La enorme hidroeléctrica Yacyretá, que abastece en torno a un 20% de la energía argentina, no es rentable, al menos en el papel, debido al también enorme caudal de intereses que Paraguay adeuda a la Argentina por la construcción de esa obra en la frontera, unas cifras que Asunción quiere renegociar.

No es la primera vez que ambos países hablan de pasar a limpio los libros de cuentas, pero esta vez tienen una fecha límite, el 27 de marzo, cuando se cumplen los 40 años de la entrada en vigor del tratado entre ambas partes, que exige la revisión de los términos en esa fecha.

Un informe elaborado en 2009 para el Congreso paraguayo por la entidad binacional que gestiona la represa calculaba que ese organismo adeudaba u$s15.840 millones, el 93% al Gobierno argentino y el resto a bancos, organismos multilaterales y proveedores.

Cada año las cargas financieras suben u$s1.000 millones, mientras que su producción energética solo vale u$s900 millones, según Juan Schmalko, el director paraguayo de la hidroeléctrica, lo que significa que si la entidad fuera una empresa privada estaría en la quiebra.

Los intereses emanan del gasto que hizo Argentina en las obras, iniciadas en 1983, una década después de la firma del tratado, y paradas, sin completarse, en 1998, por lo que sus turbinas solo alcanzaron el potencial previsto en 2011 tras la retomada de los trabajos en los últimos años.

Paraguay, que contribuyó a la construcción con el 80% del terreno anegado, usa esos retrasos como argumento a favor de la renegociación de la deuda.

También sugirió que los "aportes" de las partes de los que habla el tratado no son préstamos, y por tanto no se tendría que pagar intereses por ellos, según explicó a la agencia de noticias EFE una fuente de la entidad binacional.

Schmalko dijo que la deuda, en base solo al capital aportado por Argentina y no a los intereses, sería de unos u$s6.000 millones.

Argentina también tiene un incentivo para una revisión de las cifras, debido a la posibilidad de un alza de la tasa que paga a Paraguay por la energía adicional que utiliza.

Esa tarifa, según el tratado original, se debe basar en el costo de producción, pero la inclusión de los costos financieros en ese valor supondría una sangría para el erario argentino.

Actualmente, Argentina abona una tarifa menor acordada entre los dos gobiernos a través de las llamadas "notas reversales", que no pasaron por la aprobación de las legislaturas respectivas.

En los últimos ejercicios, Argentina ha pagado más de 100 millones de dólares al año a Paraguay en compensación por la cesión de energía.

Aunque los dos países se deben repartir la energía a la mitad, Paraguay consume mucho menos, debido a su menor demanda y a su deficiente red de distribución eléctrica, por lo que el excedente lo absorbe Argentina.

Así, en 2012 más del 87% de los 20.091 gigavatios hora generados por Yacyretá acabaron en hogares e industrias argentinos.

La generación podría aumentar un 40% con un nuevo programa de inversión, que prevé la instalación de más turbinas y la construcción de una nueva central hidroeléctrica en un brazo del río Paraná llamado "Aña Cuá", entre otras medidas, según la fuente.

Una comisión binacional analiza actualmente ese proyecto y revisa las cifras de deuda y las tarifas, de cara a presentar un informe el 7 de febrero que servirá para las negociaciones entre ambos países.

Las dos capitales llegaron a un preacuerdo sobre el tema en 2006, que al final se desbarató por disputas sobre los detalles.

Entonces se determinó que la deuda con Argentina era de u$s10.885 millones, de los cuales Paraguay reconocería u$s4.688 millones, que pagaría en los siguientes 42 años con la venta de energía al país vecino.

La negociación actual se da en medio de un sentimiento generalizado entre los paraguayos de que tanto en Yacyretá como en Itaipú, la otra represa que comparte con Brasil, Paraguay no recibe lo suficiente de sus socios, según dijo a EFE Carlos Mateo Balmelli, un exdirector paraguayo de Itaipú.

Balmelli aseveró que Paraguay debería tener libertad para vender su excedente energético a quien quiera, con lo que lograría tarifas más altas. Ese será previsiblemente otro ingrediente en el debate sobre la deuda.

El Gobierno paraguayo de Horacio Cartes pedirá próximamente a la Argentina una drástica revisión de la multimillonaria deuda por la construcción y el mantenimiento de la hidroeléctrica Yacyretá que la Argentina le reclama.

La Entidad Binancional Yacyretá (EBY), conformada por los gobiernos de la Argentina y Paraguay, acumula una deuda de al menos 15.840 millones de dólares debido a su gestión deficitaria en los casi 40 años de administración conjunta.

De esos 15.840 millones de dólares, la entidad debe un 93 por ciento (unos 14.731 millones) al gobierno de la Argentina (que tuvo que poner ese dinero a los largo de los años para que Yacyretá funcione) y el resto a bancos, entidades financieras de nivel internacional y proveedores.

