Bear Creek Mining anunció a través de un comunicado, que ha entregado a la Ministra de Economía y Finanzas del Perú, el 6 de febrero de 2014, un aviso con la intención de someter la reclamación a arbitraje ("Notificación de Intención"), en virtud del Acuerdo de Libre Comercio entre Canadá y Perú ("Canadá-Perú TLC"). La controversia surge de la promulgación del Gobierno peruano del Decreto Supremo 032 del 25 de junio de 2011, que pretende rescindir los derechos de la Compañía para operar el proyecto de Santa Ana y que se tradujo en una paralización total de las actividades de Santa Ana y en daños significativos para la Sociedad. Para Bear Creek, las acciones tomadas por Perú constituyen una violación al TLC firmado entre Canadá y Perú, a la legislación peruana e internacional.
"La notificación de Intención es necesaria con el fin de preservar los derechos de la compañía para iniciar el arbitraje de no llegar a una resolución con el gobierno peruano", explicaron desde la empresa. La presentación de la Notificación de Intención también inicia un período de consulta de seis meses entre las partes durante el cual continuarán intentando resolver amistosamente la controversia. Si no se alcanza un acuerdo amistoso en ese período de seis meses, la Sociedad podrá entonces iniciar un procedimiento de arbitraje internacional contra el Perú de acuerdo con el TLC.
Con base en la opinión de los abogados externos de la Compañía, y las discusiones en curso con el gobierno peruano y las comunidades locales, la Compañía sigue siendo optimista de que se llegue a un acuerdo en esta controversia en relación con el proyecto de Santa Ana para evitar el arbitraje internacional. El Ministerio de Energía y Minas emitió recientemente una declaración pública de que Perú quiere llegar a una solución amistosa a través del diálogo con la sociedad. El deseo de la compañía es para ambas partes, llegar a una solución favorable mutuamente aceptable, como lo demuestran las numerosas propuestas presentadas por Bear Creek al gobierno peruano a la fecha, con el fin de permitir que la empresa recupere su desarrollo del Proyecto Santa Ana para el beneficio de nuestros accionistas, las comunidades locales y la nación peruana en su conjunto. Si esta solución no se consigue en los próximos seis meses, la compañía no tendrá otra alternativa que perseguir sus reclamaciones ante un tribunal internacional y pedir indemnización completa por los daños de la Compañía ha sufrido como resultado de actos de Perú.
"Estamos haciendo los trámites para que se nos devuelva el Decreto Supremo que nos corresponde por ley. Somos muy respetuoso de la decisión de la gente. Si la población de Santa Ana no quiere minería, a pesar de que es una buena inversión tanto para la empresa como para ellos, la empresa se retira. Pero que el Estado nos deje trabajar y mostrarle a la comunidad lo bueno que tiene el proyecto Santa Ana para su desarrollo", explicó a Mining Press Andrés Franco, Vicepresidente de Vicepresidente de Desarrollo Corporativo de Bear Creek Mining.
"Aquella protesta trágica vino de Inambari, no de los comuneros de nuestro sector", agregó.
"Si no nos devuelven nuestros derechos no hay otra salida que ir a un juicio internacional aunque la empresa no lo desea, porque eso daña la imagen de mi país ante los inversionistas, pero debemos hacerlo", concluyó el ejecutivo, en diálogo exclusivo con Mining Press.
