Quedó atrás una asignatura pendiente: compensar a Repsol por la expropiación de 2012 en YPF. El acuerdo contempla el pago con un bono a 2017 (u$s 500 M), otro a 2014 (por u$s 3.250 M) y el último, a 2033 (u$s 1.250 M). Se contempla la entrega de otros u$s 1.000 millones más en bonos, pero sólo para garantizar que el valor de mercado de los papeles emitidos sea de al menos u$s 4.670 millones. Repsol baja todos los juicios contra el país.
YPF celebra el acuerdo que alcanzaron el Estado Nacional y Repsol respecto de la compensación por la expropiación del 51% del paquete accionario de la compañía, que fue aprobado hoy por el Consejo de Administración de la petrolera española en Madrid.
La decisión constituye un paso muy positivo para YPF, ya que resuelve un conflicto entre dos de sus principales accionistas. Y permite alcanzar un entendimiento entre YPF y Repsol para iniciar un proceso de desistimiento de las acciones judiciales entre ambas partes y respecto de terceros que se habían presentado como consecuencia de la expropiación.
Miguel Galuccio, presidente y CEO de la compañía, consideró “muy positivo el acuerdo tanto para el país como para YPF, ya que permitirá mejorar la inversión en la producción energética en la Argentina”. Además confirmó que continúa en la búsqueda de nuevos socios para acelerar el desarrollo del plan estratégico trazado por la empresa.
Estas decisiones ratifican el posicionamiento de YPF como una empresa con proyección internacional y atractiva para captar inversiones para el desarrollo de los recursos propios de petróleo y gas.
El acuerdo aprobado hoy por el Consejo de Administración de Repsol deberá ser ratificado por la Junta General de Accionistas y por el Honorable Congreso de la Nación Argentina.
El “Convenio de Solución Amigable y Avenimiento de Expropiación” alcanzado por la República Argentina y Repsol reconoce el derecho de la compañía a percibir 5.000 millones de dólares como compensación a la expropiación del 51% de las acciones de YPF y las garantías para su pago efectivo, así como el desistimiento recíproco de las acciones judiciales y arbitrales interpuestas y la renuncia a nuevas reclamaciones.
La entrada en vigor del acuerdo queda supeditada a determinadas condiciones suspensivas, entre ellas a su aprobación por la Junta General de Accionistas de Repsol y a la aprobación posterior por una ley especial sancionada por el Honorable Congreso de la Nación Argentina.
Composición de los Títulos Públicos
El acuerdo estipula que el Gobierno argentino entregará a Repsol títulos de deuda pública en dólares, cuya composición es la siguiente:
1) Un paquete fijo, por un valor nominal de 5.000 millones de dólares, compuesto por:
• Bonar X: 500 millones de dólares.
• Discount 33: 1.250 millones de dólares
• Bonar 2024: 3.250 millones de dólares.
2) Un paquete complementario, por un importe máximo de 1.000 millones de dólares, compuesto por:
• Boden 2015: 400 millones de dólares.
• Bonar X: 300 millones de dólares.
• Bonar 2024: 300 millones de dólares.
La entrega de este segundo paquete de bonos se ajustará de manera que el valor de mercado de todos los bonos argentinos entregados a Repsol ascienda, al menos, a 4.670 millones de dólares, con un máximo de 6.000 millones de dólares de valor nominal. El valor de mercado se calculará tomando como referencia las cotizaciones recibidas de entidades financieras internacionales. El orden de entrega de los bonos complementarios será el antes citado, de manera que Repsol recibiría primero los bonos de vencimiento más próximo, hasta los límites indicados para cada uno de ellos.
El cierre de la transacción se producirá con la entrega de los bonos a favor de Repsol con plenas garantías de su depósito en una entidad internacional de compensación y liquidación de valores financieros. Repsol, libremente, puede decidir enajenar dichos bonos. Si de esta enajenación se obtuviera un importe superior a los 5.000 millones de dólares (descontados gastos e intereses), el exceso se devolvería a la República Argentina.
Garantías
Los títulos públicos, se entregan a Repsol “pro solvendo” es decir la deuda de la República Argentina frente a Repsol se dará por saldada con el cobro total de la misma, ya sea con la enajenación de los bonos o con el cobro regular de la deuda a sus respectivos vencimientos.
Como garantía adicional, la República Argentina reconoce que en caso de reestructuración, o de incumplimiento del pago de los títulos, Repsol tiene derecho a acelerar la deuda, y reclamar en arbitraje internacional sujeto a UNCITRAL (Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional) las cantidades pendientes de pago hasta alcanzar los 5.000 millones de dólares.
