El Gobierno avanza en un “Pacto Federal Eléctrico” que tiene como objetivo la “convergencia” de las tarifas en todo el país: eso implicaría fuertes subas para los usuarios de Edenor y Edesur. Las provincias lo resisten porque implica un avance de la Nación sobre su autonomía a la hora de definir el precio de la electricidad en sus distritos.

La tarifa eléctrica de Capital y GBA que atienden Edenor y Edesur es alrededor de un 20% de la que rige en Córdoba o Santa Fe, por citar algunos casos. Es que la provincias no dan los subsidios a la energía que la Nación concede a los usuarios de Edenor y Edesur. El “pacto” apunta a esa brecha. Fue planteado a las provincias en una primera reunión en el ministerio de Planificación a principios de mes y vuelto a discutir ayer.

En el primer encuentro los técnicos del ministerio de Julio De Vido, encabezados por Roberto Baratta, llevaron ya el borrador del pacto. Ayer las provincias debían dar su veredicto. “El gobernador dijo que si lo presionan con esto, rompe las negociaciones”, fue anoche el planteo de una provincia kirchnerista.

Es que el acuerdo que propone la Nación deja en manos de Planificación la definición de un número clave, el Valor Agregado de Distribución, la base para definir la tarifa. “ Hasta ahora a las provincias les fue mucho mejor que a la Nación, tienen empresas más saneadas que Edenor y Edesur, y no quieren enredarse en los problemas del gobierno nacional”, explicó un empresario del interior que sigue la discusión minuto a minuto.

¿Qué argumenta la Nación para presionar al pacto? Está definido así en el texto oficial: “Hoy se hace necesario que la Nación y las Provincias, en el ámbito del Consejo Federal de la Energía Eléctrica, avancemos en un paso cualitativo, con el objetivo de optimizar la capacidad productiva regional - evitando asimetrías tarifarias-, el desarrollo económico y social y la competitividad que consolide el crecimiento, En tal sentido nos proponemos: 1) dar señales claras de estabilidad de precios, 2) hacer más eficiente y transparente los costos del sector, 3) realizar los análisis suficientes que nos permitan apreciar la equidad en la aplicación de los subsidios en el sector residencial, garantizándoselos a aquellas familias que realmente los necesitan, 4) verificar que los subsidios otorgados a los sectores industrial y comercial no generen competencia desleal”. Se puede resumir en que las tarifas en todo el país tiendan a la convergencia.

La idea que propone el Gobierno es dividir el territorio nacional en 8 zonas, y definir en cada una un Valor Agregado. Las empresas que estén por debajo podrán subir sus tarifas; las que estén por arriba, deberán bajarlas.

Según quienes siguen de cerca esta discusión, en la misma está más comprometido el ministro De Vido que su par Axel Kicillof.

Pero está alineado con la intención oficial de reducir los subsidios a los servicios públicos. El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, insistió ayer con el tema, al decir que “ha habido numerosas reuniones y análisis” sobre la quita de subsidios y el ajuste tarifario. Sin embargo, cuando le preguntaron sobre la inminencia de una definición al respecto, añadió que “cuando exista una decisión se comunicará públicamente, no es necesario hacer especulaciones”.

Es que al Gobierno le convendría rodear el ajuste de un manto de federalismo, argumentando que se trata de un rebalanceo entre los costos y los subsidios de todas las provincias, lo que sería justificado con el pacto. En lo político, los gobernadores terminarían avalando el ajuste que sufran los usuarios porteños y del Gran Buenos Aires. El costo de la decisión así se repartiría entre más actores.

¿Qué zanahoria pone por delante de los gobernadores la Nación para que firmen el pacto? El Gobierno les propone “a las provincia que adhieran” que les financiará obras en las redes de distribución. A cambio, deben rubricar el texto que explicita que “las provincias comprometen al cumplimiento del presente acuerdo con el objetivo de realizar las acciones necesarias para la convergencia tarifaria de cada categoría de usuario respecto a las demás distribuidoras de la región comprometida”.

La intención de Nación era que las provincias firmaran ayer el pacto. Pero la respuesta fue: “Todavía falta mucha discusión”.

