María Chauca Castillo.

Arequipa.

José de Echave formó parte del primer gabinete de Ollanta Humala y fue invitado a participar en la audiencia pública que los agricultores del Valle del Tambo harán el próximo viernes sobre el EIA del proyecto minero Tía María. Dice que no podrá asistir, pero enviará a técnicos para que expongan su análisis. Autor del libro Más allá de Conga, De Echave nos concedió esta entrevista vía telefónica. Explica su punto de vista sobre el proyecto de Southern.

¿Qué similitudes hay entre Tía María y el proyecto Conga?

Cada proyecto tiene sus particularidades. El piso ecológico de Tía María no es el mismo que el de Conga, donde un ecosistema de lagunas altoandinas iban a ser afectados por la minería. Tía María tiene otras particularidades. El hecho de estar en un valle cerca de la costa se asemeja más al de Tambogrande (Piura), porque son casos donde finalmente la actividad minera contrasta con el riesgo para la actividad agrícola.

¿Tía María es un caso aislado de conflicto social?

Arequipa es la región del Perú con más terrenos concesionados y donde se concentra el mayor número de proyectos de inversión minera. Creo que es un error ver el proyecto como un caso aislado. Se debe ver como un proceso en el que el Estado pretende desarrollar en una zona agrícola una zona de creciente minería, que sin duda va a desplazar a las actividades económicas tradicionales. Hay que leer el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) desde esta perspectiva y comenzar a ver los impactos acumulativos que se pueden generar en una zona si es que se van a desarrollar varios proyectos mineros. Los EIA tienen una limitación y es que evalúan de manera aislada un proyecto.

¿Debió el ministro Merino afirmar que Tía María obtuvo, con la realización de la audiencia, la licencia social?

Decir eso fue mostrar un desconocimiento total de qué significa obtener una licencia social. Si pensamos que una licencia social se logra con una audiencia pública que trae una movilización impresionante de policías, donde miran quién entra y quién no al auditorio, con escaso diálogo y poco tiempo para que la población revise el EIA, es no entender lo que ha pasado en el país en los últimos años.

¿Cómo el Estado logra equidad en afrontar estos conflictos cuando parece que está a favor del proyecto?

Un gobierno tiene la obligación de abordar estos temas con equidad, transparencia, sin precipitación y generando condiciones adecuadas para que se dé un diálogo democrático, participativo e informado. El Estado Peruano y las autoridades deberían ser percibidas por la población como neutrales. En Cocachacra se ve a las autoridades con un afán por sacar adelante el proyecto y de no trabajar en función del bien común. Nadie dice que no haya inversión minera, pero se deben generar condiciones adecuadas y en el caso de Tía María no las hay.

¿Debería ejecutarse este proyecto teniendo en cuenta las condiciones en las que se desarrollaron los talleres y la audiencia pública?

Este proyecto no tiene licencia social. Hoy en día las empresas mineras modernas no ejecutan proyectos si no consiguen esta aprobación. En el 2011, cuando se iba a presentar el EIA, que fue observado por la Unops, tampoco se tenía licencia social. En ese momento se le dijo a la empresa que debía desalinizar el agua en lugar de utilizar la del valle de Tambo, y ésta se negó porque el proyecto sería más caro o inviable. Ahora Southern asegura que desalinizará y cree que con esa afirmación la situación va a cambiar de manera sustantiva, sin darse cuenta que al verse negado años atrás rompió la confianza y creó que la imagen de una empresa que trataba de minimizar costos para obtener mayores ganancias, sin interesarle los temas ambientales. Recuperar la confianza no se hace de un día para el otro. Mal se haría en forzar una situación si no hay las condiciones adecuadas. La minería es una actividad importante, pero debe desarrollarse de manera armónica con los intereses de la población y sin afectar los derechos económicos, sociales, culturales.

¿Cómo se obtiene la licencia social si no hay normativas que lo regulan?

En un país donde hay recursos mineros se debería avanzar en definir cómo se obtiene una licencia social. El ministro de Energía y Minas nos ha dado una lección impresionante de que para él la licencia social se obtiene con una audiencia pública. Los procesos de licencia social están relacionados con procesos de construcción de confianza, aceptación mutua. Tienen su tiempo de maduración y las empresas modernas aceptan y reconocen que es un proceso complicado y complejo.

Los talleres y la audiencia del proyecto fueron accidentadas, con violencia y exposiciones que poco se entendían. ¿Cuáles deberían ser las condiciones para realizar estos eventos?

Esas definitivamente no fueron las condiciones adecuadas, más bien fue una caricatura de un proceso participativo. La participación ciudadana para estos temas tiene que ser oportuna e informada y no fue ninguna de las dos. El EIA del proyecto Tía María tiene un poco más de dos mil páginas. No es un estudio muy largo a comparación del proyecto Conga que tenía poco más de 20 mil hojas. ¿Una población agrícola está en condiciones de revisar en menos de un mes un EIA complejo desde un punto de vista técnico? No. Así tenga los recursos sería difícil porque es un proceso complicado y complejo. Se necesita el concurso de varias especialidades. Las audiencias públicas tienen que ser mejoradas de manera sustantiva.

¿Cuál es papel del Ministerio del Ambiente en estos aspectos?

Se espera que con la creación del Nuevo Sistema Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE) sea el Ministerio del Ambiente quien revise y apruebe los proyectos y no el Minem.

¿Debería la Unops revisar este EIA?

Podría ser. La Unops jugó un rol importante la vez pasada. Es una alternativa interesante.