ALEJANDRA COSTA

El Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) es una institución del Banco Mundial con sede en Washington que propicia la solución de conflictos entre los estados y las empresas de otro país con los que han firmado tratados de protección de inversiones. 

En el caso de la demanda que podría interponer la minera canadiense Bear Creek contra el Estado peruano, que podría pedir una indemnización de US$1.200 millones porque el gobierno de Alan García le retiró los derechos sobre la mina Santa Ana (Puno), la empresa está amparándose en el Tratado de Libre Comercio (TLC) que firmaron Canadá y Perú el 29 de mayo del 2008. 

DP WORLD: Batalla por el puerto

La operadora del Muelle Sur del Puerto del Callao presentó al Ciadi una demanda contra el Estado peruano en el 2011 exigiendo el pago de una compensación de US$200 millones. La empresa argumenta que se vio afectada por una resolución del Ministerio de Transportes que promovía la competencia al interior de los puertos que tuvieran más de un concesionario, bloqueando en la práctica la participación de la emiratí en la licitación de concesión Terminal Norte, que terminó en manos de la holandesa APM Terminals. Ello, pese a que fue DP World la que le sugirió al Estado peruano, a través de una iniciativa privada, modernizar el terminal para hacer frente al inminente incremento de movimiento de contenedores en el Primer Puerto por el aumento de las exportaciones. 

RENÉE ROSE LEVY: Por partida doble

La hermana de nacionalidad francesa del empresario Jacques Levy, dueño de la constructora Gremco, demandó al Perú ante el Ciadi en junio del 2011 pidiendo una indemnización de US$2.500 millones junto con Gremcitel, la empresa de su otro hermano Isy Levy. La familia se queja de que no se les haya permitido construir un condominio en un terreno de su propiedad en el Morro Solar, que es, desde 1977, intangible. 

En setiembre del 2010, el Ciadi ya había admitido otra demanda de Levy contra el Estado peruano, a nombre de su familia, solicitando una compensación de US$840 millones por la intervención del quebrado Banco Nuevo Mundo, ocurrida en el año 2000. Renée Rose es accionista mayoritaria de Nuevo Mundo Holding, principal inversionista de la entidad bancaria.

En la demanda, amparada en el Tratado de Inversiones Perú-Francia, se esgrime que otras entidades bancarias recibieron un trato más favorable para acogerse al sistema de reflotamiento establecido por el Gobierno y a fondos de fortalecimiento patrimonial para evitar la quiebra. 

CONVIAL PERÚ. Pelea sobre ruedas

Amparada en el Convenio Bilateral de Protección de Inversiones Perú – Argentina, la empresa argentina de infraestructura inició un proceso contra el Estado peruano porque la Municipalidad del Callao anuló el contrato de concesión para construir la cuestionada Vía Expresa Faucett, en el Callao. Como se recuerda, el contrato le permitiría a la empresa cobrar un peaje de S/.1,5 por el uso de una vía rápida de tan solo un kilómetro y medio. La firma ha solicitado una indemnización de US$30 millones en el arbitraje fue admitido por el Ciadi en abril de este año. 

TZA YAP SHUM: Compensación de US$1 millón

El empresario pesquero chino demandó al Estado peruano ante el Ciadi, amparado en el Tratado de Protección de Inversiones entre Perú y China. La demanda, admitida por el Ciadi en febrero del 2007, exigía una compensación económica de US$20 millones debido a que, en diciembre del 2004, la Sunat le imputó a TSG Perú una supuesta deuda tributaria por S/.13 millones y procedió al embargo de cuentas apenas un mes después de la primera notificación. El organismo falló en contra del Estado peruano y ordenó el pago de una indemnización de US$1 millón a favor de Tza Yap Shum. Actualmente, el tribunal evalúa una solicitud de anulación del fallo presentada por el Estado peruano. 

ISOLUX: Conflicto eléctrico

El proceso fue iniciado en enero del 2012 por las empresas energéticas españolas Elecnor e Isolux Corsán Concesiones, bajo el Acuerdo de Protección Recíproca de Inversiones entre la República del Perú y el Reino de España.  Las empresas habían ganado la concesión en abril del 2008 para la construcción y operación de las líneas de transmisión eléctrica Mantaro – Caravelí – Montalvo y Machu Picchu – Cotaruse, con la propuesta de invertir US$181 millones en ambos proyectos y tenerlos listo antes del cierre del 2010. En la demanda por US$11 millones, el consorcio señala que sus obligaciones se habían tornado excesivamente onerosas. En agosto del 2013, el Tribunal Arbitral del Ciadi aceptó que Elecnor se retire del proceso, el cual es mantenido por Isolux.

Este es el segundo proceso que abre la empresa, después de que el Ciadi condenara al consorcio en abril 2013 a pagar una indemnización de más de US$3 millones al Perú. También la obligaó a cumplir el pago que exigía el Gobierno -y que es la raíz del conflicto- de US$35,9 millones por el atraso de la puesta en operación comercial de ambos proyectos. En setiembre del 2013 el Perú las demandó también ante el Ciadi exigiéndoles el cumplimiento de la millonaria obligación. 

CASOS CERRADOS

LUCHETTI: El Ciadi se declaró incompetente

En 2005, Andrónico Luksic Abaroa demandó al Estado peruano ante el Ciadi, solicitando que se indemnizara a Lucchetti con US$150 millones, más intereses y costas, debido a que la Municipalidad de Lima, bajo la dirección de Alberto Andradre, anuló en 1998 las autorizaciones otorgadas para la construcción de su planta en Villa. En febrero del 2005, el Ciadi se declaró incompetente para resolver la demanda debido a que el tratado de protección de inversiones con Chile se firmó después del conflicto. 

AGUAYTÍA ENERGY: Perú gana el arbitraje.

En mayo del 2006, la empresa Aguaytía Energy LL demandó al Perú ante el Ciadi por un monto de US$150 millones. La transnacional acusaba al Perú de un supuesto trato discriminatorio. basándose en basada en un Convenio de Estabilidad Jurídica suscrito el 17 de mayo de 1996. La empresa sostenía que el Perú le había ofrecido un modelo de inversión más ventajoso a la empresa colombiana ISA en el 2001, una de sus competidoras.

En su defensa, el Estado peruano sostuvo que los Convenios de Estabilidad Jurídica, un instrumento del régimen de inversión extranjera en el Perú, no pueden ser interpretados de manera de otorgar derechos sustantivos a los inversionistas, y que solamente garantizan que ciertas normas no serán modificadas durante un plazo de diez años. En diciembre del 2008, el Ciadi le dio la razón al Perú y dejó sin efecto la demanda.

CASO DUKE ENERGY: Concluido con el 70% a favor de Perú
La empresa energética Duke Energy International Perú Investments presentó un reclamo ante el Ciadi en octubre del 2003, referido a la supuesta violación de determinadas garantías contenidas en el Convenio de Estabilidad Jurídica suscrito con el Estado peruano dos años atrás. Lo que había sucedido era que la Sunat le pedía pagar a la empresa US$12,4 millones por pagos incompletos de impuestos entre 1996 y 1999, así como US$35,9 millones adicionales por concepto de intereses y penalidades.

Duke Energy demandó al Estado peruano por US$42 millones indicando que el proceder de la Sunat no era el mismo con otras empresas elétricas. Finalmente, el Tribunal Arbitral del Ciadi declaró fundada en parte la demanda en agosto del 2008 y ordenó al Perú pagar la suma de US$18,4 millones.