La comisión investigadora del proyecto aurífero emitió su informe final. El texto no sólo no pide, como se esperaba, la caducidad de los permisos, sino que se plantea no aplicar el Convenio 169 ni la norma de glaciares, además de proponer nuevas reglas para blindar la inversión privada.
Se esperaba un informe lapidario; que sugiriera la revocación de los permisos ambientales y solicitara sanciones ejemplares en contra de Pascua Lama.
Pero las conclusiones del trabajo que por siete meses desarrolló la comisión investigadora del Congreso sobre los efectos ambientales del proyecto fueron por una línea muy distinta.
El documento, que fue aprobado hace algunos días en la comisión respectiva por 10 votos a favor y dos en contra, y al que tuvo acceso PULSO, plantea que si bien el titular del proyecto ha incurrido en reiterados incumplimientos, éstos han sido abordados por los cauces administrativos correctos, como la Superintendencia de Medio Ambiente, que sancionó a Barrick con 10.000 UTM más la clausura temporal de la iniciativa.
“La comisión considera que en caso que con posterioridad a la implementación de las medidas que se le han impuesto por las autoridades competentes, la empresa reincida en incumplimientos manifiestos, procedería de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico ambiental la revocación de la Resolución de Calificación Ambiental”, plantea el documento.
Además, se señala que no procede la aplicación de normas que fueron dictadas con posterioridad a la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de Pascua Lama, como el Convenio 169 de la OIT.
“En virtud del principio de irretroactividad de las normas, no pueden aplicarse al proyecto aquellas normas que no estaban en vigencia antes de que el desarrollo del proyecto fuera autorizado por el Estado de Chile, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo; el Inventario de Glaciares y la Política y la Estrategia Nacional de Glaciares; la modificación al Reglamento del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental referida a los glaciares y la modificación al Reglamento de Caudales Ecológicos de la Dirección General de Aguas”, añade el documento.
Asimismo, la comisión concluyó que tanto en lo relativo a los incumplimientos como al proceso de tramitación completo se manifiestan debilidades normativas en distintos puntos, entre ellos, la participación ciudadana, que a juicio de los diputados no opera como se debe y abre espacios para que las comunidades se manifiesten posterior a la aprobación por la vía de la protesta o recursos judiciales.
Según la comisión, estas falencias deben ser abordadas para permitir que el principio preventivo de la ley ambiental pueda operar de manera eficiente, “evitando que la participación de la ciudadanía degenere en denuncias, protestas y disconformidad posteriores a la aprobación ambiental”, se dice.
También se cuestionó las condiciones para la inversión que existen en el país y la necesidad de fortalecer la normativa. “La comisión ha constatado la necesidad de reforzar la certeza jurídica necesaria para el desarrollo de cualquier clase de proyecto productivo, especialmente de inversiones tan complejas como la minera”, dice el documento.
VOTO DE MINORÍA
El informe final, que aún debe ser votado en la sala, contó con el rechazo del diputado Alberto Robles, quien criticó las conclusiones señalando que la comisión debe elaborar un reporte político y no un análisis jurídico. Por esa razón, expresó el parlamentario radical, lo que correspondía era imponer una sanción ejemplar que enfatice la responsabilidad de una empresa extranjera. “Barrick no debería recibir una segunda oportunidad luego de los graves incumplimientos en que incurrió”, dijo Robles. Marcelo Schilling (PS) también rechazó el informe.
Diversas organizaciones que representan a las comunidades del Valle del Huasco rechazaron las conclusiones de la Comisión Investigadora de los Efectos del Proyecto Pascua Lama, al tiempo que solicitaron a través de una misiva a la Cámara de diputados que éstas sean impugnadas cuando vuelvan a sesionar, a principios de marzo próximo.