Bajo la bandera de la equidad y de la protección del bolsillo de los argentinos, Néstor Kirchner inauguró una política tarifaria de los servicios públicos que condujo a destinos completamente opuestos a los declarados. Más tarde, fue seguida al pie de la letra por la presidenta Cristina Kirchner. Y cuando ambos pretendieron desandar el camino, se encontraron con la férrea oposición de las asociaciones de consumidores.

Se sabe, las tarifas de luz y gas en la Argentina son completamente variables de una provincia a otra y, contra los manuales de la progresividad distributiva, los valores más bajos se concentran en algunas de las zonas más ricas del país.

La provincia de Buenos Aires y la Capital Federal son el mejor ejemplo de ello. El gas es más caro del otro lado de la General Paz. El motivo: Kirchner le otorgó, hace años, un pequeño aumento de tarifas a la concesionaria Gas Natural Ban (ahora Gas Natural Fenosa), pero mantuvo un congelamiento acérrimo para Metrogas, cuyo principal accionista, British Gas, no quería bajar su demanda ante el Ciadi. Ése fue el germen de una diferencia en las facturas que se mantiene hasta hoy.

El gas encierra un ejemplo peor. En términos comparativos, las garrafas cuestan más que el equivalente del producto que se distribuye por redes. Las primeras las consumen los sectores de menor poder adquisitivo, que viven en zonas donde el gas por redes aún no llegó.

En cuanto a la electricidad, un usuario de EPE -la empresa provincial de energía de Santa Fe- paga seis veces más por el servicio que un cliente de Edenor o de Edesur, mientras que un cliente de EPEC, la compañía provincial de energía de Córdoba, paga unas 5,5 veces más que un porteño, por ejemplo. Todos, sin embargo, reciben subsidios del Estado.

Fuera del país, las comparaciones son aún más desparejas. En República Dominicana, el mismo servicio cuesta hasta 16 veces más que en la zona metropolitana de Buenos Aires. En Brasil es 7 veces más caro; en Chile, 9 veces, y en Uruguay, 16 veces más caro.

La explicación es compleja, pero un esbozo se puede plantear en términos sencillos: mientras las eléctricas provinciales, que responden a las gobernaciones, acomodaron su tarifa de acuerdo con la inflación, Edenor y Edesur estuvieron bajo la égida del gobierno nacional, que casi no otorgó ajustes.

Y pese a que hubo ajustes en las tarifas del sector industrial, las fábricas también pagan mucho menos en el país que en la región por su servicio eléctrico. De acuerdo con números de 2013, procesados por la consultora Montamat & Asociados, un usuario de baja tensión en las concesiones de Edenor y de Edesur pagó 30,3 milésimos de dólar por kW, pero un competidor con idéntico consumo en Brasil desembolsó 130,3 milésimos de dólar, es decir, más de cuatro veces más.

Mientras el resto de las distribuidoras eléctricas del país responden a los entes reguladores provinciales, Edenor y Edesur quedaron en la órbita del Gobierno, si bien prestan servicio en territorios de Mauricio Macri y de Daniel Scioli.

Edelap, la empresa distribuidora de La Plata y alrededores, fue la única que escapó a ese corset.

En 2011, cuando estaba en discusión el traspaso del servicio de subterráneos al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la administración de Cristina Kirchner le cedió la regulación de la distribuidora platense al gobierno de Daniel Scioli, en una estrategia que le permitió transferir menos subsidios. Sin embargo, continúa cobrando tarifas atrasadas por su servicio.

Un borrador de nueve carillas elaborado por el Gobierno circula desde hace algunos días entre funcionarios provinciales dedicados a la regulación de las empresas que prestan el servicio eléctrico en todo el país. Bajo la bandera del "federalismo eléctrico" y a través de un acuerdo marco entre la Nación y las provincias, propone cambios que tendrían una fuerte incidencia en el sector. Entre ellos, avanzar en la quita de subsidios y el ajuste de tarifas en los distritos más rezagados (como la Capital y el Gran Buenos Aires), intenciones que el kirchnerismo no suele poner por escrito. Ambas medidas implicarían aumentos en la boleta de luz.

La propuesta también contempla centralizar en el gobierno nacional el manejo de las empresas provinciales que hoy operan bajo las órdenes de las gobernaciones.

