El grupo petrolero español Repsol aprobará hoy el acuerdo de indemnización por la expropiación del 51% de YPF: recibirá bonos soberanos argentinos por un monto nominal suficiente para que, vendidos, representen los US$ 5.000 millones pactados con el Gobierno argentino en noviembre pasado. De esta manera Argentina admitirá el planteo español de que por el deterioro de la situación financiera de nuestro país, la cotización de los bonos actual es inferior.

Lo pactado era una emisión de bonos por US$ 5.000 millones, pero la petrolera española reclamó la entrega de una mayor cantidad de títulos para que el monto efectivo sea ese. Además, Argentina respaldará con garantías bancarias el pago total. Hay que sumar los intereses de la deuda a 10 años, con una tasa de alrededor del 8,75%, unos US$ 3.500 millones.

La deuda por compensación se extinguirá no cuando Repsol reciba los bonos argentinos, sino cuando tenga en su poder el monto de la indemnización por las acciones expropiados. Los nuevos puntos de consenso están contenidos en un nuevo proyecto que actualiza el firmado entre las Repsol e YPF en noviembre y fue suscripto el viernes pasado en Buenos Aires.

Este flamante, y al parecer definitivo acuerdo que pone fin al contencioso de los españoles con Argentina, deberá ser aprobado hoy martes por el Consejo de Administración de Repsol reunido en Madrid. También tendrán que dar su visto bueno el Tribunal de Tasación argentino, los accionistas de la petrolera española en su Asamblea para dentro de un mes y el parlamento de nuestro país.

Los argentinos querían una foto con los españoles en un ambiente de festejo y, sobre todo, con la presencia del titular de Repsol, Antonio Brufau. Pero, las fotos serán sobrias y el presidente no acudirá a la firma en Buenos Aires, lo que puede acontecer en abril próximo.

La diferencia en el monto de los bonos, que aumentan en favor de los españoles, admite por parte argentina el deterioro que han sufrido sus títulos de deuda soberana, calificados como “bonos basura” por los mercados, al profundizarse la situación financiera de nuestro país sobre todo por el hundimiento del peso y la crisis financiera de los países emergentes que tuvo a Argentina como principal protagonista en las Bolsas. A esta situación se la denomina en medios españoles el “Efecto Quilombo”.

Pero las garantías que reclamaban los españoles y han aceptado los argentinos van más allá, porque aseguran a Repsol el cobro neto sus US$ 5.000 millones de compensación aunque esta nueva masa de bonos soberanos sea monetizada por la petrolera española por un valor inferior a esa suma.

El paquete de bonos está basado en una emisión nueva de títulos soberanos, emitidos con aprobación parlamentaria.

Se añadirán papeles de deuda pública en circulación. Algunos títulos serían emitidos en la plaza de Buenos Aires y otros en la de Nueva York.

Esta alternativa le permite a Repsol vender con celeridad los bonos en circulación, que aumentarían su valor, estiman, con el solo anuncio de la operación. El nuevo paquete de bonos requeriría la autorización de una ley porque sus emisiones no estaban incluidas en el actual presupuesto.

Por su parte, los argentinos han logrado una cláusula que pone un techo de US$ 5.000 millones a lo que cobrarán los españoles aunque al vender los bonos obtengan una cantidad superior. Repsol podrá vender esos títulos sin límites de tiempo ni cantidad. También podrá enajenar a voluntad el 12 % de acciones de YPF que le resta, que superan los mil millones de dólares a precios del mercado.

El acuerdo debe aprobarse con cierta urgencia, porque la legislación argentina establece que la indemnización en caso de expropiación debe ser fijada antes de dos año s, y el Gobierno, que anunció en abril de 2012 la expropiación y que apenas tardó un mes concretarla, debe dar una respuesta a este asunto lo antes posible. Si se vence el plazo, en mayo Repsol podría demandar ante la justicia argentina la devolución del 51% de las acciones expropiadas.

