La ANSeS tiene dos misiones encomendadas por el ministro de Economía, Axel Kicillof. Por un lado, el ente conducido por Diego Bossio es el encargado de frenar la escalada del dólar paralelo y, por el otro, el fondo –que maneja más de $ 300.000 millones en inversiones– tiene el objetivo de ‘abrir el paso’ para la emisión de bonos soberanos con los que se saldará la deuda con Repsol por la estatización de YPF. La posibilidad de una emisión extra para saldar la deuda con el Club de París también suena.

La semana pasada, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) sacó al mercado por primera vez al Bonar 2018, una emisión hecha en 2011 y suscripta totalmente por el ente previsional. Fueron u$s 2.300 millones los emitidos, de los cuales la ANSeS ya inyectó al mercado local u$s 15 millones nominales.

El nuevo bono le da al ente previsional un nuevo papel con el que controlar al “dólar Bolsa”. El FGS soltó casi $ 800 millones de Bonar X para controlarlo, con poco éxito, desde mediados de diciembre.
El Bonar 2018 le permite quitarle presión al Bonar X al agregar un papel más con el que controlar ese tipo de cambio (que ayer, sin presencia de la ANSeS se disparó a $ 10,70).

Pero el FGS decidió mover al nuevo bono en el tablero con la vista puesta en el mercado internacional.
“El objetivo es que empiece a cotizar afuera, cosa que va a empezar a pasar cuando algún inversor privado lo utilice para hacer liqui”, dijo una fuente con conocimiento de los manejos del fondo.

Normas internas de ANSeS limitan sus movimientos: está obligada a operar en mercados locales y regulados, como el MAE. No puede sacar a un título fuera del país por cuenta propia.

“Una vez que el Bonar 2018 empiece a rodar y llegue afuera, se amplía la curva soberana en dólares con más precios de referencia, algo vital para emitir más Boden 2015, más Bonar 2017 y 2018 y otros títulos que podrían necesitarse para indemnizar a Repsol”, agregó la misma fuente.

El propio armado de la curva allana –en parte– el camino para otras emisiones que busquen ingresar divisas para apuntalar las reservas o cancelar otras deudas, como la del Club de París (ver página 4 de Economía). Más allá del pago de obligaciones, en el entorno de Kicilloff no se cansan de aclarar que (por ahora) no se tomará deuda “si no es con fines productivos o de infraestructura”.

Los detalles del acuerdo con Repsol se mantienen en secreto, pero trascendió que se pagarían entre u$s 4.000 y u$s 5.000 millones por la expropiación de parte de la empresa. El pago se haría con distintos bonos a diferentes plazos: parte con Boden 2015, parte con Bonar 2017 y, ahora, parte con el Bonar 2018. Antes, entre el Bonar 2017 y el siguiente título había una diferencia de décadas.

En el Gobierno creen que la caída de los bonos soberanos en las últimas semanas en el exterior se debe en parte a la inminencia del acuerdo con Repsol. Una inyección fuerte de Boden y Bonar podría planchar el precio de los papeles ya existentes. En Wall Street, el Bonar X pierde 4,9% en el año y 6,62% desde su máximo del 29 de noviembre. El Boden 15 cae 1,99% en el año.

“El principal motor para los bonos argentinos es el juicio holdout en la Corte Suprema, y hay algo de toma de ganancias tras un 2013 muy bueno”, dijo Alberto Bernal, del fondo etadounidense Bulltick. “Si Repsol es cuidadoso, no creo que haya una indigestión de papeles, aunque el armado de curva es lógico”, agregó.

Por otro lado, la posibilidad de liquidar bonos de la ANSeS fuera del país para ingresar divisas y apuntalar así a las reservas está en el tintero, pero no decidida. Bossio la resiste por las dificultades técnicas de hacer la maniobra y las consecuencias patrimoniales para el FGS.

