El proceso de formalización de la minería informal anda muy lento y con muchas limitaciones. De los 10 mil 600 mineros informales que presentaron sus declaraciones de compromiso, antes de la instalación de la Ventanilla Única (15 de noviembre de 2013), más de 6 mil mineros lograron inscribirse en el Registro Nacional de Declaraciones de Compromiso.

De ese número, actualmente se tiene seis mineros informales bajo la figura de pequeña empresa minera, se encuentran en la última fase que consiste en la presentación del certificado de inexistencia de restos arqueológicos y posteriormente iniciar con sus operaciones.

Eso demuestra, que el proceso de formalización anda a paso de tortuga, y es una preocupación para los miles de mineros informales, en vista que los plazos de acreditación de títulos de concesión minera o contratos de explotación vence indefectiblemente el 19 de abril próximo.

Uno de los mayores obstáculos que afrontan los mineros, es conseguir la acreditación de titularidad, mediante el contrato de cesión minera o contrato de explotación sobre la concesión minera.

“Los concesionarios se niegan a otorgarnos los contratos de explotación y eso es el cuello de botella para avanzar con nuestros trámites, estamos contra el tiempo, aquí debe intervenir el Estado”, sostuvo Bonifacio Castillo, presidente de la Federación de Mineros Artesanales de Sandia y Carabaya.

A este problema se suman las limitaciones logísticas de la Ventanilla Única, que desde su implementación viene operando, en infraestructura inadecuada y sin los equipos requeridos para dar la celeridad a los trámites del proceso de formalización.

“Hay un problema grave para el funcionamiento de la Ventanilla Única, no hay logística y recursos para encaminar correctamente esta oficina; el Ministerio de Economía y Finanzas no ha transferido aún los 500 mil soles que se comprometió el Gobierno”, aseveró César Rodríguez, director regional de Energía y Minas.

Sin embargo, destacó el interés de los mineros de formalizarse, principalmente los 450 operadores mineros informales artesanales de La Rinconada, en cambio eso no se dará con los mineros ilegales que laboran en la cuenca del Inambari, donde aún no llegó la interdicción.

Comentó que el proceso de formalización se está llevando a cabo en dos etapas: la ordinaria y la extraordinaria. El primer caso corresponde a las empresas Proyecto Cóndor, AFC 9, Cruz Pata, Chaquinas, Chiquitosa A, Proyecto GAUL, Apuruna A, FADE I y Esquilachi, todos ellos se encuentra en la fase final.

La formalización extraordinaria se considera a partir de la implementación del Decreto Legislativo N° 1105 y posterior implantación de la Ventanilla Única. En la DREM se ha tramitado un total de 60 Instrumentos de Gestión Ambiental Corregidos (IGAC), de los cuales 6 pequeños mineros están a punto de formalizarse.

PROCESO DE INTERDICCIÓN

La mayor parte de la depredación de los recursos naturales a consecuencia de la actividad minera ilegal se concentra en la región Puno, específicamente en la parte alta de los ríos Ramis y Suches que alimentan al Lago Titicaca.

El alto comisionado en interdicción minera y remediación ambiental, Daniel Urresti, dijo que en la cuenca alta de Ramis, donde queda Pampa Blanca, Ancocala y Ananea, se han depredado 94,000 hectáreas.

Tras la interdicción realizada, en esta zona ya no hay ni una sola máquina trabajando, literalmente se han erradicado y la Policía Nacional está patrullando la zona permanentemente. Se instaló una base policial con 300 agentes.

“Paralelamente, estamos trabajando para que la minería ilegal sea incluida en la ley contra el crimen organizado, así como normas complementarias, mediante el Congreso, para evitar las acciones de amparo de los mineros ilegales”, comentó el alto comisionado.

Asimismo, adelantó que a partir de febrero se instalarán equipos especiales de la Policía y la Fiscalía en los aeropuertos de Madre de Dios, Cusco, Juliaca y Arequipa, cuya única misión será evitar que salga oro ilegal.

Las directivas están dadas desde Lima, pero en la práctica no hay avances significativos en el proceso de formalización; ocurre lo mismo en el proceso de interdicción, debido a que las cuencas del Inambari y Suches siguen siendo depredadas por la actividad minera ilegal.