En Corrientes, Río Negro, Neuquén, Catamarca, Mendoza y Córdoba hay limitaciones en las obras públicas y demoras en el pago a proveedores
La liga de gobernadores peronistas acordó ayer reunirse con mayor frecuencia para intentar contener la puja salarial y la inflación. "Hay preocupación de todos los sectores, tanto de los gobiernos provinciales como los gobiernos municipales, y lógicamente hay ansiedad en los gremios", admitió anoche a LA NACION el gobernador de Jujuy, Eduardo Fellner, tras reunirse con sus pares Daniel Scioli (Buenos Aires); Juan Manuel Urtubey (Salta), y Luis Beder Herrera (La Rioja) en las oficinas del Banco Hipotecario.
Los cuatro mandatarios provinciales, más los de Misiones, Formosa y Entre Ríos -ausentes por el mal tiempo, que les impidió viajar-, habían sido convocados a la city porteña por el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y el titular de la Anses, Diego Bossio, para anunciar un plan para contener los precios de la construcción y estabilizar así el plan Procrear.
Cerca de las 18 hubo una reunión privada entre los gobernadores antes de dar inicio al acto. Luego los mandatarios provinciales se presentaron en el piso sexto, junto con Bossio, Capitanich y el ministro de Infraestructura, Julio De Vido.
Caía la noche cuando el jefe de Gabinete destacó la importancia de los gobernadores para defender los precios de la construcción, que serán monitoreados por el secretario de Comercio. El jefe de Gabinete casi pierde la compostura al denunciar "el cinismo y la avaricia" de los grandes empresarios monopólicos, "que les importa un bledo el de al lado, que ponen un precio y el que está al lado que se joda", dijo.
El acto había terminado. Los gobernadores se iban apurados sin dejar trascender lo ocurrido en la reunión previa a puertas cerradas. Scioli admitió que son momentos "sensibles" y que "hablaron de todo". También destacó que "hay que cuidar la estabilidad", antes de tomar un avión para ir al encuentro de su par de Córdoba, José Manuel de la Sota, un gobernador enfrentado con la Casa Rosada.
El gobernador de Salta alcanzó a vaticinar que "todo se va a solucionar" y no habló más.
El clima que imperó en el Banco Hipotecario no fue el mejor entre los oficialistas. Fellner admitió abiertamente que existe preocupación por la crisis de la economía. Dijo que los encuentros entre los ministros de Economía de las provincias se repetirán con mayor frecuencia para contener la puja salarial con los gremios y la escalada inflacionaria sobre los precios. "Son temas que se vienen conversando entre distintos gobernadores de manera informal y es posible que ese diálogo se formalice y se amplíe a más provincias", dijo el jujeño.
En este sentido, Fellner dijo que la idea no es poner un techo a los aumentos de salarios que se acuerden en las convenciones colectivas de trabajo, sino tener "un criterio homogéneo para esa negociación".
No sólo los gobernadores expresaron ayer su preocupación por el curso de la economía. Una decena de intendentes del Gran Buenos Aires también se dio cita en el acto de la Anses. Entre ellos estaba el intendente de Quilmes, Francisco Gutiérrez, que dijo a LA NACION: "Obviamente la gente tiene miedo, nosotros estamos acá para garantizar que eso no suceda, para garantizar los precios solidarios". Por su parte, el jefe comunal de Lanús, Darío Díaz Pérez, sólo se limitó a decir que observa la economía con "expectativa".
Más alineado con el discurso oficial, el jefe de la Federación Argentina de Municipios, Julio Pereyra, aseguró que no hay preocupación por la continuidad del plan Procrear debido a la escalada de los precios de la construcción. Fue la única voz que pareció diferir del resto de los presentes.
La Nación. Por Laura Serra
La reciente devaluación, la inminencia de unas negociaciones paritarias que se anticipan conflictivas y una inflación que no da tregua conforman un combo explosivo para las provincias, donde algunos gobernadores se vieron obligados a anticipar un ajuste en sus respectivos presupuestos. Esto incluye un congelamiento en la obra pública y en el ingreso de personal estatal, además de demoras en el pago a proveedores.