Un bono Baade o cupón en dólares a 10 años, por una emisión aproximada a los u$s 5.000 millones, con un interés de entre un 8,25% y un 8,7% anual (en el caso de optarse por un cupón parte de la tasa estaría sujeta al crecimiento de la economía), con un plazo de gracia para comenzar a liquidar intereses de entre dos y cuatro años y a pagarse íntegramente en el mercado de capitales de Buenos Aires. Y además, un pago al contado en un plazo de entre 24 y 48 meses. Esa es la oferta que el Gobierno de Cristina de Kirchner le hizo a los negociadores de la petrolera Repsol para cerrar el acuerdo que la compañía discute con funcionarios del Ministerio de Economí, de Axel Kicillof, y la embajada argentina en Madrid que maneja Carlos Bettini, y que en los últimos tiempos se convirtió en uno de los pilares del acercamiento entre las partes.

En principio, según la visión que se tiene en Buenos Aires a partir de lo que deslizaron los enviados de la petrolera para negociar el acuerdo, el bono sería aceptado y, eventualmente, lo que habría que terminar de cerrar es el monto de la emisión del título público y el pago al contado. Según la visión de los españoles, el dinero debería acercarse más a un monto de u$s 8.000 millones. Para la contraoferta argentina, de ese nivel sería el pago final incluyendo los intereses, con lo que los españoles de Repsol que siguen al presidente Antoni Brufau, no deberían ser críticos de la oferta y terminar de cerrarla. Igualmente, todo se resolverá entre febrero y marzo, cuando Brufau cite a una nueva reunión del Consejo de Conducción de la petrolera, que en ese evento deberá votar a favor o no de la propuesta argentina.

Se cumpliría así el mandato de la anterior reunión del Consejo de Administración de la compañía, organizado el 27 de noviembre pasado en Madrid, y donde Brufau comandó el encuentro donde se le otorgó a los funcionarios de la compañía avanzar en una negociación con la Argentina que permita "iniciar conversaciones entre sus equipos y los del Gobierno argentino a fin de buscar una solución justa, eficaz y pronta a la controversia". Allí se dispuso además que mientras tanto se discuta el acuerdo, Repsol no avalaría ante el CIADI (el tribunal del Banco Mundial para dirimir diferencias entre privados y empresas), en el juicio por u$s 10.000 millones que los europeos le hacen al país.

Si Repsol acepta la propuesta del bono ofrecido por el Gobierno argentino, el primer pago se efectuaría después de 2015, cuando ya en la Casa Rosada no esté Cristina de Kirchner. Además, siguiendo este cronograma, el bono se emitiría y se especula con que Repsol no espere mucho tiempo para empezar a venderlo en los mercados de capitales para hacerse de liquidez. Luego tendría libre cotización en la Bolsa de comercio local. De todas maneras, la estrategia de la compañía que maneja Miguel Galuccio es que para 2016 la situación financiera de la petrolera argentina sea óptima y que con su propio desarrollo aporte los fondos necesarios para liquidar el pasivo.

Por el lado argentino, el negociador principal es el propio Kicillof junto con Bettini; mientras que por los españoles, la operación está siendo monitoreada desde Madrid personalmente por Brufau, pero además ya están trabajado representantes del Deutsche Bank, la entidad contratada por Repsol para colaborar como asesores legales y financieros.

Según pudo saberse, uno de los puntos más complejos planteados en Buenos Aires tanto por los españoles como los alemanes, es la aplicación de las garantías y qué avales se añadirán ante un eventual impago. Escuchar esto de parte de los negociadores argentinos es una afrenta a la visión ideológica del equipo económico. En cualquier otra circunstancia, al oir que al país no se le cree que vaya a pagar y que se necesitan avales y garantías sólidas, sería una razón suficiente como para dar por terminada cualquier discusión y potencial acuerdo. Sin embargo la necesidad de cerrar este conflicto para empezar a pensar en un país más cercano al exterior y a la llegada de dólares, hace que cualquier planteo de los visitantes deba ser tenido en cuenta y solucionarse.