El acuerdo de compensación estará protegido por el Acuerdo de Promoción y Protección de Inversiones entre España y Argentina.
Acuerdo con YPF
Simultáneamente con la formalización del Convenio, está prevista la firma de un acuerdo entre Repsol, de un lado, e YPF e YPF Gas de otro, por el que - principalmente - se acuerda entre las partes el desistimiento de acciones judiciales, así como una serie de renuncias e indemnidades mutuas entre Repsol e YPF.
El Consejo de Administración de Repsol aprobó el acuerdo con Argentina por la expropiación del 51% de YPF. Los españoles se garantizaron el cobro de US$ 5.000 millones. Para asegurar ese monto, el país emitirá bonos por US$ 6.000 millones, que con los intereses, terminarán implicando pagos por US$ 11.000 millones. El convenio ahora debe ser ratificado por los accionistas de la compañía y el Congreso argentino.
Ayer, el Consejo de Repsol aprobó por unanimidad el acuerdo que la empresa había sellado el viernes en Buenos Aires con el gobierno argentino. Los españoles pretendían US$ 5.000 millones por el 51% de las acciones de YPF expropiadas. El Gobierno contraofertó pagar con bonos, pero como estos cotizan a menos de su valor nominal, el convenio incluyó un paquete de bonos por ese monto y otro, adicional, por US$ 1.000 millones, para que los españoles puedan vender hasta alcanzar la cifra acordada. El acuerdo “ es positivo para la Argentina y para nosotros ”, dijo el presidente de Repsol, Antonio Brufau, en el encuentro de la compañía, en Madrid. Poco después, el ministro de Economía, dio una conferencia en Buenos Aires. “ Es un avance cualitativo importante para garantizar estrategias de financiamiento, con el objetivo de obtener recursos necesarios para potenciar inversiones en materia de exploración y explotación”, señaló Axel Kicillof.
La compensación acordada implica un “paquete fijo, por un valor nominal de 5.000 millones de dólares”, compuesto por US$ 500 millones en Bonar X; US$ 1.250 millones en Discount 33, y US$ 3.250 millones en un nuevo bono, el Bonar 2024. A eso debe sumarse, “un paquete complementario, por un importe máximo de 1.000 millones de dólares”, formado por US$ 400 millones en Boden 2015, US$ 300 millones en Bonar X y US$ 300 millones en Bonar 2024”, informaron ambas partes.
Repsol podrá vender los bonos cuando quiera (“aún no hemos decidido nada, se verá qué oportunidades ofrece el mercado”, dijeron en Madrid). Al hacerlo, debe poder obtener US$ 5.000 millones. Pero como los papeles cotizan a alrededor del 80% de su valor nominal, arrancará por el “paquete fijo”, y seguirá con el “paquete complementario”, hasta obtener el monto acordado. El mínimo que debería recibir por la venta de los papeles, es US$ 4.760 millones, dijo Kicillof.
Si recibiera más de US$ 5.000 millones, deberá devolver el restante, aclaró el ministro.
Después del “desendeudamiento” pregonado por el Gobierno, es una emisión fuerte. Las tasas por los bonos nuevos (los 2024) será de 8,75%.
“Mientras no vendamos los títulos, igualmente seguiremos cobrando intereses ”, añadieron anoche voceros de Repsol, desde Madrid. Y aquí el punto es interesante: desde este año a 2020, la Argentina pagará intereses anuales por esta deuda de entre 500 y 360 millones de dólares anuales, lo que equivale a poco menos que las utilidades que los españoles se llevaban de YPF por esas acciones.
Los intereses, con tasas altas como las de los bonos argentinos, y a plazos que llegan al 2033, suman. En total, hasta el vencimiento de los bonos, serán US$ 5.100 millones, estimaron analistas financieros.
El momento en que Repsol venda los bonos tiene importancia por otra razón: hasta que no lo haga (o que los mismos venzan), la deuda del Estado no se dará por cancelada. En caso de que surgieran problemas de pago o embargos (de los hold out), Repsol podrá exigir el pago inmediato del saldo adeudado. Como los bonos 2024 no tienen cotización, el Estado garantizará de manera adicional, a través Banco Nación, las tres primeras cuotas de intereses.
¿Cómo sigue el convenio? El 27 de febrero se firmará formalmente en Buenos Aires: aunque la Casa Rosada pretendía aquí la presencia de Antonio Brufau, es poco probable que el ejecutivo viaje. Y luego el Gobierno deberá enviarlo al Congreso para que sea aprobado por ley, según convino con los españoles, que buscaban seguridad jurídica. Por su parte, el 28 de marzo será la Junta de Accionistas de Repsol, que deberá dar también su aprobación. Allí quedaría definitivamente cerrado.
