El Consejo de Administración de Repsol aprobó el acuerdo definitivo con Argentina por la expropiación del 51 por ciento de YPF. La decisión permite cerrar la prolongada disputa económica, política, legal y diplomática que comenzó hace dos años. Las partes informaron que a modo de compensación se entregará un mix de títulos públicos por un valor nominal de 5000 millones de dólares y se contempla la posibilidad de ampliar el monto por hasta 1000 millones adicionales. Eso sucederá si la cotización de mercado de los bonos el día de la emisión no alcanza los 4670 millones de dólares. Los instrumentos financieros principales son tres: el Bonar X y el Discount 2033, dos papeles que ya existen y se debe ampliar su oferta, y el Bonar 2024, un nuevo título a diez años con una tasa de interés de 8,75 por ciento. Tal cual convinieron en noviembre cuando se encaminó la resolución, Repsol levantará las 31 demandas iniciadas contra Argentina, la petrolera reestatizada y terceros como Chevron. Lo mismo deberán hacer el Gobierno e YPF.
El “Convenio de Solución Amigable y Avenimiento de Expropiación” será rubricado mañana en Buenos Aires por el ministro de Economía, Axel Kicillof, y un representante de Repsol. El paso siguiente será enviar un proyecto de ley al Congreso para que ratifique el convenio. Como la compensación no estaba contemplada en el Presupuesto 2014, los legisladores también deberán habilitar la emisión de los bonos. El proceso ya está en marcha pero formalmente resta que la asamblea de accionistas de la petrolera confirme la decisión el próximo 28 de marzo.
La buena nueva fue precisada por Repsol y el Gobierno en sendos comunicados. En el Palacio de Hacienda, Kicillof explicó los mecanismos del pago. Lo hizo acompañado por el titular de Planificación Federal, Julio De Vido, y el secretario Legal y Técnico, Carlos Zannini. Además participaron (casi) todos los gobernadores integrantes de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi) y el presidente de YPF, Miguel Galuccio. Desde Madrid, el presidente de Repsol, Antonio Brufau, también se mostró satisfecho con el acuerdo (los españoles conservan el 12 por ciento de YPF).
La Ley de Soberanía Hidrocarburífera que habilitó la recuperación del control de YPF estipulaba una compensación por la expropiación. En Economía consideran que el mecanismo extraordinario acordado con Repsol permitió evitar un desembolso en efectivo como dispone la Ley de Expropiaciones, que incluso permite a Repsol cobrar y seguir demandando si no está de acuerdo. Desde Economía reconocen que “recuperar el control de un activo estratégico no fue gratis” pero destacan que se emiten bonos con vencimiento hasta 2033 para hacerlo. Desde esa visión, los 5000 millones de dólares en bonos siguen siendo una cifra relevante pero se relativizan si se los compara con “los 2500 millones de dividendos girados en 2010 y 2011, la posibilidad de duplicar la inversión de la compañía o el ahorro en la importación de GNL por la mejora en la producción”. En el equipo de Kicillof también ponderaron las condiciones financieras del nuevo bono que será entregado: “Un país que supuestamente tiene vedado el acceso al mercado financiero emitirá un bono con plazo de 10 años y una tasa de 8,75 por ciento”, indicaron.
“Se logró cerrar el ciclo de expropiación rápidamente. Hay muchas compañías que estaban dispuestas a venir al país y otras mostraban más reticencia, el cierre del acuerdo muestra un panorama más positivo”, el presidente de YPF, Miguel Galuccio, ante la consulta de Página/12 al finalizar la conferencia de Kicillof. Además de facilitar futuros, se benefician los ya firmados: entre las demandas que deberá desistir Repsol figura la iniciada a Chevron en Nueva York. De ahora en adelante, en caso de diferendos, las partes se someterán a Uncitral, el tribunal arbitral dependiente de Naciones Unidas.
