La Bolsa de Comercio de Santiago (BCS) declaró mediante un comunicado que esperará hasta que se pronuncie el fallo del denominado caso cascada antes de emitir algún tipo de opinión, juzgar y tomar acciones respecto a personas involucradas en la investigación.
“Tal como ha manifestado desde un comienzo, la Bolsa no anticipará opiniones, juicios ni eventuales medidas respecto de las instituciones y personas mencionadas en las investigaciones que lleva a cabo la Superintendencia de Valores y Seguros, en tanto no exista un fallo sobre las mismas”, señaló la entidad.
De conformidad a lo anterior agregó que, “es precisamente en este contexto, y como parte de su permanente preocupación por adecuar la operatoria y regulación a las necesidades del mercado, que la Bolsa dio a conocer el Informe desarrollado por el Comité Ad hoc, creado por su Directorio, para el estudio de la normativa bursátil y que ha concluido con la presentación de un total de 12 propuestas de modificaciones a la operatoria bursátil vigente.
Este documento está disponible en la página web de la Bolsa para comentarios de corredores y del mercado en general, hasta el 31 de marzo próximo”.
En su rol institucional, la Bolsa continuará prestando toda la colaboración necesaria en las investigaciones desarrolladas por la Superintendencia de Valores y Seguros conforme lo ha realizado siempre, aportando la información y antecedentes requeridos por dicho Servicio, conforme a sus facultades.
Los antecedentes conocidos esta semana respecto del denominado caso cascadas, en especial los publicados por el Diario Pulso, con los fundamentos de las formulaciones de cargos realizadas por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), ponen de manifiesto la gravedad de las conductas imputadas y el daño que causan al prestigio del mercado de valores chileno.
En septiembre pasado, la SVS había ya formulado cargos a los ejecutivos de diversas sociedades vinculadas a la propiedad de SQM, donde se les acusaba de realizar operaciones de compra y venta de títulos con infracción a la legislación del mercado de valores, en especial en lo referido a la prohibición de las transacciones ficticias. Ahora ha formulado cargos contra quienes a la fecha de las transacciones eran los ejecutivos de dos importantes corredoras, LarrainVial y Banchile, acusándolos de haber participado como intermediarios para permitir la realización de esas transacciones supuestamente ficticias, entre otras conductas prohibidas por la ley.
También son acusados por este motivo los representantes de otras sociedades, que habrían sido contraparte de estas operaciones, adquiriendo las acciones de las sociedades sin el ánimo de tomar su propiedad, sino con el único objeto de hacer posible el cumplimiento de las formalidades reglamentarias para que pudieran llevarse a cabo.
Este carácter ficticio se apoya en hechos como la forma en que se realizaron las operaciones -los intermediarios actuaban como compradores y vendedores en lapsos muy breves-, o el hecho de que se entregaban financiamientos sin garantías, prueba de la confianza más allá de lo usual. La acusación de la SVS busca la aplicación de sanciones administrativas, pero en caso de resultar confirmados los antecedentes la autoridad deberá remitirlos también al Ministerio Público, ya que constituyen delitos castigados con severas penas.
La ley de mercado de valores asigna la mayor gravedad a este tipo de conductas, porque afectan un pilar esencial de la confianza bursátil, esto es, que los precios deben ser el resultado de transacciones transparentes y donde ambas partes tienen el ánimo real de comprar y vender.
En este caso no cabe prejuzgar las responsabilidades mientras los afectados no ejerzan su derecho a formular sus descargos y se emitan los pronunciamientos definitivos por las instancias administrativas y judiciales, pero la gravedad de los hechos y el monto de los recursos involucrados -en algunos casos fondos de terceros bajo administración fiduciaria- hacen indispensable que los órganos responsables del buen funcionamiento del mercado asuman en forma proactiva la revisión de los antecedentes en su ámbito y adopten medidas inmediatas para evitar que se repitan.
Hasta ahora, la Bolsa de Comercio de Santiago, el principal de esos órganos, no ha mostrado la diligencia requerida. Más aún, no parece sano para el rol que esa entidad debe cumplir en este caso que, mientras no se aclaren los hechos, siga ejerciendo su cargo en el órgano superior de la Bolsa uno de sus integrantes, que al mismo tiempo se encuentra cuestionado por la SVS por su participación en estas operaciones. El rol que en muchas oportunidades el sector privado ha reclamado se reconozca a la autorregulación y a la supervigilancia del mercado por sus propios órganos, se juega decisivamente en la forma como se enfrentan este tipo de casos.