Casi dos años después de echar del país a Repsol y nacionalizar YPF, el gobierno de Cristina Kirchner se prepara para celebrar un acuerdo que le costó más de lo esperado: la oferta final para indemnizar a la petrolera española contempla la entrega de un paquete de bonos por un valor nominal que podría superar los US$ 5000 millones pactados en noviembre.

La Casa Rosada se comprometerá a emitir hasta US$ 1000 millones más si el precio de mercado de los títulos entregados cae de la cifra establecida originalmente, algo que ocurrirá casi con seguridad porque actualmente la deuda argentina se negocia con importantes descuentos.

Esa cláusula forma parte de las garantías extraordinarias que exigieron los españoles para sellar el trato, que hoy mismo someterá a votación el consejo de administración de la empresa y que, una vez formalizado, será anunciado en Buenos Aires por el Ministerio de Economía.

Repsol aspira a monetizar en el corto plazo los bonos para ingresar en sus arcas una cifra lo más cercana posible a los US$ 5000 millones que la Argentina reconoció como deuda por haberle expropiado el 51% de YPF. Ese es el monto que anotó la semana pasada en su balance 2013 (lo que implicó reconocer pérdidas, ya que el valor de libros se acercaba a los 7000 millones).

Según fuentes al tanto de las gestiones, el "valor real" se establecerá de acuerdo con la cotización media de los bonos argentinos en los tres meses previos a la firma definitiva del contrato. El monto mínimo efectivo que acepta cobrar Repsol es de US$ 4700 millones.

Cuando se estampe la firma se cerrará uno de los más graves conflictos comerciales que enfrentó el país en los últimos años; una crisis que llevó a un punto de máxima tensión la relación con España y que entorpeció la búsqueda de inversiones extranjeras para el megayacimiento de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta.

El contrato que negociaron en los últimos tres meses el gobierno argentino y la cúpula de la compañía describe un complejo tejido financiero, con bonos de distintas características. Una parte del pago se hará mediante ampliaciones de bonos en circulación (con vencimientos más cercanos) y otra (del orden de los 3000 millones) será una emisión nueva, nominada en dólares y con un rendimiento superior al 8,5% anual, según indicaron a LA NACION fuentes empresariales. En total serán US$ 5000 millones. Pero el Gobierno se comprometerá a otras emisiones por hasta un 20% más para compensar la depreciación que sufren los bonos soberanos argentinos. La deuda se considerará saldada sólo cuando el dinero entre en las arcas de la empresa (ya sea por la venta de los títulos o por su amortización).

Los títulos serían emitidos en su mayor parte bajo legislación argentina para evitar la posibilidad de un embargo, en momentos en que sigue pendiente la decisión de la justicia norteamericana en el litigio entre el país y los llamados fondos buitres por la deuda en default.

Como exigió la empresa, no habrá trabas para liquidar parcial o totalmente los bonos. Antonio Brufau, presidente de Repsol, adelantó a gente de su confianza que el plan es cerrar una operación con un banco para monetizar cuanto antes la indemnización.

El aumento del valor nominal y la remoción de trabas para negociar los bonos en el mercado fueron las claves para llegar al acuerdo. El gobierno argentino se volvió más permeable después de la gran devaluación de enero, cuando el mundo empezó a preguntarse si la economía argentina se encaminaba hacia otro desastre.

La Casa Rosada quiere mostrar el acuerdo con Repsol como una primera señal de normalización de sus relaciones económicas internacionales, mientras negocia la posibilidad de pagar la deuda en default con el Club de París, litiga en Estados Unidos contra los holdouts y toma medidas largamente reclamadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI), como blanquear el nivel de la inflación.

Brufau y el resto del directorio de la petrolera analizarán hoy el contrato surgido de las negociaciones. Si lo aprueba, como se descuenta en el mundillo financiero de España, convocará a una junta extraordinaria de accionistas para marzo. Mientras tanto, el Congreso argentino debería aprobar la deuda adicional.

