Ante la máxima instancia judicial se expuso la más grave consecuencia política. El gobierno argentino advirtió anoche sobre el riego de un "nuevo default", al pedirle a la Corte Suprema de los Estados Unidos que intervenga en su larga disputa con los llamados "fondos buitre", en la que ya acumula dos fallos adversos.

La advertencia, que cuestiona la potestad de la justicia para "interferir en las decisiones financieras soberanas" de los Estados, forma parte del esperado pedido de apelación del Gobierno ante el máximo tribunal de este país. Según enfatiza la presentación, es necesario corregir "decisiones de los tribunales inferiores que amenazan en forma manifiesta el bienestar del país y de sus ciudadanos".

Sostiene que, de no revisarse los fallos de primera y segunda instancia que resultaron adversos, la Argentina se vería "virtualmente imposibilitada" de efectuar sus pagos, lo que abriría las puertas a un nuevo default. "No podría pagar a los tenedores de deuda argentina" que aceptaron los canjes de 2005 y 2010 y que representan el 92% de los acreedores, enfatiza la presentación. Destaca que, entre ellos, hay numerosos ciudadanos norteamericanos.

La larga argumentación repite en términos generales lo ya dicho en las instancias anteriores y que fue refutado tanto por el juez Thomas Griesa como por la Corte de Apelaciones de Nueva York.

Tal vez, el matiz más llamativo esté puesto en el esfuerzo por apuntar a las "decisiones soberanas" de los Estados y su derecho a reestructurar la deuda que emitan, un recurso orientado al intento de explotar para este expediente una cita acordada para el próximo 21 de abril por una causa paralela. La Argentina espera que, en algún momento, intervenga con su opinión el gobierno de Barack Obama, algo que, hasta ahora, no parece muy claro.

Apenas conocido el texto, hubo una inmediata reacción de los demandantes. "La Corte no debería escuchar a la Argentina, un país que admitió que no está dispuesto a acatar" fallos que no le sean favorables, advirtió uno de los fondos demandantes, el NML, del financista Paul Singer.

El trámite procesal establece que, una vez ingresada la apelación, se abre un plazo de hasta 30 días para que los demandantes comenten el escrito ante el tribunal. "Pero seguramente no dejarán pasar el plazo completo y reaccionarán antes. Ellos sienten que pueden ganar y están interesados en apurar. A la Argentina, en cambio, le conviene jugar con el tiempo", opinó la abogada Antonia Stolper, del Estudio Shearman & Sterling.

La idea es que hacia abril próximo la Corte podría estar contestando si acepta o no el caso. Hace falta que cuatro de los nueve jueces del tribunal voten afirmativo para que el expediente sea revisado. La mala noticia para la Argentina es que la jueza Sonia Sotomayor se ha excusado de intervenir. En todo caso, lo que procuran los defensores es que la respuesta sea después del lunes 21 de abril. Ese día la Corte ventilará un expediente paralelo en la puja con los buitres y la aspiración es poder aprovechar parte de ese tiempo en defender la causa de fondo.

Crecía anoche la impresión de que difícilmente esto se solucione por la vía judicial. "Un fallo adverso resultaría impagable", sostuvo, en línea con lo que viene argumentando el Gobierno, el abogado Eugenio Bruno.

A diferencia de lo ocurrido en ocasiones anteriores, la carta final ante los tribunales no estuvo acompañada de declaraciones de funcionarios. Sí hubo un comunicado del Ministerio de Economía, en el que se afirmó la necesidad de corregir los "fallos erróneos de tribunales inferiores" contra el país.

Al igual que la apelación firmada ayer por el abogado Paul Clement, el texto asegura que la decisión que se adopte no afectará sólo a la Argentina. "De no revisarse, las decisiones de los tribunales inferiores podrían tornar virtualmente imposibles futuras reestructuraciones de deuda soberana; impedirían el adecuado funcionamiento de los mercados internacionales de capitales; pondrían en riesgo el estatus de Nueva York como uno de los principales centros financieros globales y afectarían negativamente las relaciones internacionales", dice.

Se trata de argumentos que, en su momento y en fallo unánime, la Corte de Apelaciones de Nueva York desestimó como "altamente especulativos y elaborados por la Argentina" en su beneficio.

Otro tanto hicieron los demandantes. "Los argumentos de la Argentina para la prolongación de este conflicto carecen de fundamento. Si el país quisiera hablar con sus acreedores, esta disputa podría resolverse rápidamente", sostuvo Jay Newman, gerente de cartera de Elliot.

La reacción de los hombres fuertes de Elliott Management no tardó el llegar luego de conocerse la presentación de la Argentina ante el máximo tribunal de Estados Unidos. Paul Singer envía a dos personas clave: el abogado Ted Olson y su mano derecha en cuanto a negociaciones financieras, Jay Newman.

Olson, ex procurador general de los Estados Unidos puesto por George W. Bush, fue quien disparó primero: "Durante casi una década, la Argentina ha desafiado abiertamente a docenas de resoluciones y sentencias de los tribunales de los Estados Unidos. Más recientemente, el abogado de Argentina se puso de pie ante el tribunal de apelaciones y dijo que el país no obedecería las sentencias, incluso si fueran confirmadas por el Tribunal Supremo. La Corte Suprema no debe escuchar la apelación de la Argentina, o de cualquier litigante, que se niega a acatar las sentencia del máximo tribunal".

