Hoy el conflicto por los límites marítimos entre Perú y Chile llegó a su fin. Luego de décadas de conflicto, intentos de negociaciones con el país vecino, en 2008 Perú acudió a La Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya.

Para entender mejor por qué llegamos a estas instancias, hay que remontarse a 1952, cuando los gobiernos de del Perú, Chile y Ecuador firmaron la Declaración de Santiago. En esa declaración, a cada país le correspondía soberanía y jurisdicción exclusiva sobre el área marítima adyacente a sus respectivas costas hasta una distancia mínima de 200 millas marinas.

En 1954, los tres países firmaron el Convenio sobre la Zona Especial Marítima, a fin de evitar sanciones a las “embarcaciones de poco porte tripuladas por gente de mar con escasos conocimientos de náutica o que carecen de los instrumentos necesarios para determinar con exactitud su posición en altamar”.

Pero nunca se había firmado un tratado que incluyera el límite con Chile. Las zonas marítimas entre el Perú y Chile nunca han sido delimitadas ni por acuerdo ni de alguna otra forma. En 1986, el entonces embajador peruano Juan Miguel Bákula intentó conversar con las autoridades chilenas a fin de comenzar las negociaciones por el límite marítimo. En ese entonces, el gobierno chileno encabezado por el dictador Augusto Pinochet, se limitó a afirmar que los límites ya estaban fijados, según los acuerdos pesqueros del 52.

El gobierno peruano siguió insistiendo, hasta que en 2004, las cancillerías del Perú y Chile indicaron que tenían posiciones distintas al respecto. Un año más tarde, Perú realiza su cartografía marítima donde se superpone la zona en cuestión con el vecino país.

Sin embargo, Chile sostiene que ambos Estados han acordado una delimitación marítima que comienza en la costa y continúa a lo largo de un paralelo de latitud. Aún más, Chile ha rehusado reconocer los derechos soberanos del Perú sobre un área marítima situada dentro del límite de 200 millas marinas desde sus costas (y que se encuentra fuera de la zona económica exclusiva y de la plataforma continental de Chile).

Desde los años ochenta, el Perú ha intentado consistentemente negociar las diversas cuestiones incluidas en esta controversia, pero ha encontrado la constante negativa chilena a entrar en negociaciones.

Ante esta negativa del gobierno chileno de entablar una negociación, el 16 de enero de 2008 nuestro país presentó la demanda ante la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, Holanda, solicitando a dicho tribunal que proceda a la delimitación marítima entre ambos Estados. El recurso ante la Corte se encuentra amparado por el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas de 1948, más conocido como “Pacto de Bogotá”, en el cual el Perú y Chile son partes. Dicho tratado constituye la vía legal para recurrir directamente a la Corte, sin necesidad de ningún convenio especial, en aplicación de su artículo XXXI.

El 19 de marzo de 2009, el Agente de la República del Perú, Embajador Allan Wagner Tizón, presentó ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) la Memoria de Perú en el contencioso sobre delimitación marítima con Chile. La presentación se efectúa dentro del plazo establecido por la CIJ, que señaló el 20 de marzo de 2009 como fecha límite para la presentación de la Memoria por el Perú.

Perú solicita a La Haya la definición del límite marítimo con Chile bajo el criterio de la equidistancia en el área de controversia, que es la zona de superposición de los dos países. Pero también que este límite parta del Pungo de Condordia, -que más bien podría llamarse el Punto de la Discordia- en conformidad con el Tratado de Lima de 1929. Pero para Chile, el límite parte en línea recta hacia el mar desde el Hito N° 1, señalando a este como un límite marítimo, y no el hito terrestre Concordia.
“La controversia entre el Perú y Chile está referida a la delimitación del límite entre las zonas marítimas de los dos Estados en el Océano Pacífico, que comienza en un punto en la costa denominado “Concordia” conforme al Tratado del 3 de junio de 1929. La controversia entre el Perú y Chile también comprende el reconocimiento a favor del Perú de una vasta zona marítima que se sitúa dentro de las 200 millas marinas adyacentes a la costa peruana, y que por tanto pertenece al Perú, pero que Chile considera como parte del alta mar”, explican desde el Minsiterio de Relaciones Exteriores.

Postura ejemplar.
Los actuales presidentes, Ollanta Humala, y Sebastián Piñera, se han comprometido a acatar el fallo de sin importar los resultados. Luego de años de disputa, este compromiso resulta ejemplar para muchos países que se encuentran en litigios. Si bien el gobierno de Piñeira está llegando a su fin, su sucesora Michelle Bachelet, también ha expresado que respetará el fallo

Igualmente, otra no les queda ya que al firmar el Pacto de Bogotá, en 1949, ambos países se comprometieron a resolver sus disputas de manera pacífica. El Pacto de Bogotá, también conocido como el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas, obliga a agotar los mecanismos regionales de solución de los asuntos antes de acudir al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Este pacto tiene en cuenta los siguientes medios de solución pacífica de conflictos: buenos oficios, mediación, investigación y conciliación, arbitraje y procedimiento judicial. Es uno de los tratados que confiere jurisdicción a la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

Hoy ya no se trata de ganar o perder un fallo, si bien no solo los límites marítimos están en juego, este fallo y la postura de ambos países abre un nuevo capitulo en la historia de estas naciones, que más allá de los históricos conflictos, mantienen amplias relaciones bilaterales y un intercambio comercial cada vez mayor.

“El Fallo es un hito en nuestra historia, pues supone la culminación del proceso de definición de nuestras fronteras, al establecer el último límite pendiente entre el Perú y sus países vecinos. Y también porque ratifica la confianza que ha depositado el Perú en el sistema y en el derecho internacional: acudir a la Corte Internacional de Justicia, el más importante órgano judicial de la Organización de las Naciones Unidas, constituye a todas luces una opción de paz”, enfatiza, Eda Rivas, Ministra de Relaciones Exteriores de Perú.