Al final del camino Repsol dará por cerrados todos los juicios internacionales contra la Argentina, entre ellos aquel ante el tribunal arbitral del Banco Mundial (Ciadi), donde pidió US$ 10.500 millones por sus acciones de YPF nacionalizadas..

DOS AÑOS DE TENSIÓN EN LA RELACIÓN BILATERAL

Resarcimiento
El acuerdo contempla la entrega de un paquete de bonos por un valor nominal superior a los 5000 millones de dólares pactados en noviembre

Más que lo anunciado
Ese adicional, de entre 500 y 1000 millones, es parte de las garantías extraordinarias que exigió Repsol

Pérdidas
El monto pactado, que la compañía anotó en su balance 2013, es sin embargo inferior a su valor libro, que se acercaba a 7000 millones

Forma de pago
Una parte de la indemnización saldrá de ampliaciones de bonos en circulación (con vencimientos más cercanos) y otra (del orden de los 3000 millones) será una emisión nueva a 10 años, nominada en dólares, con un rendimiento cercano al 8,5%

El gobierno de Estados Unidos consideró ayer “positivas” las tratativas de la Casa Rosada en torno a un acuerdo con Repsol por la quita de sus acciones en YPF y para pagar la deuda al Club de París, aunque advirtió que “falta mucho por recorrer” en los dos ámbitos.

La postura de Washington la transmitió Kevin Sullivan, encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en la Argentina, la principal referencia política de la representación hasta que se designe un embajador, informó la Agencia DyN.

Antes de asistir a la presentación del Curso de Verano de la Cátedra de Estados Unidos, que la Universidad de San Andrés organiza junto a la embajada, el diplomático fue consultado sobre la intención del Gobierno de llegar a un acuerdo con el Club de París y por el ofrecimiento realizado a Repsol, de unos u$s 5.000 millones como compensación por la nacionalización de sus acciones en YPF.

“Estamos muy alentados por algunas decisiones que viene tomando el Gobierno en cuanto a resolver tanto controversias que han tenido con inversores privados como responsabilidades financieras del Estado, como por ejemplo el Club de París. Nosotros creemos que la solución de esas controversias va a ayudar en varios sentidos”, planteó Sullivan.

En esa línea, dijo que “el primer sentido más importante es tratar de incrementar la confianza de los inversores, tanto nacionales como internacionales, para que apoyen al crecimiento y desarrollo del país. Eso es lo más importante, y que quitemos de la agenda bilateral los temas más polémicos y más problemáticos para dejar más espacio a la colaboración que queremos hacer”.

“El Gobierno va tomando decisiones más positivas en ese sentido. Falta mucho por recorrer todavía, pero hay razones para tener esperanza”, subrayó.

Sullivan encabeza en los hechos la Embajada tras terminar su gestión Vilma Socorro Martínez, quien sería reemplazada por Noah Mamet, que enfrenta para su designación por el Capitolio un trámite con cuestionamientos de los legisladores republicanos.

En otro orden, el funcionario de Washington se refirió al problema de las drogas, que generó un contrapunto entre funcionarios del Gobierno.

“Hay varios interlocutores que han señalado que la Argentina enfrenta un desafío en materia de narcotráfico; tanto la Iglesia como varios ministros del Gobierno han hablado sobre este tema”, repasó Sullivan, y dijo que su país quiere colaborar.

EE.UU. apoyó la negociación con acreedores

La Nación.

El gobierno de Estados Unidos expresó ayer su apoyo a las decisiones adoptadas por el Gobierno para resolver su deuda en default y el conflicto con España por la confiscación de Repsol, entre otras controversias. El ministro consejero, a cargo de la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires, Kevin Sullivan, consideró muy alentadores los pasos dados por el Gobierno en esta materia.

