El canciller Eladio Loizaga, según las publicaciones de ayer, desmintió la versión según la cual la estrategia de negociación del Gobierno de Horacio Cartes sobre Yacyretá se basa en el rechazado preacuerdo técnico de 2006, tal como lo reveló el viernes último el excanciller Diógenes Martínez. No obstante, recordemos aquel intento, porque “cuando el río suena...”

Martínez añadía incluso que la tarea “ya no es tan ardua”, porque “en aquel famoso preacuerdo de 2006 hay un acuerdo ya tocado”, y en el que “solamente hay algunos puntos que se habían cuestionado”.

Preacuerdo de 2006

El pasivo acumulado de la EBY, al 31 de diciembre 2005, según los registros contables de Argentina, ascendían a US$ 11.579 millones. De esta cantidad, US$ 694 millones correspondían a créditos de financieros internacionales y US$ 10.885 millones a empréstitos del gobierno argentino.

La porción que entonces reclamaba el Gobierno argentino tenía la siguiente composición: capital de US$ 4.688 millones e intereses y ajustes de US$ 6.197 millones.

Luego, 57% de la parte exigida por Argentina como deuda está contaminada por intereses y penalizaciones.

El calificativo “contaminada” tiene su justificación. En primer lugar, los más de 20 años de atraso que tuvo el proyecto, imputables en la generalidad de los casos a nuestros socios, que incluso mediante documentos, se comprometió a proveer los recursos financieros.

En segundo lugar, la deuda de la EBY aumentó considerablemente desde 1992 porque la Nota Reversal de 1992 (NR’92) modificó el Tratado al imponer una tarifa fija para la energía de Yacyretá de 30 US$/MWh, muy por debajo del valor que correspondía según el Tratado. La NR’92 permitió entonces un subsidio colosal que benefició al mercado argentino durante 12 años.

El 16 de junio de 1995, el Legislativo paraguayo rechazó este instrumento, porque “acarrearía graves perjuicios a nuestro país”.

La NR’92 sigue vigente, contaminando por ende los registros contables hechos después de 2005.

Meollo del preacuerdo

Argentina propuso entonces considerar sus créditos como “aportes”, es decir, sin ajustes y con interés cero, toda vez que Paraguay aceptase que la EBY se obligue, por 42 años, superior incluso al límite de vida útil de la represa, a entregarle anualmente 8.350 GWh de energía eléctrica, cantidad que, para efectos de la novación (nueva obligación) debió calcularse a un precio fijo y con interés cero.

El precio fijo que se estimaba en el preacuerdo técnico era de un monto irrisorio de 17 US$/MWh.
El costo de la energía de Itaipú, en barras, ronda hoy los US$ 44/MWh e incluso es casi la mitad del precio subsidiado de Yacycretá, que los ajustes, en barra, ronda hoy los US$ 40/MWh.

Si esa cantidad se aseguraba Argentina, la cantidad disponible para contratación en la usina hubiera quedado en 11.650 MWh, si la dividimos por dos, la alícuota paraguaya se hubiera reducido a 5.825 MWh. ¿Serán estos los puntos cuestionados del preacuerdo?

En opinión del Ing. Ernesto Samaniego, analista y técnico del sector eléctrico, la reestructuración de la deuda de Yacyretá es más un interés de la Argentina –al igual que lo fue en su momento para Brasil en Itaipú– que de Paraguay, dado que es la principal acreedora, además de haber dado su aval a los préstamos, de acuerdo al Tratado.

Por consiguiente, Samaniego sugiere aprovechar estas negociaciones para mejorar las condiciones del Preacuerdo firmado en 2006, ya que este había sido cuestionado en su momento, lo que motivó su rechazo finalmente. “Una de las falencias del Preacuerdo es que no contempla la libre disponibilidad de la energía paraguaya, es decir, que una empresa nacional comercialice los excedentes correspondientes en derecho; esto debería ser uno de los principales reclamos paraguayos. Nada impide que, como parte del preacuerdo, se establezca esta condición, aun cuando el preacuerdo se refiera fundamentalmente a la reestructuración de la deuda”, sostiene el Ing. Samaniego.

venta de energía. Menciona que el artículo XIV del Tratado establece que “la adquisición de los servicios de electricidad de Yacyretá será realizada por A. y E. (Aguas y Energía, hoy reemplazada por EBISA) y por la ANDE, las cuales también podrán hacerlo por intermedio de las empresas o entidades paraguayas o argentinas que indiquen”. En cambio, el Preacuerdo de la EBY estipula: “sustituyan”, lo cual no es aceptable ni conveniente ya que imposibilita que una comercializadora paraguaya (que podría ser estatal o privada) tenga la opción de adquisición de lo producido para poder así comercializarlo en el mercado argentino u otro mercado mayorista eléctrico.

