El juez federal Claudio Bonadio allanó el viernes pasado la Unidad de Información Financiera (UIF): buscó documentación que podría ayudarlo a determinar si el titular de ese organismo, el oficialista José Sbatella, incumplió los objetivos básicos de su función para encubrir movimientos bancarios irregulares de Lázaro Báez, el empresario con el que la presidenta Cristina Kirchner hace negocios desde hace años.

En este mismo marco, el magistrado también recogió información del Banco Finansur, entidad con la que operaban varias de las compañías que están siendo analizadas en las diferentes causas que indagan sobre “La Ruta del Dinero K”.

Según pudo saber Clarín en base a fuentes judiciales, la mayor parte del material recolectado por Bonadio corresponde al detalle de operaciones realizadas por la financiera Invernes, una firma vinculada a los negocios del Grupo Báez y también a Néstor Kirchner .

El magistrado ordenó los allanamientos como parte de la instrucción de un expediente en el que Sbatella está imputado por incumplimiento de funcionario público y encubrimiento.

El titular de la UIF fue denunciado por los diputados opositores Federico Pinedo, Laura Alonso y Patricia Bullrich, después de que Clarín informase que su organismo tardó varios años en presentar ante la Justicia distintos reportes de operaciones sospechosas (ROS), emitidos por el Finansur, que alertaban sobre movimientos multimillonarios de fondos irregulares que se intercambiaron entre empresas de Báez e Invernes.

A pesar de que tenía documentación al respecto al menos desde el 2008, la UIF se la guardó y recién la mandó a los tribunales a fines del año pasado. Desde abril del 2013, Báez está imputado por lavado de dinero en una causa que tramita el juez Sebastián Casanello. La UIF aportó su información sobre el principal imputado en la causa, ocho meses más tarde de iniciada la pesquisa sobre las finanzas del empresario K.

En su edición del 29 de diciembre pasado, Clarín reveló que el banco Finansur había detectado ya en 2008 que las empresas Austral Construcciones y Gotti, de Báez, realizaban operaciones sospechosas con una cuenta que pertenecía a la financiera Invernes. Esas maniobras duraron hasta 2011 y terminaron moviendo alrededor de 180 millones de pesos.

El Finansur avisó en su momento a la UIF sobre estas cuestiones porque sus clientes nunca pudieron demostrarle de dónde había salido la plata que manejaban en efectivo y también con cheques: incluso se probó que algunas facturas que las empresas presentaron para respaldar sus finanzas no especificaban a qué obra pública correspondían.

Las normas determinan que la UIF tiene la obligación de investigar los ROS para después enviarlos a la Justicia si es que considera que son indicios para iniciar causas por lavado de dinero.

Según pudo saber Clarín, en los allanamientos, la UIF le entregó al juzgado copia de los ROS del Finansur pero no los originales porque ya estaban en poder del juez Casanello. Los investigadores judiciales, además, se llevaron del banco Finansur documentación sobre las cuentas de Invernes. Esa financiera, fundada por Ernesto Clarens, figuró alguna vez como controlante de empresas de Báez y funcionaba en el mismo edificio que Austral Construcciones.

Ayer, la UIF emitió un comunicado de prensa con este título: “La UIF desmiente allanamiento del juez Bonadio”. Según ese texto, el magistrado no allanó el organismo sino que “requirió información relacionada con los reportes de operaciones sospechosas vinculados a una causa iniciada por diputados del PRO”. Más allá del debate sobre qué fue lo que pasó el viernes en la UIF, el comunicado oficial confirmó que el magistrado que investiga a Sbatella se llevó copias de los ROS del Finansur; y también ratifica que sus originales de esos alertas bancarios habían sido entregados al juez Casanello “el año pasado”, y no antes.

El organismo antilavado presentó ayer un escrito en el juzgado de Bonadio pidiendo que la causa que busca determinar si Sbatella protegió a Báez se unifique con el expediente original de “La Ruta del Dinero K”, que lleva adelante Casanello. Desde hace varios meses, esa causa no logró grandes novedades.

El embajador suizo en la Argentina, Johannes Matyassy, confirmó en una entrevista con Perfil que en su país “están realizando la instrucción penal y se está progresando en el flujo de análisis financiero de las cuentas” de la familia Báez, por lo que sugirió que Casanello debía intercambiar informaciones con su colega suizo que también investiga al empresario.

Desde que el caso de “La Ruta del Dinero K” se masificó en los medios y se inició un expediente al respecto, el oficialismo intentó a través de varias maniobras que Báez quede afuera de la investigación judicial.

En los allanamientos ordenados por el juez Claudio Bonadio, realizados la semana pasada, no sólo se recolectó documentación sobre la actuación de José Sbatella respecto al caso de “La Ruta del Dinero K”. La Justicia también sumó información bancaria sobre la financiera Invernes: es una compañía vinculada a la economía de Lázaro Báez, pero también a la de buena parte de los empresarios de la construcción que se beneficiaron con la obra pública que hace más de una década reparten los Kirchner.

