Aunque se ubicó muy por debajo del aumento de precios estimado por las consultoras, la inflación que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) obtuvo para diciembre -último mes de vigencia del cuestionado índice de precios al consumidor (IPC) metropolitano- fue la más alta reportada por el organismo oficial en casi 9 años. En diciembre, según el Indec, los precios en la Capital Federal y el conurbano bonaerense subieron 1,4 por ciento. Desde marzo de 2005, cuando la suba mensual de los precios llegó a 1,5%, no se registraba una tasa mensual tan elevada.

Para los privados, sin embargo, el resultado fue mucho mayor. Según el IPC Congreso, que muestra el promedio de las estimaciones de un grupo de consultoras, la inflación de diciembre fue de 3,4%; para la ex directora de IPC del Indec Graciela Bevacqua la suba de los precios fue de 2,9% y para el Estudio Bein, de 3,8 por ciento. Para el año completo, el Indec calculó una inflación de 10,9%, casi tres veces menor que el 28,4% del IPC Congreso y el 27,4% de Bevacqua y 2,5 veces menor que el 25,5% del Estudio Bein.

A partir del próximo mes, el Indec medirá la inflación con un nuevo índice de precios nacional, que reemplazará al polémico IPC metropolitano, cuyos resultados empezaron a ser cuestionados a partir de principios de 2007, cuando el organismo fue intervenido por el entonces secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno.

El Gobierno se comprometió con el Fondo Monetario Internacional (FMI) a confeccionar un nuevo índice de precios cuyos resultados se acerquen más a la realidad. Sin embargo, como publicó ayer LA NACION, técnicos que participan de la elaboración del nuevo índice nacional denuncian desprolijidades en el proceso.

Respecto al último resultado del IPC actual, si bien difirió mucho de las estimaciones de las consultoras, el 1,4% reportado para diciembre constituye toda una novedad en una serie que en los 44 meses anteriores sólo había mostrado en tres ocasiones variaciones por fuera del rango entre 0,6 y 0,9 por ciento.

Según el Indec, el rubro que más incidió en la inflación de diciembre fue alimentos y bebidas, cuyos precios crecieron 1,6 por ciento. Los precios de esparcimiento, salud y equipamiento y mantenimiento del hogar mostraron subas aún mayores, sin embargo, por tener un peso menor en el cálculo del IPC total, su incidencia fue más baja.

Para los privados, la inflación en alimentos y bebidas fue mucho mayor que la reportada por el Indec. Según las estimaciones de Graciela Bevacqua, los precios de esos productos subieron 3,9% en diciembre. El informe de la analista señala que "se observó un aumento generalizado en todo el capítulo", pero destaca las alzas en bienes como helados, pan, huevos, harina y carnes.

Para Bevacqua -que fue despedida del Indec tras la intervención del organismo-, otros rubros con fuertes aumentos de precios fueron esparcimiento y equipamiento, y mantenimiento del hogar.

En tanto, el informe del Estudio Bein -una de las consultoras a las que Moreno multó por presentar sus propias estimaciones de inflación- señala: "El aumento de diciembre fue impulsado principalmente por los capítulos Alimentos y Bebidas y Equipamiento y Mantenimiento del Hogar, con aumentos mensuales superiores a los del nivel general: 5,2% y 12,5%, respectivamente".

LA COMEZÓN DEL SÉPTIMO AÑO

El IPC porteño dijo adiós con el índice de diciembre de 2013

La intervención
Enero de 2007
Para evitar que el índice de enero reflejara los fuertes aumentos en medicina prepaga, turismo y algunos alimentos, Guillermo Moreno decidió intervenir, de hecho, el Indec

Multas a consultoras
Febrero de 2011
Para intentar terminar con las mediciones privadas, Moreno comenzó a aplicar multas de $ 500.000 a las consultoras que informaban índices de inflación paralelos a los del Indec

La despedida
Diciembre de 2013
En medio de un recambio en el gabinete, Moreno dejó la Secretaría de Comercio, allanando el camino para la aparición de un nuevo índice que se conocerá el mes próximo

