El ministro de Industria, Roberto Kreimerman, dio esa cifra hoy en el Parlamento. Ese monto es inferior a los US$ 26.000 millones establecidos en el informe del Fondo Monetario Internacional.
El ministro de Industria, Roberto Kreimerman, dijo hoy en la Comisión Permanente, que el convenio con la minera Aratirí le dejará al Estado uruguayo US$ 400 millones anuales durante 20 años. Esta cifra es inferior a los US$ 27.000 millones que prevé el Fondo Monetario Internacional.
El presidente José Mujica dijo en su audición de M24 también se refirió a esa cifra. "Un estudio, una apreciación, no sé qué del Fondo Monetario Internacional señalaba que el estado uruguayo puede recibir líquidos 26 mil millones de dólares en los próximos viente y pico de años con el recurso minero. La pregunta es ¿puede el Uruguay renunciar a este recurso?, la respuesta debe ser no", aseguró el mandatario.
Y añadió: "No pero tampoco puede hacer cualquier cosa tiene que ser prudente, en Uruguay tenemos que seguir diversificado, no poner los huevos en una misma canasta, no hacer una cosa sola, y eso significa sostener y multiplicar la riqueza ganadera, sostener la agricultura, sostener y multiplicar la forestación, sostener y multiplicar la logística, que es un esfuerzo importante para el país".
En otro orden, Mujica dijo que "todos sabemos que hay todavía enormes diferencias en las formas de arrancar en la vida. que estamos muy lejos de tener igualdad de oportunidades".
Señaló que en "esta América, continente que es el que distribuye peor el ingreso de esta economía, el Uruguay siempre se ha caracterizado por ser el país que distribuye mejor".
Según el mandatario, los datos arrojan que en Uruguay el 1% de la población con ingresos altos concentra más del 14 % de la riqueza, mientras que el 38%, el sector más pobre, concentra la misma cantidad de riqueza que ese 1%.
A pesar de que esos números parecen malos, explicó Mujica, proporcionalmente ubica a Uruguay por encima de Estados Unidos, Colombia, Argentina o Sudáfrica, y en el mismo nivel que Canadá o Reino Unido. Sin embargo, aún está muy lejos de Suecia, Noruega, Dinamarca u Holanda.
"Si no se multiplica la riqueza, no hay qué repartir" dijo el presidente, pero afirmó que esa riqueza debe distribuirse con políticas que ayuden a mejorar la igualdad.
"Es fácil proclamar el república por la boca, pero hay que entender que hay una ética de la igualdad tácita, si nadie es más que nadie, buena cosa fuera en primer termino lo entendiéramos en política", sostuvo Mujica.
El presidente aseguró que los políticos deben intentar vivir como la mayoría de la gente y no aspirar a alcanzar los niveles de la minoría y aseguró que le "parece lógico que cuando lentamente la mayoría vaya subiendo un escaloncito todos suban un escaloncito, valiéndose de la prerrogativa del poder político".
"Hay una ética de la igualdad que hay que pelear por mantenerla y por lo menos, si en el mundo de la económico no podemos evitar las diferencias, en el mundo de la política tenemos que entender que somos soldados de la república", subrayó.
Para Mujica el "quid de la cuestión" es hacer "todo esto sustentable en el tiempo" para las "generaciones que vienen".
"La consigna país productivo caminó", afirmó y agregó que creció el Producto Bruto Interno y el valor de la tierra.
"Queda mucho por generar y mucho más por repartir, pero tenemos que defender lo que hemos logrado y seguir profundizándolo", concluyó.
La Comisión Permanente recibe hoy a los ministros de Industria, Roberto Kreimerman, y de Vivienda, Francisco Beltrame, a fin de informar acerca del contrato entre el gobierno y la empresa minera Aratirí.
En relación a la minería, el senador colorado Ope Pasquet dijo que considera "indispensable difundir el contrato con Aratirí antes de la firma y que el contrato hay que firmarlo una vez que estén todas las aprobaciones ambientales previas".
La oposición y el gobierno se trenzaron en un debate jurídico de siete horas ayer en el Parlamento sobre la conveniencia de firmar el contrato con la minera Aratirí- que planea realizar la mayor inversión privada en la historia del Uruguay-, antes o después de que reciba la Autorización Ambiental Previa.
El senador colorado Ope Pasquet, que convocó al ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Francisco Beltrame, y al de Industria, Energía y Minería, Roberto Kreimerman, para analizar el punto, sostuvo que el artículo 25 de ley
de Minería de Gran Porte, que es la normativa específica para esa actividad, determina que el contrato no puede firmarse sin esas autorizaciones.
Argumentó que si las autorizaciones ambientales derivan en la solicitud de nuevas inversiones para Aratirí la empresa podría exigir una renegociación. "Entiendo el beneficio para la empresa de firmar antes. Pero, ¿ de qué le sirve al Estado uruguayo firmar el contrato antes de la Autorización Ambiental Previa?El sentido común me dice que hay que firmar después. Hacerlo antes desemboca en la renegociación y es una fuente potencial de dificultades y litigios", sostuvo el senador.
Además, afirmó que la firma implicaría poner "presión" sobre la Dirección Nacional de Medio Ambiente. "Se va a decir: Rucks, (Jorge, director de la Dirección Nacional de Medio Ambiente) cuando usted diga que se puede, el Estado empieza a facturar", señaló el legislador colorado. Recordó que el propio Rucks ha reconocido públicamente que la dirección recibe presiones.
