El consejo de administración de Repsol acordó en su reunión de ayer una adaptación de sus estatutos para reforzar la naturaleza y el carácter integrado de los negocios de la empresa y evitar cualquier tentación que pueda favorecer la separación de actividades en beneficio de intereses ajenos a la petrolera. La decisión se ampara en razones estratégicas dentro del mercado global y tiene por objeto disuadir a Pemex de su pretendida intención de controlar directamente las operaciones de exploración y producción de la compañía que preside Antonio Brufau.
La multinacional mexicana, socio de referencia con un 9,4% de Repsol, ha mostrado al Gobierno de Mariano Rajoy su deseo de participar más activamente en la gestión de la empresa española, sobre todo a raíz de la mediación interesada que efectuó ante el ministro de Industria, José Manuel Soria, para que España y Argentina cerrasen un principio de acuerdo sobre el conflicto político generado a raíz de la expropiación de YPF. El pacto de noviembre pasado se ha convertido en un trampolín para las ambiciones de Pemex en nuestro país, cuyo declarado objeto de deseo es la toma de poder en Repsol.
La petrolera controlada por el Estado mexicano se ha servido de los buenos oficios del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, para estrechar los cauces de negociación con el Gobierno español en una operación de abordaje que teóricamente se justifica dentro del marco de liberalización energética en el país centroamericano. Al cambio, la solución que propone Pemex se traduce en una bifurcación de la dirección interna de Repsol, de modo que las llamadas actividades de upstream, equivalentes a la exploración y producción petrolífera, pasarían a integrarse en la órbita ejecutiva de la compañía mexicana.
El desarrollo operativo de Repsol que persigue Pemex se haría efectivo mediante una reestructuración del organigrama de dirección de la empresa española, en virtud de la cual se doblarían los cargos de consejero delegado creando dos primeros ejecutivos junto a un presidente de carácter institucional. Uno de los consejeros delegados lo nombraría la compañía mexicana y el otro sería responsabilidad de los socios españoles.
Respaldo de La Caixa
El dibujo diseñado por Pemex está calcado en el pacto de accionistas que establecieron los antiguos responsables de la empresa mexicana con el expresidente de Sacyr, Luis del Rivero, en el verano de 2011. Ambas partes empezaron a definir entonces un acuerdo para trocear la petrolera española y facilitar la venta de los negocios de upstream. Repsol pasaría así a configurarse como una compañía exclusivamente orientada a las actividades de lo que se conoce como downstream con el refino y las estaciones de servicio.
El proyecto negociado con Sacyr no tardó en demostrarse simple fuego de artificio y quedó en agua de borrajas tras la caída en desgracia de Luis del Rivero. Sin embargo, Pemex, ahora al mando de Emilio Lozoya, ha vuelto a las andadas saboreando la posibilidad de recuperar el tiempo perdido si consigue el respaldo de un acuerdo institucional que, en cualquier caso, exige la complicidad necesaria del Gobierno español. De ahí la trascendencia que dentro de la multinacional mexicana se quiere otorgar a la visita que Peña Nieto realizará esta próxima primavera a nuestro país.
Antonio Brufau (d) junto al presidente de La Caixa, Isidre Fainé. (EFE)El máximo órgano de gobierno de Repsol ha entendido que quien evita la tentación evita el peligro y de ahí la decisión adoptada a instancias de Brufau con el respaldo de Isidro Fainé y Juan María Nin como consejeros representantes de La Caixa. El blindaje de la petrolera española como sociedad cohesionada en toda la estructura operativa del mercado petrolífero no excluye en ningún caso la colaboración con Pemex si la empresa mexicana sigue interesada en buscar partners que contribuyan al desarrollo energético de su país. De ahí que la decisión fue finalmente adoptada por unanimidad del consejo.
Negociaciones con Argentina
Los responsables de Repsol analizaron también la evolución de las negociaciones mantenidas estos pasados días en Buenos Aires por una delegación de la compañía con los representantes del Gobierno argentino. El director general de Negocios, Nemesio Fernández Cuesta, dio cuenta de los avances alcanzados para cerrar las garantías jurídicas y financieras que aseguren el cobro de los 5.000 millones de dólares pactados como justiprecio por la expropiación de YPF.
El desplome del peso argentino ha facilitado un clima más favorable entre los negociadores, pero al mismo tiempo dificulta las expectativas de cobro a poco que la situación de Argentina empeore en los próximos años. Hay que tener en cuenta que los pagos tienen carácter diferido y Repsol necesita blindar el cobro por el bien de la empresa y también de sus consejeros.
La crisis cambiaria argentina, que puso en guardia al mundo entero, suma nuevos efectos secundarios: la incertidumbre sobre el rumbo de la economía del país enfrió el promocionado acuerdo entre el gobierno kirchnerista y Repsol para cerrar el conflicto por la nacionalización de YPF.
Las negociaciones iniciadas hace dos meses continúan, con un nivel de diálogo fluido, pero en España admiten que cerrar un pacto que consiste en aceptar bonos del Tesoro argentino en medio de la tormenta actual sería para la empresa como firmar un cheque en blanco.