Informe, en Madrid, Juan Carlos Algañaraz.
El Cronista
El comunicado que dio a conocer la petrolera Repsol, tras haber conseguido en Madrid la aprobación del acuerdo con la Argentina de su propio Consejo de Administración, tiene un párrafo sobre “Garantías” que el comunicado de prensa del ministerio de Economía dejó de lado.
En relación a una eventual ‘reestructuración‘ de la deuda pública argentina o a un futuro default, los españoles dieron a conocer un párrafo que señala textualmente una obligación adicional a la que, según ellos, se allanó la Argentina: “Como garantía adicional, la República Argentina reconoce que en caso de reestructuración, o de incumplimiento del pago de los títulos, Repsol tiene derecho a acelerar la deuda, y reclamar en arbitraje internacional sujeto a UNCITRAL (Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional) las cantidades pendientes de pago hasta alcanzar los 5.000 millones de dólares”, señalaron.
En la conferencia de prensa que dio tras el acuerdo, el ministro de Economía, Axel Kicillof, hizo una mención genérica al arbitraje de UNCITRAL, en caso de “incumplimientos”, pero no especificó sobre la cláusula.
Fuentes españolas le dijeron a DyN que “acelerar la deuda” es simplemente que en caso de incumplimiento de pago, Repsol “puede reclamar en arbitraje internacional‘ las sumas pendientes, hasta completar los 5.000 millones acordados.
También revelaron que “el acuerdo de compensación estará protegido por el Acuerdo de Promoción y Protección de Inversiones entre España y Argentina”.
Otros detalles del acuerdo son los que siguen:
*¿DEVOLVERA O DEVOLVERIA? Entre ambos comunicados se registra ADEMÁS una diferencia no menor en un tiempo verbal empleado por las partes: mientras Economía señaló en el suyo que “Repsol devolverá” lo que sobre de los 5.000 millones de dólares pactados, Repsol consignó desde Madrid que el exceso se “devolvería” a la República Argentina.
*‘PRO SOLVENDO‘ La expresión ‘pro solvendo‘, que utilizan ambas partes, es un término legal que significa que “la obligación no quedará extinguida en su totalidad, hasta que no se alcance el valor acordado”, en este caso los 5 mil millones de dólares pactados.
*APROBACIONES Los dos comunicados consignan por igual que la entrada en vigor del acuerdo necesita la aprobación posterior ‘de la Junta General de Accionistas de Repsol y del Honorable Congreso de la Nación Argentina‘
*ACUERDO CON YPF El comunicado español señaló que “simultáneamente con la formalización del Convenio, está prevista la firma de un acuerdo entre Repsol, de un lado, e YPF e YPF Gas de otro, por el que -principalmente- se acuerda entre las partes el desistimiento de acciones judiciales, así como una serie de renuncias e indemnidades mutuas entre Repsol e YPF”.
En uno de los giros más drásticos de los once años de kirchnerismo, el Gobierno se comprometió ayer a lanzar una importante emisión de deuda a elevadas tasas de interés y con garantías extraordinarias para indemnizar a Repsol por las acciones de YPF que le arrebató hace casi dos años.
La Casa Rosada y la empresa española anunciaron un acuerdo que incluye la entrega de bonos soberanos por un máximo de 6000 millones de dólares, lo que implica un incremento respecto de los 5000 millone s establecidos en el preacuerdo presentado en noviembre. Ese plus se incluyó para cubrir a Repsol de los descuentos que sufren en los mercados los títulos de la deuda pública argentina: la petrolera española se aseguró que le entrarán en caja los 5000 millones de dólares establecidos como compensación por el 51% de su participación en YPF.
La ingeniería del acuerdo contempla la entrega de cuatro tipos de bonos, con rentabilidad en dólares que va de 7 a 8,75% y que el Estado empezará a pagar el año próximo, al filo del recambio de gobierno, y saldará del todo dentro de 20 años.
El ministro de Economía y cerebro de la expropiación, Axel Kicillof, festejó el entendimiento, con el que busca mostrar al mundo su intención de "normalizar" la situación financiera del país. Lo hizo con un anuncio sosegado, lejos del tono desafiante con que en 2012 llegó a advertir que los españoles "jamás" cobrarían lo que reclamaban.