Para el Ing. Samaniego, sería conveniente que hasta tanto Paraguay no establezca la empresa comercializadora que negociará sus excedentes, se explicite que los fondos fiduciarios –si es que se los establece– corresponden en partes proporcionales a las energías paraguaya y argentina comercializadas y que la gestión de dichos fondos lo hará la EBY con la firma conjunta de ambos directores nacionales y un representante de la ANDE.

Cálculo de tarifa. Con respecto al cálculo para la tarifa, Samaniego sostiene que no debería apartarse de lo que establece el Anexo C. En ese sentido, recuerda que en el Tratado se estipula taxativamente que el producto de comercialización es la potencia; no obstante, si se transforma a fines referenciales la potencia en energía, se debe fijar qué energía asociada fue tomada para la conversión, ya que la energía promedio difiere de la firme. En cualquier caso, la tarifa debe ser calculada en función del Tratado, insiste.

Fue el director paraguayo de Yacyretá, Juan Schmalko, quien dio la pista de la fecha en que se podría conocer el monto de la auténtica deuda de Yacyretá, acumulada a lo largo de más de 20 años tras violaciones continuas del tratado de la binacional por parte de la Argentina.

“Nosotros nos comprometimos a fines de enero presentar el estudio de la parte técnica de Yacyretá de estas cuestiones” financieras, manifestó Schmalko al indicar que en los primeros días de febrero ya se tendría el monto real de la deuda.

El alto funcionario hizo esas declaraciones el viernes último en la localidad de Alto Verá, departamento de Itapúa, hasta donde viajó como integrante de la comitiva del presidente Horacio Cartes, que visitó esa localidad sureña.

“Tenemos instrucciones de las altas partes, tanto el director argentino (Óscar Alfredo Thomas) como yo de presentar una actualización de los números que tengan relación con aquel acta de entendimiento que en el 2007 no pudo concretarse”, afirmó en la ocasión.

Dijo que la actualización de la deuda es el paso previo que deben hacer las partes para renegociar el compromiso, que en realidad es de la parte de Argentina con Paraguay.
Presunta complicidad

Los argentinos, en presunta complicidad con funcionarios gubernamentales locales, quieren hacer creer que Paraguay es lo que adeuda a la Argentina por Yacyretá.

Según el Anexo C, que vence el próximo 27 de marzo, la deuda del lado paraguayo de Yacyretá con Argentina es cero porque el real y verdadero multimillonario compromiso es el del lado argentino.

Para la renegociación de esa deuda se deben tener en cuenta el precio justo, cogestión plena, transparencia, finalización de obras que faltan y soberanía energética, según los técnicos.

“Todo nos indica que las negociaciones van a pasar dentro del marco que se había ya propuesto hace tanto tiempo”, manifestó Schmalko en Alto Verá, pero sin indicar con precisión si quién es el deudor.

Al ser preguntado sobre el monto de la deuda entre la entidad y los argentinos, el titular paraguayo de Yacyretá dijo que “hay un marco, un indicio que se puede tomar como principio de lo que pretenden tanto Paraguay como la Argentina”.

Tras insistírsele sobre el monto del compromiso de la EBY, dijo que ello “rondaba aproximadamente por los 6.000 millones de dólares”.

“Paraguay va a reclamar una negociación justa y va a reconocer lo que corresponde, no lo que no corresponde. Eso dijo ya el Presidente de la República”, subrayó en la mencionada localidad del departamento de Itapúa.

Coadministración

Una de las cuestiones en las que el Paraguay debería hacer valer, dado que está escrito en el Tratado de Yacyretá, es la coadministración o administración alternada entre un director argentino y otro paraguayo en el ente binacional, señaló el diputado colorado Walter Harms. Apuntó que a pesar de figurar en los documentos esta coadministración, históricamente, durante estos 40 años, siempre fue un argentino el director Ejecutivo de la EBY. Destacó que ese es un objetivo a conseguir y adelantó que si no son convocados por el canciller Eladio Loizaga para recibir alguna información, su comisión de Relaciones Exteriores convocará a principios de marzo al secretario de Estado.