El Gobierno avanzará con la quita de subsidios a los servicios de electricidad y gas cuando considere que las presiones inflacionarias que provocó la devaluación del peso se hayan aquietado, indicaron fuentes del Palacio de Hacienda.

“Las múltiples opciones para recortar subsidios ya están estudiadas. Ahora falta definir cuál se implementará y cuándo”, dijo una fuente oficial. “Primero hay que acomodar precios, terminar las negociaciones con los empresarios; después empezará subsidios”, prosiguió. Otra fuente consideró que todavía “no hay una idea clara y definida de cómo se avanzará en la quita”, ratificó que las evaluaciones ya se hicieron y estimó que no habrá avances antes de marzo.

El viernes, el ministro de Economía Axel Kicillof afirmó a Radio del Plata: “Tenemos esos temas en estudio”. Aplicar el bisturí no será fácil. A las presiones inflacionarias se suman las negociaciones paritarias.

Además, los distintos criterios analizados para recortar subsidios pueden traer complicaciones. Si se quitan en función del consumo, se puede perjudicar a familias numerosas sin gas natural que calefaccionan con electricidad y, por lo tanto, consumen mucha de esa energía. Algo así ocurrió en 2009, en el primer intento de quitarlos. El nivel de ingresos que se usó como parámetro para liberar parcialmente el ahorro en dólares tiene una complicación similar: no es lo mismo ganar $ 7.200 siendo soltero y sin hijos que tener ese ingreso y ser el único sostén familiar. La cuestión geográfica ya se concretó parcialmente: al anunciar la ‘sintonía fina’, a fines de 2011, el Gobierno recortó subsidios a unos 500.000 usuarios con domicilios en Barrio Parque, Puerto Madero y countries del conurbano.

De todos modos, en el caso de la energía eléctrica, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), que audita a Edenor, Edesur y Edelap, tiene listo el mapa usuarios y saben quiénes de los 5,6 millones de clientes deben seguir recibiendo subsidio y quiénes no, confió un empresario del sector. El problema, advirtió, radica en el interior, donde las provincias subieron la tasa a la distribución (un coeficiente atado al valor de la energía), lo que encareció las tarifas hasta cuatro veces en relación con el área metropolitana. Esas boletas aumentarían aún más al dejar de subsidiar la energía. Por eso, estimó, el recorte comenzaría por Capital Federal y el Gran Buenos Aires.

El martes 4, al anunciar el aumento en las jubilaciones que corresponde por ley, la presidenta Cristina Fernández dio la señal de largada para empezar -ahora sí- a recortar subsidios a los servicios públicos, que en 2013 insumieron al Estado gastos por $ 143.000 millones, o el 4,9% del PBI, según una estimación del Consejo Profesional de Ciencias Económicas y el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf). “Es cierto que hoy, evidentemente, subsisten sectores que tienen subsidios que ya no los necesitan”, dijo Cristina. “Ya no es un problema de ajuste, es un problema de equidad. Y esa es a la equidad adonde tiene que tender la sociedad y a eso es a lo que voy a ir: a volver a tomar el equilibrio”, continuó.

Por el momento, la cartera que conduce Axel Kicillof se concentró la política de precios (en manos del secretario de Comercio, Augusto Costa). También dirige la política energética (potestad del secretario de Política Económica, Emmanuel Álvarez Agis), ésta última con intercambios con los técnicos del Ministerio de Planificación de Julio De Vido. La devaluación de la última semana de enero aceleró todavía más la inflación y obligó al Ministerio de Economía a redoblar esfuerzos en intentar que no se escapen los precios.

En despachos oficiales interpretaron como una señal alentadora que el Banco Central haya logrado contener la expectativa sobre el dólar en los últimos 15 días. La estabilización del dólar alrededor de los $ 8 llevó algo de calma a la remarcación de precios y ahora el esfuerzo de Kicillof y Costa se concentra en lograr que los empresarios no trasladen toda la devaluación a los consumidores finales.

En el Gobierno confían en que la presión inflacionaria se frenará como consecuencia de las reuniones que mantiene el equipo económico con industriales y empresarios para dar marcha atrás con la disparada de los precios, tras la fuerte devaluación del peso, y para que se cumplan en plenitud los acuerdos firmados a comienzos de enero.

