Al tiempo, la presión nacional aumenta sobre la minería formal, por cuenta del lío de la Drummond. A eso se suman las demoras reiteradas en autorizaciones ambientales y consultas previas que le ponen más palos a la carrilera de una desacelerada locomotora minera nacional.

Estos son solo tres aristas de la compleja coyuntura minera que se evidencia luego de conversar con la directora del Sector de Minería a Gran Escala, Claudia Jiménez Jaramillo, quien defiende los intereses conjuntos de las 13 principales empresas de esa industria, como Cerrejón, Cerro Matoso, AngloGold Ashanti y la Drummond.

A diferencia de un informe de la Contraloría General de la República, reconoce avances en institucionalidad minera, pero también advierte la falta de celeridad del Gobierno para superar los cuellos de botella que limitan el crecimiento del sector.

“Los vacíos de información son muy graves para una industria que, como la nuestra, tiene un gran potencial de crecimiento”, afirma sin titubeos Jiménez, quien cuestionó que se estigmatice todo un sector por una “contingencia individual”.

En ese sentido, señala que la minería empresarial, genera 350 mil empleos y suma compras a empresas nacionales por 5,2 billones de pesos.

Igualmente, agrega Jiménez, aporta el 2,1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), el 18,8 por ciento del total de exportaciones, atrae el 17 por ciento de la inversión extranjera directa y aporta el 18,7 por ciento de las regalías.

Sobre las perspectivas del sector, el caso de la Drummond, críticas a partir del más reciente informe de la Contraloría sobre el sector y los compromisos concretos que tiene el gremio con el país respondió Jiménez a El Colombiano:

Mirando al 2013, ¿los indicadores están en rojo para el sector?

“No fue un año bueno para la industria y esperamos que, por primera vez en mucho tiempo, el Producto Interno Bruto (PIB) minero vaya a decrecer entre un 5 por ciento y 6,6. Las exportaciones han disminuido 21 por ciento, las regalías 20 por ciento y el empleo un 28 por ciento. Y frente a las metas de producción del Plan Nacional de Desarrollo estaremos por debajo en carbón y oro”.

¿Cómo pinta este año?

“En el entorno internacional, se pronostica que los precios se van a estabilizar después de su caída. Asimismo, los costos de producción vienen aumentando paulatinamente en un entorno nacional difícil y que cada vez hace más costosa la operación en el país, pues seguramente tampoco se alcanzarán las metas de producción. No obstante, como 2013 no fue bueno, puede que haya un pequeño crecimiento, pero la tendencia es más de estancamiento a menos de que haya cambios.

¿A qué se refiere?

“A que haya decisiones claras y contundentes para que la minería formal pueda activar esos proyectos que están a la espera de una autorización de licencia ambiental o de una consulta previa de comunidades, aquí o allá. Concretar las inversiones previstas por nuestra industria, tanto para exploración como expansión de operaciones, significa desembolsar 7.300 millones de dólares a valores presentes (unos 14,2 billones de pesos), lo que significaría en regalías e impuesto de renta unos 7,7 billones de pesos para la Nación y crearía cerca de 8 mil empleos. Pero esas cifras en 2011 eran 42 por ciento superiores”.

En ese sentido, ¿han mejorado los tiempos de permisos, como ha dicho el Gobierno?

“No, siguen los cuellos de botella gruesos del sector, pese a las mejoras en institucionalidad minera, tanto en licenciamiento ambiental como en consultas previas, procesos a los que está sometida la industria con toda voluntad, en ningún momento hemos dicho que no queramos cumplir con ambos requisitos”.

¿Por esos “cuellos de botella” han desistido mineras de estar en Colombia?

“Hay que hacer un inventario juicioso, pero de minería a gran escala la única que se ha retirado fue Vale. Hay que tener presente que muchas empresas en etapa de exploración y que no ha podido sacar adelante sus proyectos no se van a quedar eternamente. Esta es una industria globalizada y la inversión, buenas prácticas y tecnologías se ubican no solo donde hay yacimientos, sino donde hay un entorno que lo acepte y acepte como fuente de oportunidades para las regiones”.

¿Falta celeridad?