Mecanismo de pago
El proyecto de ley que será enviado al Congreso habilitará a emitir una cartera de títulos por un valor nominal de 5000 millones de dólares y autoriza una posible “emisión complementaria” por otros 1000 millones. La primera cartera está compuesta por tres bonos: 3250 millones en el nuevo Bonar 2024 con vencimiento a 10 años y una tasa de interés de 8,75 por ciento de vencimientos semestrales; 500 millones de Bonar X con vencimiento en 2017 y tasa del 7 por ciento; y 1250 millones del título Discount 2033 e intereses del 8,28 por ciento. En el caso particular del Bonar 2024, como se trata de un papel que no tiene mercado para liquidarse, el Estado garantizará los tres primeros pagos de intereses por 150 millones de dólares cada uno a través de un depósito equivalente en el Banco Nación. Por su parte, la cartera de bonos adicionales estará compuesta por hasta 400 millones de Boden 2015 con un interés del 7 por ciento y vencimiento en 2015 (uno de los títulos con más liquidez); hasta 300 millones de Bonar X; y hasta 300 millones de nuevo título Boden 2024.
La utilización, parcial o total, del paquete adicional se gatillará una única vez si, al momento de realizar el pago, el valor de mercado del combo inicial es inferior a 4670 millones de dólares. El mecanismo no es complejo pero su comprensión requiere paciencia: el Gobierno imprime títulos por un valor nominal de 5000 millones de dólares, pero si en el mercado la cotización promedio de esos papeles durante los 90 días previos es menor a 4670 millones de dólares (algo probable) se deberán entregar bonos adicionales de la cartera contingente con un tope de 1000 millones de dólares. Las estimaciones se realizarán previo a la entrega de los papeles y para eso las partes ya acordaron un mecanismo de valuación. Por ejemplo, si el valor de los bonos al momento de emitirlos es 4000 millones de dólares se deberán dar en simultáneo títulos del segundo grupo con un precio de mercado de 670 millones de dólares (respetando el tope de 1000 millones de dólares a valor nominal).
La deuda de 5000 millones se considerará saldada a medida que se vaya produciendo su cobro regular a su respectivo vencimiento o por la venta de los bonos a terceros que realice Repsol. Si espera a 2033 la petrolera recibirá por sus acreencias más de 5000 millones ya que incorporaría los intereses. “En caso de que los cobros alcanzaran los 5000 millones, Repsol debe devolver al Gobierno el resto de los bonos porque el convenio reconoce el pago con determinado valor de mercado, pero también se garantiza que el expropiado no va a cobrar más que lo que marca la tasación de la compañía”, indicó Kicillof. Una cláusula del acuerdo le otorga al país “derecho de acompañamiento”. Cuando los españoles decidan vender en el mercado un bloque de bonos deberá permitir que Argentina le compre en las mismas condiciones un monto equivalente. Así es posible amortiguar, mas no neutralizar, el impacto de una venta que se realice a precio muy bajo ya que el Gobierno podría retirar del mercado a bajo costo una porción de la deuda emitida.
Si el acuerdo financiero para pagar el 51 por ciento de las acciones de YPF en manos de Repsol hubiese sido definido por un grupo privado, los especialistas de análisis bursátil de grandes bancos internacionales y de inversión global estarían inundando el mercado con informes donde destacarían el espectacular negocio concretado por el comprador. Estarían compitiendo por quién es primero en recomendar a sus clientes la compra de acciones de YPF en la Bolsa. En esta oportunidad, esos mismos economistas han estado flojos de reflejos, preservando igual la postura de que se las saben todas y dando cátedra de moral sobre el buen gobierno, trabajando en entidades que están unificadas por el mérito de haber sido acusadas de fraudes millonarios y lavado de dinero. Ha sido notable esa falta de reacción. Puede ser que esa inhibición tenga explicación en que sea el gobierno de CFK el protagonista, y que en ese equipo haya sido Axel Kicillof el líder de la negociación con Repsol en un mundo dominado por las finanzas, ministro de Economía al que sólo le reconocen pergaminos académicos pero no capacidad de gestión. Esta prueba que superó Kicillof debería hacerlos pensar que, en algunas ocasiones, la realidad no se ajusta a sus deseos o prejuicios. Otra razón para esa prudencia analítica puede descubrirse en que la transacción con la española Repsol haya culminado con un resultado muy favorable al Estado argentino.