El senador nacionalista Carlos Moreira señaló que la ley "no admite dos lecturas" y consideró que dada la controversia existente respecto a la megaminería "da certeza" contar con la autorización que "es un factor de tranquilidad porque acá va a haber explosivos, productos químicos, grandes perforaciones e inmensos cráteres". Advirtió que posiblemente se estén violando las competencias municipales en materia de ordenamiento territorial en la medida en que hay departamentos que no cuentan aún con directrices mineras aprobadas.
El diputado del Partido Independiente, Iván Posada, consideró que "necesariamente debe haber un pronunciamiento previo; es de sentido común". "No quiere decir que lo que hace el Poder Ejecutivo esté mal. Puede establecer borradores y esperar al pronunciamiento de la autoridad ambiental", señaló el legislador. Sugirió que un representante por partido acceda a las cláusulas confidenciales del acuerdo.
El subsecretario Edgardo Ortuño fue el encargado de defender la posición oficial desde el punto de vista jurídico y señaló que el artículo 24 de la ley que establece las condiciones que deben existir para la firma y el Código de Minería deberían tener preminencia sobre el artículo 25. Ortuño dijo que el gobierno actúa con transparencia y leyó una consulta jurídica que avala su posición. Ortuño insistió en que "no se moverá una piedra" hasta que no estén disponibles las autorizaciones ambientales. No contar con ellas será una de las causas posibles de rescisión del contrato, informó.
Pero Pasquet advirtió que si se resuelve aplicar el Código Minero se le debería también cobrar a Aratirí una garantía contra posibles daños, algo que hoy no está previsto. El senador colorado cree que la norma específica (Ley de Minería de Gran Porte) debe primar sobre la general (Código Minero).
El diputado Pablo Abdala señaló que esperar para la rúbrica "descomprimiría tensiones" y agregó que "no se puede cargar todo el peso sobre la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) porque tiene "fragilidad institucional" y "es una olla de grillos". Recordó que su director está enfrentado con algunos funcionarios.
Kreimerman contestó a Pasquet que el Estado no realizará obras de infraestructura especiales para Aratirí y que esta debe constituir una garantía de fiel cumplimiento del contrato de US$ 140 millones antes de la rúbrica. La forma en que constituirá la garantía no ha sido todavía definida por la empresa, dijo el ministro. La compañía podrá acceder a una exoneración de IVA para sus inversiones y a la tarifa de UTE para emprendimientos industriales, detalló Kreimerman.
Ante una consulta del senador colorado, Kreimerman dijo que el Estado cree que podrá tener ingresos de US$ 400 millones anuales durante dos décadas como consecuencia de la actividad de Aratirí. Esta estimación es inferior a la que realizó el FMI, que había calculado US$ 26.000 millones durante 27 años. El ministro dijo a entender que se piensa en un plazo de 20 años para el contrato. Y aseguró que las diferencias que puedan aparecer entre la empresa y el Estado podrían dirimirse por la vía arbitral pero siempre con el marco de la normativa uruguaya.
Por otra parte, dijo que la minera planea extraer 18 millones de toneladas al año y emplear a 1.500 personas en forma directa en su momento de mayor producción. Agregó que el contrato tiene que firmarse en un plazo de 360 días a contar desde el momento en que Aratirí fue declarado un emprendimiento de gran porte, en diciembre pasado. Si no se llega a un acuerdo para ese momento las conversaciones se pueden prorrogar 90 días. Si el desacuerdo persiste, Aratirí debería presentar a otro interesado con el que habría 120 días para acordar. De esta información se valió Pasquet para señalar que "no hay apuro" para que se firme el contrato.
Kreimerman destacó el rol de la minería para diversificar la producción uruguaya, mejorar las remuneraciones de los trabajadores y aportar recursos para el fondo intergeneracional que se constituirá.
El senador oficialista Ernesto Agazzi defendió encendidamente la actividad minera y destacó que ahora se sabe que hay mucho más hierro del que se pensaba en la década de los años 70. Reivindicó que es potestad del Poder Ejecutivo negociar el contrato y descartó la propuesta de Pasquet de que se difunda su texto antes de que sea firmado. "¿Qué ganamos con difundir antes? Eso sería una coparticipación cuando la facultad del Ejecutivo es indelegable. El acceso a la información es después", sostuvo Agazzi. Reconoció que habrá datos sobre la producción que la empresa tendrá derecho a mantener en secreto por su valor comercial. "Todos consumimos minerales. Un celular tiene 43 elementos metálicos. Parece que se dijera que es mejor que los traigamos de otro lado", sostuvo el senador.
El debate fue seguido desde las barras de la Cámara de Senadores por varias decenas de habitantes de Cerro Chato, favorables a la actividad de Aratirí, que aplaudieron la intervención de Agazzi.
El hierro llegó a un pico en el mercado internacional de US$ 167,79 en 2011 y su cotización promedio en enero pasado fue US$128,12. Los cálculos de rentabilidad de la actividad de Aratirí asumen un valor promedio para los próximos años de US$100. En 2013 el sector minero uruguayo exportó por US$ 93 millones.
Un relevamiento de Aratirí que fue entregado al gobierno señala que la explotación de las cinco minas de hierro en las zonas de Valentines y Cerro Chato obligaría a desplazar a 14 familias, con 33 adultos y 13 menores. Pasquet mencionó que en la zona viven 3.000 personas y que parece demasiado baja la estimación ya que la actividad minera generará mucho ruido, polvo y tránsito de camiones.
El presidente José Mujica se preguntó ayer en su audición radial de M24: "¿Puede el Uruguay renunciar (a Aratirí)?. La respuesta debe ser no".