La de ayer fue una presentación pública inusual, en la que rodeaban a Kicillof el habitualmente invisible Carlos Zannini (secretario legal y técnico) y Julio De Vido (ministro de Planificación). Casi en tándem, el presidente de Repsol, Antonio Brufau, demonizado durante meses por el kirchnerismo, difundía un video en el que expresaba su "satisfacción" por esta "resolución amigable" del conflicto.
El pleito ensombreció las relaciones entre la Argentina y España durante los últimos dos años.
"Hoy iniciamos una nueva etapa más potente desde el punto de vista financiero", dijo el ejecutivo catalán después de la reunión en la que el consejo de administración que él preside dio el visto bueno al acuerdo.
Por su parte, en Buenos Aires, Kicillof convocó a una conferencia de prensa en la que, con tono mesurado y el acento puesto en los aspectos técnicos, celebró el trato con el grupo español.
"El gobierno se complace en informar que Argentina y Repsol alcanzaron un acuerdo de compensación por la expropiación de YPF", abrió el ministro de Economía.
"Repsol nunca podrá recibir" en concepto del cobro de indemnización "una cifra que supere los 5000 millones de dólares" en valor de mercado, agregó Kicillof.
"El propósito de este convenio es que si bien no se está pagando en efectivo, se recononoce el pago en títulos, pero con determinado valor de mercado", explicó el funcionario, por lo que -agregó- Repsol "no va a cobrar más de lo que marca la tasación de la compañía".
Antes de la firma definitiva del contrato, falta que la junta de accionistas de Repsol apruebe la operación (está citada para el 28 de marzo) y que el Congreso vote las nuevas emisiones de deuda.
En Buenos Aires se anticipa un debate áspero: la oposición ya anticipó que pasará factura al Gobierno por su cambio de postura, de la retórica nacionalista que acompañó la estatización a la aceptación de un plan de pagos con condiciones extraordinarias, que blanquean la baja credibilidad financiera del país.
Con Kicillof y Zannini a la cabeza, el Gobierno negoció en los últimos tres meses los detalles de un entramado financiero de máxima complejidad. La gestión pasó momentos de zozobra en enero a raíz de la fuerte devaluación del peso. Pero existía una firme voluntad política de sellar la paz, que la presidenta Cristina Kirchner encuadra en otras operaciones de alto impacto, como la regularización de la deuda con el Club de París y el sinceramiento de la inflación.
Urgido de dólares, y por ende de confianza internacional, el Gobierno se avino a algunas de las pretensiones de los españoles que en los orígenes consideraba excesivas.
Según las precisiones que publicó la empresa en Madrid, entre las garantías se añade una cláusula por la cual los bonos se entregan a Repsol "pro solvendo": la deuda sólo se dará por pagada cuando la petrolera ingrese en caja 5000 millones de dólares, ya sea con la venta anticipada o con el cobro al vencimiento.
A diferencia de lo que suele ocurrir en grandes emisiones de deuda pública, se permite a la empresa desprenderse de los títulos desde el primer día. Además, el Gobierno reconoce a Repsol el derecho a reclamar un arbitraje internacional ante la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional en caso de incumplimientos totales o parciales. Y, además, el contrato estará protegido por el Acuerdo de Protección de Inversiones entre España y la Argentina.
La emisión más importante será de un bono nuevo (Bonar 2024) por 3250 millones de dólares, a 10 años, con una tasa del 8,75% y amortizaciones anticipadas en el cuarto año. A eso se sumarán US$ 500 millones en Bonar X (vence en 2017, con una tasa del 7%) y US$ 1250 millones en Discount 33 (20 años; a 8,26%). Este último incluye adicionalmente intereses capitalizados por US$ 500 millones, informó Repsol.
En la compañía calculan que los US$ 5000 millones nominales tendrían un valor real de mercado de entre un 10 y un 15% menos.
Para cubrir esa brecha, el Gobierno aceptó sumar eventuales emisiones de Boden 2015 (hasta US$ 400 millones), Bonar X (hasta US$ 300 millones) y Bonar 2024 (hasta US$ 300 millones).
El monto final de ese extra se definirá de acuerdo con el valor real promedio de los bonos argentinos durante los 90 días previos a la firma del contrato. Si se diera la previsión de la empresa (calculada según el comportamiento actual de los mercados), el monto de emisión final estaría entre los 5500 y los 5900 millones de dólares (a lo que se deben sumar los 500 millones de interés capitalizado del Discount 33).
