Elízabeth Prado.

El 2013 la oficina de Conflictos Sociales consiguió importantes acuerdos con las comunidades del sur del país. Las mesas de diálogo, acompañadas de inversiones, dieron resultados. Sin embargo no logró lo mismo en el norte¿por qué, qué pasó?

Lo que hemos logrado en el sur también lo hemos logrado en el norte. Probablemente usted tenga esa percepción por el caso Conga.

Conga, Cañaris, Piura.

No, Cañariaco ha tenido un proceso auspicioso.

Cañariaco solo avanzó al 20%.

Cañariaco es un proyecto que ya culminó la etapa de exploración, pero ha quedado sin recursos. Están buscando socio para gestionar la otra etapa y no venderlo. Con relación a las comunidades, en diciembre pasado concluimos la mesa de diálogo con acuerdos para desarrollar proyectos.

Falta la consulta previa.

El grueso de la población está de acuerdo en llevar el proceso de consulta para que la empresa obtenga la licencia social. Hay condiciones para apoyar este proyecto que deberá implementarse con políticas de prevención ambiental y social.

¿Conga reinicia labores este año?

Se ha culminado la construcción del reservorio Challhuagón, está iniciándose El Perol. Hubo protestas durante este proceso de los sectores que siempre lo han hecho. Lo nuevo es que las poblaciones que rodean Conga están de acuerdo con el proyecto, tenemos el acta con esta decisión.

Será en cualquier momento...

Hay una particularidad: los comuneros que vendieron sus tierras a Yanacocha se han convertido en 200 pequeños empresarios de servicios que quieren negociar con Yanacocha. Esto está deteniendo el desarrollo del proyecto cuprífero. Los comuneros no aceptan que Yanacocha contrate empresas fuera de Cajamarca, pero la minera cree que hay más eficiencia en el servicio foráneo.

Cajamarca sigue convulsionada, hay dificultades para que el Estado lleve programas sociales a la zona. Un reinicio en estas condiciones podría sonar a imposición, más si se van a instalar otras comisarías en Celendín, Bambamarca y Cajamarca.

La mayoría de comunidades exige que el Estado ponga orden en el lugar. Un grupo de ronderos está asumiendo roles excesivos en el control de la gente y en las sanciones. La última semana han detenido y castigado a dirigentes que bajaron a reunirse con nosotros. Para nadie es una novedad que hay zonas en Cajamarca donde el Estado no puede ingresar.

¿Está hablando de zonas liberadas?

Son casi zonas liberadas y tiene que modificarse. Esos grupos siempre van a oponerse a toda inversión. Pero decir que la oposición contra el proyecto Conga es sólida no es verdad. Decir que están dadas todas las condiciones para que salga adelante, tampoco. Lo que sí hay son indicadores de un buen escenario.

Si hay buen escenario ¿para qué instalar más comisarías?

Para llevar más presencia del Estado. Cuando hay una comisaría el resto del Estado puede ir a cumplir con los programas sociales y con las demandas de agua, saneamiento, electrificación. A mí me han demandado agencias bancarias, que no habrá si no hay seguridad. Hay que verlo en ese contexto.

¿Se trata entonces de afirmar el imperio de la ley?

Hay distritos en Celendín, San Ignacio, donde no se puede entrar. Por supuesto que el Estado puede ingresar, pero eso significa desplazar tropa y eso no queremos. Tenemos información y evidencias de que en toda esa zona hay narcotráfico, Naciones Unidas lo ha demostrado. Son las rutas del opio. Aparentemente aquí hay una mezcla muy extraña entre las rondas y sectores del narcotráfico. Por eso a ellos no les interesa dialogar.

Un ex funcionario de Yanacocha, Ramón Huapaya Raygada, ha sido nombrado en la Presidencia del Consejo de Ministros. ¿Esto no es contraproducente políticamente en momentos que se plantea reiniciar Conga?

El es el nuevo secretario general de la PCM. Conozco a Ramón Huapaya como un funcionario vinculado al Estado. Él viene aquí por ser un gerente calificado del programa Servir. No interviene en absoluto en políticas de prevención y gestión de conflictos. Eso lo dirijo yo. Él es secretario general, coordina con los viceministerios las políticas sectoriales.

Han pesado más las capacidades del señor Huapaya.

Bueno, yo no lo he nombrado, lo nombra el Primer Ministro. Sí, es un servidor público de trayectoria, conoce el Estado y creo que va ser un buen articulador del Estado.

Chadín II es un proyecto hidroenergético que la población de Cajamarca rechaza porque alegan que el embalsamiento del río Marañón los obligará a emigrar, además de otras consideraciones. El caso es que han acordado no vender sus tierras para el proyecto. ¿Cómo se va a afrontar esta situación?

El Perú tiene un déficit inmenso de energía y será dramático si no avanzamos. La influencia de los sectores anti inversión en la zona es aún fuerte, como usted lo ha dicho, han tomado la decisión de no vender sus tierras. Bueno, esto no es decisión de los comuneros, es acuerdo de los grupos radicales que influyen también en la sierra de Piura donde tienen paralizado el proyecto Río Blanco. Igual influyeron en la sierra de Lambayeque. Se tendrán que tomar decisiones de Estado.

¿Como cuáles?

Esta es una zona en que si el Estado no restablece el estado de Derecho, dados los antecedentes –corredor de droga, presencia autoritaria de sectores de rondas campesinas– puede devenir en descontrol y generar serios problemas al país.

Hablemos del traslado de Morococha a otro lugar para dar paso al proyecto Toromocho.

Ha sido la primera reubicación en la historia del Perú. Este mes está terminando de trasladarse el último grupo.

Fue duro dejar el lugar donde ellos y sus ancestros nacieron.

No, porque el proceso ha sido tan cuidadoso que se ha llevado la iglesia, los muertos, todo. Ahora que están instalados surgen otros problemas, como la discusión del Acuerdo Marco que es un acuerdo social y económico a largo plazo con la empresa. Queremos que el proyecto Toromocho beneficie a las esposas, que se incorporen a la actividad económica, la empresa ya se ha comprometido.

¿De qué actividad se trata?

Necesitamos que parte del cobre de Toromocho se convierta en artesanía, como se hace en Chile, donde la exportan. Hay que hacerlo en todos los lugares donde tengamos cobre. Morococha va ser un modelo.

Está pendiente el reconocimiento de comunidades andinas y costeñas como indígenas, por tanto con derecho a consulta. Es un conflicto en ciernes.

A nivel del Ejecutivo no se ha discutido, y está pendiente la aplicación de la consulta en el mundo andino y costeño. Yo creo que el segundo trimestre tiene que empezarse a discutir.

Mesa de diálogo e inversión han dado buenos resultados. ¿Tienen nuevas estrategias para tratar los conflictos?

Estamos promoviendo entre las empresas el Centro de Excelencia y Buenas Prácticas Empresariales, para un mejor relacionamiento con las comunidades. También estamos proponiendo la creación del Sistema Nacional de Prevención y Gestión de Conflictos, para que acompañe el proceso de inversiones y dificultades sociales. Finalmente, la creación del Instituto del Diálogo y el Consenso, a nivel de sociedad civil.