Una serie de contactos ha sostenido en las últimas semanas la Cancillería de Perú con el gobierno chileno buscando reactivar una antigua propuesta de Lima: la creación de una comisión binacional que se haga cargo de la ejecución del fallo de La Haya, que será leído por los jueces de la corte internacional el 27 de enero desde Holanda.

La idea -según dicen miembros del equipo responsable del seguimiento del caso en La Haya- fue planteada en junio pasado por el entonces canciller peruano Rafael Roncagliolo, quien propuso un equipo conformado por los directores jurídicos de los respectivos ministerios de Relaciones Exteriores y expertos de las FF.AA. de Chile y Perú para definir los cambios legales y administrativos que podrían requerirse, dependiendo la resolución que se dicte.

En diciembre, Perú reactivó  la ofensiva tanto a través del coagente peruano y ex canciller José Antonio García Belaúnde como el propio Presidente Ollanta Humala, que planteó la necesidad de formar tras el fallo “comisiones multisectoriales que se coordinarán con las de Chile para ver el ordenamiento jurídico que haya ha lugar y sobre todo avanzar con proyectos que nos permitan integrarnos”.

Aunque Chile desechó en su minuto la iniciativa -que coincidió con los intereses públicos de Perú de avanzar en la ejecución inmediata del fallo-, miembros de los equipos asesores de la Cancillería en la demanda ante La Haya aseguran que se ha explorado la fórmula de una comisión de Santiago y Lima para la implementación del veredicto.

Sin embargo, y al margen de las fórmulas planteadas hasta ahora, cercanos al proceso señalan que los equipos chilenos han explorado internamente la idea de una comisión integrada por técnicos -que deberán destinarse según los requerimientos que exijan el veredicto- y autoridades de ambos países.

DEPENDE DEL RESULTADO

La medida, con todo, está condicionada -dicen las mismas fuentes- por al menos dos factores. 

Primero, la resolución que dicte el tribunal internacional, según  lo cual se definirán los aspectos a modificar, cuáles son de carácter unilateral y aquellas que necesitan concurso de ambos países. 

En el caso de Lima, fuentes de dicho país señalan en este último caso “la fijación de coordenadas de la frontera marítima, la elaboración de acuerdos de protección pesquera o medioambiental”.

En segundo término, en el equipo chileno aseguran que la definición de una eventual comisión está cruzada por la decisión que al respecto tome el próximo gobierno, liderado por la Presidenta electa Michelle Bachelet, quien asumirá La Moneda casi 40 días después de conocido el fallo, por lo que le recaería la tarea de implementación del veredicto.

De hecho, el lunes, en la reunión en La Moneda entre el Presidente Sebastián Piñera,  jefes partidarios y miembros de las comisiones de Relaciones Exteriores de ambas cámaras del Congreso -en la que también participaron  el canciller Alfredo Moreno y los agentes ante La Haya Alberto van Klaveren y María Teresa Infante-, el Mandatario planteó, según algunos de los presentes, que no se podía proceder a una ejecución inmediata, como pretende Lima.

Una postura similar asumió la presidenta electa hace poco más de una semana tras la cita que sostuvo con Piñera, donde también aludió a la cautela y a la necesidad de revisar bien el fallo antes de tomar decisiones sobre su implementación.

“A algunos países les puede significar cambios legislativos, puede significar cambios cartográficos, un conjunto de cosas, pero va a depender de cuál va a ser el fallo”, dijo en aquella oportunidad.

En tanto, la propuesta limeña ya había tensionado en septiembre pasado a Piñera y Humala, cuando previo a un encuentro bilateral en Nueva York -donde se encontraban participando de la Asamblea General de la ONU- este último abogó por la implementación inmediata por parte de ambos países. Tras esa reunión, en la que participaron los cancilleres de ambos países -Moreno y Eda Rivas-, Piñera explicitó el “acuerdo de respetar, acatar, cumplir y ejecutar el fallo”, pero sin definir tiempos.