La emergencia y visibilidad de lo indígena es uno de los fenómenos políticos y étnico-sociales más importantes en la historia reciente de América Latina. Se trata de un hecho que corrió paralelo a la democratización de los países latinoamericanos en los años ochenta.

Si bien hundía sus raíces desde comienzos del siglo XX, fue en el último cuarto de la pasada centuria cuando los propios intelectuales y líderes indígenas tomaron las riendas del movimiento y se convirtieron en un nuevo actor político, logrando introducir sus demandas en las agendas políticas nacionales, mediante una intervención política directa.

Hace 30 años, coincidiendo con las transiciones a la democracia (en los años 80) y la definitiva consolidación de la misma (los años 90) aparecieron los movimientos indigenistas, con especial fuerza e intensidad en Ecuador y Bolivia, y con menor capacidad de expansión en otros países como México, Guatemala, Brasil, Perú y Chile.

Pero, ¿por qué se dio ese auge de los movimientos indígenas en los años ochenta y noventa?

Al menos, se pueden entresacar cuatro factores, consistentes en la apertura democrática, la reacción a los cambios económicos y sociales provocados por las reformas “neoliberales” de los años 90, el nacimiento de una élite intelectual indígena urbana y el favorable contexto internacional.

Tras el renacimiento del movimiento indígena ocurrido en los años 80 y el impulso experimentado a comienzos de la siguiente década, llegó el momento del despliegue y crecimiento en los 90. A lo largo de esos años se pudo ir comprobando que ese movimiento se caracterizaba por su heterogeneidad y por la diversidad en sus demandas y estrategias con especificidades propias y variedad de situaciones de país a país.

De todas maneras, sí es posible encontrar ya en los 90 una serie de importantes paralelismos y continuidades a escala global en toda la región. Las aspiraciones de estos movimientos se dirigían en varias direcciones reclamando derechos económicos, sociales, culturales así como derechos civiles y políticos

A lo largo y ancho de la región, con mayor o menor intensidad, se vivieron ejemplos de este tipo de “despertar indígena”, aunque fue en Ecuador donde arraigó con más fuerza.

Todas estas movilizaciones indígenas de finales de los 80 y los 90 tuvieron muy evidentes efectos políticos y legislativos pues fue acompañada de una oleada de reconocimientos constitucionales de los derechos indígenas, por parte de los Estados en la década de los noventa. Las protestas convirtieron, además, a los indígenas en interlocutores públicos lo que les permitió modificar propuestas o políticas gubernamentales.

El movimiento indígena se fue desdibujando de diversas maneras en la región entre finales de los 90 y comienzos de la nueva centuria.

Desde el cambio de siglo el panorama de las movilizaciones reúne una serie de características peculiares:

1-. La vía armada no es un camino pero sí los conflictos y protestas de baja intensidad que ponen en cuestión el monopolio de la violencia de un Estado que no puede reprimir esas protestas de forma tan contundente como lo hacía ante las antiguas sublevaciones. Todo lo cual les proporciona a los movimientos indígenas poder de veto y de “chantaje al Estado”.

2-. Además esos grupos indígenas logran articular alianzas amplias que van más allá del tema indígena enarbolando banderas que pueden ser acogidas por otros grupos sociales en “alianzas estratégicas que pueden abrir el camino para avanzar hacia soluciones realmente integrativas de la cuestión indígena ya que afectan a todos los sectores sociales”.

Desde hace una década, los movimientos indígenas cuentan con una agenda mucho más extensa que abarca y acoge intereses sociales y étnicos más amplios. Además, la presión y disputa creciente sobre recursos naturales ubicados en tierras indias (o reivindicadas por ellos) favorece la unificación de las diferentes étnicas y les sirve de base para elaborar una propuesta de desarrollo alternativa (ecologista y ambientalista) que gana apoyos entre sectores no indígenas, urbanos, y capta respaldo internacional lo cual legitima este mensaje de tipo ambientalista.

La mayoría de los conflictos sociales actuales en América Latina, según un informe del Banco Mundial, giran sobre las dimensiones ambientales y sociales de la minería. También la Defensoría del Pueblo peruano, en un reciente informe, identifica como una de las causas de los conflictos socioambientales al “temor justificado de la población a la potencial contaminación que pueden ocasionar las actividades extractivas”. A esto no escapan las propias empresas mineras que han incorporado como un elemento infaltable de la Responsabilidad Social Corporativa el tema medioambiental.

Conclusiones

El tema indígena está presente en la realidad latinoamericana con un fuerte componente político desde hace más de 30 años. Ha tenido diversas fisonomías y características pero lo que parece sobresalir es que posee una formidable capacidad de adaptación que le permite perdurar en el tiempo. Tuvo un mensaje indigenista hasta los años 50, marxista (indígenas vistos como clase social) hasta los 80-90 y actualmente ambientalista y antiglobalización.

Además, es uno de los pocos fenómenos que se da a escala regional desde México, pasando por Centroamérica y la mayoría de países de Sudamérica (Colombia, Perú, Brasil, Chile y Argentina). El Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina calcula que en la región hay 175 conflictos socio-ambientales que involucran a 183 proyectos mineros y a 246 comunidades.

Posee asimismo una importante capacidad para marcar o alterar la agenda política de los países. El indigenismo ambientalista, si bien de carácter eminentemente local, tiene potencialidad para crear redes de apoyos y solidaridad a escala nacional e incluso internacional que potencia su presencia y posibilidades de influencia.

Asimismo, los conflictos que desencadenan las protestas indígenas medioambientales tienen un carácter muy disruptivo pues generan sensación de ingobernabilidad o de pérdida del monopolio de la violencia legítima por parte del Estado, aunque, en realidad, en escasas ocasiones, poseen fortaleza para acabar con la propia institucionalidad.

América Latina ha entrado en un ciclo de mayor estabilidad, pero existen temas clave como las cuestiones medioambientales, ligadas con la tierra y los recursos naturales que pueden alterar esos equilibrios. Algunos analistas creen que estos conflictos tenderán a escalar por falta de vías institucionales capaces de ofrecer soluciones y plataformas de negociación.

Los Estados nacionales no han sido aún capaces de articular cauces institucionales para atender las reclamaciones indígenas ambientalistas y hacerlas compatibles con las necesidades de desarrollo de los países.

Su capacidad para alterar la política nacional puede verse incrementado en caso de crisis coyunturales en las que el malestar de las clases medias se aúne con las movilizaciones indígenas en un común rechazo a la institucionalidad y a la presencia de intereses foráneos.

Como señala Alicia Bárcena, Secretaria General de la CEPAL, “los actuales patrones de producción y consumo son insostenibles pues generan grandes costos económicos y sociales y ambientales que erosionan sus propias bases de sostenibilidad material en el mediano y largo plazo. El tema ambiental forma parte de la agenda pública… por las crecientes demandas ciudadanas” que encuentran así un nexo de unión con las reclamaciones indígenas.

Resumen del informe especial publicado en www.dmasillorenteycuenca.com.