El Gobierno avanza en la revisión de los subsidios y exenciones impositivas que reciben las empresas, cooperativas, asociaciones civiles y ONG. El Ministerio de Economía se encargará de concentrar la información sobre los millones de pesos que reciben las compañías desde el Ministerio de Industria, el de Transporte, Agricultura, Trabajo, Planificación y AFIP. También las firmas que acceden a líneas de créditos subsidiadas.

La resolución 1 que publicó ayer la Secretaría de Política Económica y que llevó la firma del viceministro de Economía Emmanuel Álvarez Agis, instrumentó la creación del Registro de Subsidios e Incentivos (RSI) que había sido anunciado en noviembre de 2012. “No es simplemente con los fines estadísticos para tener un registro y saber y conocer desde el Ministerio de Economía, sino que va a convertirse en herramienta para el direccionamiento de las políticas”, había dicho Kicillof cuando se realizó el anuncio hace más de un año. “El punto es que (las empresas) no vayan por todas las ventanillas a ver cuál les da”, manifestó ayer una fuente del equipo económico.

La normativa que se publicó en el Boletín Oficial aclaró que el registro deberá contemplar a todas las compañías, cooperativas, asociaciones civiles y ONG que tienen las tarifas de servicios públicos subsidiadas o que perciben aportes no reembolsables, accedieron a líneas de créditos preferenciales, obtuvieron beneficios tributarias, programas de bonificación de tasas y asistencia técnica o capacitaciones. Cada uno de estos beneficios los reparte un organismo público diferente: algunas líneas las otorga el Ministerio de Agricultura, otras Industria, AFIP, Planificación o Transporte o Trabajo. “Lo que se quiere es ver si las compañías están respondiendo de manera acorde a lo que reciben porque hasta ahora un Ministerio no sabía si esa empresa estaba recibiendo de otro organismo”, agregaron desde el Palacio de Hacienda.

Este mayor control sobre el destino de los fondos públicos se produce en un contexto de desaceleración de la tasa de crecimiento de la recaudación y cuando el Gobierno va a cerrar 2013 con un rojo financiero (después del pago de intereses) superior a los $45.000 millones. Los programas de Tierra del Fuego, los de promoción de la industria del software, las exenciones para la actividad minera, los reintegros para la importación de máquinas y el régimen para la producción y uso sustentable de biocombustibles representan la friolera suma de $18.059 millones, según se desprende del Presupuesto 2014. El Gobierno también ya adjudicó créditos del Bicentenario (que pagan una tasa de 9,9%) por $7.780 millones y consiguió, a través de una reglamentación del Banco Central, que los bancos ya otorgaran créditos productivos con una alícuota subsidiada por unos $45.000 millones. Todos estos beneficiarios estarán en el RSI.

Este registro no incluirá a las personas físicas que en sus domicilios cuentan con las tarifas de los servicios públicos subsidiadas, aclararon desde el Ministerio de Economía. Esto no significa, sostienen cerca de Kicillof, que el equipo económico no analice realizar ciertas revisiones. El titular del Palacio de Hacienda mencionó en sucesivas oportunidades que existen injusticias porque sectores de alto poder adquisitivo cuentan con sus tarifas subsidiadas. Una fuente del Ministerio de Economía mencionó que se analizan todas las posibilidades, pero aclaró que “la cuestionable” calidad del servicio eléctrico, hace que sea más difícil realizar una corrección. Por otro lado, la misma fuente aclaró que existe un colchón para hacer una corrección hoy como consecuencia del crecimiento de los últimos años.

El ministro de Economía, Axel Kicillof, monitoreará y dispondrá la distribución de los subsidios a las empresas que tengan fines productivos. El funcionario concentrará las partidas que el Gobierno otorga a los privados a través de un registro que está disponible desde ayer, pero que se había aprobado a fines de 2012.

El Gobierno creó el Registro de Subsidios e Incentivos, donde centralizará todas las partidas concedidas por parte de los distintos organismos nacionales. La intención es cruzar los datos de las carteras ministeriales para evitar que se otorguen presupuestos superiores a los que necesita cada empresa.

Con el listado de todas las cuentas, Kicillof podrá observar si algún privado recibe beneficios de manos de más de un organismo, y a partir de allí se decidirá si se aprueba o no un nuevo pedido.

“No cambia quién toma la decisión de que se otorgue el subsidio a una empresa u otra, pero lo pone en un mismo registro para evitar excesos”, dijeron a este medio desde Economía. “Es un sistema que sirve para validar nuevas solicitudes”, agregaron.

Con esta nueva herramienta, el ministro podrá fiscalizar el trabajo del resto de los organismos públicos que tengan presupuestopara otorgar beneficios a privados.

La creación del registro se había dispuesto a través del decreto 2.172 del 8 de noviembre de 2012, cuando Kicillof aún no había cumplido un año como viceministro, pero quedó habilitado a partir de ayer, cuando se publicó en el Boletín Oficial. Además, se creó la Comisión de Responsables Institucionales del Registro, encargados de actualizar la información, y la Red de Responsables Operativos, que administrarán el mecanismo.