Este hombre, que tiene lazos con algunos miembros de la Corte Suprema, fue uno de los más duros en sus declaraciones contra el país. No así el otro protagonista y hombre fuerte de Elliott, Jay Newman quien habla con los bancos, inversores, fondos, y el Ministerio de Economía. O sea, es la conexión que tiene el Gobierno al momento de acercar posiciones con Paul Singer.

Newman, que se mostró en varias oportunidades a favor de una negociación, señaló que "los argumentos de la Argentina para la prolongación de este conflicto carecen de fundamento y son totalmente innecesarios".

"Como hemos dicho muchas veces, si la Argentina está dispuesta a hablar con sus acreedores, esta disputa podría resolverse rápidamente", afirmó en declaraciones reproducidas por Infobae.

Esa la visión más cercana a lo que realmente sucede dentro de Elliott. Abogados de la firma salieron a desmentir un artículo en donde se decía que sólo estarían dispuestos a negociar después de un fallo a favor.

La realidad sería que el fondo buitre estaría más que dispuesto a cerrar esta etapa de litigios lo antes posible. Sabe que está sobre un posición de poder, lo que obviamente hará prevalecer, pero no hay falta de ánimos negociar.

Según fuentes cercanas al tema consultadas por Infobae, con menos de u$s800 millones Elliott y los fondos que están litigando en esta oportunidad, dejarán la pelea judicial. En total, este juicio es por u$s1.330 millones. Habría que ver otras formas de compensación por la diferencia, como bonos, en caso de que el número final no termine de convencer.

Pero como otras veces el Gobierno está recién comenzado a analizar otras opciones. Habrá que ver si hay margen para que el kirchnerismo se siente a la mesa de negociación con algo más que los bonos del canje previamente rechazados por los acreedores.

En un escrito durísimo de 38 páginas, con múltiples apéndices y jugándose todo por el todo, la Argentina apeló ayer ante la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos en el juicio que enfrenta el país a un grupo de fondos buitre.

En términos muy virulentos, Paul Clement, el abogado estrella defensor de Argentina, argumentó que debe revertirse el fallo que obliga al país a pagarle a los fondos buitres y a los tenedores de bonos reestructurados al mismo tiempo. ¿El motivo? Porque así viola La ley de inmunidades soberanas de los Estados Unidos (FSIA, según sus siglas en inglés) y se erige sobre una concepción equivocada de la claúsula pari passu .

De acuerdo al escrito, dicho fallo “es profundamente ofensivo para la soberanía argentina, se burla de la FISA”, un acta federal que impide que activos soberanos sean sujetos de un embargo. Su violación constituye un delito federal que la Corte Suprema puede dictaminar.

El escrito sostiene que el fallo “cruza la frontera de Argentina obligándola a violar sus políticas de deuda soberanas e imponiendo que miles de millones de dólares de los activos soberanos, las reservas argentinas, se les paguen a los fondos buitre NML Capital Ltd y otros holdouts”. Clement dice que “la ofensa a la soberanía argentina es manifiesta y las consecuencias van mucho mas allá de Argentina”.

Clement urge a la Corte a que pida al más alto tribunal del estado de Nueva York revisar la interpretación de la clausula pari passu que obliga a tratar a todos los acreedores de manera equitativa, algo que quienes siguen de cerca este proceso judicial daban como cosa juzgada. Clement pidió además revertir la interpretación errónea que se hizo sobre al acta de inmunidades soberanas de los Estados Unidos.

A diferencia de la primera apelación redactada por el abogado Jonathan Blackman, del estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, en esta segunda apelación Clement utilizó un lenguaje mucho mas virulento. La apelación de Blackman había sido rechazada. Ahora, Clement, no dudó en calificar a los holdouts de fondos buitres. También dice a la Corte que tiene que actuar: “La necesidad de que la Corte revise (el caso) es imperativo y el momento de la revisión es ahora”.

Uno de los aspectos mas novedoso de la apelación es, sin embargo, el hecho de que Argentina urge a la Corte Suprema que solicite a la Corte de Apelaciones de Nueva York revisar la interpretación que hizo de la claúsula pari passu .

“Casi seguro que la Corte Suprema no aceptará escuchar el último esfuerzo que hace Argentina para evitar la aplicación de un fallo que requiere honrar sus compromisos y tratar igual a todos los bonistas”, fue la reacción de Richard Samp de Washington Legal Fund, un think tank con sede en Washington. “La Corte raramente examina cuestión de leyes de estados del tipo que fueron clave en el fallo en cuestión”.

En el escrito hay muchos argumentos que no son nuevos.

Pero Clement los presenta con más énfasis que antes. Habla de la repercusión internacional que puede tener la aplicación de un fallo de ese tenor, que el país entraría en default y del impacto en futuras reestructuraciones de deudas. Y recuerda que el país levantó la ley cerrojo y Estados Unidos apoyó la posición argentina en dos ocasiones. En el escrito además hay referencias a las sanciones que de acuerdo al fallo deben aplicarse en contra de los bancos que ayuden a la Argentina a pagarle a los tenedores de bonos reestructurados si no les paga la mismo tiempo a los fondos buitres.