La carta firmada por organizaciones como la Asamblea por el Agua del Guasco Alto; Comité Ecológico y Cultural Esperanza de Vida, Unidos por el Agua; Comunidad Diaguita Los Tambos; Comunidad Diaguita Patay Co; Consejo de Defensa del Valle del Huasco; Iglesia Presbiteriana, Chigüinto; Pastoral Salvaguarda de la Creación; Pajareteros Alto del Carmen, y el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, OLCA recorre la labor de la instancia, recordando cómo se aprobó recién en mayo del 2013, pese a que desde el año 2007 fue solicitada por las comunidades sin que se lograra su conformación.
“Como comunidades, organizaciones y habitantes, si bien con una acumulación de incredibilidad y deslegitimación para con el mundo político en muchos de nosotros, valoramos la instancia y la abordamos como parte de nuestra estrategia comunitaria. Fue así como participamos de ella haciendo un esfuerzo de demostrar todas la pruebas de destrucción que hemos acumulado y por las cuales seguimos resistiendo desde hace ya 13 años, creyendo que la verdad, la justicia y la preocupación por el bien común se impondrían como debiese ser, subrayan.
Asimismo apuntan que ellos mismos recibieron a “la Comisión en dos extensas jornadas en Alto del Carmen el 21 y 22 de Agosto en donde se testimonió por medio de una treintena de presentaciones de diversos actores y pobladores y pobladoras locales todas la irregularidades, impactos, violación de derechos y problemáticas que este proyecto y el modus operandi de esta empresa en concomitancia con una serie de instituciones estatales ya han provocado en el Valle del Huasco, y tanto a nivel medioambiental como cultural y social. Por medio de una carta mancomunada, se solicitó la revocación y cierre definitivo de este proyecto entre otros importantes puntos a resolver de manera urgente”.
De cara al informe final que incluyó las conclusiones tras una trabajo que se extendió por siete meses que que se dio a conocer a fines de enero pasado, detallan su rechazo indicando que “el informe, al constatar una serie de incumplimientos en parte importante del desarrollo proyecto, no hace algo distinto de lo que todas las instancias fiscalizadoras han dado a conocer sobre todo los últimos tres años. Es un informe que da recomendaciones para que la muerte se siga perpetuando, y es más, la espera, es así como estima que la empresa produzca un incumplimiento más como límite para dejar sin efecto su Resolución de Calificación Ambiental, como si nuestros bienes comunes y nuestra población pudiese seguir viviendo tranquila esperando una nueva infracción o sortear otro funesto incidente sin salir perjudicada tanto en su salud, calidad de vida, economía, etc”.
Y agregan que los integrantes de la instancia, con la excepción de tres de ellos, “decidieron irresponsablemente seguir dándole chance a una de las empresas más corruptas del mundo a costa de las comunidades, quienes quedan a la deriva de más acciones contaminantes criminales”.
En esta línea apuntan irregularidades en la labor de la comisión, tales como el poco quórum e inasistencia constante de muchos de sus miembros, ”lo que demuestra el bajo nivel de interés de quienes compusieron esta comisión en donde estaba en juego la vida de comunidades, personas y niños”, plantean.
“Este quedo reflejado tanto en su comportamiento en las sesiones en donde se encargaba de menoscabar las presentaciones que aportaban datos que ponían aun más en jaque a la empresa, y por el contrario, daba facilidad para que los argumentos pro-empresa quedasen siempre más relevados. Asimismo, no asistió a sesiones que fueron muy importantes para la comunidad, las cuales se presentaban como la oportunidad de brindar información que pone en discusión y en duda la entregada por casi la mayoría de científicos e instituciones invitadas, que tal como hemos denunciado ante la Comisión, son consultores o tienen conexión de algún tipo con Barrick Gold”, señalan.
Indican también que Calderón cenó con una alta ejecutiva de Barrick, gerente de Responsabilidad social empresarial en pleno ejercicio de su cargo y que “además utilizó un terreno propiedad de trasnacional para pintar propaganda para su campaña”.
Las comunidades recuerdan cómo se encargaron de solicitar la destitución de Calderón debido a que “no podíamos confiar en la parcialidad de los resultados de esta investigación, lo cual claramente no fue acogido”.