Invernes fue fundada por Ernesto Clarens, un ex empleado del Banco Macro que trabajó en la city durante los 80, y que después de algún traspié en su actividad viajó a Santa Cruz y conoció a Néstor Kirchner. Cuando el patagónico asumió su primera Presidencia, en mayo del 2003, Invernes pasó a tener un rol dominante en el manejo de las cuentas de las constructoras K.

Entre 2008 y 2011, el banco Finansur detectó un flujo de fondos multimillonario y sospechoso entre Austral Construcciones, de Báez; Gotti, otras de sus empresas; e Invernes. En una cuenta de esa firma se depositaba dinero en efectivo de empresas de Báez que luego se retiraba en cheques. Cuando la entidad pidió a sus clientes que demuestren el origen de los millones que manejaban, las respuestas fueron demasiado vagas y erráticas.

Fue por eso que el Finansur alertó a la UIF sobre esos movimientos de dinero, y cerró la cuenta de la financiera vinculada al mundo K.

Ocurre que las finanzas del Grupo Báez e Invernes se entremezclan hace muchos años. La financiera fue controlante, por ejemplo, de la firma Gotti. Y también influyó sobre las empresas del socio de la Presidenta de modos diversos.

Siete días antes de que Kirchner llegara al poder, en mayo de 2003, Austral Construcciones, de Lázaro Báez, se inscribió para presentarse a licitaciones en la provincia de Chubut. Los documentos de esa provincia muestran que los accionistas de esa firma eran en aquel entonces dos: Báez y Félix Di Perna. Éste último había trabajado durante varios años en Invernes, e integra el directorio de otra compañía de Clarens, Patagonia Financial Services.

En la empresa de Clarens también trabajó Guido Blondeau, uno de los ideólogos de las finanzas de Austral Construcciones.

Los caminos del Grupo Báez y de Invernes se cruzan todo el tiempo. Hasta ahora, ninguna investigación judicial avanzó demasiado sobre la contabilidad de esa firma tan vinculada al empresario Báez, investigado por lavado de dinero en la Argentina, Uruguay y Suiza.

Uno de los domicilios registrados por Invernes es Pasaje Carabelas 241. Es el mismo edificio en el que funciona Austral Construcciones.

El juez federal Claudio Bonadio allanó la sede de la Unidad de Información Financiera (UIF) y una compañía financiera, en una causa en la que se investiga si el organismo encargado de averiguar sobre las denuncias de lavado de dinero paralizó reportes de operaciones sospechosas que mencionaban al empresario kirchnerista Lázaro Báez y sus compañías.

El procedimiento se realizó el viernes pasado y abarcó, además, al banco Finansur, que fue el autor de los reportes de operaciones sospechosas que mencionaban a Austral Construcciones y otras firmas relacionadas con el imperio económico del empresario patagónico, dijeron a LA NACION altas fuentes judiciales.

Bonadio buscaba los reportes de operaciones sospechosas (ROS) originales del banco, pero no los encontró porque la UIF ya los había entregado al juez federal Sebastián Casanello, que investiga a Báez por lavado de dinero.

Así que la UIF le entregó copias de esos registros. Cuando se reanude la actividad judicial, luego de las vacaciones de verano, Bonadio le pedirá a Casanello esos documentos.

En un comunicado, la UIF aclaró ayer que no sufrió un allanamiento, sino que recibió el viernes pasado una "orden de presentación" del juzgado, en la que se le pedía la información. Esas órdenes se ejecutan mediante una autoridad y se firman con allanamiento en subsidio. Es decir, autorizan a allanar en caso de que la información requerida no sea entregada voluntariamente.

La UIF aseguró que el viernes "se dio cabal cumplimiento a lo solicitado por el juez: se entregó copia de la documentación en soporte digital, ya que la información original había sido remitida al Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 7, a cargo del Dr. Sebastián Norberto Casanello el pasado año".

La denuncia que motivó la investigación del juez Bonadio fue presentada por los diputados Laura Alonso, Patricia Bullrich y Federico Pinedo, que integran el bloque Unión Pro, luego de una publicación del diario Clarín. La información consignaba que el banco Finansur había reportado operaciones sospechosas de Austral Construcciones por una cifra cercana a los 180 millones de pesos entre 2008 y 2011. Pero la UIF recién las judicializó en 2013. No se cuestiona no judicializar los ROS, porque la UIF puede no hacerlo de manera inmediata, sino que lo que se objeta es que no se hayan investigado las denuncias recibidas, que mencionaban, además, a la empresa Gotti, también de Lázaro Báez y dedicada a la construcción, y a la financiera Invernes, del empresario Ernesto Clarens.

Los diputados denunciaron a José Sbattella, quien encabeza la UIF, por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento.

El comunicado de la UIF señala que "esta denuncia, inspirada en una nota periodística, resulta ser idéntica a la efectuada por el senador José Manuel Cano el 3 de mayo de 2013". Por eso aseguró que Sbattella presentó un escrito en el juzgado de Bonadio para pedir la acumulación de las dos causas.