El acuerdo indica que la compensación adicional no superará en ningún caso los US$ 6000 millones y aclara que Repsol se tendrá que dar por satisfecha si la cuenta si consigue embolsar US$ 4670 millones. En el improbable caso de que la venta de los bonos le reportara más de 5000 millones deberá devolver el excedente a la Argentina.
A cambio del dinero, Repsol desistirá de sus juicios contra YPF y suspenderá su demanda contra el país ante el tribunal arbitral del Banco Mundial (Ciadi), dos obstáculos que trababan las inversiones extranjeras necesarias para explotar el megayacimiento de Vaca Muerta.
Anunciaron el acuerdo con Repsol: dan bonos por u$s 5.000 millones
Ámbito Financiero
La Argentina y Repsol comenzaron a cerrar definitivamente ayer las negociaciones por la renacionalización del 51% de las acciones de YPF, a través de un bono por u$s 5.000 millones que se pagará en un plazo de 10 años. Ayer a las 16:05 horas, minutos después del cierre de los mercados en la Argentina, el Ministerio de Economía local y la petrolera española difundieron sendos comunicados de prensa para dar a conocer el acuerdo y los detalles de este convenio en cuanto a forma de pago y plazos. Luego, en conferencia de prensa, Axel Kicillof confirmó que los papeles se firmarán mañana en Buenos Aires con dos enviados de la petrolera que llegarán desde Madrid. No viajará el presidente de Repsol, Antoni Brufau, abiertamente enemistado con el kirchnerismo y ahora sin necesidad de esconder el enojo por parte de ninguna de las dos partes, sino dos funcionarios de planta de la compañía, tal como lo adelantó ayer este diario. Éstos son el número dos Nemesio Fernández Cuesta y el abogado Luiz Suárez de Lezo.
Según declaró ayer Kicillof, con este convenio "ambas partes van a desistir de las acciones judiciales que habían emprendido" y señaló que Repsol desistió de un reclamo ante el CIADI por 10.500 millones de dólares. "El Consejo de Administración de Repsol aprobó el texto acordado entre el Ministerio de Economía de la República Argentina y la dirección de la empresa para alcanzar una solución amigable y avenimiento de expropiación", indica el comunicado emitido por el Palacio de Hacienda argentino. No obstante, aclara que el convenio "está sujeto a la ratificación de la Junta General de Accionistas de Repsol y del Congreso de la Nación Argentina".
Ahora, el Gobierno enviará al Congreso un proyecto de Ley para la ratificación del Convenio y la autorización para la emisión de títulos por un valor nominal de 5.000 millones de dólares.
Además, se incluirá en el proyecto "la autorización de una emisión complementaria por 1.000 millones de dólares, para cubrir la diferencia entre el valor de los títulos que se entregan y los 5.000 millones de dólares". Actualmente se tomó como promedio un valor de mercado de 4.670 millones de dólares, pero en el momento del pago se fijará un precio para los bonos que será el promedio de la cotización de los últimos 90 días. En rigor, como el valor de mercado es inferior al nominal, el compromiso asumido por el Gobierno es cubrir esa diferencia hasta un monto total de 1.000 millones de dólares.
La deuda que se emitirá para el pago por la expropiación estará compuesta por distintos títulos: 3.250 millones en un nuevo bono denominado BONAR 24 con vencimiento a 10 años y una tasa de interés de 8,75%; 500 millones de Bonar X con vencimiento en 2017 y tasa del 7% y 1.250 del título Discount 33, con vencimiento en 2033 e intereses del 8,28% (ver nota aparte). La emisión de bonos complementarios con un tope de 1.000 millones en valor nominal será emitida exclusivamente si la cartera original no alcanza un valor de mercado equivalente a 4670 millones de dólares.
En este caso, la emisión estará compuesta por hasta 400 millones de Boden 2015 con un interés del 7% y vencimiento en 2015; hasta 300 millones de Bonar X y hasta 300 millones de nuevo título Boden 2024.
"El acuerdo comprende las garantías para su pago efectivo e implicará el desistimiento recíproco de las acciones judiciales y arbitrales dispuestas y la renuncia a nuevas reclamaciones", señala el convenio. Además, establece que "la deuda se considerará saldada a medida que se vaya produciendo su cobro regular a su respectivo vencimiento o por la enajenación de los bonos".
"Repsol devolverá a la Argentina cualquier importe obtenido por la enajenación de los títulos públicos o su cobro regular que supere los 5.000 millones de dólares, deducidos gastos e intereses", indica.
