Tras la crisis de 2001, se congelaron en pesos los precios de los servicios públicos que por contrato estaban atados al dólar. El país violó lo que había pactado, pero aquello fue más que entendible y justificable en los años que siguieron a la crisis. Sin embargo, luego se persistió en esa línea con un doble propósito: brindar al electorado servicios públicos a precios por debajo de su costo y castigar a las multinacionales que habían invertido en el país en la década del 90 comprando empresas públicas en licitaciones e invirtiendo grandes sumas en modernizarlas.
El sistema funcionó durante años sin que en la superficie -es decir, a nivel de los usuarios- se notara el desgaste que se cocinaba en su interior. Pero 12 años es mucho tiempo sin invertir en esos sectores, máxime en un contexto de demanda creciente. Así, las multinacionales de energía, primero, y luego las empresas que las sustituyeron, lejos de ser victimarias, se convirtieron, como los usuarios, en víctimas de desacertadas políticas públicas.
A partir de 2002 las empresas trabajaron a pérdida. Las multinacionales, según su política en estos casos, aceptaron el quebranto y se fueron del país. Entregaron las empresas a precio de ganga -lo que siempre es mejor que devolverlas al Estado a cambio de nada- a una suerte de fondos buitre conformados mayormente con inversores locales, que entraron al negocio por una décima parte del valor de los activos, con la esperanza de que algún día la situación se sanearía.
Aquí vale la pena hacer un paréntesis para señalar que los fondos buitre, más allá de su carácter negativo, cumplen una función ecológica en el sistema capitalista: procesar la carroña; es decir, las deudas de los malos pagadores. De no mediar esos fondos, el castigo para los inversores de buena fe en deudas de malos pagadores puede ser brutal: la pérdida total del capital invertido. Descalificando esos fondos, el país se coloca en la cómoda posición de víctima, lo que lo exime de asumir su responsabilidad en el despilfarro que usualmente da origen al repudio de las deudas.
Pasaron los años y la situación energética se agravó, pues los fondos locales dueños de las empresas carecen de los recursos para las inversiones que exigen las circunstancias. No entraron en el negocio para hacer beneficencia, claro, ni tienen nada que ver con las multinacionales que apostaron por el país en los 90. Es verdad que por definición están obligados a prestar el servicio, pero ello en un contexto previsible y de sentido común.
Por ejemplo, para poder brindar el servicio público de transportar pasajeros en coche, los taxistas deben obtener una licencia, además del capital necesario para comprar el auto. Están obligados a llevar a los pasajeros al valor que indica su medidor. Si un día el Estado, para congraciarse con los usuarios de clase media, estableciera que la tarifa para cualquier viaje en la ciudad de Buenos Aires no puede superar los 20 pesos, ese día no saldría ningún taxista a la calle, ya que con esa tarifa no cubriría el consumo de combustible, el desgaste de las gomas o el costo del seguro.
Para evitar la desaparición total del servicio, el Estado, en lugar de adecuar las tarifas, podría ofrecer un subsidio al combustible y a las cubiertas. Posiblemente, muchos abandonarían la profesión. Otros, por afección a su trabajo o por falta de alternativas, permanecerían aferrados al taxi. De mantenerse ese régimen por 12 años, ningún nuevo actor entraría en el sistema, y los que continuaran lo harían con un parque vehicular destartalado e inseguro. Y al final, amén de los taxistas, los grandes perdedores serían los usuarios.
Algo similar a ese hipotético cuadro sucede con el servicio eléctrico del país. Además, nos guste o no, tanto el parque generador como el sistema de distribución de electricidad, más allá de que legalmente sean de propiedad privada, pertenecen patrimonialmente al conjunto de la sociedad. Desde una visión social moderna, las empresas, aunque se rijan por las leyes del sistema capitalista y pertenezcan según esa perspectiva "a otros", son, de algún modo, propiedad de todos.
Cuando se pretende castigar, como en este caso, a las multinacionales que invirtieron en el país en servicios públicos, se termina castigando al conjunto de la población.
Según el relato que se escucha habitualmente y que todos dan por sentado como si fuera una premisa de fe, se alude a aquellas empresas como si fueran bandas que vinieron a esquilmar al país. Esas empresas se instalaron en la misma época en Chile, en Brasil y en otros países de la región, donde continúan operando en nuestros días. En ninguno de esos países son acusadas de expoliar a sus pueblos. Es curioso que justo en el país de los "listos", la Argentina, hayan podido consumar sus fechorías. Además, si esas multinacionales fueran saqueadoras, por qué no habrían de serlo las otras multinacionales que operan en el país y se dedican a fabricar automóviles, dentífricos o electrodomésticos y que son de los mismos países de origen de aquéllas.
Otro argumento que se esgrime habitualmente contra las empresas es que "en años anteriores ganaron muchísimo dinero" y que ahora les toca aportar esos capitales. Eso implica no entender el funcionamiento de las empresas, que se rigen por ejercicios, que cierran sus balances anualmente, distribuyen utilidades a sus accionistas, si las hubiera; los accionistas, por otra parte, pueden cambiar de un año a otro. Es como si al final de cada ejercicio se hiciera una especie de borrón y cuenta nueva, y el ejercicio siguiente se inicia decidiendo inversiones según las perspectivas para los años venideros que ofrece la economía en cada mercado donde la empresa opera. Deciden invertir donde tienen mejores perspectivas de ganancias, donde intuyen que las condiciones económicas se mantendrán estables y no les cambiarán las reglas con las que entraron en el negocio. Eso que suele llamarse seguridad jurídica.
Este modus operandi es el que hace flexible a la economía y permite el desarrollo de las naciones. Aquellas que ofrecen mejores perspectivas serán las que atraerán finalmente las inversiones y brindarán mejor bienestar a sus ciudadanos. Al fin y al cabo, las rige el mismo criterio de interés y defensa de su patrimonio que mueve el proceder de las personas.
Uruguay, que es un país estructuralmente energético dependiente (a diferencia de la Argentina, que lo es coyunturalmente) no padeció cortes de electricidad a pesar de sufrir la misma ola de calor que azotó a nuestro país. Es más, hasta se da el lujo de exportarnos energía.
Fruto de esa fuerte dependencia, en Uruguay se paga la electricidad a su valor internacional, como ocurría en la Argentina a principios de este siglo XXI. Algo que hoy sería intolerable para cualquier argentino, que la recibe subsidiada a valores irrisorios.
La única salida políticamente viable hoy pasa por un sinceramiento gradual de las tarifas. Pero salir de este atolladero no será tarea fácil, ya que la sociedad da por sentado que los servicios públicos a estos valores son un derecho adquirido, como las vacaciones o la indemnización por despido.