La intención del listado, según la resolución 1/2014, es “optimizar las políticas productivas” y aumentar “los grados de eficacia en la utilización de los recursos públicos”. Allí se incluirá a “toda persona física o jurídica que solicite, perciba, o se encuentre tramitando alguno de los beneficios previstos en las diferentes políticas productivas”.

El organigrama lo monitoreará el secretario de Política Económica y Planificación del Desarrollo, Emmanuel Alvarez Agis, cuya firma cierra la resolución publicada ayer. El economista, actual viceministro, también actúa como representante del Estado en las empresas Pampa Energía, Transener, Edenor y en el Banco Macro.

El registro tendrá datos de los incentivos al consumo de servicios públicos del sector productivo, aportes no reembolsables, líneas de crédito preferenciales, beneficios tributarios, asistencia técnica y/o capacitación, programas de bonificación de tasa y certificados de calidad u origen, entre otros.

En los primeros once meses del año pasado los subsidios económicos crecieron 43,6% interanual, totalizando una suma de $110.082 millones, según datos de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera (ASAP). De ese monto, el destinado al sector energético es el más abultado: 70.375 millones de pesos. Los beneficios a las empresas energéticas, que administra el ministro de Planificación, Julio De Vido, también estarán en el nuevo registro que dirigirá Kicillof.

El gasto se reducirá en 2014

El Gobierno prevé una desaceleración significativa del crecimiento del gasto para el año actual, según lo dispuso en el Presupuesto 2014.

En la ley de leyes se estima un aumento del gasto del orden de 16%, la mitad de lo que venía siendo en los últimos años.

Según el ministro Kicillof, esto se debe a que “se necesitan menos políticas anticíclicas que hasta ahora”. Esas palabras las pronunció en septiembre, cuando presentó el Presupuesto en Diputados. Allí dijo que actividades como Pro.Cre.Ar o YPF no precisarán este año el volumen de fondos que recibieron hasta ahora.

El Gobierno instrumentará un Registro de Subsidios e Incentivos para concentrar en una base de datos los distintos beneficios que otorga la administración pública a las empresas, según publicó ayer en el Boletín Oficial. Esa información formará parte del diálogo con empresarios de distintos sectores en las mesas de competitividad, de acuerdo con fuentes oficiales.

Por un lado, se promoverá la eficiencia de esa ayuda. Por otro, será un instrumento de negociación ante cada desplante de los privados.

La resolución 1/2014, que lleva la firma del secretario de Política Económica, Emmanuel Álvarez Agis, dispone la creación del Registro de Subsidios e Incentivos y el Padrón de Subsidio e Incentivos, donde se anotarán todas las personas físicas y jurídicas que reciban subsidios, créditos preferenciales u otro tipo de beneficios con fines productivos.

La resolución reglamenta el decreto 2172 del 8 de noviembre de 2012. En este año y dos meses, Economía recopiló la información de los distintos ministerios y dependencias públicas que entregan estas ayudas a las empresas. Así, el ministro Axel Kicillof concentrará el detalle del dinero público que el Estado gira a las empresas de los distintos sectores.

De acuerdo con la información oficial, formarán parte del registro los subsidios al consumo de servicios públicos del sector productivo, aportes no reembolsables (como los Repro, del Ministerio de Trabajo), líneas de crédito preferenciales (como los préstamos del Bicentenario), beneficios tributarios, asistencias técnicas o capacitaciones, programas de bonificación de tasas y certificados de calidad u origen. La lista, aclara la resolución, “no es taxativa”.

“Entiéndase por subsidios o incentivos a las políticas productivas implementadas por el Sector Público Nacional que permiten estimular de manera directa e indirecta las capacidades de la producción de los actores económicos”, define la normativa.

Competitividad
La intención oficial es “optimizar las políticas productivas aumentando los grados de eficacia en la utilización de los recursos públicos”, se lee en el Boletín Oficial. Así, la base de datos permitirá ver “qué programa está mal implementado” y cómo incide la ayuda oficial en la “capacidad productiva y competitiva de las empresas”, según fuentes oficiales.

Esa información estará sobre la mesa en cada reunión que funcionarios del Ministerio de Economía tengan con empresas de los distintos sectores. Se reclamará, por ejemplo, un nivel de inversiones acorde a los subsidios que la empresa o el sector recibe.

El registro de subsidios está a cargo de la Subsecretaría de Competitividad de Mariana González, que depende de Política Económica. Será esa dependencia la autoridad de aplicación. Cada instancia de la administración pública presentará detalles de la empresa beneficiaria (CUIT/CUIL, razón social, tamaño de la empresa y descripción del beneficio, entre otros) y del estado de la ayuda (si se aprobó de forma parcial o final, si está en ejecución, monto y plazo).

Según el Presupuesto 2014, el Gobierno planea otorgar subsidios a electricidad y transporte por $ $ 81.635 millones este año, sin contar los préstamos a tasas diferenciales y otros beneficios.