El fiscal federal Jorge Di Lello pidió ayer las indagatorias del vicepresidente Amado Boudou y del jefe de la AFIP, Ricardo Echegaray, por el caso Ciccone. Con esta presentación se aceleran las definiciones en el expediente penal que tiene a maltraer al Gobierno desde hace dos años.

De acuerdo con el escrito del fiscal, hay pruebas que demostrarían que Boudou y Echegaray "se interesaron", en violación de la ley, por la suerte de la imprenta que fabrica papel moneda. Boudou, porque opinó en favor del levantamiento de la quiebra en su condición de ministro de Economía, algo que no había hecho en ningún otro caso, y porque se habría reunido con los Ciccone, sus dueños originales, para negociar el traspaso. Echegaray, porque le concedió a la imprenta un plan de pagos extraordinario, diferente de los otros 1363 otorgados por la AFIP, sostuvo el fiscal.

Según Di Lello, ambos deben ser citados a declarar como acusados del delito de negociaciones incompatibles con sus cargos, una figura que prevé una pena de uno a seis años de prisión y una inhabilitación perpetua que, de ser condenados, les impediría ejercer cualquier cargo público.

No obstante, durante el curso de la investigación, aunque fueran indagados o procesados, seguirían libres y, en lo que respecta a la ley, podrían conservar sus cargos.

La presentación del fiscal forzará al juez de la causa, Ariel Lijo, a reevaluar su plan de trabajo. La idea del magistrado era seguir reuniendo pruebas durante algunos meses más antes de disponer posibles indagatorias, afirmaban ayer fuentes que conocen el caso. El juez no está obligado a contestarle al fiscal -y es probable que no lo haga-, pero es innegable que el voltaje político de la presentación de ayer sacude el expediente.

Hoy, Lijo se reunirá con su equipo para decidir los pasos a seguir. Podrían apurarse algunos trámites. No obstante, en el juzgado creen que para cerrar una hipotética acusación contra el vicepresidente falta una serie de elementos que están terminando de juntar. Por ejemplo, el análisis del contenido de dos computadoras que usaba Alejandro Vandenbroele, acusado por su ex mujer de haber sido el testaferro de Boudou. Ella, Laura Muñoz, podría ser citada como testigo.

Ayer, tan pronto Di Lello entregó su escrito en el juzgado, Echegaray presentó uno propio donde pidió que se definiera de una vez su caso. "No me queda claro cuál es mi estado procesal", dijo (ver aparte). Su situación es mejor que la de Boudou. Hasta ahora, el juzgado no lo considera sospechoso.

DIFERENTES VISIONES

Con el escrito de Di Lello quedaron expuestas las diferentes visiones que tienen el juez y el fiscal sobre la causa. Para Lijo, Echegaray tiene carácter de testigo. No de acusado. Lo mismo que los miembros de la familia Ciccone que participaron de las negociaciones para evitar la quiebra. Según ellos, amenazados por el socio de Boudou, José María Núñez Carmona, le entregaron la imprenta al vicepresidente y a sus prestanombres.

Para Di Lello, en cambio, si existió un delito, los Ciccone también son culpables. Por eso, su pedido de indagatorias incluye, además de a Boudou y a Echegaray, a Nicolás Ciccone y a sus yernos Guillermo Reinwick y Pablo Amato. También alcanza a Núñez Carmona, a Vandenbroele y a tres hombres que protagonizaron el surgimiento de la nueva Ciccone (Máximo Lanusse, Sergio Gustavo Martínez y Jorge Capirone).

En cuanto al capítulo AFIP, junto con la indagatoria de Echegaray, Di Lello solicitó además la de Rafael Resnick Brenner, su ex jefe de Gabinete de Asesores, que le recomendó favorecer a Ciccone con una quita en sus deudas impositivas, medida que sólo puede tomar el Congreso.

Di Lello pidió además la declaración testimonial del presidente del Banco Macro, Jorge Brito, y de autoridades de la Cooperativa de Crédito Marítima del Sur para "ahondar respecto del origen de los fondos" que permitieron el levantamiento de la quiebra. La cooperativa financió a The Old Fund, que obtuvo a su vez créditos del Banco Macro, relató el fiscal. Según Di Lello, fueron fondos "de dudoso origen".

Pero la diferencia de criterios entre el juez y el fiscal no sólo está dada por la condición de imputados o testigos de algunos involucrados. La investigación de Lijo aspira a ir más allá de la adquisición de la empresa (hecho en el que se centra el fiscal); pretende indagar también en para qué se compró la imprenta y en los negocios posteriores previstos, por ejemplo, con la Casa de la Moneda, que depende del Ministerio de Economía, por entonces a cargo de Boudou.

De confirmarse que Vandenbroele fue su testaferro, el vicepresidente habría tenido la posibilidad de contratar, como funcionario, a una empresa que en realidad era suya.

Di Lello no va tan lejos. Pero dice que "se recopilaron varios elementos de prueba que darían cuenta" de "un vínculo" entre Boudou y Vandenbroele. Menciona las declaraciones de los Ciccone y el hecho de que un socio de Vandenbroele figurara como inquilino de un departamento de Boudou. Recuerda además que en esos tiempos Vandenbroele pagó servicios de ese inmueble.

Lo que Di Lello le adjudica en concreto a Boudou es haberse "interesado" en la adquisición de Ciccone, compra que "habría tenido la ultraintención de lograr la contratación con el Estado para la producción de billetes".

Más allá de su evidente peso político, la presentación de Di Lello no determina a Lijo, que puede hacer lugar a todo lo pedido por el fiscal, a parte o a nada.