Así se desprende de un informe elaborado en 2009 para el Congreso paraguayo por la propia Entidad Binacional que gestiona la represa, que le brinda a la Argentina el 20 por ciento de la energía que el país demanda para cubrir su necesidad.

El Gobierno argentino le reclama a Paraguay, en tanto, unos 9.000 millones de dólares, lo cual en noviembre de 2013 generó un cortocircuito con la gestión de Cartes, que sostiene que no cuenta con los recursos para hacer frente a ese pasivo.

La gestión de Cartes mantiene la postura de que la deuda de Yacyretá no es de Paraguay, sino de la represa conjunta, y para ello plantea un esquema de pagos con lo que produce esa misma empresa como solución posible.

Pero ahora Juan Schmalko, el director paraguayo de la hidroeléctrica, reconoció ante la prensa internacional que cada año las cargas financieras de la deuda de la Entidad Binacional suben 1.000 millones de dólares, mientras que su producción energética solo vale 900 millones.

Schmalko precisó en recientes declaraciones que la deuda, sobre la base solo del capital aportado por Argentina y no a los intereses, sería de unos 6.000 millones de dólares.

Esa situación tornaría insostenible la postura de Paraguay de que sea la propia EBY la que pague su deuda, dado que si la entidad fuera una empresa privada estaría en la quiebra en la actualidad si no fuera por el aporte de los Gobiernos para mantenerla en funcionamiento.

Cartes no solo desconoce la deuda sino que el sábado último dijo que está trabajando con Smalcko para que los fondos que recauda Paraguay por la producción energética de Yaciretá sean volcados a políticas sociales en su país.

"En eso estamos trabajando, eso les puedo asegurar, vengo hablando con el director Johnny Smalcko. Los recursos de Yacyretá hay que volcar al lado social para la gente", dijo el presidente de Paraguay al participar de la 35ª Edición de la Fiesta de la Tradición Misionera, en la plaza Fulgencio Yegros.

No es la primera vez que Paraguay quiere pasar a limpio los libros de cuentas, pero esta vez tiene una fecha límite, el 27 de marzo, cuando se cumplen los 40 años de la entrada en vigor del tratado entre ambas partes, que exige la revisión de los términos en esa fecha.

Los intereses de la deuda emanan del gasto que hizo Argentina en las obras, iniciadas en 1983, una década después de la firma del tratado, y paradas, sin completarse, en 1998, por lo que sus turbinas solo alcanzaron el potencial previsto en 2011 tras la retomada de los trabajos en los últimos años.

Paraguay, que contribuyó a la construcción con el 80 por ciento del terreno anegado, usa esos retrasos como argumento a favor de al menos una renegociación de la deuda.

La gota que colmó el vaso fue el caso de Orlando Garay, secretario del Comité Ejecutivo de la actual administración de Juan Schmalko, en la EBY. Es decir, el segundo en línea directa en el ente. Fue puesto en el cargo por el anterior director, Enrique Cáceres, y mantenido por Schmalko, gracias al parentesco y amistad de Garay con el actual gobernador de Itapúa, Luis Gneiting (ANR), según algunos representantes de la Coordinadora de Funcionarios Colorados de la EBY.

Los funcionarios enviaron una nota a la ANR en la que piden que la Junta de Gobierno lance una recomendación a las autoridades del ente hidroeléctrico, en cuanto a promover a los funcionarios de carrera y con capacidad y dejar de lado el padrinazgo.

Los empleados colorados señalan a Garay como responsable de varias irregularidades durante su gestión como jefe de compras. Aseguran que en el informe de auditoría saltaron varios casos que salpican al recomendado de Fernando Lugo, aunque, sin embargo, Schmalko no incluyó en el dossier a ser enviado a la Fiscalía y en el que sí aparecen casos como los protagonizados por el exasesor jurídico Agustín Saguier (hijo del senador liberal, Miguel A. Saguier) y el exjefe financiero Fernando Aldama y otros por el pago de millonarias indemnizaciones supuestamente en forma irregular.

Cargo para exoviedista

A pedido de la Presidencia de la República, el exdiputado Artemio Barrios (ex-Unace y actual colorado) fue designado en una de las direcciones de la EBY, lo que también desató el enojo de la dirigencia de base de Cordillera, que reclama que tal cargo debe ser para alguien con más méritos partidarios. La información de que el exlegislador cordillerano Barrios fue contratado en Yacyretá causó la inmediata reacción de los colorados del citado departamento, que pidieron explicaciones.

Señalan que Barrios no tiene méritos para ser beneficiado con un cargo en la binacional, atendiendo que en el pasado, cuando era un referente del Unace, el legislador jugó a dividir los votos colorados, beneficiando a los liberales del departamento.