Señalan que Calderón intentó tendenciar el informe a favor de Barrick, a través de un informe de consenso en donde se tomarán en cuenta tan sólo las conclusiones medioambientales relegando así todos los otras funestas denuncias y datos que hablan de impacto a las comunidades, a la salud, a los cultivos, a la cultura y tantos más. Una visión que fue rechazada por el diputado PPD e integrante de la comisión, Enrique Accorsi quien señaló que “creemos que esta empresa incumplió de manera alevosa y contumaz en materia ambiental por lo que debiera ser rechazada el permiso que tienen para funcionar”, por lo que destacó queapostaría, desde la oposición, por lograr la suspensión de la Resolución de calificación ambiental del proyecto.
A continuación apuntan que el UDI frenó esta alternativa, generando un borrador alternativo y “una alianza y acuerdo con los 10 diputados, entre ellos DC e independientes, que junto a él votaron este pasado 21 de Enero por la muerte para el Valle del Huasco al votar por un informe que no exige la Revocación del Permiso Ambiental de este asesino proyecto. Además al disponer de una serie de recomendaciones que excluyendo tan sólo la de agilizar la Ley de glaciares en el país, suponen reales nuevos peligros y amenazas tanto para nuestras comunidades como para toda a lo largo y ancho de nuestro territorio”, dice la misiva.
A ojos de la comunidades,”el informe, es usado como una declaración en apoyo a la empresa al hacer valer más el peso de la irretroactividad de las normas para este proyecto, como por ejemplo del Convenio 169 de la OIT o del Inventario de Glaciares y la Política y la Estrategia Nacional de Glaciares, entre otros, a su flexibilidad a favor de la justicia y el resguardo de la vida y los derechos”.
Por último enfatizan que la voz de las comunidades no fue recogida en el informe “lo que reafirma lo poco que les importamos al final”, dicen. A su juicio ”todos los meses de esfuerzo, todas las denuncias y pruebas entregadas no valen nada y asimismo nada se habla de la gran variedad de impactos sociales, culturales, de la pérdida de tradiciones, de las transgresiones valóricas propinadas por la empresa, de la afectación a la agricultura y criancería, de la división en nuestro pueblo”.
Para las comunidades se ha configurado en la Cámara una verdadera Bancada de Barrick que ”en vez de operar a favor de sus convicciones personales lo hacen en pos de la conveniencia de trasnacionales asesinas. Esta bancada está compuesta por los Diputados: Calderón Bassi (UDI), Vallespín (DC), León (DC), Urrutia (UDI), Bertolino (RN), Hasbún (UDI), Letelier (Independiente), Marinovic (Independiente), Nuñez (PPD), Pérez (RN)”
Los habitantes del Huasco apuntan que “Pascua Lama es incompatible con la vida y el Valle, este proyecto nunca debió ser aprobado. Además de corroborar que Barrick no tiene voluntad ni capacidad para manejar las condiciones ambientales, geográficas, sociales y culturales, y por ende brindar seguridad a nuestro Valle”.
“En consecuencia, lamentamos sobremanera que recomendación final no haya sido la exigencia de la Revocación de la Calificación Ambiental a esta criminal empresa que es lo mínimo que se merece sobre todo al seguir constatando este verano nuevos impactos e incumplimientos que han llevado a las comunidades a poner una serie de denuncias en todos los organismos fiscalizadores temiendo la afectación de sus aguas. Lamentablemente se nos reafirma que bien poco valen estas instancias ya que al final son manchadas y dirigidas por lo grandes poderes económicos”, dicen.
Y finalmente culminan la carta con un llamado a los “Diputados que compongan la Cámara Baja el día de la votación de este aberrante informe que voten en su contra. Exigimos que este sea castigado públicamente por no contener la realidad de la investigación que se extendió por más de 7 meses, por ser un informe corrupto lleno de omisiones, y por ser contrario a la vida ya que sigue disponiendo más y más facilidades para una empresa que solo ha traído la muerte. Llamamos a que corrobore la conclusión del informe de minoría: la exigencia de la Revocación de la Calificación Ambiental de Pascua Lama“, sentencian.
