El directorio, tras recibir a una delegación del movimiento Uruguay Libre, que quiere prohibir la minería metalífera a cielo abierto, emitió una declaración en la cual expresa "su frontal rechazo" a la firma de un contrato de inversión con Aratirí y exigió al gobierno el respeto a la ley y los procedimientos previstos para evaluar y aprobar este tipo de proyectos. También exigió "que el Gobierno garantice el acceso a la población de la más amplia información frente a un tema de interés que involucra a toda la ciudadanía en general".
El directorio no decidió expresamente apoyar la recolección de firmas para reformar la constitución y prohibir la minería metalífera a cielo abierto, pero Iturralde, secretario del directorio, dijo a El País que él firmará y que también lo harán otros dirigentes como el responsable de la Secretaría de Asuntos Sociales, Eduardo Fernández, y Carmen Aramburu y Beatriz Argimón. "Va a haber una columna blanca fuerte que va a acompañar porque hay que poner el tema en agenda", sostuvo.
El directorio no adhiere formalmente a la campaña y deja en libertad de acción a la militancia porque entiende que la adhesión a este tipo de iniciativas debe ser resuelta por cada ciudadano en forma individual, explicó.
Iturralde dijo que la minería a cielo abierto "se contradice con el Uruguay natural" y que a la empresa Zamin Ferrous, que impulsa el proyecto Aratirí para extraer hierro en la zona de Cerro Chato, "no la conoce nadie",
El legislador señaló que se pretende firmar un contrato "a la carrera, sin estudios medioambientales" y que se deberían estudiar otros métodos de extracción del hierro porque la actividad de Aratirí afectaría tierras productivas y contaminaría una amplia extensión hasta Melo, la capital de Cerro Largo. "Tienen que opinar los científicos. ¿Por qué no se llama a licitación? Esto se hace con nombre y apellido. Esto puede ser otra Pluna, advirtió el legislador blanco.
"Nadie sabe dónde se haría el mineroducto (que transportaría el hierro a las costas de Rocha). El puerto de "aguas profundas" es otra de las cosas que no se van a hacer. Lo que va a quedar es un puerto para Aratirí en una zona turística en la que la tierra vale diez veces más que hacia la zona del Chuy", advirtió.
El precandidato blanco Jorge Larrañaga ha endurecido recientemente sus críticas a Aratirí. Sin embargo, dos intendentes blancos, Wilson Ezquerra, de Tacuarembó, y Benjamín Irazábal, de Durazno, no respaldan la campaña para prohibir la minería metalífera a cielo abierto. Sí lo hace la intendente de Lavalleja, Adriana Peña, que respaldó la decisión de la Junta Departamental de ese departamento que prohibió las minas a cielo abierto.
Víctor Baccheta, uno de los impulsores del movimiento Uruguay Libre que impulsa el referéndum, dijo a El País que se buscará mantener reuniones con la Mesa Política del Frente Amplio y el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado. El movimiento "está coordinando con algunos sectores blancos para no superponernos" aunque "no queremos sustituir al sistema político", dijo. Para Baccheta, las sucesivas postergaciones de la firma del contrato con Aratirí -originalmente previsto para diciembre-, "genera más desconfianza" porque "el gobierno usa pretextos para no decir lo que pasa",
Por otra parte, la Sociedad Agropecuaria de Cerro Chato envió una carta abierta al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Tabaré Aguerre, para rebatir sus argumentos en defensa de la minería. Los productores señalan que las hectáreas afectadas son 15.000, más de las que el ministro cuantificó a las que se deben sumar 12.000 hectáreas reservadas para prospección y exploración. El denominado "distrito minero" afectaría a un centenar de unidades productivas, sostiene la gremial, en una zona donde existen estancias turísticas, diversificación productiva con zonas forestadas, ganado con genética de primer nivel e importantes fuentes de agua.
La gremial señala también que el propio informe de impacto ambiental de la empresa admite que se deberán desviar los arroyos Valentines, Las Palmas y Las Conchas además de parte del río Yi, a la altura de la mina Maidana. Y denuncia también la construcción prevista de un dique de relave para depósitos de aguas contaminadas con drenaje ácido. "La ubicación de esta actividad en las cabeceras de cuenca del río Yi y del río Olimar, implica una afectación severísima e imprevisible de los recursos hídricos de esta región (...) el mineroducto en su trayectoria hacia las costas de Rocha atraviesa 200 corrientes de agua entre ellas los ríos Yí y el Cebollatí", dice la agropecuaria.