El diplomático habló en la presentación del curso de verano de la Cátedra de Estados Unidos, que la Universidad de San Andrés organiza junto con la oficina diplomática en el campus de la localidad bonaerense de Victoria.

Cuando le preguntaron su opinión sobre el efecto de las negociaciones entabladas con Repsol por la confiscación de YPF y con el Club de París para pagar la deuda en default desde 2001, el mensaje de Sullivan fue contundente.

"Nosotros estamos muy alentados por algunas decisiones que viene tomando el Gobierno en cuanto a resolver controversias que ha tenido con inversores privados, tanto como responsabilidades financieras del Estado con el Club de París", indicó el diplomático, a cargo de la sede diplomática mientras no haya nuevo embajador.

Sullivan, que había cumplido funciones en la sede diplomática en la Argentina durante el período 1997-2000, afirmó: "Vemos que la solución de esas controversias ayudará en varias sentidos. El sentido más importante es aumentar la confianza de los inversores nacionales e internacionales para contribuir al crecimiento y al desarrollo del país". El segundo objetivo que se lograría si estas negociaciones fueran exitosas sería "quitar los temas más polémicos y problemáticos de la agenda bilateral para dejar más espacio para la colaboración que queremos hacer". Funcionarios del Departamento de Estado y del Tesoro suelen expresar en privado su cansancio por no poder superar con la Argentina cuestiones pendientes desde fines de 2001.

En este sentido, Sullivan indicó que "el Gobierno va tomando decisiones muy positivas; falta mucho por recorrer todavía, pero hay razones para tener esperanza".

Estados Unidos mantiene una postura más blanda que Alemania y Japón frente a la negociación con el Club de París, como ya ocurrió en el pasado. De todos modos, aún no hay acuerdo en cuanto a la forma de pago ofrecida por la Argentina (un adelanto en efectivo y el resto en bonos), que no registra antecedentes en este club que reúne a los países acreedores.

En cuanto a la cuestión de Repsol, Washington ya había expresado su interés en que se cerrara el conflicto entre YPF y la petrolera española, por la intención de algunas petroleras norteamericanas de ingresar al negocio de la formación Vaca Muerta, como ya lo manifestó Chevron.

También se espera, en el juicio con los fondos buitre, que si la Corte Suprema de EE.UU. lo pide, el gobierno de Obama exprese su postura, como lo hizo previamente.

El directorio de Repsol se dispone a aprobar hoy el acuerdo por el que la empresa sería compensada con u$s 5.000 millones por la expropiación de su paquete accionario del 51% que tenía en YPF, a casi dos años del inicio del conflicto con el gobierno argentino. El viernes pasado, la petrolera española informó a la Bolsa madrileña que las acciones expropiadas fueron revaluadas en ese monto, por lo que había mandado a pérdidas 1.279 millones de euros en su contabilidad.

Para los especialistas, este gesto significaría la casi segura aprobación del arreglo de compensación con la administración de Cristina Kirchner cerrado la semana pasada en Buenos Aires, el cual sería refrendado hoy en Madrid por el consejo de administración de la firma europea. Si bien ya se sabe que la Argentina ha decidido finalmente pagar para mejorar sus relaciones con el mundo y para tentar al resto de la industria petrolera, las principales dudas de la operación recaen en las garantías que habría ofrecido el país para viabilizar la operación.

Según fuentes españolas que citan al periódico británico Financial Times, aunque el pago se haría con títulos públicos argentinos, habría una cláusula que garantizaría a Repsol el cobro del total de la suma pactada, más allá de las oscilaciones que pudiera haber en la cotización de esos bonos o de la necesidad de venderlos bajo la par. Otras fuentes señalan que se pone a resguardo ese valor de u$s 5.000 millones ante posibles embargos por los juicios no resueltos que todavía tiene el país por deuda en default.

Los detalles del acuerdo entre la Argentina y Repsol no se difundirán hasta hoy cuando el consejo de el visto bueno definitivo. De todas formas, según trascendió, la compensación se haría a través de bonos, algunos ya emitidos y otros nuevos.