La causa aún no cuenta con el impulso del fiscal Carlos Stornelli, que pidió como medida previa a dictaminar que se obtengan los reportes de operaciones sospechosas originales. La denuncia tomó en cuenta la publicación que señalaba que Sbattella había retenido la información sobre las operaciones que involucraban a Austral, a Gotti y a Invernes, y no hizo nada.

El banco Finansur realizó los reportes de operaciones sospechosas, en los que describió que había una cuenta de Invernes, una financiera importante, tejido de sociedades de Báez, que recibía ingresos en efectivo que eran de inmediato retirados a través de cheques. Hubo, según el Finansur, varias etapas en las que se dieron las maniobras llamativas. La primera abarcó desde enero hasta noviembre de 2008 y fue por un monto de casi $ 55 millones. La segunda comprendió operaciones realizadas hasta julio de 2011 y sumó $ 125 millones más. Se detectaron operaciones cruzadas entre Austral, Gotti e Invernes. El reporte realizado por el banco revela que entre los comprobantes presentados para justificar esas operaciones había facturas de ingresos por obra pública que no especificaban de qué obra se trataba.

El juez Bonadio también allanó Finansur, de donde se llevó legajos de clientes, explicaron fuentes judiciales.

Paralelamente, en otra causa judicial, se investiga si Sbattella utiliza la UIF para perseguir a empresarios y a políticos opositores y si además da directivas para proteger a hombres de negocios o personajes cercanos al Gobierno.

En otra causa, por separado, el juez Casanello investiga a Lázaro Báez por lavado de dinero. Esa causa se inició por las revelaciones de Leonardo Fariña y Federico Elaskar, los financistas que dijeron por TV haber sacado del país y blanqueado dinero de Báez y luego se desdijeron.

El juez ya indagó a Elaskar y a Fariña y no resolvió si los procesa o no. Estableció que llevaban un nivel de vida y un nivel de gastos por encima de sus ingresos, pero busca determinar si ese dinero provenía de ilícitos, ya sea propios o de terceros.

Lázaro Báez, Amado Boudou, Sergio Schoklender, el banquero Jorge Brito y el camionero Hugo Moyano -mientras fue aliado del Gobierno- son sólo algunos de los protegidos por la Unidad de Información Financiera (UIF) durante los últimos años. Así lo reveló LA NACION durante los últimos años, que expuso casos de persecución política, designaciones arbitrarias y despidos de especialistas que resistieron algunas de esas polémicas órdenes superiores.

Todas esas revelaciones provocaron la apertura de por lo menos cuatro investigaciones penales contra el actual titular de la UIF, José Sbattella, y sus principales colaboradores, por la presunta comisión de múltiples delitos e irregularidades.

El fiscal federal Carlos Stornelli inició, incluso, una investigación preliminar y, tras cuatro meses de recopilación de pruebas y verificación de datos, denunció a Sbattella y sus colaboradores por la presunta comisión de cuatro delitos: incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad, encubrimiento agravado por omisión de denuncia y violación de secretos.

Stornelli es el mismo fiscal que ahora investiga a Sbattella a raíz de la denuncia de diputados de Unión Pro, que motivaron que el juez Bonadio allanara la UIF y el banco Finansur.

A esas primeras investigaciones se sumó una nueva causa penal durante las últimas semanas, luego de que Clarín revelara que la UIF habría cajoneado, durante cinco años, Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) cometidas por Báez y sus colaboradores por unos $ 180 millones.

Algo similar ocurrió a raíz de otro escándalo que afecta al Gobierno: el de la malversación de fondos públicos destinados a construir viviendas por la Fundación Madres de Plaza de Mayo. Más de un año antes de que Hebe de Bonafini y Sergio Schoklender se distanciaran, la diputada Elsa Quiroz, de la Coalición Cívica, había radicado una denuncia ante la UIF contra Schoklender, por presunto lavado de dinero a raíz de la compra de una quinta en José C. Paz escriturada a valor irrisorio.

Pero desde la UIF, Sbattella afirmó que faltaban "indicios" para que su organismo actuara, aunque cuando estalló el escándalo envió la documentación a la Justicia. Esos datos están en un expediente que investiga el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, que implica a funcionarios nacionales.

En mayo pasado, en tanto, LA NACION detalló que las sospechas sobre las empresas que controla Báez se acumulaban dentro de la UIF. Entre otros, con el cajoneo de reportes sobre movimientos sospechosos de Austral Construcciones, la petrolera Epsur, Kank y Costilla, y Gotti Hermanos.

En el caso de Finansur, las alertas se enviaron a la UIF antes de que otro empresario patagónico, Cristóbal López, tomara el control de la entidad en marzo de 2012. Sólo su reporte inicial de 2008 contenía 553 páginas, con detalles sobre el crecimiento exponencial de la cuenta que manejaba Invernes, con los millones de Austral Construcciones y Gotti Hermanos.