Los productores de Cerro Chato también refutan a Aguerre que minimizó la utilización prevista de productos químicos. Señalan que está prevista la utilización de 43.000 toneladas anuales de explosivos químicos, 200.000 litros de fuel diarios y 1.700 toneladas diarias de floculante poliacrilamida, con componentes cancerígenos. "Con total seguridad los productores de ésta zona-tan duros como el hierro - seguiremos siendo porfiadamente ciudadanos de este lugar , productores rurales y familiares, más allá del acotado tiempo de su ministerio", dice la carta de la agropecuaria. La gremial decidió declarar persona no grata al ministro Aguerre.
Víctor Baccheta, del Movimiento Uruguay Libre, dice que parte del mineral de la zona de Valentines está constituido por hematita que no puede ser separada del hierro por magnetismo, por lo que se requiere de un proceso químico para hacerlo. La empresa dice que el uso de químicos será mínimo. El activista denuncia que Aratirí utilizaría 1.700 toneladas diarias de poliacrilamida, un floculante orgánico que puede causar cáncer y lesiones genéticas. "Una de las principales fuentes de contaminación química del proyecto de Aratirí está constituida por el drenaje ácido de roca (DAR) que se escurre por las paredes de los cráteres (...) y por las pilas de desmonte al costado de los cráteres, con una superficie de dos y media a tres veces mayor que el cráter y una altura de hasta 100 metros", señaló Baccheta. También son peligrosos, sostiene, los desechos ("estériles"), que tienen una composición menor de elementos químicos, hierro (entre 2 y 10% frente a 28% del sector más rico) y otros metales que, al entrar en contacto con el agua y la atmósfera del ambiente exterior, forman sales ácidas y metalíferas peligrosas para la salud del ser humano", dice.
Centenares de activistas ambientales protestaron hoy en Montevideo contra la inminente firma de un acuerdo entre el Gobierno uruguayo y la empresa minera Zamin Ferrous que habilitará el proyecto minero de Aratirí, una gigantesca mina de hierro a cielo abierto que se ubicará en el corazón del país.
Ante unas inusuales medidas de seguridad, que acordonaron una cuadra entorno a la sede de la Presidencia de la República, los manifestantes, en su mayoría jóvenes, expresaron su rechazo tanto al proyecto como a las formas en las que se está desarrollando la firma del mismo y alertaron sobre el daño medioambiental y la falta de beneficios reales para los uruguayos que tendrá su puesta en marcha.
"Pedimos que no se firme el contrato, que se ampara en una ley inconstitucional, aprobada en el Parlamento solo con votos oficialistas y de urgencia porque la empresa minera tenía urgencia", dijo a Efe Germán Parula, de la Asamblea Pachamama Uruguay, una de las convocantes a la movilización.
Según apuntó Parula, el proyecto Aratirí pretende desarrollarse en una zona "fértil y productiva" y generará unos daños "inaceptables" sin que haya nada que pueda compensar si finalmente se pone en marcha.
El proyecto minero pretende invertir más de 1.000 millones de dólares en un complejo minero de 6.210 hectáreas, un mineroducto de 212 kilómetros y una terminal portuaria en el océano Atlántico para exportar 18 millones de toneladas de hierro al año.
En un primer momento, el acuerdo se iba a cerrar en 2011, pero presiones ambientalistas y políticas obligaron al Gobierno a modificar las leyes mineras para acomodarlas a un proyecto de una envergadura sin precedentes en el país.
La nueva norma, aprobada el año pasado, establece nuevas normas de gestión ambiental y social y el aprovechamiento fiscal de las rentas obtenidas por la venta del mineral.
Según el Gobierno y la empresa, el proyecto generará grandes beneficios económicos y empleo de calidad en la zona, hoy dedicada a la ganadería, y podría derivar en un incremento de la industria en el país.
Sin embargo, para Parula esta capacidad de desarrollar una industria local aprovechando el mineral "no existe", ya que el país no cuenta con capacidad para hacerlo en el corto plazo, mientras que dudó de los planes gubernamentales que dicen que Aratirí dejará el 50 % de sus beneficios en el país a través de impuestos y cánones.
"Es una ilusión. Las mineras en América Latina no dejan más del 20% de sus ganancias en cánones y aquí dicen que dejará la mitad. Es sorprendente", añadió.
Asimismo, también dudó de la creación de puestos de trabajo, ya que otras grandes inversiones en el país, como la planta papelera de UPM, también prometían mucho y "hoy emplean a menos de 200 personas".
"No creemos en este tipo de crecimiento, y la historia de América en este sentido nos ha aleccionado bastante bien", indicó Parula.
Precisamente hoy mismo el directorio del opositor Partido Nacional (conservador), se pronunció contra la firma del convenio por Aratirí, y exigió al gobierno respetar la ley y los procedimientos antes de hacer nada parecido.