Por cualquier vía que se quiera evaluar en términos financieros (return on equity, price/earnings, valor de mercado, cash flow), el monto alcanzado en el acuerdo de adquisición del control con la mayoría accionaria de la principal petrolera nacional culmina en saldo positivo para la Argentina. Pago en bonos a mediano y largo plazo, sin desembolso inmediato de efectivo. Deuda por infraestructura, en este caso energética. Deuda buena.
Previo a la rúbrica, Repsol tuvo que enviar a pérdida unos 1700 millones de dólares porque tenían valuada esa tenencia a un valor más elevado. También retirará el juicio contra el país por unos 10 mil millones de dólares en el Ciadi, y Antonio Brufau, el presidente de Repsol, tendrá que explicar a sus accionistas por qué había dicho que reclamaría 18 mil millones de dólares por YPF para finalmente recibir apenas un tercio de ese monto, en bonos. Y también cómo perdió el yacimiento Vaca Muerta, con reservas probadas de casi 1000 millones de barriles de petróleo y gas, que era el activo más estratégico de Repsol, al que había valuado en 14 mil millones de dólares.
Para aquellos acostumbrados a desarrollar juiciosos comentarios leyendo títulos de grandes diarios, entusiasmados porque habrían encontrado contradicciones entre lo que decía Axel Kicillof al momento de la estatización con las condiciones acordadas con Repsol, deberían ser cautos. Cuando Kicillof fue al Congreso para defender la ley de expropiación, expuso durante dos horas y media adelantando que no se pagaría la indemnización que reclamaba Repsol. La frase textual fue: “No les vamos a pagar lo que ellos dicen, sino el costo real de la empresa. Dicen que son 10.000 millones de dólares. ¿Y eso dónde está? Los tarados son los que piensan que el Estado tiene que ser estúpido y comprar todo según el estatuto de YPF”. Eso fue lo que sucedió. El Estado argentino negoció con firmeza durante meses en un escenario complicado y no desembolsó lo que pretendía Repsol. Con bonos a mediano y largo plazo pagará menos del valor de mercado de la petrolera con el adicional de capturar el paquete de control.
Esta positiva evaluación financiera para el Estado, en clave especulativa como prefieren analizar en el mercado, tiene un valor aún más importante cuando se incorpora el criterio de activo estratégico para el desarrollo, como lo son los hidrocarburos. Esto último fue la motivación oficial al decidir la expropiación, corridos por la urgencia de haber perdido el autoabastecimiento energético, al confiar en demasía en el comportamiento de las petroleras privadas, en especial de Repsol con sus socios argentinos Eskenazi. El objetivo planteado por el Gobierno fue el de comenzar el empinado camino de la recuperación del autoabastecimiento y, por lo tanto, de la soberanía energética, y no solamente concretar una operación financiera exitosa, que además la consiguió.
Las perspectivas de crecimiento de YPF son también un aspecto destacado al momento de analizar el valor de la compañía. Ese futuro promisorio es el que también compró Argentina y perdió Repsol. YPF invirtió el año pasado más de 10 mil millones de pesos. Aumentó la producción de petróleo y gas en 3,4 por ciento y 2,2 por ciento, respectivamente, respecto del año anterior. Tendencia que se ha acelerado en los últimos meses: en diciembre pasado, la producción de petróleo y gas subió 8,7 y 11,4 por ciento en comparación con el mismo mes de 2012. En producción de gas, desde 2004 que YPF no anotaba un incremento anual. Hoy la compañía dispone de 65 equipos de perforación de nuevos pozos y 92 de workover (reparación de pozos) contra los 25 y 49 que tenía antes de la estatización. Las utilidades netas consolidadas de YPF en nueve meses de 2013 sumaron 3201 millones de pesos, equivalente a unos 530 millones de dólares, 11 por ciento más que en igual período de 2012. Con mayores ingresos y colocación de deuda, YPF sumó recursos para adquirir activos locales de la petrolera Apache por 800 millones de dólares. De este modo, se convirtió en el principal operador argentino de gas, además de petróleo.
