Compañía impulsora de un galpón de acopio de concentrado de cobre –actualmente en construcción–, traído desde Sierra Gorda, que enfrenta fuertes críticas y recursos judiciales de parte del colegio médico, parlamentarios de la zona y organizaciones sociales. Estos acusan resquicios legales para saltarse la consulta a la comunidad.

Ubicado en pleno centro de la ciudad, cerca del monumento a Arturo Prat, el Puerto de Antofagasta se ha convertido en el último tiempo en blanco de fuertes críticas desde diversos sectores como consecuencia de la construcción de un galpón de recepción, acopio y embarque de concentrado de cobre.

Recursos de protección, el pronunciamiento en contra del colegio médico, así como el rechazo de vecinos y el municipio, complican la iniciativa que pretende trasladar concentrado de cobre desde el proyecto Sierra Gorda –a unos 150 kilómetros de la ciudad– hasta el corazón del puerto operado por Antofagasta Terminal Internacional (ATI), ligada al grupo Luksic.

Incluso el Presidente Sebastián Piñera se refirió al tema mientras visitaba la zona esta semana, señalando que “no podemos permitir que se repita el fenómeno de polimetales que ocurrió en Arica aquí en Antofagasta y por lo tanto no queremos parar la minería, el desarrollo y el progreso, pero hay que hacerlo definitivamente dentro del marco del cuidado del medioambiente y de la salud, especialmente en la región de Antofagasta”.

Pero será el próximo gobierno, más allá de lo que resuelva la justicia, el que deberá asumir políticamente el conflicto. Situación que podría tornarse compleja, tomando en cuenta que la futura ministra de Minería de Bachelet, Aurora Williams (independiente cercana al PRSD), fue una de las impulsoras de la iniciativa, según consignan medios regionales, y que hasta su designación ocupaba el cargo de gerenta de administración y finanzas en el Terminal Internacional de Antofagasta.

La ingeniero comercial ocupó el cargo por cuatro años. En diciembre pasado salió a responder junto a otro ejecutivo los cuestionamientos que empezaron a surgir, señalando que la iniciativa es “un orgullo para nosotros, y por lo mismo no queremos que sea un proyecto rechazado por la comunidad, por lo que aceptamos todas las observaciones que nos permitan mejorarlo y hacerlo más amigable”.

Cercanos a Luksic

El grupo Luksic controla el 65% de Antofagasta Terminal Internacional a través de dos sociedades: SAAM Puertos S.A. (35%) –controlada 42,44% por el grupo–, e Inversiones Punta de Rieles Ltda (30%).

Esta última es la matriz a través de la cual el grupo Luksic controla Aguas Antofagasta, empresa sanitaria encargada de prestar los servicios de agua potable y alcantarillado en la región. Allí la próxima ministra de Minería trabajó como gerenta comercial antes de ser Seremi de Obras Públicas durante el gobierno de Michelle Bachelet. Desde ahí aterrizó como subgerenta de administración y finanzas en ATI, convirtiéndose más tarde en la gerenta del área.

A partir de marzo, la ex ejecutiva del grupo Luksic será la cabeza de Minería, un ministerio clave para el grupo que, a través de Antofagasta Minerals, opera diversos yacimientos, como Tesoro, Michilla o Los Pelambres, este último multado hace una semana con US$ 2,3 millones por la Superintendencia de Medio Ambiente por intervención y pérdida de sitios arqueológicos.

La minería es un sector muy interesado en que se aprueben proyectos energéticos para controlar el aumento de costos derivados de ese insumo. Justamente, esa cartera será liderada por Máximo Pacheco, considerado muy cercano a Andrónico Luksic, y que representó al grupo en el directorio de algunas de sus empresas, como Lucchetti y Banco de Chile.

El galpón

El 27 de diciembre pasado, la diputada electa Paulina Núñez (RN) y el arquitecto Emille Ugarte, presentaron un recurso de protección contra la Comisión de Evaluación Ambiental Regional de Antofagasta por la aprobación de tres proyectos presentados en forma separada, pero que fueron considerados como una iniciativa única.

Esta fórmula permitió que cada una de las iniciativas fuera presentada como una Declaración de Impacto Ambiental (DIA), en vez de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA). La diferencia es que si se presenta un EIA, además de poseer una complejidad mayor, existe la obligación de informar a la ciudadanía, dando la opción de que se formulen observaciones. En palabras simples, implica la participación de la comunidad.

