El Gobierno apelará hoy ante la Corte Suprema de Estados Unidos el fallo del juez Thomas Griesa que obliga al país a pagarle a un grupo de fondos buitre la deuda que reclaman sin quita y en efectivo.

El objetivo oficial es que el máximo tribunal estadounidense tome la causa y revise la decisión de tener que abonar unos 1330 millones de dólares por tenencia de títulos defaulteados en 2001 para que la reestructuración de la deuda iniciada en 2005 no corra riesgo.

En febrero de 2012, el juez Thomas Griesa emitió un fallo donde le ordenó a la Argentina pagarles a los fondos Elliot, NML Capital, Dart, Aurelius, AC Paster y Blue Angel la totalidad de la deuda que reclaman, sin quita. El Gobierno apeló y el 26 de octubre de ese año la Cámara de Apelaciones de Nueva York convalidó la demanda por la supuesta discriminación. Esa demanda fue apelada ante la Corte Suprema y el máximo tribunal decidió no tomar el caso. Una de las especulaciones fue que el máximo tribunal de los Estados Unidos eligió mantener el stand by hasta tanto llegue a su estrado la segunda porción del juicio.

En esta otra etapa se define el monto y la forma en que la Argentina debe pagarles a los acreedores. Tanto el juez Thomas Griesa como un tribunal compuesto por tres jueces de la Corte de Apelaciones de Nueva York fallaron que el pago debe ser por 1330 millones de dólares, en una vez y en efectivo. Ante este revés, la Argentina pidió que el fallo lo estudien los trece magistrados de la Corte de Apelaciones, acto que fue denegado el 18 de noviembre de 2013 y favorece en forma directa a los fondos Elliot y NML Capital. Por tanto, la última instancia es la apelación ante la Corte Suprema de los Estados Unidos.

La estrategia oficial se centra en intentar demostrar la falta de equidad que supone privilegiar a los holdouts con respecto al 93 por ciento de los bonistas que sí ingresaron al canje. Para demostrar la voluntad de pago en condiciones equitativas, el Gobierno ofertó la reapertura del canje que ya está aprobada por el Congreso y podría implementarse en cualquier momento si los holdouts aceptan voluntariamente las mismas condiciones que el resto.

El gobierno argentino sumó en noviembre pasado al abogado Paul Clement, ex procurador general de Estados Unidos durante el gobierno de George W. Bush y profesor de Derecho de la Universidad de Georgetown, quien lidera el proceso con la asistencia del estudio Cleary Gottlieb, buffet que históricamente defendió a la Argentina en esta causa. Clement conoce cómo se mueve la Corte Suprema. Acumula en su carrera el record de haber participado en 41 litigios en la instancia del máximo tribunal de Estados Unidos, 16 de los cuales se desarrollaron en los últimos dos años. No obstante, y más allá de la experiencia de Clement, las posibilidades de la Argentina son acotadas porque la jurisprudencia indica que la Corte estadounidense toma muy pocos casos por año.

El máximo tribunal estadounidense dio una señal positiva el pasado 10 de enero, cuando informó que analizará el fallo que permite a los fondos especulativos buscar información sobre activos y cuentas argentinas en el exterior como parte de su estrategia para trabar embargos contra el país. El fallo fue otorgado por el Juzgado del Segundo Distrito (Manhattan) de Nueva York y convalidado por la Cámara de Apelaciones. En ese caso conexo, las posibilidades se incrementaron con el respaldo que recibió el pedido argentino de parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos, aunque ni el apoyo de la administración Obama ni la aceptación de la Corte por ahora se extienden a la causa principal entre la Argentina y los buitres en el juicio donde los tenedores de bonos especulativos exigen 1330 millones de dólares en efectivo. De todos modos, es un antecedente relevante a favor de la Argentina y en contra de los fondos buitre. El elemento más alentador para la posición argentina se encuentra en la primera nota al pie del texto puesto en el amicus curiae de Estados Unidos, que, en sintonía con la argumentación que viene realizando el país, recuerda que también fueron ignoradas sus opiniones sobre “la clara interpretación de la cláusula pari passu que figura en los bonos”, y agrega “que las medidas cautelares pueden poner en riesgo la solución ordenada de las crisis de deuda soberana”.

Con la asistencia de uno de los mejores abogados de Nueva York, el ex procurador Paul Clement, la Argentina apelará hoy ante la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos la sentencia que la obliga a pagarle deuda a bonistas que quedaron fuera de los canjes realizados tras la crisis de 2001-2002.