Las amenazas españolas de nuevo rico hoy en quiebra sólo expresaban en los meses posteriores a la expropiación la desesperación de saber que ya no son lo que imaginaron que eran. El gobierno de Mariano Rajoy, que buscó finalmente el acuerdo pese a la resistencia de Brufau, enfrenta problemas mucho más urgentes que el destino de una empresa petrolera que se dedicó a devastar los pozos de petróleo en Argentina para financiar su expansión global.
Sólo grupos conservadores locales con obsesiva inclinación a mirar hacia el exterior pueden estar tristes con este desenlace. Aunque sea difícil para ellos admitirlo, ganó Argentina.
Es habitual escuchar, ante un conflicto prolongado, que cuando se llega a un arreglo “se cierra una etapa”. También es un lugar común señalar que, cuando esto sucede, además se “abre una nueva etapa”. Nada nuevo, entonces, si se repitiera en esos términos lo ocurrido con la aceptación por Repsol de la propuesta de compensación formulada por el Estado argentino. Salvo que se explique que, en este caso, la etapa que se cierra definitivamente es la del abandono de la soberanía hidrocarburífera impulsado en los ’90, que empezó a dejarse atrás cuando se votó la ley de expropiación de YPF y declaración de interés público para los hidrocarburos, y que se completará o perfeccionará con el arreglo del resarcimiento al accionista controlante desplazado, poniendo punto final a sus demandas. Y que la etapa que se abre comenzó con el inicio de la gestión de Miguel Galuccio como CEO de la compañía, la puesta en marcha de un ambicioso plan de inversiones para recuperar la producción de la firma y el autoabastecimiento del país. Etapa que se terminará de abrir a partir de ahora, cuando YPF multiplique la cantidad de socios y volúmenes de inversión que se comprometerá en el plan diseñado y lanzado en 2012.
Si no se vincula una cuestión con la otra se corre el riesgo de no medir en su exacta dimensión el paso dado o, por el contrario, otorgarle al hecho supuestos méritos de otro orden, de mucha menor dimensión histórica. No faltan voces que destacan que “la decisión de pago” del Gobierno en este caso es “un ejemplo” que debería imitarse en el caso de los holdouts de la deuda en default y para la cancelación de los compromisos con el Club de París. Tales comparaciones minimizan la importancia que tiene, para Argentina, lo que en estos días sucede entre Buenos Aires y Madrid.
Los 22 meses transcurridos entre la toma de decisión de la recuperación de YPF y la aceptación del arreglo es relativamente corto. Diversos hechos, seguidos en detalle por este diario en los últimos meses (como la intervención de Pemex), aceleraron el proceso. Pero es imprescindible destacar que si la gestión de YPF en ese mismo período post recuperación no hubiera resultado lo eficaz y firme en sus convicciones como fue, el acuerdo seguramente se hubiera trabado. En gran medida, fue el respeto que YPF recuperó entre sus pares en el negocio petrolero internacional lo que obligó a Repsol a allanarse al acuerdo. Sin la activa gestión en recuperación de áreas secundarias, perforación de pozos y, sobre todo, estudios serios sobre las proyecciones de las áreas en estudio con reservas probables, todo ello exhibidos en el mundo en el marco de un plan global de inversiones, YPF no hubiera logrado ocupar ese lugar que las gestiones anteriores le habían hecho perder.
Varias de las principales empresas petroleras del mundo tienen en estudio su participación en negocios de exploración en Argentina, a la espera de que se diera este paso para despejar el camino. No es extraño que las posturas extremas de Brufau, queriendo condenar al aislamiento a YPF si no respondía a sus demandas, no recibieran el menor eco. Y un dato no menor para consumo doméstico: que YPF se convirtiera en empresa de la órbita estatal no fue una carga en su mochila, como muchos pretenden, sino el espaldarazo definitivo para hacer ver que el nuevo proyecto, para recuperar la empresa y la soberanía hidrocarburíferas, va en serio.
