El kirchnerismo se jugará mucho el jueves, cuando por la tarde difunda el nuevo Indice de Precios al Consumidor Nacional Urbano (IPCNu), y se determine si realmente el Gobierno quiere tomar la decisión de dar el primer paso importante para comenzar a solucionar el problema de la inflación: reconocerla. Según fuentes del Gobierno, si el indicador diera un resultado por encima del 3% para enero, ya sería considerado creíble y se destrabarían las puertas políticas para un eventual acuerdo con el organismo. Si fuera de menos de esa cifra nuevamente el país ingresaría en conflicto por sus estadísticas de inflación y crecimiento de PBI.

Mientras tanto, los datos sobre cómo se tomaron los resultados del alza de precios del primer mes del año ya fueron enviados al Fondo Monetario Internacional (FMI), para que el organismo financiero tenga en cuenta que la aplicación que se utilizó en la nueva variable obedece a las recomendaciones que en su momento técnicos enviados especialmente por Christine Lagarde. Luego, el próximo jueves, el Fondo será el primero que tenga los datos estadísticos.

Así lo terminó de negociar en los últimos días la embajadora argentina ante Washington, Cecilia Nahón, encargada desde la salida de Hernán Lorenzino del Ministerio de Economía de llevar adelante las relaciones con el organismo; las que, según fuentes oficiales, mejoraron notablemente desde marzo del año pasado hasta acá. En aquel mes, el FMI le había aplicado al país la "moción de censura" por sus impresentables estadísticas de inflación y crecimiento del PBI, y amenazaba con suspender al país en la siguiente reunión de directorio de septiembre de 2013. Comenzó a partir de ese momento un proceso más diplomático que técnico entre Lorenzino y Nahón, para que desde el FMI se acepte el nuevo índice que, en ese momento, comenzaría a aplicarse a fines de 2014. Por presión de la propia Lagarde, que a su vez había recibido un llamado personal del presidente francés Françoise Hollande (uno de os pocos aliados internacionales que tiene el Gobierno de Cristina de Kirchner), para que no castigue a la Argentina.

Entre junio y agosto las relaciones entre el país y el organismo financiero mejoraron notablemente, y el Gobierno aceptó acelerar la aplicación del IPCNu a enero de 2014. Luego, en la reunión de septiembre donde se trató el caso argentino, el Fondo evitó una sanción al país y aunque no levantó la "moción de censura" le dio una oportunidad que presentara en sociedad el nuevo indicador. Luego, si este resulta creíble, habrá un nuevo encuentro en marzo próximo donde se avalará, o rechazará, el índice y finalmente otra reunión también en septiembre, en Washington, donde definitivamente se le quitaría la alternativa de la sanción. Obviamente, siempre que las cifras sobre la inflación real que se difundan el jueves sean creíbles.

El nuevo IPCNu fue elaborado en diciembre de 2010 por tres técnicos del FMI enviados personalmente por Lagarde a Buenos Aires luego de una conversación con el entonces ministro de Economía Amado Boudou. En Argentina trabajó el inglés Robert Rennhack, que permaneció en el país unos siete días y estableció los lineamientos técnicos que debería tener un nuevo índice para que el Fondo lo avale. Rennhack dio un primer informe positivo. Sin embargo, las demoras desde Buenos Aires para acelerar la aplicación del nuevo indicador provocaron una crisis hacia fines de 2012, que derivó en la amenaza de la sanción de marzo de 2013. Finalmente, una gestión de Lorenzino ante el mexicano Alejandro Werner, para entonces ya director gerente para el Hemisfério Occidental del FMI; hizo que se acelerara la presentación del nuevo IPCNu y se decidiera suspender la aplicación de la sanción.

Si finalmente el nuevo indice es creíble, a la Argentina se le abre una puerta inmejorable para que luego el FMI avale las cuentas públicas entre marzo y septiembre de este año. Con esto, si Alemania y Japón siguen presionando como hasta ahora y no aceptan que el FMI no intervenga como aval de un acuerdo con el Club de Paris; el organismo daría el visto bueno para un acuerdo y se levantaría el pasivo más importante que aún queda sin cerrar luego del default de 2001. Si el jueves se demuestra, por el contrario, que el Gobierno quiere aún ocultar las cifras reales del aumento de los precios la situación se complicará y se eclipsarían las posibilidades de una nueva oportunidad de relacionarse seriamente con los mercados financieros internacionales.

La nueva medición se hará con unos 290 agentes para relevar unos 200 mil precios de distintos bienes y servicios de la canasta de consumo. El valor único de variación de precios en el territorio nacional será el resultado de seis canastas regionales que abarcan 520 bienes y servicios cada una, de los cuales 478 son comunes y el resto particulares de cada región. Las canastas son Noroeste, Noreste, Cuyo, Pampeana, Gran Buenos Aires y Patagonia.