El documento -LA NACION pudo ver una copia- fue elaborado por equipos técnicos del secretario de Energía, Daniel Cameron, y de Roberto Baratta, coordinador del Ministerio de Planificación. Ambos funcionarios responden al jefe de esa cartera, Julio De Vido. También cuenta con el acompañamiento de Ricardo Martínez Leone, del Ente Regulador de la Electricidad a nivel nacional (ENRE) un hombre del jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, que llegó a ese cargo en medio de la crisis eléctrica de diciembre y enero.

Cameron y Martínez Leone recibieron ayer a los equipos técnicos de las gobernaciones, agrupados en la Asociación de Entes Reguladores, pero obtuvieron una respuesta que no les gustó.

Sucede que el borrador oficial especifica que el Gobierno será el encargado de fijar los precios de referencia para las provincias, una potestad que hoy está a cargo de los gobernadores (salvo en los casos de Edenor y de Edesur) y no la quieren ceder. Con dilaciones y chispazos, pero sin rupturas definitivas, se prometieron seguir discutiendo el tema.

"Programa de Convergencia de Tarifas Eléctricas y Reafirmación del Federalismo Eléctrico en la República Argentina" es el extenso nombre que lleva el documento. Divide al país en ocho regiones y estipula un valor agregado de distribución regional de referencia (Vadrr), que fijará la Secretaría de Energía, es decir, el Gobierno.

Para avanzar hacia una convergencia tarifaria nacional, propone que las distribuidoras que estén por debajo del valor fijado por Energía podrán aumentar sus tarifas hasta ese nivel, mientras que las que estén por encima no podrán aumentarlo hasta la próxima determinación regional

Por la intervención del kirchnerismo en el sistema, las tarifas de Edenor y Edesur son las más bajas del país, debido a que el resto de las distribuidoras, por decisión de sus gobernaciones, las aumentó en línea con los incrementos de costos. Hoy, por ejemplo, un usuario de la ciudad de Buenos Aires paga un 15 por ciento del precio que desembolsa un vecino de Santa Fe y un 18 por ciento de lo que paga un cordobés.

En otros términos: si bien no se sabe qué valor de referencia estipularía el Gobierno, las distribuidoras mejor posicionadas para recibir un aumento son Edenor y Edesur.

Las diferencias son aún más amplias si se hace una comparación regional. De acuerdo con el último informe que elabora la consultora Montamat & Asociados, un usuario de Edenor o de Edesur que consume 300 kW/hora al mes paga 14,9 milésimas de dólar por kW/hora. En cambio, un cliente de la chilena Chilectra paga por el mismo servicio 135, mientras que un brasileño asistido por la distribuidora Light desembolsa 115,8. Muy lejos de un uruguayo, que le paga 238,6 a la estatal UTE, y más aún de un dominicano, que debe pagar 249,9 por el mismo servicio.

El documento prevé, además, que las provincias dejen de autorizar aumentos a sus distribuidoras eléctricas. Va más lejos incluso: a las que subieron sus tarifas en enero, les pide que retrotraigan sus valores a diciembre del año pasado.

UN PESADO LASTRE

El documento también muestra, por primera vez en años, un camino decidido a seguir para enfrentar la reducción de subsidios.

Se trata de un enorme lastre que hunde las cuentas públicas sobre el cual se refirieron en el último tiempo Capitanich y el ministro de Economía, Axel Kicillof. Tan sólo el año pasado, las erogaciones del Estado para mantener las tarifas congeladas o con aumentos moderados fueron de 81.400 millones de pesos, un 46 por ciento por encima del número de 2012.

El documento propone realizar estudios para identificar usuarios "que, por su capacidad económica, puedan afrontar los costos de los tres segmentos" del negocio eléctrico (generación, transporte y distribución). En esa línea, sugiere aplicar un "proceso de normalización" en la facturación, así como un cronograma de aplicación, para los usuarios que consuman por encima de 300 kilovatios (kW), que equivale a una demanda muy pequeña. Y propone el mismo procedimiento para "los usuarios de las restantes categorías que tengan capacidad de pago".

Una vez más ayer, el jefe de Gabinete se refirió al tema. "No hay que hacer especulaciones de ninguna naturaleza respecto a tiempo, momento o el monto o el quantum de cada una de las decisiones", sostuvo el funcionario en su habitual conferencia de prensa matutina. "Cuando exista una decisión, se comunicará públicamente", agregó.

A cambio de su buena voluntad, el Gobierno les propone a las provincias hacerse cargo de las obras con fondos del Estado nacional.