El Gobierno respaldará con garantías bancarias el pago total de la deuda que suma los u$s 5.000 millones, el nuevo aumento nominal, y un también renovado monto por los u$s 3.500 millones más por el pago de intereses, en torno al 8,75%, a 10 años.

Según se supo, las nuevas consideraciones del arreglo surgen de un nuevo proyecto que actualiza el firmado entre las partes en noviembre y fue suscripto el viernes pasado en Buenos Aires. Pero además de la aprobación del Consejo, también tendrán ratificar el acuerdo el Tribunal de Tasación argentino, los accionistas de la petrolera española y el Congreso nacional. Si finalmente el acuerdo recibe la aprobación del órgano máximo de Repsol, la petrolera española accedería a renunciar a los litigios internacionales por los que solicitaba unos u$s 10.000 millones por la expropiación.

Miguel Galuccio asumió la conducción de YPF en mayo de 2012, tras la decisión de expropiación del paquete de control de la empresa en manos de Repsol. Ni los mecanismos legales de la expropiación ni el prestigio profesional de quien fue nombrado como CEO merecieron objeción en el ámbito petrolero mundial. Sí, en cambio, quedó una cuenta pendiente por la falta de definición de la indemnización o “el precio” que el Gobierno pagaría por el control de la compañía. Repsol, incluso, llevó la demanda ante los tribunales judiciales e internacionales, como el Ciadi.

Aunque el propósito de la conducción de Repsol era aislar a la nueva gestión de YPF en el mundo de los negocios, la petrolera reestatizada logró abrirse camino para poner a andar su plan de inversiones asociando a una de las petroleras más poderosas a nivel mundial, Chevron, en un proyecto de desarrollo de un área no convencional en la formación Vaca Muerta, con un compromiso de inversión de 1250 millones de dólares. Este hecho fue expuesto como el ejemplo de que el accionar de Repsol no trabaría los proyectos de asociación e inversiones de la petrolera argentina. Sin embargo, algunos elementos posteriores permitirían advertir que, justamente el tamaño y poder de la compañía estadounidense es lo que hicieron la excepcionalidad. Otras interesadas en asociarse con YPF, optaron por esperar el avance del acuerdo con la firma española.

Una de ellas, la mexicana Pemex, interesada en Vaca Muerta pero también en contar con la participación de la firma argentina en el de-sarrollo de sistemas de recuperación secundaria en yacimientos aztecas, tuvo activa participación en limpiar el obstáculo. Como accionista de Repsol, jugó fuerte para vencer la postura de Antonio Brufau, titular de la firma española, reacia a un acuerdo “amigable” con Argentina. Logrado el objetivo, se descuenta que Pemex avanzará rápidamente en estrechar lazos con YPF.

En el caso de la empresa malaya Petronas, cuyos directivos acaban de mantener reuniones con sus pares de YPF, “recién iniciaron conversaciones formales con el inicio de las reuniones sistemáticas entre las autoridades argentinas y españolas para firmar un acuerdo”, destacó una fuente muy ligada al negocio petrolero a este diario. “En ese marco, avanzaron en la firma de un memorándum de entendimiento que tiene fecha de vencimiento, antes de la cual hay que avanzar en un preacuerdo en términos comerciales, que es la segunda etapa”, señaló. Una vez que se conozca esta semana el acuerdo de pago de compensación a Repsol, quedará despejado el camino para que Petronas e YPF avancen y concreten ese preacuerdo. “La tercera etapa es el acuerdo final”, determinando el área, la inversión inmediata en su desarrollo y la inversión futura supeditada a los primeros resultados, de modo similar al acuerdo con Chevron. Todo ello, a partir de esta semana, estará más cerca.