El gobierno argentino calificó de "amigable" el acuerdo presentado ayer por el ministro de Economía Axel Kicillof; el secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Carlos Zanini, gobernadores de provincias petroleras y el titular de YPF, Miguel Galuccio. Para Kicillof ahora se cumple completamente la ley de expropiación de YPF, aprobada por el Congreso en mayo de 2012, que estableció que la indemnización se pagara en dinero en efectivo, "salvo conformidad del expropiado" para que ese pago se haga en otra especie de valor, en este caso, bonos de deuda argentina, con el consentimiento de Repsol.
El proyecto que se enviará al Congreso autoriza a emitir deuda por hasta 6.000 millones de dólares. Para el ministro, Repsol "no podrá nunca recibir" más de 5.000 millones de dólares, sea por la venta en el mercado de los bonos a mayor precio que su valor nominal o porque retenga en su cartera los títulos hasta su vencimiento final y dijo que se considerará "terminado el pago" cuando Repsol obtenga 5.000 millones de dólares por la venta de los bonos en el mercado o bien al concluir el plazo de emisión de la deuda, esto es, en 2033.
Finalmente, y tal como se venía preanunciando en poco estrictos off the record desde hace días, el Gobierno y Repsol anunciaron que llegaron a un acuerdo por el cual la Argentina le pagará a la empresa española u$s 5.000 millones en títulos de deuda por la expropiación de Repsol.
Por un lado, la salida tiene la novedad de la emisión de nueva deuda en dólares por un monto considerable y colocada a una empresa extranjera, lo que si bien está lejos de una colocación abierta en los mercados, tampoco es la típica colocación en empresas públicas y organismos del Estado (ANSeS, PAMI y distintos fondos estatales) que viene realizando el kirchnerismo en los últimos años.
Por otro lado, en realidad es más que probable que para pagarle a Repsol se termine emitiendo deuda por hasta u$s 6.000 millones. Lo que ocurre es que, según apunta el propio comunicado que difundió el Ministerio de Economía, se emitirán bonos por hasta u$s 5.000 millones… siempre y cuando el valor de mercado de esos bonos supere los u$s 4.670 millones. Para el caso de que los bonos valgan en el mercado menos de esos u$s 4.670 millones, el Gobierno se guarda la posibilidad de emitir hasta u$s 1.000 millones adicionales.
Por otro lado, el acuerdo también incluye una cláusula para el caso de que Repsol obtenga más de u$s 5.000 millones (descontados gastos e intereses) por la venta de los títulos públicos. Si eso llegara a ocurrir (para lo cuál los bonos deberían cotizar por encima del 100 por ciento de su valor), entonces Repsol debería devolverle a la Argentina la diferencia.
El mix de bonos que prevé emitir el Gobierno para pagarle a Repsol pagarán intereses de entre 7 y 8,75% en dólares. Los u$s 5.000 millones originales tendrán vencimiento en 2017 (u$s 500 millones al 7%), 2024 (u$s 3.250 millones al 8,75%) y 2033 (u$s 1.250 millones al 8,28%). Los u$s 1.000 millones adicionales tendrían vencimiento en 2015 (u$s 400 al 7%), 2017 (u$s 300 millones al 7%) y 2024 (u$s 300 millones a una tasa que no figura en el comunicado de Economía).
Las tasas de entre el 7 y el 8,75% en dólares son más altas que las que están pagando otros países de la región, pero más bajas que las que se calculaba hasta hace poco que debería convalidar la Argentina para una emisión de deuda en moneda extranjera.
ANUNCIO. El anuncio de Axel kicillof sobre el acuerdo entre YPF-Repsol
El ministro de Economía, Axel Kicillof, fue el funcionario más crítico con Repsol cuando la empresa fue expropiada, pero con el correr de los meses tuvo que cambiar su postura.
La resistencia que interpuso a la hora de establecer inicialmente un acuerdo contrasta con el tono conciliador que exhibió ayer en la conferencia. En abril de 2012 dijo: “No le vamos a pagar lo que ellos dicen, sino el costo real de la empresa. Dicen que son US$ 10.000 millones. ¿Y eso dónde está? Los tarados son los que piensan que el Estado tiene que ser estúpido y comprar todo según el estatuto de YPF”. Dos años después anuncia la emisión de bonos por US$ 5.000 millones para pagarle a la firma española, un monto que por las características de cada título le significarán al país un desembolso total de US$ 9.541 millones hasta 2033.
