El gobierno culpa a empresarios y teje teorías conspirativas, pero el incremento de las naftas es el directo resultado de sus políticas: la devaluación y la pérdida del autoabastecimiento. La empresa nacionalizada pierde incidencia en el mercado
Shell aumentó sus naftas un 12%, Jorge Capitanich la acusó de “conspirar y atentar contra los intereses del país”; el titular de la empresa, Juan José Aranguren, se excusó en un “traslado de costos” y desde el gobierno hablaron de “codicia” y actitudes unilaterales y prepotentes. Dimes y diretes, pero en el medio de este fuego cruzado, donde los poderosos se disparan con munición mediática para disputarse los pedazos de un país resquebrajado, estamos los consumidores argentinos.
"No es casualidad que esta empresa tome medidas contrarias a los intereses del país. La actitud de Shell y su más alto directivo siempre es conspirativa y atentatoria contra los intereses del país y de los consumidores argentinos", dijo el jefe de Gabinete sobre la primera de las grandes compañías que decide ordenar un ajuste en los valores de sus productos tras la fuerte devaluación del peso. Antes había actuado en sentido similar la brasilera Petrobras, y Oil, del oficialista Cristóbal López. De su amigo, surgido de las entrañas mismas de los negociados y la corrupción K, nada dijo el gobierno. Para el relato oficial, los conspiradores, vendepatrias y traidores solo pueden estar en la vereda de enfrente.
"Solamente la codicia, la estrategia de imponer condiciones, los lleva a tomar este tipo de actitudes", agregó Capitanich sobre la multinacional holandesa, a la que, sin embargo, le seguirían sus competidoras, incluida la re estatizada YPF. Es que el incremento de los precios de las naftas es el directo resultado de las políticas que el gobierno nacional ha implementado en sus diez años de “gestión”.
En un contexto de inflación, crisis energética y pérdida del autoabastecimiento, la devaluación implica que comprar energía del exterior costará más pesos, muchos más pesos. Lo mismo sucede con el costo de los insumos y productos importados, centrales en casi toda la producción nacional, incluida la cadena de ensambles que representa la industria automotriz local. Como sabemos, los costos siempre los paga el pueblo, y Aranburen fue claro al replicar: "Si con un 12% les parece que estamos conspirando, imagínese qué estaríamos haciendo con un 23%", en referencia a la devaluación impulsada en enero por Cristina Kirchner que, sin dudas, ya está impactando en el bolsillo de los trabajadores.
En este caos, YPF cumple un rol cada vez menos relevante, pues no logra fijar una oferta que obligue a sus competidores a bajar los precios. Al contrario, sigue sus aumentos sin perderles pisada. Además, sus costos de financiación y producción se han disparado, por los que sus márgenes de maniobra en plena crisis parecen nulos.
Izaron la bandera, la hicieron flamear y le pusieron la etiqueta “nacional y popular”. Pero, al final, ¿para qué estatizaron YPF?
“Son menemistas, por eso la política energética no cambió”
Para Gustavo Callejas, subsecretario de Combustibles durante el gobierno de Raúl Alfonsín y experto en la materia, el problema energético viene de larga data: desde la gestión de Carlos Menem, pues “así como con Juan Domingo Perón, los únicos privilegiados eran los niños, desde los años noventa hasta la actualidad, los únicos privilegiados son los petroleros”.
En diálogo con Hoy, el especialista se refiere a la posibilidad que tienen quienes manejan el sector de aumentar los precios, “pese a que las leyes lo prohíben, como la ley de convertibilidad y el decreto de soberanía hidrocarburífera”. Esto ocurre “con la connivencia del kirchnerismo”. Así, ante cualquier cambio en la cotización del precio internacional, o ante las variaciones del dólar, petroleros y empresas distribuidoras suben sus precios a los consumidores.
Sin embargo, Callejas señala que “el gobierno puede cortar esta cadena en base a la ley de emergencia pública, que ha utilizado sólo a su conveniencia desde 2001, estableciendo una comisión especial y fijando precios fijos y uniformes en todo el país. De no pasar esto, van a aumentar todas las empresas, porque los costos aumentaron”.
La pregunta es obvio: a esta situación, ¿se llega por inoperancia o por decisión política? “Es una decisión política, claramente, porque los K son menemistas, o neo menemistas. Por eso la política energética no cambió ni un ápice desde los 90”.