Las empresas han cambiado la forma de relacionarse con las comunidades ante un proyecto. No quieren repetir los errores del pasado. Buscan reducir la conflictividad con zonas afectadas.
La reubicación de 70 familias pehuenches en el Alto Biobío y el pago de $ 200 millones a cada una de las hermanas Quintremán, a fines de los 90, marcó la forma en que las compañías compensan a las comunidades afectadas por un proyecto de inversión. “Ralco fue un caso emblemático.
Además de lo que significó la relocalización y las otras medidas de Endesa, también marcó el inicio del sistema de evaluación ambiental, ya que el reglamento estaba recién operando. Desde ahí se han comenzado a sacar muchas lecciones para adelante”, dice el ex director de la Conama y actual abogado de Larraín & Asociados, Alvaro Sapag.
Las medidas muchas veces van más allá del impacto directo que puede tener un proyecto. En el caso de Río Cuervo, proyecto hidroeléctrico de Origin y Glencore Xstrata, la autoridad ambiental pidió rebajar en 21% la tarifa eléctrica para los habitantes de Aysén y el mejoramiento y mantención de dos caminos, con fines turísticos.
A juicio de Sapag, debieran existir instrumentos que se hagan cargo de los temas sociales, que vayan a la par de la tramitación ambiental para no endosarle a ésta responsabilidades que no corresponden. La misma visión tienen Endesa, Antofagasta Minerals, Codelco y Colbún, firmas que cuentan cómo han perfeccionado la forma de interactuar con la comunidad, para evitar la conflictividad.
REGULAR COMPENSACIONES
En Endesa advierten que los proyectos energéticos tienen una característica: sus mayores beneficios son nacionales y sus ingresos son locales, lo que “no es justo”. Por ello, indican, una ley de compensaciones es crucial. Precisan que “se debe compensar a las comunidades y dar certeza a quienes invirtien. Eso se logra estableciendo un marco y reglas del juego claras y conocidas por todos”. Acotan que tal mecanismo debe ser ampliamente debatido para contar con legitimidad”.
Colbún propuso, en septiembre de 2012, la creación de un fondo público-privado para financiar proyectos sociales en beneficio de las comunidades vecinas, que cumplan con un requisito de rentabilidad social determinado por el Ministerio de Desarrollo Social. La idea nació luego de que la eléctrica indicara que en el país no están dadas las condiciones para desarrollar proyectos de inversión complejos, como la línea de transmisión que se requiere para HidroAysén. El gerente de la división de Desarrollo Sustentable de la firma, Nicolás Cubillos, explicó que cualquiera sea el mecanismo que se establezca para ver los alcances sociales de los proyectos de inversión, debe aplicarse a cualquier proyecto industrial o de infraestructura que cumpla ciertas características.
En Pelambres, minera del grupo Luksic, que hace una década tenía problemas con la comunidad de Pupío por la construcción del tranque de relaves El Mauro, indican que la relación con las comunidades debe contar con un marco por parte del Estado y la participación de sus instituciones. “Necesitamos que el Estado esté presente no sólo en la fiscalización, sino en la búsqueda y materialización del trabajo asociado a la agregación de valor y sustentabilidad de las comunidades”, dice el gerente de Asuntos Públicos de Los Pelambres, Andrés Morán.
NO REPETIR ERRORES
En Codelco aseguran que quieren enfrentar las eventuales oposiciones a sus proyectos con transparencia y diálogo. El gerente de Sustentabilidad de la cuprera, Jorge Sanhueza, agrega que pasaron de una lógica asistencialista, hacia “un marco de colaboración y participación activa de la comunidad, haciéndonos cargo de los impactos que hemos generado en el pasado y que generamos hoy”.
NUEVOS EQUIPOS
Para enfrentar este nuevo desafío, hace un par de años, Endesa está perfeccionando la forma en que se relaciona con las comunidades y autoridades locales. Para eso implementó varias fases de acercamiento, de la mano de un equipo interdisciplinario. Dentro de sus fases tempranas está “diseñar mitigando”, proceso que considera los aspectos medioambientales y sociales de cada iniciativa. Luego viene la “inserción temprana”, para entender las dinámicas organizacionales y culturales de los pueblos y comunidades. Estos temas pasan luego a un equipo que se hace cargo de todos los temas que surjan en las primeras dos fases, más la tramitación ambiental del proyecto, la construcción y la posterior operación del proyecto. A esto se suma, además, la instalación de una “casa abierta”, donde se resuelven las dudas de la comunidad.
En la estatal también están perfeccionando la forma de relacionarse con la comunidad. La minera está implementando un programa que se llama “nueva mirada de sustentabilidad”. Esto busca estandarizar la gestión y asegurar la licencia para operar en una zona determinada. Junto con esto, entre 2012 y 2013 se actualizó la política de desarrollo sustentable. Dentro de los cambios relevantes está la creación de la vicepresidencia de Asuntos Corporativos y de Sustentabilidad.
En Los Pelambres, el grupo Luksic está trabajando en una nueva etapa de vinculación, centrada en el territorio y la creación de una visión común con los distintos actores del Valle del Choapa y la región.
Cubillos explica que en Colbún también se perfeccionó el mecanismo de acercamiento con la comunidad. Para eso se creó la división de Desarrollo Sustentable, donde interactúan las gerencias de Asuntos Públicos, Medioambiente y Comunicaciones. Junto con esto definieron una estrategia de sostenibilidad, que involucra a todas las áreas de la compañía.