La preocupación de los gobernadores es cada vez menos solapada. De hecho, ayer, el gobernador de Corrientes, Ricardo Colombi (UCR), volvió a agitar el fantasma de que las provincias emitan cuasi monedas. "Es una posibilidad la emisión de bonos. Si la Nación sigue tensando la cuerda no nos queda otro camino", insistió Colombi, que indicó que "varios gobernadores" coinciden con él, "pero no pueden decirlo".
Río Negro, Catamarca, Neuquén y Mendoza -todas ellas, provincias kirchneristas o aliadas al Gobierno- iniciaron el año con anuncios públicos de recortes en sus gastos.
Otras provincias, como Santa Fe, no retocarían en principio su presupuesto, pero se aseguraron un aumento del impuesto inmobiliario. En Córdoba, tras la crisis policial de diciembre pasado, que obligó a José Manuel de la Sota a otorgar aumentos a los uniformados, fuentes oficiales anticiparon que habrá una reducción en la obra pública.
Ayer, los gobernadores del PJ se reunieron en la sede del Banco Hipotecario con el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, para establecer un acuerdo de precios en la construcción. Allí deslizaron preocupación por la marcha de la economía y la repercusión que esto tiene en sus distritos.
Asimismo, el gobierno cordobés evalúa emitir un bono de deuda pública o de letras de tesorería para asegurar el pago de los salarios públicos.
El escenario económico y fiscal se avecina bien complejo para las provincias este año. El 31 del mes próximo vence la prórroga del acuerdo para la refinanciación de las deudas por 75.000 millones de pesos que las provincias tienen con la Nación; hasta ahora, no hay confirmación oficial de una nueva prórroga.
Pero lo que más desvela a los gobernadores es que, a raíz de la devaluación del peso, las deudas que contrajeron en dólares sufren una suba exponencial. Se trata de los bonos denominados "dollar-linked", una obligación nominada en dólares, pagadera en pesos al tipo de cambio oficial. De acuerdo con un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), que preside Nadin Argañaraz, los incrementos treparían hasta un 61 por ciento (de lo que se informa aparte).
MÁS RECORTES
En Río Negro, el gobernador kirchnerista Alberto Weretilneck anunciará hoy un nuevo paquete de medidas para reducir el gasto. Al achique de la planta de funcionarios a la mitad y la baja del 15% de sus sueldos, se sumará ahora una reestructuración presupuestaria con la quita de un 25% en todas las áreas (sobre todo en la obra pública), excepto en la masa salarial de los estatales.
Precavido en sus palabras, Weretilneck habla de una "adaptación del presupuesto a la realidad económica de la provincia".
"No queremos agravar la situación financiera, por eso tomamos estas medidas correctivas para impedir la cesación de pagos o atrasos en los sueldos", admitió Weretilneck a LA NACION. El mandatario admitió que existen algunas demoras en los pagos a proveedores de servicios sanitarios y obra pública, aunque consideró que no eran imposibles de pagar en corto plazo.
En la misma senda, el gobernador de Neuquén, Jorge Sapag (Movimiento Popular Neuquino), aliado al Gobierno, anunció en diciembre último la suspensión por un año de designaciones de personal en los organismos y empresas del Estado. "Resulta conveniente mantener las medidas de austeridad, racionalidad y lineamientos de gestión destinados a una mejor aplicación del gasto público", justificó.
También kirchnerista, la gobernadora de Catamarca, Lucía Corpacci, dispuso el mes pasado un paquete de medidas de ajuste del gasto provincial, entre ellas el congelamiento de los salarios de todos los ministros y secretarios de Estado; un pedido para que se achique la cantidad de cargos políticos y dispuso un tope en la utilización de los teléfonos corporativos.
En Mendoza, el gobernador oficialista Francisco "Paco" Pérez aún no cuenta con el presupuesto provincial de este año por hallarse frenado en la Legislatura. La UCR objetó el pedido de endeudamiento del Gobierno por 1780 millones de pesos y reclamó, en cambio, una efectiva reducción del gasto público. El mes pasado, Pérez emitió un decreto que congela la planta de personal y acelera las jubilaciones de empleados que estén en edad de retirarse; también elimina el otorgamiento de cualquier tipo de adicionales al sueldo.