De esta forma, el 6 de agosto de 2012 se dio luz verde al proyecto presentado por la empresa Antofagasta Terminal Internacional S.A., denominado “Recepción, acopio y embarque de cobre”. Catorce días después, se aprobaba el proyecto “Transporte ferroviario de concentrado de cobre”, presentado por la empresa Antofagasta Railway Company PLC (FCAB), perteneciente al grupo Luksic.

El 4 de diciembre de ese año la autoridad ambiental calificó favorablemente el proyecto presentado por Sierra Gorda SCM –controlada por la compañía polaca KGHM internacional–, denominado “Actualización proyecto Sierra Gorda”.

Según se señala en el recurso, todos guardaban directa relación con una resolución de 2011 que calificó favorablemente el proyecto “Sierra Gorda”, presentado a través de un Estudio de Impacto Ambiental, “obviando la continencia y unidad de la materia a resolver, desconociendo el principio preventivo, fraccionando el proyecto al presentar en forma separada lo relativo al mismo asunto e incurriendo en una serie de ilegalidades”.

Según este proyecto original, el concentrado de cobre sería enviado a la planta de filtrado, localizado en el barrio industrial de Mejillones, a través de un ducto de unos 141 kilómetros. Pero con la aprobación de la “Actualización proyecto Sierra Gorda” de diciembre del año siguiente, se implementaron modificaciones, que incluyeron la no construcción del ducto, “reemplazando el envío del concentrado de cobre a través de camiones y ferrocarriles”. La misma resolución indica que se construirá un tramo de vía férrea para conectar la mina a la línea de ferrocarriles de la empresa FCAB, “con el objetivo de transportar el concentrado de cobre y molibdeno para su embarque en los puertos de la Región de Antofagasta”.

Para la diputada electa Núñez, “aquí hay un fraccionamiento del proyecto. Primero se aprobó vía EIA llevar el concentrado de cobre por una tubería para luego acopiarlo en el puerto de Mejillones. Pero Sierra Gorda externaliza y ahí aparecen FCAB y ATI,  ambas ligadas al grupo Luksic. Entonces les aprueban trasladar el mineral con camiones y trenes, que es lo más barato. Una decisión irracional y arbitraria de la autoridad ambiental”.

En cuanto al rol de Williams, la próxima parlamentaria asegura que “hoy estamos esperando que una vez que asuma el cargo, su posición sea distinta. Por lo tanto, espero que, sabiendo cuáles son nuestras demandas, ese conocimiento le sirva para ejercer el cargo como corresponde: ciudades como Antofagasta no pueden transformarse en un campamento minero”.

Para el senador electo por Antofagasta, Alejandro Guillier, “las mismas empresas tienden a usar métodos poco transparentes para tratar de aparentar que cumplen con las normativas ambientales y eluden exigencias de un proyecto en su totalidad, entonces lo presentan de a poco sin que se tome conciencia de su real magnitud”.

También se hicieron parte del Recurso de Protección juntas de vecinos y el Colegio Médico. En tanto, el municipio presentó un recurso por su cuenta.

Sobre el proyecto, el presidente del Colegio Médico Regional Antofagasta, Aliro Bolados, señala que “pese a que contempla tecnología moderna para evitar contaminación, al estar ubicado en el centro de la ciudad implica el riesgo de que, ante cualquier descuido o accidente, se genere polución del polvo del concentrado de cobre, que además contiene otros metales pesados, como arsénico”.

Por esto, “la posición del Colegio es que debiese haberse presentado un Estudio de Impacto Ambiental para que la comunidad pudiera opinar, dado que está en pleno centro, hay poblaciones, una escuela de educación básica a 15 metros del puerto y una clínica privada. O sea, un sector habitacional. Lo que planteamos es que la polución que se puede generar compromete a una población que ya ha estado sufriendo situaciones serias y aún sigue recibiendo esos perjuicios. No es casualidad que Antofagasta tenga los índices de cáncer pulmonar y de vejiga más altos del país, superando en 5 o 4 veces las cifras promedio”.

Este no sería el único problema ambiental que podría enfrentar próximamente Antofagasta. Según explica Guillier, “es vox populi que habría un proyecto de ampliación del Puerto de Antofagasta que no se ha explicitado y existe temor que de pronto sea aprobado sin que se despeje. Lo importante es que esta vez no presenten obras puntuales del proyecto, sin mostrar las cartas hasta el final”.
Pese a que El Mostrador contactó a ATI para que expresara su versión, no hubo respuesta.