Lo aseguró el Secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, refiriéndose a la medida que abre el sector al capital privado. Se cree que laaprobación de las leyes secundarias se dé en el próximo período de sesiones del Congreso
El gobierno mexicano prevé que la inversión extranjera se incremente en u$s10.000 millones anuales tras la reforma energética aprobada en diciembre pasado, que abre el sector al capital privado, informaron el miércoles altos funcionarios.
Con la reforma energética "creemos que (se) podrá captar hasta u$s10.000 millones anuales de inversión extranjera, adicional a la que está llegando a nuestro país", dijo en una conferencia de prensa Pedro Joaquín Coldwell, Secretario de Energía.
El ministro habló en el marco de la reunión que anualmente convoca en la cancillería a embajadores y cónsules de México para recibir las directrices del año.
El director de la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya dijo de su lado que la petrolera cuenta con una mayor presencia en el mercado de Centroamérica, Sudamérica y Asia, pero que ahora busca establecer vínculos con los inversionistas de esas regiones.
La reforma energética, que también incluye a los sectores del gas y la electricidad, generará una inversión adicional privada nacional y extranjera para la construcción de unos10.000 km de gasoductos y 27 plantas termoeléctricas, dijo por su parte Francisco Rojas, director de la Comisión Federal de Electricidad.
La controvertida reforma energética, que es rechazada por la izquierda mexicana por considerarla "privatizadora", fue promulgada en diciembre por el presidente Enrique Peña Nieto, quien la ha calificado como la más trascendente del país en las últimas cinco décadas.
El secretario de Energía señaló que las leyes secundarias tendrían que quedar aprobadas en el próximo período de sesiones del Congreso, que será del 1 de febrero al 30 de abril.
La ley energética puso fin a 75 años de monopolio estatal en el sector.
La nueva legislación prevé distintos esquemas de contratación que podrá establecer el gobierno mexicano con privados, que podrán ser contratos de servicios, de utilidad o de producción compartida o de licencia.