en materia energética”.

La UCR y el Frente Progresista, con el socialismo a la cabeza, exhiben a diario una armonía que deberán respaldar en el Congreso, donde tendrán bloques separados en ambas Cámaras.

Y una de las primeras leyes que pondrá a prueba si hay unidad de criterio será la indemnización a Repsol por 5 mil millones de dólares, anunciada por Axel Kicillof y pronta a debatirse en el parlamento.

El ministro de Economía detalló el acuerdo cuando el Frente Progresista anunciaba un bloque de seis miembros en el Senado y sus miembros no esquivaron el tema.

Muy por el contrario, el socialista Rubén Giustiniani y Fernando “Pino” Solanas adelantaron que difícilmente avalen ese pago

“Cuando Kicillof era viceministro dijo que no se iba a pagar un peso sino que se contabilizaría el pasivo ambiental”, recordó.

“Vamos a reclamar el cumplimiento de la ley: el primer paso es ver el pasivo ambiental. Y hay experiencias internacionales que han demostrado el daño que puede hacerse, como la de Chevrón en Ecuador”, amplió el senador santafesino, en alusión a la empresa estadounidense que también invertirá en YPF. Hermes Binner lo escuchó desde la primera fila del salón Illía del Senado.

Durante el debate en comisión de hace dos años, quien más había hecho hincapié en los pasivos ambientales fue Julio De Vido.

“En eso vamos a ser absolutamente inflexibles. Vamos a liquidar, y ya hemos hablado con los gobernadores para que liquiden, provincia por provincia, cada uno de los daños ambientales causados por los oleoductos rotos, los tanques rotos y la permanente pérdida de efectividad en la producción”, dijo esa vez con un énfasis mayor al habitual.

Solanas adelantó que le enrostrará a Kicillof arreglar un pago similar al que pedía el presidente de YPF, Antonio Brufau.

“Se paga con una tasa de 8.75, que es altísima. Como no se le puso a la tasa la inmovilidad los bonos al día siguiente serán canjeados a valor nominal y le costará a Argentina entre 2500 y 3000 más. Así estamos cerca d e superar los 10 mil millones”, contabilizó el diputado.

El archivo tampoco deja bien parado a Kicillof: “El señor Brufau dice que vale 10 mil millones de dólares. Vamos a ver cuánto vale el 57 por ciento de YPF, pero no en base a valores especulativos bursátiles ni en base a las cuentas que quiere hacer el señor Brufau, sino en base a datos objetivos que tomará el Tribunal de Tasaciones de la Nación, si ustedes así lo disponen, con sus propios criterios”, dijo el ahora ministro aquel 17 de abril en el Senado.

En la Ucr sólo se supo que el jefe de bloque de diputados, Mario Negri, exigió la presencia de Axel Kicillof, que no tardará en llegar. “Nosotros siempre pedíamos que volviera al Estado, no que se confisque”, adelantó a LPO una fuente del bloque.

La UCR y el FAP apoyaron la expropiación hace dos años, pero ahora deberán retomar el tema en medio de una naciente campaña electoral por lo que compartir una posición con el Gobierno tal vez no sea lo más conveniente.

Pero tampoco lo será quedar al margen de una medida aceptada por la sociedad como fue la estatización de la petrolera, por lo que deberán diseñar un argumento común para no mostrarse distanciados.