Eduardo Vega, en oficio dirigido a Ollanta Humala, le manifiesta su preocupación por la demora en descontaminar zonas afectadas por actividades extractivas en el lote 1AB.
La Defensoría del Pueblo invocó al Estado y a la empresa Pluspetrol Norte a que realicen, de manera urgente, esfuerzos para asegurar la remediación ambiental de las zonas contaminadas en Loreto a raíz de las actividades extractivas en el lote 1AB.
“Pese a estos esfuerzos (realizados), nos preocupa la demora en implementar las acciones conducentes a descontaminar las zonas afectadas”, refiere el Defensor del Pueblo (e), Eduardo Vega, en un oficio dirigido al jefe de Estado, Ollanta Humala.
Señala como ejemplo que aún no se ha aprobado ningún plan de descontaminación de suelos, debido a que está pendiente la aprobación de una guía para su formulación. “En ese sentido, me permito compartir con usted la necesidad de que se ejecuten acciones concretas inmediatas para garantizar tal remediación”, expresa Vega.
En la misiva, recuerda que los monitoreos ambientales llevados a cabo en el marco del funcionamiento de la “Comisión Multisectorial encargada de analizar, diseñar y proponer medidas que permitan mejorar las condiciones sociales y ambientales de las comunidades ubicadas en las cuencas del Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón” identificaron riesgos significativos para la salud de la población.
Consulta previa
En la carta, Vega también se refirió al anuncio del Poder Ejecutivo del pasado 28 de agosto del 2012, sobre la realización de un proceso de consulta previa con los pueblos indígenas para la licitación del lote 1AB.
La Defensoría señala que los pueblos indígenas piden resolver los problemas ambientales antes de la realización de la consulta previa para la licitación del lote 1AB.
“Frente a este contexto, consideramos que es necesario restablecer una relación de diálogo entre el Poder Ejecutivo y los pueblos indígenas de las cuencas señaladas, que contribuya con la generación de confianza en el cumplimiento, por parte del Estado, de los compromisos que asume y del marco jurídico que regula sus actuaciones”, señaló.
Al respecto, le menciona al jefe de Estado que la Defensoría del Pueblo, en diferentes reuniones con dirigentes de las respectivas organizaciones indígenas, les ha expresado que la atención de sus demandas requiere de plazos razonables para su implementación. Gestión intentó comunicarse con voceros de Pluspetrol, pero hasta el cierre de esta edición no respondían.
Recomendaciones de la Defensoría
Pasos. La Defensoría del Pueblo manifestó al Ejecutivo que entre las medidas que se deben adoptar están la implementación de los instrumentos de gestión ambiental para la remediación ambiental, así como la priorización de acciones de supervisión y fiscalización del cumplimiento de compromisos y obligaciones ambientales destinadas a dicho objetivo.