Pese a que la idea fue planteada por la propia presidenta Cristina Kirchner por cadena nacional, la quita de los subsidios vigentes en los servicios de energía eléctrica y gas a los que adquieren dólares para atesorar ha quedado prácticamente descartada por las marcadas complicaciones operativas y legales que enfrenta la implementación de esa “medida de castigo”.

Tanto los técnicos del Ministerio de Economía que responden a Axel Kicillof, como los de la cartera de Planificación que están delineando los ajustes tarifarios que se anunciarán en los próximos días, coincidieron en bajarle el pulgar a la iniciativa que había lanzado la jefa de Estado al sostener que “no es justo que al que compra dólares tenga subsidios de luz y gas”.

Con pedido de estricta reserva de sus identidades, los funcionarios consultados por Clarín destacaron que “por más que se invoque una cuestión de justicia y equidad, la medida registra varios escollos y problemas de instrumentación ”.

Entre otras dificultades operativas, identificaron las siguientes: - Hay muchas personas que compraron dólares para ahorrar y que son propietarios, pero no tienen los servicios registrados a su nombre. En este caso, las distribuidoras eléctricas y gasíferas no tendrían ningún respaldo normativo para quitarles los subsidios.

- Existen compradores de dólares que son propietarios de varios inmuebles con los servicios a su nombre. Si se eliminan los subsidios en todas las propiedades, se verán penalizados aquellos que alquilan esas viviendas o las habitan con el consentimiento del dueño y no ahorran en dólares.

- Otro caso se da con quienes adquieren dólares que comparten la propiedad de la vivienda y la titularidad de los servicios con un familiar directo o con otra persona. Para aplicarles la quita de subsidios se debería aprobar una reglamentación extremadamente compleja que generaría más problemas que beneficios.

- A esto se agrega una arista legal que no se puede soslayar. Para varios especialistas, la “autorización” que otorga la AFIP para comprar dólares está alcanzada por las normas del secreto fiscal. Tanto los funcionarios que ordenen las quitas de subsidios, como las empresas de servicios que las pongan en práctica, podrían ser demandadas por violación de datos privados y del secreto fiscal. Por este motivo, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, tuvo que dar marcha atrás con la difusión de la lista de los compradores de divisas que había anunciado cuando se puso en vigencia la flexibilización del cepo.

Más allá de los avatares que registra esta idea presidencial, el Gobierno está preparando una serie de incrementos tarifarios para los servicios de luz, gas, agua y trenes que entrarían en vigencia en febrero. Y tal como anticipó Clarín, el ajuste llegaría por dos vías: una suba en los cargos específicos que se destinan a obras prioritarias y una quita selectiva de subsidios para los hogares de consumos medios y altos.