Además, la estabilización del dólar alrededor de los $ 8 parecería haber llevado algo de "calma" a la remarcación de precios y ahora el esfuerzo del ministro de Economía, Axel Kicillof; y del secretario de Comercio Interior, Augusto Costa, se concentra en lograr que los empresarios no trasladen toda la devaluación a los consumidores finales.

En caso de que esa meta se concrete, la administración de Cristina Kirchner avanzaría con la quita de subsidios a los servicios de electricidad y gas. "“Las diversas opciones para recortar subsidios ya están estudiadas. Ahora falta definir cuál se implementará y cuándo”", aseguró fuente oficial del Palacio de Hacienda al diario El Cronista.

No obstante, aclaró que "primero hay que acomodar precios, terminar las negociaciones con los empresarios y después empezará subsidios". Otra fuente consultada por el matutino consideró que todavía “no hay una idea clara y definida de cómo se avanzará en la quita” del beneficio pero coincidió en que las evaluaciones ya se hicieron.

El viernes, el ministro de Economía Axel Kicillof afirmó a Radio del Plata que "tenemos esos temas en estudio”. Aplicar el bisturí no será fácil. A las presiones inflacionarias se suman las negociaciones paritarias", dijo.

Hasta ahora, la única idea pública que hicieron conocer la propia Presidente y el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, es que una posible variante para comenzar con la quita del beneficio sería la compra de dólares para ahorro.

"¿Por qué esa persona que compra dólares para ahorrar tiene que tener el beneficio de los subsidios en la tarifa de luz?' La verdad, es un buen interrogante en la Argentina discutir eso", declaró el 2 de febrero Capitanich en el programa 6,7,8, de la TV Pública. Dos días después, la jefa de Estado también hizo alusión al tema en un acto público, en Casa de Gobierno.

En principio, la propuesta que vuelve a la escena ya se concretó parcialmente a fines de 2011, cuando el Gobierno recortó subsidios a unos 500.000 usuarios con domicilios en Barrio Parque, Puerto Madero y countries del conurbano bonaerense.

El año pasado, los subsidios insumieron al Estado gastos por $ 143.000 millones, lo que equivale al 4,9% del PBI, según una estimación del Consejo Profesional de Ciencias Económicas y el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf).

Es probable que lo más importante que haya realizado el Gobierno en los últimos meses todavía no lo haya hecho si bien lo anunció. ¿Lo hará? De ello depende el éxito del resto de las medidas que se han tomado. El viernes, el ministro Axel Kicillof confirmó la intención del Gobierno de recortar subsidios a los servicios públicos que hoy involucran la friolera de $ 110.000 millones. La contrapartida será una suba en las tarifas, si lo que se pretende es quitarle presión a las cuentas públicas algo que es sumamente deseable. Junto con el nacimiento del flamante Índice de Precios al Consumidor Nacional Urbano (IPC-nu), se trata de dos iniciativas que giran en la misma órbita. Pero la primera, el anuncio de lo que aún no se hizo, podría transformarse en una vía para bajar el gasto público y, por ende, obligar al Banco Central a emitir menos dinero para financiar al Tesoro Nacional.

Es decir que mientras el recorte de subsidios ataca las causas de la inflación, el nuevo IPC –junto con el acercamiento al FMI y el saldo de la cuenta con el Club de París– hacen foco en las consecuencias, en definitiva, en la falta de dólares de la economía generada a partir del cepo cambiario. Es a partir del nuevo índice que será posible determinar qué grado de complejidad trae la cuestión inflacionaria, pero también será una llave para llegar a los mercados financieros internacionales.

Comparto con muchos colegas que puestos a elegir, siempre es preferible un Estados sin deuda o con bajo nivel de endeudamiento. Pero la alternativa actual para financiar los gastos crecientes de la Casa Rosada a esa cruzada es el aumento de impuestos o más emisión si no se quiere recortar las erogaciones públicas. El dato es que durante el último año, la recaudación aumentó al 26% anual, y el gasto público lo hizo al 33%. A la vez, en los últimos siete años, los precios en Argentina han subido 330% mientras que en el mismo período la cantidad física de dinero (base monetaria) creció un 365%. Una gran parte de todo este dinero se aplicó a financiar el gasto público del Gobierno.