"Siempre promete lo mismo, pero jamás cumple. De hecho, el año pasado aumentó el número de ministerios a quince, con un incremento notable de personal", reprochó el diputado radical Enrique Vaquié.
El legislador opositor reclamó que, al ser Mendoza un terruño petrolero, el cálculo de gastos y recursos de la provincia se actualice según el nuevo valor del dólar. Eso fue, justamente, lo que hizo el gobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta.
"Modificamos el presupuesto porque el valor del dólar con el que se liquidan nuestras regalías varió. Por eso nuestra coparticipación provincial fue de un 15% mas que el mes pasado y un 18% más que el interanual", enfatizó el mandatario patagónico que está distanciado de la Casa Rosada.
El 27 de diciembre, la Nación suscribió un acuerdo con 18 provincias para refinanciar sus deudas el cual le traerán "un alivio significativo en las cuentas públicas provinciales", según destacó ese día el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich. Ocurre que los convenios rubricados implican un "ahorro neto para las jurisdicciones provinciales mediante compensaciones por 11 mil millones de pesos", precisó el funcionario.
Sin embargo, el rápido encarecimiento del costo de vida que no cesa -sumado a la devaluación del 20% que convalidó el gobierno hace 11 días y la cercanía de las paritarias- obligó a varias provincias a reacomodar sus números y planificar ajustes.
En regiones kirchneristas, o aliadas al Ejecutivo, como Río Negro, Catamarca, Neuquén y Mendoza iniciaron el año con anuncios públicos de recortes en sus gastos. Otras jurisdicciones, como Santa Fe, no retocarían en principio su presupuesto, pero se aseguraron un aumento del impuesto inmobiliario.
En Córdoba, luego de la protesta policial de diciembre pasado, que obligó al gobernador José Manuel de la Sota a otorgar enormes aumentos a los agentes, fuentes oficiales anticiparon que habrá una reducción en la obra pública, consigna el diario La Nación.
Por su parte, ayer, el gobernador de Corrientes, el radical Ricardo Colombi, volvió a agitar el fantasma de que las provincias emitan cuasi monedas. "Es una posibilidad la emisión de bonos. Si la Nación sigue tensando la cuerda no nos queda otro camino", sostuvo el mandatario, que indicó que "varios gobernadores" coinciden con él, "pero no pueden decirlo".
En Mendoza, el gobernador oficialista Francisco "Paco" Pérez aún no cuenta con el presupuesto provincial de este año por hallarse frenado en la Legislatura. La UCR objetó el pedido de endeudamiento por 1780 millones de pesos y reclamó una reducción del gasto público.
El mes pasado, Pérez emitió un decreto que congela la planta de personal y acelera las jubilaciones de empleados que estén en edad de retirarse; también elimina el otorgamiento de cualquier tipo de adicionales al sueldo.
De forma similar, la también kirchnerista Lucía Corpacci, gobernadora de Catamarca, dispuso en enero un paquete de medidas de ajuste del gasto provincial, entre ellas el congelamiento de los salarios de todos los ministros y secretarios de Estado; un pedido para que se achique la cantidad de cargos políticos y dispuso un tope en la utilización de los teléfonos corporativos.
El gobernador de Neuquén, Jorge Sapag (Movimiento Popular Neuquino), aliado al Gobierno, anunció en diciembre último la suspensión por un año de designaciones de personal en los organismos y empresas del Estado. "Resulta conveniente mantener las medidas de austeridad, racionalidad y lineamientos de gestión destinados a una mejor aplicación del gasto público", justificó.
Mientras tanto, en Río Negro, el gobernador kirchnerista Alberto Weretilneck anunciará hoy un paquete de medidas para reducir el gasto: achique de la planta de funcionarios a la mitad y la baja del 15% de sus sueldos junto con una reestructuración presupuestaria con la quita de un 25% en todas las áreas (sobre todo en la obra pública), excepto en la masa salarial de los estatales.
"No queremos agravar la situación financiera, por eso tomamos estas medidas correctivas para impedir la cesación de pagos o atrasos en los sueldos", explicó Weretilneck al matutino y añadió que existen "algunas demoras en los pagos a proveedores de servicios sanitarios y obra pública".