“Pues ya lleva meses de expedido el documento Conpes (Consejo Nacional de Política Económica y Social) sobre Proyectos de Interés Nacional y Estratégicos (Pines) y se supone que deben implementarse, al prever unificar y agilizar procedimientos. Pero hasta el sol de hoy no hemos visto ninguna actuación en ese sentido”.

De otro lado, ¿qué lecciones saca el gremio del caso de Drummond?

“Mi responsabilidad como gremio no es justificar ni condenar ni sacar lecciones de una contingencia individual que puede ocurrir en esta o cualquier otra industria. Estamos seguros de lo ocurrido se superará de manera adecuada, como ya se está haciendo. El país debe entender que hay una industria que, en su conjunto, está comprometida con el desarrollo de una minería responsable a gran escala y que aporta al crecimiento del país”.

Pero igual varios analistas han señalado que lo que ocurrió con Drummond afecta la reputación de todo el sector…

“Los casos específicos se resolverán ante las autoridades que deben actuar y cada empresa no debe hacer nada distinto que responder de manera responsable, no solo a la luz de la legislación, sino de los compromisos de autorregulación que tiene el gremio”.

Con altas sanciones a la Drummond y los adjetivos de algunos funcionarios, ¿el Gobierno está ayudando a demonizar la minería?

“El gremio parte de la premisa de que las normas son para cumplirlas y que las autoridades deben hacerlas cumplir. Pero sí creo importante focalizar el debate y, a propósito de una contingencia, no cuestionar a todo un sector que ha hecho esfuerzos importantes en los últimos años para mejorar sus gestiones social y ambiental”.

Otro punto en discusión es la liquidación de regalías con los procesos fiscales que tiene la Contraloría contra la Drummond y otras mineras, ¿qué ajustes deben hacerse en ese frente?

“La interpretación y discusión sana entre unas autoridades que hacen control fiscal y de pago de impuestos es completamente normal en cualquier sector, cualquier país y no hay que magnificar indebidamente en contra de una sola industria”.

Pero igual son altas sumas las presuntas evasiones que señala la contralora Sandra Morelli…

“Hay un legítimo derecho a tributar por parte de cada empresa lo que las normas dicen y buscar escenarios de acuerdo con la autoridad. Cuando haya irregularidades, la autoridad competente debe de intervenir garantizando el debido proceso. Tampoco olvide que el sector minero a gran escala es un actor económico importante para las finanzas del Estado”.

¿En qué sentido?

Pues esta industria paga el 4,8 por ciento del impuesto de renta del país, así como pagó el 2 por ciento del impuesto al patrimonio y otro 18 por ciento del total de regalías. Además todas son empresas honorables con sus obligaciones, muchas de ellas cotizan en bolsa o tienen unas casas matrices con auditores externos muy estrictos”.

Entre tanto, hay quienes señalan, a partir de lo pasó con Drummond, que se debe gravar mucho más a la gran minería en Colombia.

“Bienvenida la discusión, pero creo que un debate informado se hace a partir de comparar las condiciones de competitividad de una industria internacional por naturaleza y saber qué tanto sigue siendo atractivo el país, sea para comprarle sus productos o que llegue más inversión. Y pensar aumentar la tributación en un escenario de caída de precios internacionales, como se ha visto en los últimos tres años, es un error”.

El estudio que acaba de presentar la Contraloría señala una debilidad en la institucionalidad que controla las operaciones mineras, ¿lo considera así?

“El país está en un momento de construcción de la institucionalidad que requiere el sector. En efecto, hay un camino largo por recorrer en solidez y eficiencia de las instituciones que regulan y controlan la minería, así como una política clara de largo plazo. Pero por eso no se puede desconocer los avances que ha tenido Colombia en esta materia. Hace dos años no teníamos Viceministerio de Minas, hoy contamos con la Agencia Nacional de Minería que acaba de hacer el ejercicio de fiscalización más completo de la historia”.

La Contraloría también advierte la paradoja de una gran pobreza en las zonas de producción de la gran minería, ¿qué responderle?

“Es muy frustrante para nuestra industria que a pesar de todo lo que se paga en regalías en todas las mediciones se muestre que las regiones donde se opera sean las más pobres. Ahora nos encontramos con una visión ligera que afirma que hay un nexo de causalidad entre minería y pobreza. Yo invitaría a sacar a la industria minera de esas zonas para que se viera los impactos en la pobreza. Por eso hacemos un llamado para que las entidades competentes de control hagan un seguimiento a cómo se están invirtiendo esos recursos en las comunidades”.

