Con distintas variantes en estudio y sin definición sobre el momento "oportuno" para avanzar, el Gobierno reflota la intención de realizar una quita gradual de subsidios que, en los hechos, implicará un aumento de las tarifas de luz, gas y agua.

No de casualidad deslizaron esa posibilidad tres veces en la última semana desde la primera plana de la Casa Rosada, incluida la mención directa de la propia Cristina Kirchner. "Está dando vueltas el tema, pero aparecen otras prioridades", sostuvo un funcionario a LA NACION. Puertas adentro, hay coincidencia -con matices- en que sería "razonable" reducir el monto de los subsidios a la energía y el transporte, que sólo el año pasado demandaron más de 100.000 millones de pesos.

Ayer, en su conferencia de prensa matinal, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, admitió que se trabaja en esa dirección, aunque aseguró que "no hay una decisión [tomada]" en ese sentido. "Son análisis que se han elaborado", completó. El máximo dilema -detalle que no es menor- es cuándo aplicar un recorte de tan alto impacto y con qué criterio.

"Ponerlo en marcha en medio de la pelea por los precios y los salarios sería contraproducente", evaluaron en un encumbrado despacho oficial. En rigor, cuando se quiso plasmar una iniciativa similar, en noviembre de 2011, la Casa Rosada volvió sobre sus pasos pocos meses después. En ese entonces, le atribuyen al flamante viceministro de Economía, Axel Kicillof, hoy a cargo de esa cartera, la postura de retroceder con la poda.

Aquella vez se recurrió a la estrategia de convocar primero a la renuncia voluntaria del beneficio y, luego, el plan era retirar los subsidios, en escala, comenzando por los barrios y estratos sociales más pudientes. Hasta el ministro de Planificación, Julio De Vido, había convocado a intendentes bonaerenses para colaborar en la instrumentación de la iniciativa en el conurbano, con el objetivo de morigerar el impacto.

En su discurso de anteayer, en el que fue durísima con empresarios y gremialistas, la Presidenta consignó que no fue entendida en su momento cuando acuñó, apenas arrancaba su segundo mandato, el concepto de "sintonía fina". "Políticas de ajuste, no; políticas de equidad", remarcó.

Traducido: seguirá subsidiando sectores que considera clave para la "inclusión social", como el tren -cuyo boleto mínimo se mantiene en un peso-, pero analiza recortar la ayuda a los segmentos de ingresos medios y altos.

"No es justo que al que compre dólares le subsidien la luz, el gas y todo", lanzó en la Casa Rosada, escoltada por ministros, gobernadores, legisladores y un nutrido grupo de militantes. ¿Fue su frase una amenaza velada para desalentar la adquisición de la moneda estadounidense? Si bien en el Gobierno no desestiman que funcione como una advertencia, no creen que ése haya sido el objetivo primordial, sino que más bien es una forma de preparar el terreno y corroborar las repercusiones.

En realidad, el primero que instaló en agenda el asunto fue Capitanich en una entrevista que concedió al diario Ámbito Financiero, publicada el 27 de enero pasado. "Hay fuertes asimetrías en los niveles de tarifas en diferentes jurisdicciones y es necesario observar estrategias de nivelación en términos de promedio", explicó, en lenguaje técnico, el ministro coordinador.

La disminución de las partidas asignadas a subsidios es un pedido generalizado de los gobernadores, que miran con preocupación cómo los vaivenes de la situación económica repercuten en cada territorio.

El grueso del aporte que hace el Estado -prácticamente un cuarto- se destina a subsidiar la energía, mientras que el resto se enfoca en el transporte. Durante 2013 se destinaron 20.417 millones de pesos a los colectivos y 3991 millones de pesos a los trenes, en todo el país, según informa la página web del Ministerio del Interior y Transporte, conducido por Florencio Randazzo.

LOS TRENES, SIN AUMENTOS

Hasta ahora, el único ajuste tarifario se realizó en noviembre pasado, cuando se anunció la suba de 66 por ciento del boleto de colectivo. Ese incremento representa unos 200 millones de pesos menos por mes que el Estado desembolsa en concepto de subsidios, al menos hasta que se vuelvan a discutir los salarios y cambie la ecuación. Por caso, para ilustrar, en el transporte ferroviario el 65 por ciento promedio del subsidio se dedica a cubrir sueldos.

Según evalúan en el Gobierno, no habría un aumento del viaje en tren en el corto plazo, ya que la prioridad de la Presidenta sobre la política ferroviaria implica dos ejes: mejorar la cobrabilidad y renovar el sistema, antes de aplicar un ajuste de tarifas.