Hace dos décadas, Drummond Co. llegó a esta esquina calurosa de Colombia y, a pesar de disturbios civiles y de enfrentamientos con las autoridades, mantuvo el flujo de carbón de dos grandes minas.

No obstante, las exportaciones de la minera estadounidense se detuvieron el mes pasado, cuando el gobierno ordenó su suspensión debido a que la compañía se demoró demasiado en instalar un sistema de carga que evite que partículas de carbón contaminen el puerto caribeño de Santa Marta.

La sanción es un golpe para Drummond, así como para Colombia, donde la empresa emplea a cerca de 10.000 trabajadores y paga unos US$6 millones al día en impuestos, regalías y nómina.

La orden de suspensión demuestra que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, por lo general favorable al sector empresarial, está respondiendo con mayor frecuencia a la presión pública sobre lo que se percibe como abusos de empresas extranjeras.

"Cuando la gente ve que una compañía está constantemente violando la ley, tiene que dar ejemplo", dijo la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Luz Helena Sarmiento. "Este es un país que le da la bienvenida a la inversión, pero se tiene que obedecer la ley".

Un portavoz de Drummond dice que la compañía está haciendo un esfuerzo de buena fe para instalar el sistema de carga, invirtiendo US$360 millones en el proyecto que tiene contemplado completar a principios de abril. La orden de instalar el sistema fue dada en 2007, pero la minera dice que el progreso se ha retrasado debido a las huelgas y los permisos requeridos.

"Lo que es nuevo y preocupante [para los inversionistas] es la intensidad y la fuerza de la respuesta del gobierno", dice Daniel Linsker, director de minería para América Latina de la consultora Control Risks. El presidente Santos aspira a la reelección en mayo.

Colombia es el cuarto mayor exportador de carbón térmico en el mundo, según la Asociación Mundial del Carbón, un grupo de la industria. El mineral representó US$5.900 millones de los US$53.500 millones en exportaciones del país entre enero y noviembre de 2013, según el gobierno.

Drummond, que no cotiza en bolsa, no quiso revelar sus resultados financieros, pero indicó que el año pasado exportó 22,8 millones de toneladas de carbón colombiano. El mineral se envía principalmente a Europa. Eso representaría 27% del total del país, según el Ministerio de Minas y Energía.

La minera con sede en Alabama llegó a Colombia a principios de los 90 y es dirigida por Garry Drummond, un hijo del fundador. Opera dos minas en el departamento del Cesar, a unas cuatro horas en auto de Santa Marta.

Durante el reciente auge económico del país, ha habido muchas quejas relacionadas con la actividad minera, pero Drummond, en particular, parece haber entrado a menudo en conflicto con las autoridades y la opinión pública.

La empresa ha tenido que defenderse en demandas que la acusan de colaborar con grupos paramilitares. Uno de sus contra-tistas fue sentenciado a 38 años de cárcel por el homicidio de dos sindicalistas en 2001. Drummond ha negado categóricamente cualquier responsabilidad o participación en los crímenes.

La compañía también ha recibido órdenes de reubicar poblaciones a causa de la contaminación del aire cerca de sus minas y fue multada el año pasado con US$3,6 millones por verter carbón en el mar Caribe. El 31 de enero, el fiscal general del país, Eduardo Montealegre, anunció planes de presentar cargos penales contra seis empleados de la empresa antes de finales de este mes en relación con la contaminación. Las autoridades argumentan que la vida marina que ha sido dañada tomará entre 30 y 40 años en recuperarse.

En un día reciente, cerca del puerto de Santa Marta, Miladis Márquez, de 50 años, recogió trozos de carbón en la propiedad que su familia tiene frente a la playa. La mujer, que afirma que la arena se ha vuelto gris debido al polvo del mineral, promociona la pintoresca propiedad, Las Playitas, para el ecoturismo. "Cuando los turistas llegan a nuestra playa, ven el paisaje hermoso pero [...] enseguida dicen: 'Oy, la contaminación'", contó.

Drummond dice que pruebas han demostrado una cantidad mínima de carbón en el agua cerca del puerto y que la decoloración proviene de rocas negras que se encuentran en la arena de la zona.

La minera ha causado revuelo no sólo en el puerto de Santa Marta, sino también al interior del país, donde extrae el carbón. En el pueblo de Bosconia, hasta 26 trenes cargados de carbón pasan a diario llevando hasta 160.000 toneladas en vagones descubiertos. El carbón pertenece a Drummond, a la división Prodeco de Glencore Xstrata PLC y a Colombian Natural Resources (CNR), controlada por Goldman Sachs Group Inc.

Los residentes han solicitado al gobierno y a las empresas que trasladen la vía férrea fuera del casco urbano. Los residentes reportan problemas respiratorios en los niños y dicen que sus modestas casas de un piso están agrietadas debido a las vibraciones causadas por el paso frecuente de los trenes.

Drummond señala que no hay planes para trasladar el ferrocarril, pero que tomará medidas para reducir el impacto de los trenes. Pruebas del aire indican una contaminación limitada y el carbón en los vagones abiertos se humedece y se compacta para minimizar el polvo, agrega.

Prodeco dice que ha adoptado medidas contra la polución, como la plantación de una barrera de árboles y la limpieza de las carreteras. CNR no respondió a pedidos de comentarios.

Más cerca de las minas, la contaminación del aire ha obligado el traslado de al menos dos pueblos a expensas de las empresas mineras. En uno de ellos, El Hatillo, un caserío de unas 550 personas, algunos residentes se sienten decepcionados por tener que irse. Marta Caldera no es uno de ellos. "Todas las noches lavo los platos y por la mañana tengo que volverlos a lavar porque están cubiertos de polvo", dice la mujer de 58 años.

"Nos preocupa el riesgo para la salud humana en cualquier área en la que trabajamos", afirma Drummond.

Sin embargo, hay muchos residentes que ven a Drummond como un salvavidas económico en una región de extrema pobreza. Uno de ellos es Clímaco Díaz, un conductor de la empresa. "Todos vamos a terminar desempleados si el gobierno sigue causándoles problemas", afirma.