Lo que es claro es que hasta que se definan las próximas paritarias, la estrategia oficial se apoya en fraccionar el traslado a precios de la devaluación y aplicar multas, aunque sin evitar un mayor enfriamiento del consumo y la actividad económica. Después podría ser el tiempo del ajuste en los subsidios.

Siempre a puertas cerradas, probablemente haya hoy en el gobierno nacional una menor cantidad de funcionarios dispuestos a discutir si la emisión monetaria es o no inflacionaria. En la traducción, si emitir dinero para financiar el déficit (comercial y fiscal) implica el aumento generalizado de los precios de la economía. La clave es ésta: cualquier expansión en la cantidad de dinero por encima de la que demanda el mercado (nosotros) es netamente inflacionaria y es responsabilidad del Banco Central determinar qué cantidad de billetes se imprimen.

Hay infinidad de ejemplos en el mundo. Pero desde mediados de los años 70, hasta los inicios de la convertibilidad, la inflación anual promedio de nuestro país arroja un insólito 400%. Cualquiera que tenga un poco de memoria juraría que no quiere volver a un escenario con tanta inflación, pero también con tanto gasto sin control.

Finalmente, y aunque la oposición política no lo reconozca, si hay algo que es seguro es que el Gobierno ha puesto en marcha una serie de iniciativas que buscan borrar lo que se hizo en materia financiera en los últimos dos años. En aquél entonces el Palacio de Hacienda optó por ponerle restricciones a todo aquél que buscara dólares, una medida que si bien frenó la fuga de capitales, también secó al Gobierno de dólares porque se frenó el ingreso de los mismos.

El hombre más enigmático del Gobierno por estas horas es el banquero central Juan Carlos Fábrega. Junto con el jefe de Gabinete Capitanich y el ministro Kicillof, Fábrega le acercó a la presidenta Cristina Fernández una veintena de medidas para salir del agujero sin fin que es la falta de dólares y la maraña de restricciones que se crearon a su alrededor. Pero la jefa del Ejecutivo eligió sólo una: que los bancos deban desprenderse de una parte de sus activos nominados en dólares. Ello provocó la última semana una baja sensible del dólar oficial y del blue (a $ 7,79 y $ 11,70, respectivamente) pero se trata en definitiva de mecanismos de corto alcance. El Garante, como le dicen en la City a Juan Carlos Fábrega, el titular del BCRA, encontró en una norma suspendida en 2005 del ábrete-sésamo para ganar algunas semanas de tiempo. Como se dijo, el efecto inmediato de esta acción dio buen resultado: en los próximos días, los bancos le venderán al Central un total de u$s 3.000 millones según los analistas de la consultora Economía y Regiones. A ello habrá que sumarle los u$s 2.000 millones que se comprometieron a vender las empresas agroexportadoras. Esos u$s 5.000 millones constituyen un puente hasta que comiencen a llegar los dólares de la cosecha, allá por principios de abril. Aquí también existe una duda que horada los despachos y las mesas de dinero: ¿podrá el Gobierno sostener los $ 8 por dólar o cederá al pulso inflacionario y la demanda de los exportadores que con seguridad le requerirán un tipo de cambio más alto? Una mirada superficial sobre los pronósticos del grueso de los economistas arrojan pronósticos que van de los $ 9,30 a los $ 10,40 como valor final para el dólar en 2014. La duda es si el BCRA hará microdevaluaciones, o volverá a confiar su estrategia en el sorpresivo ajuste del dólar.

Volviendo al señor enigma, Fábrega es hoy todo un interrogante para los principales banqueros: le dio impulso a la tasa de devaluación para evitar un creciente atraso cambiario que boicoteaba a numerosas economías regionales; luego, adoptó una estrategia de flotación del tipo de cambio, un acto de sensatez cambiaria en un contexto que ya no soportaba ‘anclar‘ el valor del dólar para que no se movieran los precios (se movían lo mismo por la emisión). Por otro lado, sumó su voto para abrir, al menos un poco, el cepo al ahorro en dólares, una modalidad de la AFIP poco transparente con una ecuación menos transparente aún. Por último, sacó su carta más fuerte y decidió pulsearle al problema de la emisión con una fuerte contracción monetaria, subiendo las tasas de interés que pagan los bonos del BCRA en 10 puntos porcentuales y que no sólo generó un retiro masivo de pesos, sino también un enfriamiento del consumo con crédito bancario.