El Consejo de Administración de Repsol aprobó ayer el acuerdo negociado entre el gobierno argentino y la dirección de la empresa española para ponerle un punto final al conflicto derivado de la expropiación del 51% de las acciones de la petrolera YPF. El convenio, que implica un pago de U$S 5 mil millones más intereses mediante emisión de deuda pública, se firmará el jueves en Buenos Aires y requerirá la ratificación de la junta general de accionistas de la compañía y del Congreso nacional.
"La República garantiza que Repsol reciba la indemnización correspondiente sin embargos para darle certidumbre al pago. Si se hiciera en efectivo el cobro sería cierto, pero como se acordó un plazo prolongado se dan garantías", sostuvo el ministro de Economía, Axel Kicillof, en la conferencia de prensa en la que también estuvieron presentes el titular de Planificación, Julio de Vido; el titular de YPF, Miguel Galuccio; el secretario general de la Presidencia, Carlos Zannini; y gobernadores y funcionarios de las provincias hidrocarburíferas.
El entendimiento determina además que tanto las partes protagonistas como los asociados de cada una desisten de las acciones judiciales y renuncian a nuevos reclamos. De esta forma se muestra que la negociación implicó gestos de buena voluntad de ambas partes, quedando de lado cuestiones como la búsqueda de Repsol de compensaciones por el potencial de Vaca Muerta y los U$S 10.500 millones reclamados ante el CIADI. No se informó si el precio calculado incluye daño ambiental o si el Tribunal Nacional de Tasación dio una precisión al respecto.
Los bonos soberanos que emitirá Argentina se dividirán en 3250 millones de dólares en una nueva especie llamada Bonar 24 con vencimiento a diez años y una tasa de interés del 8,75%; 500 millones de dólares de Bonar X con vencimiento en 2017 y tasa del 7%; y 1250 millones de dólares del Discount 33, con vencimiento en 2033 e intereses del 8,28 por ciento.
Además existirá la posibilidad de una emisión complementaria –de U$S 1000 millones en valor nominal como máximo– en caso de que la cartera original no alcance un valor de mercado equivalente a 4670 millones de dólares a 90 días de la emisión inicial. De realizarse, se dividiría en hasta 400 millones de Boden 2015 con un interés del 7% y vencimiento en 2015; hasta 300 millones de Bonar X y hasta 300 millones del nuevo título Boden 2024.
Los españoles podrán vender los títulos públicos en el mercado o esperar a su vencimiento. Si siguen la primera estrategia y obtienen un importe por encima de los 5 mil millones de dólares le deben devolver el excedente al país mediante "procesos bancarios y financieros", según dijo Kicillof, deduciendo gastos e intereses.
En cambio, si mantienen los papeles en su poder podrían hacerse de intereses por más de U$S 5 mil millones, con lo que el pago final –sumando el capital– estaría por encima de los U$S 10.000 millones al día del último vencimiento, en 2033 (todo calculado a valor presente).
Según especificó Economía en un comunicado, "la propuesta argentina a Repsol se basó en la Ley Nº 26.741 de Soberanía Hidrocarburífera que en sus artículos 7, 11 y 12 estableció la expropiación del 51% del patrimonio de YPF perteneciente a Repsol YPF SA, siguiendo los procedimientos que marca la Ley Nº 21.499 de Expropiaciones". Esta última norma prevé en su artículo 12 que "la indemnización se pagará en dinero en efectivo, salvo conformidad del expropiado para que dicho pago se efectúe en otra especie de valor".
En caso del surgimiento de diferendos las partes se someterán a UNCITRAL (Reglamento de Arbitraje de la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional) ya que el acuerdo se encuadrará en el Tratado Bilateral de Promoción y Protección de inversiones entre España y Argentina.
"Nuestra voluntad ha sido siempre llegar a un acuerdo y hemos contado con el apoyo de todo el Consejo de Administración y con el apoyo de las autoridades españolas que, en todo momento nos han ayudado, nos han guiado en las estrategias a realizar para llegar a este buen fin", sostuvo por su parte Antonio Brufau, presidente de Repsol.