Se trata de la misma causa en la que la Corte de Apelaciones de Nueva York confirmó el fallo del juez Thomas Griesa y que ahora la Argentina intentará revertir en una última chance de apelación, por más que hoy sea feriado en EE.UU.

En rigor, no se discute el fondo de la sentencia sino la forma de pago.

Se tratan de US$ 1.330 millones que podrían hacer entrar en default nuevamente al país. Clement, ex procurador durante la presidencia de George Bush hijo, asistirá ahora al estudio Cleary Gottlieb.

El abogado cuenta con un importante record de casos que llevó a la Corte Suprema de su país y que ésta decidió abrir a estudio. A diferencia de la Argentina, la Corte Suprema norteamericana interviene en muy pocos litigios, que rondan el centenar por año.

El misterio no sólo rodea a lo que hará la Corte norteamericana sino también a la actitud que tendrá el gobierno de los Estados Unidos, es decir si la presidencia del demócrata Barack Obama apoya la postura argentina o si por el contrario no hace nada en favor del país.

La fórmula que propondría la Argentina es la llamada Gramercy, por uno de los fondos de inversión que interviene en el asunto y que estaría dispuesto a aceptarlo. Esto es que el dinero que el juez Griesa dijo que debe pagársele a los bonistas que no aceptaron los canjes de deuda de la década pasada salga de los tenedores de bonos que sí aceptaron el acuerdo. En otras palabras: que los fondos que sí entraron en los acuerdos anteriores le compren la deuda a los que reclaman en este juicio.

El caso que el Gobierno quiere que la Corte norteamericana tome implica el 7% del total de la deuda.

El máximo tribunal estadounidense tiene un plazo para expedirse que vencería el 21 de abril, según dijeron fuentes que siguen de cerca el caso. Si el tribunal rechaza intervenir en el asunto, debería convertirse en operativa la sentencia del juez Griesa, confirmada por la Corte de Apelaciones de Nueva York, y así la Argentina debería pagar los 1.330 millones de dólares que podrían dejarla al borde de un nuevo default.

El abogado que asistirá a la Argentina fue designado procurador en 2005 por George W. Bush.

Argentina presentará hoy ante la Corte Suprema de los Estados Unidos su segunda, y definitiva apelación por escrito en el juicio contra los fondos buitre en lo que será una de las últimas oportunidades de convencer al máximo tribunal de ese país sobre la conveniencia de que trate del caso durante el ejercicio judicial que culminará en marzo del próximo año.

La novedad, adelantada la semana pasada por este diario, es que a partir de esta instancia será el abogado republicano y exprodurador de ese país en los días de George W. Bush, el que se hará cargo de las presentaciones, junto con los profesionales del estudio Cleary Gotlieb Steen & Hamilton que venían llevando el caso hasta esta instancia. Clement, un experto en apelaciones ante la Corte, tendrá la misión en el escrito que presentará hoy, de apelar a alguno de los resortes personales de varios de los integrantes del tribunal, para que al menos uno de ellos pida a sus colegas el trato del caso. Si esto finalmente ocurre, Argentina ganará no menos de un año de tiempo hasta tener la resolcuión final en un fallo de la Corte Suprema; el que igualmente será difícil que sea positivo luego de tener por unanimidad resoluciones negativas y a favor de los fondos buitre en primera y segunda instancia judicial en los tribunales de Nueva York. La presentación de la apelación, para evitar el pago de unos 1.330 millones de dólares en efectivo que haría caer el histórico canje de 2005, se hará por escrito y no habrá posibilidades de apelaciones orales, al menos que alguno de los jueces en los próximos días lo reclame.

La última oportunidad de la Argentina de convencer a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos será el 21 de abril próximo cuando a representantes del Gobierno argentino y de los fondos buitre, tengan la oportunidad de hablar ante los nueve jueces en una audicencia abierta por el tribunal para un caso anterior pero vinculado al juicio de fondo, relacionado con la intención de los fondos buitre de embargar dineros de las reservas y del Banco Nación depositados en Wall Street. Según se le confirmó al estudio Cleary, en esta audiencia se le permitirá a la partes explicar los motivos de fondo por el cual se llegó a este caso; lo que fue considerado el primer logro de Clement como defensor de la Argentina. Después de esta reunión de abril, la Corte norteamericana definirá si tratará o no el caso, vinculado con una presentación del fondo buitre Elliot, del multimillonario Paul Singer, sobre el pedido para embargar fondos de la Argentina depositados en bancos radicados en Estados Unidos y en la sucursal del Banco Nación en Nueva York.