El consejo de administración de Repsol se reunió ayer por primera vez en el año. Con el presidente Antonio Brufau a la cabeza, se analizaron los últimos detalles de las gestiones con la Casa Rosada y cómo puede condicionarlas el derrumbe del peso. Hubo estricto hermetismo al final de cuatro horas de encuentro. Nada para anunciar.
"La voluntad de acordar se mantiene, pero cambió el contexto y hay que analizar con cautela los próximos pasos", dijo una fuente vinculada con el directorio de la compañía.
El ministro de Economía, Axel Kicillof, esperaba que a estas alturas ya estuviera aprobado el contrato de indemnización por el 51% de las acciones que tenía Repsol en YPF. La Argentina ofrece 5000 millones de dólares en títulos públicos a cambio de que Repsol renuncie a los litigios internacionales que interpuso contra el Estado y que obstaculizan las inversiones privadas en la petrolera argentina.
Pero, como el propio ministro dijo hace dos semanas, son negociaciones "complicadas". Los españoles exigen garantías especiales para aceptar los bonos argentinos, que en los mercados internacionales se consideran de "altísimo riesgo".
Kicillof se niega a añadir un aval adicional al del Tesoro (por ejemplo, ofrecer como garantía las reservas del Banco Central), porque sería asumir como cierto el peligro de default que pregonan algunos analistas financieros. Así se lo dijo al ministro de Industria español, José Manuel Soria, con quien habló por teléfono la semana pasada para analizar la marcha de las negociaciones que ellos acordaron abrir en Buenos Aires el 25 de noviembre pasado.
El gobierno de Cristina Kirchner considera que la oferta presentada es generosa: bonos a 10 años por 5000 millones de dólares a un interés muy alto, cercano al 8,5%. Además, se atendió el reclamo de "liquidez" que exigían los españoles mediante la inclusión de una cláusula que permitiría la amortización anticipada en dos años de una parte de la deuda. Repsol ve todavía muchísimos detalles jurídicos y financieros por ajustar, aunque no deja de destacar la "excelente predisposición" de Kicillof y del CEO de YPF, Miguel Galuccio, para pulir la letra chica del pacto.
La empresa quiere un instrumento financiero que pueda ser vendido en el corto plazo. Ya antes de que quedara en evidencia la crisis del peso, un bono argentino podía perder hasta la mitad de su valor nominal al ser negociado en el mercado. Ahora, con todo el mundo mirando a Buenos Aires, el riesgo es "completamente inasumible", según un funcionario del gobierno español al tanto de la discusión.
En Repsol se manejan con máxima discreción para no perder la línea abierta con la Casa Rosada después de un año y medio de tensiones político-judiciales. El número dos de Brufau, Nemesio Fernández Cuesta, viaja casi todas las semanas a Buenos Aires para reunirse con Kicillof y Galuccio. Sus reportes son cautelosos, pero no del todo pesimistas. Algunos analistas ligados a la empresa consideran que la crisis puede ser una oportunidad: "Kicillof necesita hoy más que nunca una señal para mostrar al mundo que puede normalizar la economía. Tal vez ahora tenga mayor disposición a ceder".
¿Aceptará incluir las reservas como garantía última de los bonos?; ¿o admitirá la pretensión de que el valor nominal de los títulos de la indemnización suba hasta 8000 millones, para absorber un descuento? Como antecedente, en España recuerdan que Kicillof fue en abril de 2012 el cerebro de la expropiación y gritaba a los cuatro vientos que Repsol no cobraría un centavo. El gobierno argentino espera que las consecuencias de la devaluación sólo demoren un tiempo más el fin de esta historia. Insisten en que a más tardar en marzo se firmará la paz. Confían para eso en la presión que ejerce su gran aliado Pemex, la petrolera estatal mexicana, que es dueña de un 9% de Repsol. La semana pasada el número 1 de Pemex, Emilio Lozoya, se reunió en Davos con el ministro Soria para repasar el caso YPF. Fuentes con información sobre lo que allí ocurrió señalaron que el español había transmitido la necesidad de actuar con cautela ante la situación argentina, pero ratificó la voluntad de España por cerrar el capítulo cuanto antes.
TRANQUILIDAD EN YPF PESE A LA CRISIS CAMBIARIA
La incertidumbre con respecto al futuro de la economía no parece inquietar más de la cuenta a la gestión de YPF, que lidera Miguel Galuccio. Consideran que sus efectos serán pasajeros. Entre ellos, la demora en la firma de un acuerdo con Repsol. Una fuente de trato frecuente con el presidente de la petrolera reconoció ayer a LA NACION que la empresa no está ajena a la situación que atraviesa el país. Pero negó que las negociaciones estén caídas y sostuvo que Galuccio no está preocupado porque eso pueda ocurrir. Puso como ejemplo el hecho de que, todas las semanas, diversos ejecutivos enviados por la empresa española visitan la torre de YPF en Puerto Madero para avanzar en el convenio. El jueves de la semana pasada estuvo en la sede de YPF Nemesio Fernández Cuesta, número dos de Repsol. Casi al mismo tiempo, la devaluación estiró los plazos para la firma del acuerdo.