Unos seis años después de haber desembarcado e intervenido con su task force en el INDEC y 144 presentaciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC) después, Guillermo Moreno, ya fuera del Gobierno, dio ayer su último opus como legionario de la inflación diseñada. El exsecretario de Comercio Interior llegó en enero de 2007 a tomar el control del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y terminar con un flagelo que se venía venir como problemático para el Gobierno nacional: el alza de los precios. El exsuperfuncionario lo hizo de la manera más directa y efectiva: interviniendo el organismo, eyectando a los responsables máximos con décadas de experiencia y armando un índice a imagen y semejanza de la inflación que en su mente debía existir en el país. Que no reflejara el alza de precios real en la economía era un problema aparte. En cierto sentido, era más fácil terminar con el alza de precios fulminando el IPC que bajando en serio la inflación. Fue una forma formal oficial y respaldada por el poder político de "romper el termómetro" como mecanismo para "terminar con la fiebre".

En su diseño gráfico lo logró. En estos años la inflación morenista del INDEC reflejó un alza del 57%, con un promedio del 9,5% anual entre 2008 y 2013. En el mismo período, la "inflación Congreso" llegó al 144,9% con un promedio mensual del 24,15%. La diferencia anualizada llega al 88% entre ambas mediciones. Lo peor es que ninguna se puede tomar como seria. Así como la oficial morenista es fruto del excel de la computadora que reinaba en la oficina del superministro, la "Congreso" es consecuencia de un promedio de lo que las consultoras privadas miden mes a mes a partir de sus propios cálculos más econométricos que fruto de encuestas serias. Sucede que sólo el Estado con sus recursos está calificado estructuralmente para medir seriamente y con mecanismos estadísticos serios y profesionales el alza mensual de los precios. Un privado, aunque trabaje con absoluta buena fe y conocimientos técnicos, nunca podrá aplicar las herramientas técnicas con que cuenta el sector público por una razón simple: cuestan millones de pesos, un dinero que es imposible facturar por un informe estadístico de precios. Así como el INDEC de Moreno es una referencia sobre hasta dónde puede llegar la buena voluntad de un funcionario avalado por el poder político para distorsionar la realidad, y creérselo, las mediciones de los privados sólo sirven de referencia económica sobre lo que puede ser en parte el alza de los precios en un momento determinado de la historia.

Hay otro indicador quizá más serio que puede mostrar el verdadero aumento de los precios en los seis años de intervención morenista del INDEC. Desde aquel 2007, cuando comenzó todo, los sindicatos continuaron negociando sus paritarias con aumentos anuales promedio del 24% (entre el 22% y el 26% según el año). Si la inflación oficial hubiera sido cierta, en estos seis años (comparando el promedio del 9,5% contra el 24% anual de ambos indicadores), al menos los empleados en relación de dependencia con representación gremial y convenio colectivo de trabajo hubieran tenido un alza salarial real del 87%. Esto es, su capacidad de compra en estos seis años habría aumentado casi el 90%. Un verdadero "salariazo", obviamente inexistente. Tan inexistente como la medición final a diciembre de 2013: que una familia tipo argentina (pareja y dos hijos) puede comer, beber y sobrevivir con 6 pesos diarios y además tener un techo, transportarse y hasta gozar de cierto esparcimiento con 14 pesos por día.

Todo empezó una tarde de calor de diciembre de 2005, cuando Moreno, alertado por la inflación de noviembre de ese año, de más del 2%, desembarcó en el INDEC para "ver qué pasaba". Con su voz de mando en su mejor momento político, entró como una tromba y enfocó su mira en Graciela Bevaqua, la directora general de Estadísticas y Precios, que era responsable de medir y publicar el incomodísimo IPC. Moreno le pidió, el 29 de enero de 2007, que Bevaqua le enviara "urgente, ya, a mi escritorio" el listado de los comercios a los se les consultaba el precio de los productos con los que se medía la inflación. La funcionaria se negó terminantemente bajo el amparo de la ley de Secreto Estadístico que protege las fuentes de donde el INDEC obtiene sus datos para elaborar los indicadores oficiales. Bevaqua selló su suerte, y fue eyectada del cargo y reemplazada por Beatriz Paglieri, una funcionaria sin mayores pergaminos técnicos que con el tiempo se convirtió en una colaboradora directa de Moreno llegando a ocupar la secretaría de Comercio Exterior, por cuyo escritorio se levantaba o bajaba el pulgar para importar o exportar productos. A cargo de la medición concreta del IPC quedó Nestor Itzkovich.