El 17 de abril de 2012, un día después de anunciar el plan para expropiar YPF, Kicillof expuso durante dos horas y media en Congreso las razones por las que el Gobierno había decidido confiscarle a la empresa española su participación en la petrolera estatal. En varios pasajes de su discurso afirmó que no pagaría la indemnización que reclamaba Repsol. Un día después, el 18 de abril de 2012, en una entrevista con TV Pública lanzaba una amenaza: “Cuando una empresa diverge tanto de los intereses del pueblo de la Argentina hay que pedirle primero amistosamente, después menos amistosamente, y después hay que actuar”. Cinco meses después, en una exposición en la Biblioteca Nacional, insistía : “No había otra opción que estatizar YPF. Querían vaciar la compañía”.
En cambio, ayer en la presentación no lanzó ninguna crítica a Repsol. En cambio festejó el acuerdo alcanzado. Lo llamativo de la exposición es que la realizó con otros dos funcionarios sentados a su lado, que no emitieron palabra alguna; el ministro de Planificación Julio De Vido (que no participó en las negociaciones) y el Secretario General de la Presidencia, Carlos Zannini. Este último fue quien se puso al frente de los detalles del acuerdo, junto con Miguel Galuccio, el CEO de YPF.
A Galuccio lo sentaron detrás de Kicillof, y tuvo menos visibilidad en la conferencia que los gobernadores invitados. Las cámaras oficiales tampoco lo enfocaron. Sin embargo al terminar la conferencia, el titular de la petrolera calificó al acuerdo de “muy positivo, tanto para el país como para YPF, ya que permitirá mejorar la inversión en la producción energética en La Argentina”.
El Cronista
El ministro de Economía Axel Kicillof indicó hoy que el acuerdo al que llegó el Gobierno con Repsol por las acciones expropiadas de YPF debe ser aprobado tanto por la junta de accionistas de la empresa española como por el Congreso nacional.
El funcionario dio precisiones respecto del plazo en el que esperan que los inversores españoles den curso a la aprobación del acuerdo, pero no informó a cerca de qué plazos se manejan en el caso del parlamento nacional.
"La autorización del Congreso, en caso de ser aprobado, va a implicar que se emitan hasta u$S 1.000 millones extra en títulos hasta completar un valor de la cartera equivalente a u$s 4600 millones", indicó el ministro.
Kicillof explicó que el acuerdo es por u$s 5.000 y que Argentina cancelará ese monto con la emisión de tres títulos diferentes: u$s 3250 millones serán cancelados con el Bonar 24, con una tasa de interés de 8,75% (este es un título nuevo que se crea para este acuerdo), u$s 500 millones con Bonar 10, que es una ampliación del bono que ya existe y tiene vencimiento en 2017 con una tasa de 7% y por último u$s 1250 miollones a través del Discount 33, con vencimiento en 2033 y que tiene una tasa de 8,28% con intereses capitalizables.
El funcionario indicó que garantizaron a la empresa española que cobrará u$s 4670 millones y que en caso que el valor de mercado de los título emitidos sea menor a ese piso, el Estado argentino emitirá hasta u$s 1.000 millones más en bonos para garantizar el cobro de ese piso por parte de la empresa española.
"El Congreso autorizaría la emisión de u$s 6.000 en valor nominal, dependiendo del valor del mercado", dijo el funcionario
Poco después de que el Consejo de Administración de Repsol aprobara el acuerdo con la Argentina, el presidente de la empresa lo definió como “positivo para la Argentina y para nosotros”. Y buscó dar por cerrado el tema y apuntar hacia adelante, afirmando que el convenio “supondrá un impulso financiero más que nos permitirá mirar el futuro con mayor ilusión, mayor garantía de éxito y mayores posibilidades de crecimiento”.
Con el acuerdo, la posición de Brufau en Repsol se ha consolidado.
El convenio se aprobó por unanimidad y se espera una actitud también muy positiva en la Asamblea de Accionistas que debe ratificar el consenso en un mes. Ayer las acciones de Repsol, que venían subiendo, continuaron al alza y se espera que hoy “habrá una reacción muy positiva en las ruedas”, dijeron analistas bursátiles españoles.
“Hemos llegado a este acuerdo como la mejor solución posible. Pero no estamos contentos porque la expropiación nos ha hecho mucho daño”, explicó una autoridad de Repsol que a veces habla con ritmo de tango. Originalmente los españoles reclamaban una indemnización de más de US$ 10.000 millones por la expropiación.
Es por eso que el Gobierno argentino no debe esperar júbilo de parte de los españoles, En Buenos Aires querían escenificar el acuerdo con una foto de familia en un clima festivo y con la presencia, para ratificar que aquí no ha pasado nada, del propio Brufau. Pero los españoles ya han aclarado que si hay fotos habrá caras sobrias, el ambiente sera cordial sin pasarse y que Brufau no piensa poner un pie en la Argentina. Aquí nadie lo dice pero el empresario catalán se siente muy injustamente tratado por la presidenta Cristina Kirchner y sus colaboradores. El peor, el ministro Kicillof.