YPF se sumó al festejo y apuntó que "resuelve un conflicto entre dos de los principales accionistas de la empresa y permite alcanzar un entendimiento para iniciar un proceso de desistimiento de las acciones judiciales entre ambas partes y respecto de terceros que se habían presentado como consecuencia de la expropiación".
Así el gobierno también dio un nuevo paso en la búsqueda de cerrar todos los frentes de conflicto que tiene en el sector externo por deuda impaga y así abrir la puerta a mejores condiciones de financiamiento para el Estado y para el sector privado.
Considerando que tanto a fines del año pasado en el CIADI como ayer en el entendimiento con Repsol la estrategia se basó en la emisión de bonos para el pago, Tiempo Argentino consultó a Kicillof sobre la posibilidad de que se aplique el mismo método en las otras dos acreencias impagas más fuertes: el Club de París (del que España es miembro) y los fondos buitre. El ministro sostuvo que aunque con el Club están iniciadas las conversaciones, los términos por el momento son secretos; y a pesar de las negociaciones extrajudiciales presentes en el escenario del conflicto con los fondos buitre, agregó que “la vía judicial es la única relación del gobierno con ese tema, ya que la ley no permite pagarles a los tenedores de bonos en default más que a aquellos que entraron en los canjes”.
Ni bien trascendió, a finales de la semana pasada, que YPF y Repsol estarían cerrando una compensación de alrededor de 5000 millones de dólares, la cadena del desánimo, la mentira y el engaño salió con todo, sin asco ni vergüenza.
Transcribimos a continuación parte de una entrevista radial que sintetiza magistralmente lo dicho arriba. El periodista Jorge Lanata –cuándo no–, introduciéndonos en el tema del acuerdo entre ambas petroleras, arrancaba de esta forma: "Había dicho nuestro amiguito Axel (se refiere al ministro de Economía de la Nación): 'Ellos nos van a tener que pagar a nosotros.' Salió al revés. Nosotros les vamos a tener que pagar a ellos. El dato revela un acuerdo después de la confiscación (¡sic!) de 2012." Acto seguido, presenta a Daniel Montamat, su entrevistado de lujo.
El (¿ex?) perito de El Paso Energy en su demanda contra todos los argentinos ante el CIADI no tuvo inconveniente alguno en sintonizar con el periodista: "Encabezó bien la editorial que hizo, porque lo primero es recordar (hace pocos meses que lo dijeron) que Repsol iba a tener que pagar y ahora vamos a tener que pagar 5000 millones de dólares. No esta gestión, Jorge. Porque son 5000 millones de dólares en documentos, garantizados, que los van a tener que pagar ¿quiénes? Los que siguen. Es decir, primera reflexión: la gesta esta soberana, que llevó unos días de fiesta, bueno, le va a salir al que viene 5000 millones de dólares. Segunda reflexión: la YPF, esta nueva, nació floja de papeles, porque viene de una expropiación donde se debió fijar un precio indemnizatorio. Esto quedó pendiente, y bueno, mire cómo termina ahora." Luego, ante la pregunta del entrevistador sobre la situación presente de YPF, Montamat respondió: "(YPF) está ganando plata. Ha invertido más porque tiene acceso a un financiamiento especial que viene del propio gobierno... es decir, de nosotros (risas)." El fructífero diálogo prosiguió por diez minutos más. Al cierre, un Lanata contundente se dirigió así a su audiencia: "Se le van a pagar a Repsol 5000 millones de dólares... Acordate, Axel Kicillof había dicho: 'Ellos nos van a terminar pagando a nosotros.'"
¿Realmente dijo eso el funcionario? ¿Pagar o compensar? ¿Y qué hay del ahorro que implicó la recuperación de la empresa, valuado en 3000 millones de dólares para el país (por el no giro de utilidades, más el freno al declino del gas, de 2012 a la fecha)? Analicemos ahora y con lujo de detalles la burda maquinación protagonizada por la cadena del DEsánimo, la MENTira (alterar la verdad) y el Engaño (ocultar la verdad) –en adelante cadena DEMENTE.