Con Bevaqua se despedazó toda la conducción del INDEC del 2007, incluyendo a la directora de Condiciones de Vida, Clyde Trabuchi, que pidió "ser separada de su cargo" y semanas después renunció el entonces titular Lelio Mármora. Hubo decenas de desplazamientos, incluyendo el nombramiento de ex militantes efusivos de clubes de futbol del ascenso que tendrían la misión de controlar que los procesos estadísticos técnicos y econométricos se realizaran con el profesionalismo que Moreno pedía y con los números que desde Comercio Interior se ordenaban. Esto continuó al menos hasta ayer que se presentó el IPC de diciembre.

El balance de estos seis años fue terminal. El IPC dejó de ser referencia por ningún agente económico ni actor social ni tampoco por los propios funcionarios que elaboran los presupuestos sobre pautas inflacionarias que duplican y hasta triplican a los números del Instituto. Tampoco pasó la prueba académica que el gobierno ordenó en 2009 con Amado Boudou como ministro de Economía Consejo Académico de Estudio y Seguimiento (CAES) con profesores de las universidades de Buenos Aires (UBA), Mar del Plata, Rosario, Tres de Febrero y Tucumán. Se quería obtener un "certificado de calidad" al cuestionado IPC, pero se transformó en un bumerán ya que los profesores terciarios directamente dijeron que el indicador era algo así como una vergüenza nacional. Más técnicamente "lo que indica el IPC no guarda relación con lo que pagan los consumidores.

Boudou dio un golpe de timón en 2010 y llamó al FMI, el enemigo económico público número uno del gobierno nacional, para que "ayude" al país a elaborar un nuevo indicador que reemplace a IPC morenista. Finalmente, en octubre del año pasado, el directorio del Fondo, con Christine Lagarde a la cabeza, alabó la nueva propuesta oficial de elaborar un indice que incluya a todo el país sobre la base de las recomendaciones de los técnicos del organismo. Si Argentina cumplía con la recomendación, sería quitada del estatus de país al borde de sufrir una "moción de censura" por la falta de confianza de sus indicadores y, posiblemente, pueda volver acceder a algún crédito internacional si acepta las misiones previstas en el artículo IV del estatuto del FMI. Esto es, abrir las fronteras hoy cerradas para que los inspectores del Fondo digan que la medición de la inflación en el país es más o menos seria. La responsabilidad ahora es de Axel Kicillof. No pudieron en su momento Miguel Peirano, Martín Lousteau, Carlos Fernández, Amado Boudou y Hernán Lorenzino.

La inflación de 2013 calculada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) fue de 10,9 por ciento, alrededor de un tercio del 28,3 por ciento estimada por las consultoras privadas.

Los datos fueron difundidos hoy por el organismo oficial y además detallaron que en diciembre la variación de precios al consumidor fue de 1,4 por ciento, casi dos puntos por debajo de la proyectada por economistas en 3,3 por ciento. Es el valor más alto desde marzo de 2005, cuando había sido de 1,5%.

Estos datos corresponden al último indicador que el Indec elaboró con la metodología que impuso el ex secretario de Comercio Guillermo Moreno desde que de manera informal asumió la conducción del organismo en enero de 2007.

Las consultoras privadas contrastan ampliamente por los datos difundidos por el Indec, ya que la mayoría indica una inflación cercana al 30%. En este sentido, El titular de la CGT Azopardo, Hugo Moyano advirtió que reclamará un 30% de aumento si la inflación sigue subiendo y que busca la unidad con las otras centrales obreras antes de la discusión salarial.