¿Qué ha hecho la industria para facilitar el buen uso de las regalías por parte de los entes territoriales?

“La meta de nuestras 13 empresas es cada una tenga un plan de apoyo para los departamentos de planeación locales y darles capacidad técnica, uno de los cuellos de botella, desde la misma estructuración de proyectos para que pasen los filtros de los Órganos Colegiados de Administración y Decisión (Ocads), así como en la ejecución idónea de esos recursos, una vez obtenidos. Eso ya se hace con buenos resultados en La Guajira (Cerrejón) y Santander (AUX-CCX). Sin embargo, aún el reto es inmenso en todo el país”.

Por cierto, ¿qué resultados ha tenido la alianza con la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema (Anspe) para trabajar en las zonas de operación de las mineras?

“La Anspe firmó el año pasado compromisos individuales con las empresas con la meta de en tres años sacar a 3.500 familias de la pobreza extrema en los 30 municipios donde operan las mineras a gran escala. Se trata de alinear las iniciativas de responsabilidad social empresarial, que suman inversiones por 69 mil millones de pesos, con las del Gobierno para tener más impacto y eficiencia. Es frustrante ver que se invierte esa gran cantidad de recursos y la gente no lo ve, no lo valora, cuando somos unos aliados para superar la pobreza extrema donde hacemos presencia”.

¿En qué va el cumplimiento de los compromisos de autorregulación que hicieron públicamente los afiliados a este gremio?

“En nuestro tercer congreso (el 20 y 21 de febrero próximos, en Cartagena), haremos un balance de esos compromisos asumidos hace dos años para que nuestras 13 empresas se alinearan con los más estrictos estándares internacionales.

¿Y en qué falta mejorar?

Para este año nos concentraremos en dos temas donde había aún mejoras importantes por hacer: derechos humanos, en el sentido de no solo tener un mecanismos de recepción de quejas y reclamos de quienes se consideran afectados por la actividad minera, sino hacerles seguimiento con una debida diligencia; y el otro tema es de transparencia económica y promover iniciativas para mejorar la gestión de los recursos de regalías”.

¿Cuáles son los avances concretos de la alianza con el Ministerio de Minas para la formalización minera?

Hay ejemplos claros en que se aplican distintas modalidades dirigidas a los mineros informales con capacitación, contratos de operación, vinculación directa, desarrollo de unidades productivas y organización de asociación de mineros informales. Por ejemplo Gran Colombia Gold ya tiene 41 contratos de formalización que involucran a cerca de 3.000 personas. AngloGold Ashanti ha contratado directamente 69 personas y otras 84 vinculados por proyectos productivos. Minas Paz del Río identificó 49 minas informales y allí trabajan ya formalmente 389 personas, 28 intermediarios y 270 transportadores”.

Con todo, ¿qué quisiera oír del presidente Santos en el tercer congreso del gremio?

De los candidatos presidenciales, en general, y del presidente Santos, en particular, que haya una visión de mediano y largo plazo para acompañar el crecimiento del sector; que se crea en la capacidad de apalancar parte del desarrollo económico del país en una industria minera formal, legal, querida y comprendida por los colombianos; que la minería llegó para quedarse y no fue solo consecuencia de un boom de precios, como lo creyó Perú, Chile, Australia, Canadá e Indonesia, al ver en la minería una oportunidad formidable de desarrollo.

MINISTERIO DEL TRABAJO REFUTA A LA DRUMMOND

El presidente de la Drummond, José Miguel Linares, y un comunicado de la multinacional, insistieron este fin de semana en que la huelga de 53 días en 2013, retrasó las obras del muelle de cargue directo de carbón por no dejar ingresar a empleados de la Drummond. Al respecto, el Ministerio del Trabajo refutó ayer tal afirmación y reveló que “al presentar el Plan de Contingencia al inicio de la huelga -aprobado por el sindicato y con visto bueno del Ministerio - la empresa no incluyó la necesidad de que un grupo de trabajadores directos fueran autorizados para continuar laborando, durante la huelga, como supervisores de la construcción del puerto”.