LA VERDAD DEL "NO PAGO". El Senado de la Nación coloca, en su portal oficial, la versión taquigráfica completa de la histórica reunión plenaria del 17 de abril de 2012. De la reunión participaron las comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Asuntos Constitucionales y de Minería, Energía y Combustibles. Contó, asimismo, con la participación del ministro de Planificación Federal, arquitecto Julio De Vido, y del entonces viceministro de Economía, doctor Axel Kicillof, entre otros funcionarios. Ahora bien, ¿qué importancia tiene conocer la versión taquigráfica completa? Toda, porque de las intervenciones de los referidos funcionarios, periodistas inescrupulosos (como Jorge Lanata) y "especialistas" (como Daniel Montamat) que para sustentar su posición faltan recurrentemente a la verdad), parten para imponer la idea de que el entonces viceministro de Economía había asegurado que "ellos (por Repsol) nos van a tener que pagar a nosotros" por las acciones expropiadas. En igual sentido, otros medios afirmaron (y siguen afirmando) que el referido funcionario es propietario de las siguientes frases (varían de un medio a otro): 1) que "el gobierno no iba a pagar una moneda"; 2) que "no hay que poner un peso"; y 3) "cero pesos por YPF".
ORIGEN DE LA MENTIRA. Indigna, más allá de la adulteración de la verdad, que ni siquiera les importe tomarse el trabajo de apretar CTRL B (si es word) o CTRL F (si es html) para buscar, en la aludida versión taquigráfica, indicios de algo parecido a las frases del apartado anterior. Entonces, si Kicillof y De Vido no fueron los autores del supuesto "no pago a Repsol", ¿quién fue? Rastreando los orígenes mediáticos de la disyuntiva "pago" o "no pago", disyuntiva que intenta instalar el neoliberalismo criollo, nos topamos con un artículo publicado por La Nación el 23 de abril de 2012 (seis días después de la reunión plenaria en el Senado). Su autor, Mariano Obarrio. Título: "La confiscación de la petrolera. El gobierno planea no pagarle nada a Repsol." Bajada: "Kicillof le aseguró a la presidenta que la tasación dará 'cero pesos.'" Así empieza: "El jueves 12 de abril, en medio de las insistentes versiones sobre YPF , el viceministro de Economía, Axel Kicillof, le aseguró en Olivos a la presidenta Cristina Kirchner, con total convicción, que el precio de la empresa petrolera luego de que interviniera el tribunal de tasación iba a ser de 'cero pesos'. Ese es el gran objetivo que predomina ahora en la Casa Rosada: no pagarle nada a Repsol." Como puede observarse hasta este punto, el "no pago" surgió de la seriedad del articulista. Luego sigue: "La Casa Rosada da por hecho que el juicio demorará al menos cinco o seis años. 'La oferta del tribunal de tasación puede llegar a cero pesos. Van a tratar de llevarla a la baja', confió una alta fuente del gobierno a La Nación." Bueno, parece que en realidad no fue Obarrio sino "una alta fuente del gobierno". En efecto y como dice más adelante, "la idea de pagarle a Repsol un precio nulo se mantiene, según confirmaron a La Nación altas fuentes oficiales". Listo, fue el gobierno nacional, sobre todo si tenemos en cuenta esto que se asevera al cierre: "'No hay que poner un peso', le dijo el viceministro a la presidenta." ¿Otra alta fuente oficial? Enviamos una comunicación a Obarrio para que nos explicite su fuente. No nos ha respondido aún.