La expropiación fue acompañada por “explosiones populistas”, dicen, de las cuales las más agraviantes para los españoles fueron las celebradas en el ámbito de la Cámara de Diputados argentina, como ayer le hizo notar a Clarín un diplomático local. Todas las escenas fueron transmitidas una y otra vez por la radio y televisión españolas, que las recordaron cuando se informó del acuerdo y seguramente las evocaran hoy otra vez, Por eso, el gobierno español ha enmudecido. Las heridas no se han cerrado después de la crisis más grave entre ambos países. La confrontación con España, apoyada por la Unión Europea, Estados Unidos, los mayores organismos internacionales y un largo etcétera, ha pesado mucho más de lo que el gobierno argentino se imagina en su aislamiento internacional.
Los gobernadores de las provincias petroleras recibieron anteayer por la noche la llamada que esperaban desde Buenos Aires: debían hacer las valijas porque, a las dos de la tarde del día siguiente, los esperaban en el quinto piso del Ministerio de Economía el dueño de casa, Axel Kicillof, junto a una pequeña tropa compuesta por algunos de los funcionarios más cercanos a la presidenta Cristina Kirchner. Entre ellos, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich; el secretario legal y técnico, Carlos Zannini; el ministro de Planificación, Julio De Vido, y el presidente de YPF, Miguel Galuccio.
Llegaron a Economía Martín Buzzi (Chubut), Jorge Sapag (Neuquén), Fabiana Ríos (Tierra del Fuego), Juan Manuel Urtubey (Salta) y Alberto Weretilneck (Río Negro), todos miembros de la Ofephi, la organización que reúne a los jefes políticos de las 10 provincias productoras de hidrocarburos. Algunos de ellos corrieron para ser puntuales. Debían estar a las 14. Esperaron junto a los funcionarios hasta poco después de las 15.30, cuando llegaron noticias de España. Tal como estaba previsto, Repsol le había dado el visto bueno a la propuesta argentina para pagar la expropiación de YPF . Todos celebraron.
"Lo que se cerró hoy es muy conveniente. Le abre la puerta al país al crédito y a nuevas inversiones. Y es muy bueno para la provincia", explicó más tarde Sapag.
Durante la espera, Kicillof les anticipó los futuros pasos que dará el Gobierno para avanzar en el convenio. Dado que necesita la aprobación del Congreso, esta semana la Casa Rosada girará un proyecto de ley al Poder Legislativo. La expectativa oficial es que esté aprobado a más tardar en mayo. Pero algunos elementos atentan contra la premura del Gobierno. Entre ellos, que el recambio de legisladores ocasionará demoras. Por ejemplo, no están constituidas aún las comisiones, entre ellas, la de Energía.
Cristina Kirchner será la encargada de aceitar esos mecanismos. Esperan que exhorte a los legisladores en la inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso, este sábado.
El oficialismo no espera trabas importantes en el Parlamento. El acuerdo con Repsol necesita aprobación por mayoría simple, algo que el kirchnerismo tiene de la mano de propios y aliados. Sí, en cambio, puede haber tropezones discursivos. Una muestra: ayer, el presidente del bloque de diputados radicales, Mario Negri, presentó un proyecto para que Kicillof se presente a dar detalles. "Si bien es un comienzo, la información que hoy [por ayer] brindó Kicillof en conferencia de prensa es insuficiente para un análisis serio del asunto", planteó. Y el diputado Mario Das Neves, ex gobernador de Chubut, hoy en las filas del Frente Renovador de Sergio Massa, fue crítico: "Éste es el precio que se paga por la impericia y la improvisación", sostuvo. También fueron críticos del convenio Gerardo Morales, senador de la UCR; Fernando "Pino" Solanas, senador de UNEN, y el diputado Claudio Lozano.
Mientras madura la cuestión legislativa, la propia YPF avanzará en otra dirección. Mañana se reunirá el directorio para aprobar el pedido a Repsol para que desista de sus juicios en contra de la empresa estatizada. Según Kicillof, hay 31 expedientes abiertos. El más importante está en el Ciadi, donde Repsol reclama 10.500 millones de dólares. Pero hay otros también incómodos. Entre ellos, los que apuntan contra Chevron, socia de YPF en Vaca Muerta.