La misma fuente recordó que el interés por Vaca Muerta de Pan American Energy (PAE), la petrolera mundial en la que participa Bridas, junto a British Petroleum y capitales chinos, “sólo llegó hasta la firma del memorándum de entendimiento en 2012, pero a su vencimiento no lo confirmaron; seguramente ahora, después del acuerdo con Repsol, vaya a reflotarse”.

Hay, por lo menos, otras dos firmas en carpeta que se espera que puedan estar muy pronto concretando reuniones y negocios con YPF: son Exxon Mobil y Gazprom.

El jueves, en Buenos Aires, en las oficinas de YPF del edificio de Puerto Madero de la petrolera, el Gobierno argentino y Repsol firmarán el acuerdo definitivo por la renacionalización de la compañía a través del traspaso del 51% de las acciones, tras el paso de u$s 5.000 millones en bonos que pagarán un 8,5% anual. Desde Madrid se pidió absoluta discreción. Se dio a entender que no habrá nada que festejar, más allá de que habrá un apretón de manos entre caballeros que llegan a un acuerdo luego de una dura negociación.

A tal punto es la distancia que desde España quieren mantener con los funcionarios argentinos, que hacia Buenos Aires no viajará el principal referente de Repsol, su CEO Antoni Brufau, sino dos colaboradores de peso pero que ni siquiera son integrantes del Consejo de Administración de la compañía. Con poderes plenipotenciarios para firmar el acuerdo estarán presentes pasado mañana Nemesio Fernández Cuesta, número dos de Brufau, y Luis Suárez de Lezo, el jefe del departamento jurídico y legal. Por el lado argentino estarán presentes el ministro de Economía, Axel Kicillof, y el presidente de YPF, Miguel Galuccio.

Ellos serán los que firmarán el acuerdo entre las partes, que luego deberá ser refrendado por el Tribunal de Tasación de la Argentina y aprobado en marzo por la junta de accionistas de Repsol. Según el cronograma que se fijará el jueves, hacia abril la Argentina deberá enviar la escritura de los títulos públicos; y Repsol, tal como adelantó ayer este diario, estará en condiciones de comenzar a colocar los bonos que le entregará la Argentina en el mercado de capitales internacionales. Así empezará a recibir efectivo y cash, el argumento que hoy utilizarán Brufau y el resto de los funcionarios españoles que participaron de las negociaciones con los funcionarios del Gobierno argentino por la renacionalización de YPF. Más allá de esta posibilidad financiera para los españoles, la mayor ganancia quedará para la petrolera argentina, que desde el momento en que el Tribunal de Tasación apruebe el acuerdo (sería un trámite exprés y antes de que termine marzo estaría definido), la petrolera ahora con mayoría legal argentina podrá comenzar a avanzar en la negociación de acuerdos multinacionales para la explotación del proyecto del yacimiento de Vaca Muerta, la principal apuesta argentina para el regreso del autoabastecimiento de gas y petróleo. Los beneficios del acuerdo en cuanto a los combustibles se verán más allá de 2015, cuando otro presidente esté en la Casa de Gobierno y en Olivos. Sin embargo, la esperanza financiera del Gobierno de Cristina de Kirchner es mucha, ya que espera que la mayoría de los acuerdos que se firmen con petroleras de todo el globo para la explotación de Vaca Muerta aporten divisas para fortalecer las reservas, imitando el contrato con la norteamericana Chevron, que pagó en diciembre unos u$s 850 millones cash que fueron directamente a fortalecer las divisas del Banco Central en momentos difíciles de corridas financieras en Buenos Aires. El acuerdo en Madrid será aprobado, se supone por unanimidad (incluyendo el voto positivo de Brufau, quien torpedeó desde siempre las negociaciones con la Argentina), cerca del mediodía de hoy por el Consejo de Administración de Repsol. Las explicaciones más complejas que deberán dar los negociadores es porqué se aceptan los u$s 5.000 millones (unos 3.700 millones de euros), cuando el valor de las acciones de YPF reflejadas en el balance de Repsol a diciembre de 2013 es de 5.265 millones de euros.