En éste último tiempo, y acaso porque algunos se dieron cuenta – tarde — de que estábamos en medio de la peor crisis energética de nuestra historia, los argentinos han comenzado a involucrarse y a tomar contacto con los temas energéticos.

Y al abordarlos, se concluye rápidamente que estamos frente a un grave problema, pero a ese grave problema se le opone la gran solución. A partir de ese punto, los argentinos comenzaron a escuchar términos tales como ‘no convencionales’, o si se prefiere ‘tight gas’, ‘shale oil’, y pegado a ellos Vaca Muerta, en Neuquén.

La Argentina está en el tercer lugar en el mundo en reservas de shale gas, con el 11% del total, detrás de China y Estados Unidos. Y más de la mitad de esos recursos están en la Cuenca Neuquina.

El potencial del shale gas y del shale oil en la Argentina abre un nuevo horizonte. Las reservas de gas convencional en la Argentina, según YPF, alcanzan a 0,5 billones de metros cúbicos; el shale multiplicaría estas reservas cuarenta veces. Algo similar ocurre con el petróleo: las reservas actuales alcanzan a 2.500 millones de barriles; los recursos no convencionales las multiplicarían diez veces.

Es decir, el desarrollo del shale le permitiría a la Argentina revertir la declinación de las reservas, lograr el autoabastecimiento y volver a exportar energía, sostener el crecimiento, terminar con la importación de energía y combustibles y finalizar con un drenaje anual de 15.000 millones de dólares.

Definido este horizonte de oportunidades y riqueza, la pregunta que no integra la agenda y que muy pocos se hacen es: ¿quiénes son los dueños de los recursos no convencionales en nuestro país?

La respuesta sería sencilla: la reforma constitucional del 94 consagra la potestad de las provincias sobre sus recursos naturales; existe un correlato con la sanción en 2006 de la ley 26.197, conocida como ley corta, que ratifica la titularidad de las provincias sobre los yacimientos. Pero, en la práctica, las provincias productoras quedaron acotadas a la formalidad de la concesión de sus áreas.

El gran condicionante radica en que las provincias son dueñas de un recurso cuyo precio lo fija de manera arbitraria e inconsulta la Nación. Esta arbitrariedad del Gobierno Nacional ‘congeló’ el precio del gas convencional — la principal fuente de ingresos de Neuquén — en estos últimos diez años, bajo la mirada complaciente del gobierno neuquino, que permitió la inmensa brecha entre los precios que reciben los productores en nuestras cuencas respecto a los que se pagan por su importación. Así, se paga un promedio de US$2,5 por millón de BTU en las cuencas productoras locales y se abona US$11 el que se compra a Bolivia y alrededor de US$18 el gas natural licuado (GNL), que proviene de Venezuela o Qatar. Para que quede claro: en la provincia del Neuquén hay pozos cerrados porque tienen un costo de producción de US$4 o US$5, mientras se importa gas natural mucho más caro.

Hoy, quienes son las “dueñas” de los recursos participan de la renta en un 12 o 15 % en concepto de regalías, calculadas sobre la base de precios que son un insulto a las provincias productoras y a las economías regionales.

Se necesita una legislación que reglamente todos los aspectos de la producción y comercialización hidrocarburífera, que no haya margen para la prepotencia que se plasmó con la creación de una Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica comandada por el Ministerio de Economía, de Planificación y la Secretaria de Energía de Nación.

Hay que dar la discusión a fondo sobre lo medular, que se debata y propicie una justa participación de las provincias productoras en el negocio del petróleo y del gas. Mientras esto no ocurra, las provincias seguirán siendo testigos de millonarias inversiones en las que participan con una renta insignificante, en calidad de dueñas del recurso, mientras la Nación y las empresas se llevan la mayor parte.

* (EX JEFE DE GABINETE DE NEUQUÉN)