EL PÉSIMO EJEMPLO DE YPF (Y DE UNA RENACIONALIZACIÓN EXITOSA). "Esta YPF sigue en un contexto de políticas energéticas entrampadas en el corto plazo y un contexto económico donde la Argentina está fuera del mundo (sic)", afirmaba Montamat a Lanata. Preguntamos entonces al consultor privado y en función de tan funesto panorama, ¿cómo explica que YPF haya "mejorado la producción" y revertido "la declinación en petróleo y algo en gas", tal y como él mismo destacó a don Jorge? La respuesta nos la brinda el mismísimo (¿ex?) perito de El Paso Energy, en la ya citada entrevista: "El problema es que esta YPF representa el 35% de la producción de petróleo y gas. El otro 65% en promedio sigue declinando. Y sigue declinando porque los que están en petróleo en la Argentina, como no tienen largo plazo por la incertidumbre y por todos los problemas que son generales, no sólo en esta industria sino en el conjunto de las actividades económicas, lo que siguen haciendo es poner muchas bombillas en el mismo mate. Sobreexplotan lo que está en producción y hacen mínima inversión exploratoria." En primer lugar, obsérvese que Montamat critica la renacionalización porque el muy buen accionar de YPF, por desgracia, se reduce al 35% del mercado petrolero. Limitadísimo análisis que no tiene en cuenta un pequeño detalle: la gestión pública se propone incrementar su participación doméstica (de hecho, es lo que ha venido sucediendo desde abril de 2012). No, Montamat, la idea no es quedarse en el 35% sino aspirar al menos a la cuota de mercado que ostentaba la empresa cuando usted se puso al frente de ella para privatizarla. En segundo lugar, y en base a la denuncia que involuntariamente realizó respecto de los restantes actores petroleros, se podría interpretar que la renacionalización bien podría ser el remedio para ese rebelde 65 por ciento. Sin embargo, el punto más importante no es este. Si la incertidumbre, la improvisación, los errores y el cortoplacismo reinan en el sector hidrocarburífero nacional, ¿cómo explicar entonces que la ultrakirchnerista YPF (a la sazón empresa mixta y sociedad anónima) apueste al crecimiento y logre revertir todos los indicadores –destacando a la vez como empresa líder en la recuperación petrolera y gasífera argentina– sabiendo, como se sabe, que el ciclo kirchnerista concluye en 2015? Cualquier cosa, cualquier mentira vale para terminar con el pésimo ejemplo de la YPF renacionalizada.
CONCLUSIONES. La cadena DEMENTE busca, con tan burda maquinación de desprestigio y mentira: 1) ridiculizar al gobierno y presentar como una confiscación la renacionalización de YPF –acto soberano y legítimo previsto en nuestra Constitución nacional al expropiar un bien considerado de interés público, con indemnización sujeta a las leyes argentinas–; y 2) presentar la renacionalización y la gestión pública de YPF como un "mal negocio" para el pueblo argentino, al que compulsivamente vía impuestos se lo obligará no sólo a financiar las "locuras" de la empresa nacional sino a "pagar" a la española (cuando el gobierno afirmó sería al revés).
La renacionalización de YPF es de vital importancia para la República Argentina, su aparato productivo y la seguridad jurídica popular. La recuperación de sus indicadores en materia de exploración y explotación de hidrocarburos, refinación y abastecimiento de combustibles viene siendo notable desde abril de 2012. Va quedando atrás la nefasta herencia de Repsol, hecho que sólo puede beneficiar a la sociedad toda, así como a las nuevas generaciones de argentinos y argentinas. En pocas palabras, la gestión pública de YPF viene demostrando ser altamente exitosa. Por cierto, un hecho nada menor, desde que prueba –además de la idoneidad y la capacidad de los argentinos– que en el actual contexto de políticas energéticas, sus costos y precios internos, una empresa petrolera en la Argentina puede generar utilidades, girar dividendos a sus accionistas y hacerlo sin descuidar sus activos, sin desplomar la propia producción ni la tasa de reposición de reservas, sin abandonar las inversiones de riesgo, sin desabastecer a la ciudadanía, sin generar pasivos, sin depredar yacimientos (como denuncia Montamat acerca de las restantes petroleras), acompañando y hasta apuntalando el crecimiento de una explosiva demanda, así como apostando al mercado interno para ganar más cuota en el marco de la libre competencia.
De la misma manera que la Argentina para el neoliberalismo planetario, YPF es, para el neoliberalismo doméstico (y también extranjero), un mal ejemplo que debe terminar.