La comisión investigadora del proyecto binacional emitió su informe final avalando las acciones de Barrick Gold, empresa a cargo del emprendimiento ubicado sobre la Cordillera de Los Andes.
El texto no sólo no pide, como se especulaba la caducidad de los permisos, sino que plantea no aplicar el Convenio 169 de la OIT ni la norma de glaciares, además de proponer nuevas reglas para blindar la inversión privada.
Tras la paralización de las obras en Chile que dispuso la autoridad ambiental y ratificó la justicia, se aguardaba un dictamen lapidario; que sugiriera la revocación de los permisos ambientales y solicitara sanciones ejemplares en contra de Pascua Lama, pero las conclusiones de la Comisión Investigadora acerca de la situación ambiental, por los trabajos de construcción del Proyecto Pascua Lama, después de siete meses, en líneas generales confirma el correcto manejo de la compañía canadiense para resolver sus incumplimientos, como someterse a la Superintendencia de Medio Ambiente.
Fundamentalmente, deja de lado la posibilidad de sugerir la revocación de su Resolución de Calificación Ambiental (RCA) otorgada en febrero de 2006, la que sólo debiera ocurrir en caso que “la empresa reincida en incumplimientos manifiestos”.
Otro aspecto principal del fallo, es que se descarta la aplicación del Convenio 169 de la OIT por consulta indígena, ya que -revisada la legislación-, no sería de aplicación para el caso de Pascua Lama.
“En virtud del principio de irretroactividad de las normas, no pueden aplicarse al proyecto aquellas normas que no estaban en vigencia antes de que el desarrollo del proyecto fuera autorizado por el Estado de Chile, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo; el Inventario de Glaciares y la Política y la Estrategia Nacional de Glaciares; la modificación al Reglamento del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental referida a los glaciares y la modificación al Reglamento de Caudales Ecológicos de la Dirección General de Aguas”, afirma el documento.
Cabe destacar que a pesar de estas resoluciones, el dictamen plantea que si bien el titular del proyecto ha incurrido en reiterados incumplimientos, éstos han sido abordados por los cauces administrativos correctos, como la Superintendencia de Medio Ambiente, que sancionó a Barrick con 10.000 UTM más la clausura temporal de la iniciativa.
En tal sentido, manifestó la necesidad de mejorar el proceso participativo de las comunidades cercanas a un proyecto de tal envergadura, algo que la legislación actual chilena mantiene pendiente, ya que debiera evitar “denuncias, protestas y disconformidad posteriores a la aprobación ambiental”, como ha ocurrido con Pascua Lama, que hoy se encuentra paralizado.
Respecto a la revocación de la RCA la comisión consideró “ que en caso que con posterioridad a la implementación de las medidas que se le han impuesto por las autoridades competentes, la empresa reincida en incumplimientos manifiestos, procedería de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico ambiental la revocación de la Resolución de Calificación Ambiental”, plantea el documento.
También se cuestionó las condiciones para la inversión que existen en el país y la necesidad de fortalecer la normativa. “La comisión ha constatado la necesidad de reforzar la certeza jurídica necesaria para el desarrollo de cualquier clase de proyecto productivo, especialmente de inversiones tan complejas como la minera”, dice el documento.
Dicho documento fue aprobado hace algunos días en la comisión respectiva por 10 votos a favor y dos en contra.
Los disidentes al informe fueron Marcelo Shilling (PS) y Alberto Robles (PRSD), este último quien criticó la forma en que se evaluó en proyecto, basado más en la legislación que en lo político.
Voto de minoría
El informe final, que aún debe ser votado en la sala, contó con el rechazo del diputado Alberto Robles, quien criticó las conclusiones señalando que la comisión debe elaborar un reporte político y no un análisis jurídico. Por esa razón, expresó que correspondía imponer una sanción ejemplar que enfatice la responsabilidad de una empresa extranjera. “Barrick no debería recibir una segunda oportunidad luego de los graves incumplimientos en que incurrió”, dijo Robles. Marcelo Schilling (PS) también rechazó el informe.
